Desde el 10/12/2015 y por
primera vez en la historia constitucional de la Argentina gobierna un partido con
programa explícitamente de derecha, que busca reorientar la política exterior
del país hacia las demandas liberalizadoras del capital concentrado
transnacional.
La afirmación se sustenta en las
medidas desplegadas en 60 días de gobierno. En primer lugar una devaluación de
más del 40% y que coloca el tipo de cambio actual en 15 pesos argentinos por
dólar estadounidense, e inmediatamente eliminó retenciones a las exportaciones
agrarias, aunque con la soja las redujo en 5%; haciendo lo mismo con
retenciones a exportaciones industriales (especialmente la industria
automotriz), y en estos días hizo extensivo a las exportaciones mineras.
Devaluación monetaria y
disminución y eliminación de retenciones suponen una transferencia fabulosa de ingresos
al reducido núcleo de grandes productores y exportadores de sectores
transnacionalizados.
La condición de posibilidad de
ese conjunto de medidas deviene del intento de normalizar la inserción de Argentina
en el sistema financiero mundial, por lo cual se iniciaron gestiones con los
holdouts (fondos buitres) de la deuda externa ante la justicia de EEUU, lo que
supone nuevos y gravosos incrementos del stock de deuda y mayores compromisos
futuros por cancelación de intereses y capitales adeudados.
En ese marco se recibió un
préstamo de 5.000 millones de dólares de un conjunto de 7 bancos transnacionales:
HSBC, JPMorgan, Santander, cada uno con 1.000 millones de dólares; el Deustche
Bank, Citibank, BBVA y UBS con 500 millones cada uno. Pese a ello, se siguen
perdiendo reservas internacionales por la constante fuga de capitales.
No solo se trata de medidas pro
empresas y sus ganancias, sino que la intencionalidad de política económica
apunta a disminuir la escalada de precios con “metas de inflación” que aplica
el BCRA que en dos meses contrajo en 52.000 millones de pesos la base monetaria,
un equivalente de casi 3.500 millones de dólares. Se trata de una política monetaria
asociada a otra de ingresos que apunta a la disminución salarial, pretendiendo
disciplinar al movimiento sindical a negociaciones salariales por debajo del
30% con una inflación estimada que puede escalar hacia el 40% en el año 2016.
La presión a la baja salarial
está acompañada de masivas cesantías en el Estado (se estiman más de 20.000 en
estos días) y similares en el sector privado, donde reina la impunidad de las
patronales. Se pretende reducir el costo laboral y disminuir el gasto social en
general, y en personal en particular. Todo acompañado de represión y
criminalización de la protesta social.
Aun con las garantías ofrecidas
en Davos, en el Foro Económico Mundial, sobre las potencialidades de inversión
en la Argentina, el momento internacional no favorece las expectativas del
gobierno Macri por lograr una avalancha de inversiones externas.
Es más, la industria automotriz
anuncia en estos días cuantiosas suspensiones de trabajadores, caso de la Volkswagen
y la FIAT, ante la disminución de la demanda internacional, especialmente desde
Brasil. Argentina exporta más del 70% de los automóviles armados en el país,
principalmente al país vecino.
Las compensaciones a los
sectores populares son mínimas, aun cuando el gobierno sostiene una propuesta
de eliminación de la pobreza en la conclusión del gobierno en 2019. Es un
intento de manipular a la sociedad, con una realidad que agudiza la
regresividad de la distribución del ingreso y de la riqueza, pretendiendo
restaurar la capacidad de hacer funcionar al capitalismo en la Argentina, lo que
supone definirse por las ganancias empresarias.
El 24 de febrero está convocada
una huelga nacional de los trabajadores del Estado, acompañado por la
solidaridad de varias centrales sindicales. Es un punto de partida de una
dinámica de conflicto social en un país donde pese a la precariedad laboral,
existe una importante tradición de organización sindical y territorial de los
trabajadores.
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