A modo de balance de las políticas económicas del 2010, Julio Gambina analizó las condiciones actuales de la Argentina en el marco de la crisis económica mundial.
El economista afirmó que el año mostró una ecuación de beneficios muy clara, ya que mientras el 30% de la población posee la capacidad de manejar cuantiosos recursos, “la mayor parte de la sociedad solo recibe beneficios sociales compensatorios como paliativo a la situación coyuntural, pero que no resuelven el problema estructural de la baja calidad de vida”.
“Es erróneo considerar que la Argentina está al margen de la crisis”
El tema central de la economía durante el 2010 fue la crisis mundial. Esta afecta a todos los países, aunque algunos tengan tasas de crecimiento elevadas. Probablemente la Argentina cierre este año con un crecimiento del 9%, y es evidente que es una tasa muy elevada, comparada con el crecimiento del Producto Bruto en el mundo, o en países de la Unión Europea que están sufriendo la crisis en mayor grado, como el caso de Irlanda.
Pero es erróneo considerar que países como Argentina o China no son parte de una economía mundial en crisis porque sus economías crecen. Crisis no es lo mismo que recesión, ni significa que caigan las economías nacionales en particular.
Hay que preguntarse por qué crece el precio de la soja, uno de los factores que contribuye al crecimiento económico argentino. O por qué pasa lo mismo con los precios del petróleo y las materias primas, que es una de las razones por la cual América Latina pareciera estar al margen de la esta situación. A través de la mega minería a cielo abierto, Argentina es productora y exportadora de oro, cuyo precio crece porque al haber crisis se convierte en una inversión de resguardo. Y del mismo modo, la suba de los precios de la soja, el petróleo, las materias primas y los alimentos está asociada a la crisis, con mecanismos especulativos a nivel internacional.
“Nadie puede pronosticar el fin de la crisis”
A principios del 2010 se decía que se estaba saliendo de la crisis. El 2009 fue un año de recesión para la economía mundial, la Argentina sólo creció 0,9%, y entonces parecía que este dato era compatible con el decrecimiento de la economía a nivel global. Pero a principios de 2010 los pronosticadores decían que este era año en el cual se salía de la crisis.
Pero el derrumbe de Grecia fue un baldazo de agua fría, que mostró que la crisis no se estaba terminando, y el 2010 comenzó y terminó con Europa siendo el epicentro mundial de la misma. Y nadie, incluidos los grandes organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, tiene un pronóstico certero sobre cuando terminará la crisis económica mundial.
“Mientras Paraná Metal sigue sin funcionar, la industria automotriz bate récords”
América Latina es un territorio de cuantiosas riquezas, que están siendo demandadas por la economía mundial. En la Argentina creció mucho la producción de soja para la exportación, pero también lo hizo la industria automotriz.
Más del 70% de la producción automotriz se exporta, pero la situación es peor en relación a otras épocas. Esto se demuestra claramente con el caso de Paraná Metal, la autopartista más importante del país y la tercera en América Latina, donde 700 de sus 900 trabajadores se quedaron en la calle, en el mismo momento en que la Argentina bate todos los récords de producción y venta de automotores.
La diferencia es que antes se fabricaban automotores para vender en el mercado interno, y ahora las automotrices los exportan. Y actualmente, más de la mitad de los automotores que compran los argentinos son importados.
“Hay que preguntarse si este modelo productivo sirve, más allá del crecimiento actual”
Argentina está inserta en la transnacionalización de la economía, por la exportación de soja y los productos de la mega minería a cielo abierto, como el oro y la plata; pero también por la industria automotriz y alimenticia en su conjunto.
La inserción argentina en un mercado mundial en crisis, es lo que nos demuestra que hay que tener cuidado con los análisis que indican que el país está al margen de esta situación económica. Esto no es así. Con datos de crecimiento de la macroeconomía y el PBI, Argentina está inserta en el marco de la crisis mundial. Por lo anterior, el sentido común indica que a medida que vaya creciendo la economía, puede haber recursos fiscales que sirvan a la distribución de la riqueza.
Por supuesto que es mejor el crecimiento que el decrecimiento, pero cuando se debate sobre el tipo de crecimiento de la economía argentina y se descubre la desigualdad que existe, esto nos lleva a discutir, por ejemplo, si sirve que crezca la industria automotriz cuando Villa Constitución sufre en forma directa el impacto por la situación de Paraná Metal. En conclusión, nos lleva a discutir si este es el modelo productivo que necesita el país.
“La inflación es un impuesto que pagan los sectores de menores ingresos”
La inflación es un mecanismo de transferencia de recursos desde los sectores que no pueden establecer los precios, hacia aquellos que sí lo pueden hacer. Los únicos que pudieron defenderse de la inflación son los trabajadores sindicalizados en relación de dependencia, que forman una minoría que está incluida en los convenios colectivos de trabajo, y lograron abrir las discusiones paritarias para no perder capacidad de compra con sus salarios.
El asesinato de Mariano Ferreyra puso en evidencia que gran parte de los trabajadores argentinos están flexibilizados y tercerizados, con salarios que a veces son un tercio menores a los que perciben un trabajador regularizado, que participa en un sindicato y tiene acceso a paritarias. Por lo cual la inflación es un impuesto que pagan los sectores de menores ingresos.
La intervención del Indec
Otro tema importante es cómo se mide la inflación. Existe una distorsión enorme, una gran estafa, que es la intervención que opera sobre el Indec, que modificó los indicadores a “gusto y paladar” de las necesidades del poder ejecutivo nacional, y que desembocó en una situación donde el gobierno tiene que reconocer que necesita al FMI para elaborar un índice de precios creíble.
Lo lamentable es que fue el propio gobierno nacional quien convocó a un Consejo Asesor, integrado por las universidades públicas, y cuando estas hicieron un informe negativo sobre los indicadores que venía trabajando el Indec, el Ministerio de Economía convocó al Fondo Monetario en vez acudir a los técnicos y profesionales universitarios para corregir lo que estaba mal.
Tres ejes de análisis para entender la economía argentina
Soberanía Alimentaria
La soberanía alimentaria es un tema que hay que resolver a nivel nacional, regional y mundial. La Argentina está subordinada al paquete tecnológico de la producción mundial, principalmente de la soja, y a las grandes empresas transnacionales como Monsanto y Cargill, entre otras.
Esta subordinación hace que el régimen productivo del campo y el uso de la tierra en el país, estén atados a las necesidades de este paquete tecnológico. Las rutas, los puertos, el modo de producción, el transporte y el comercio exterior están sujetos al mandato del mercado mundial.
Se debería poner el acento en satisfacer las necesidades alimentarias de la población argentina y de la región.
Soberanía Energética
La problemática energética es otro eje importante. Hace poco, se anunció con bombos y platillos el descubrimiento por parte de Repsol-YPF de una cuenca gasífera muy importante en Neuquén, justo cuando se estaban agotando las reservas de gas y petróleo del país.
Pero la pregunta es: ¿Quién administra estos recursos? Y la respuesta es que en la Argentina los administra el capital privado, cuando el 90% de las reservas hidrocarburíferas del mundo están en manos estatales.
Soberanía Financiera
Argentina termina el año recibiendo al FMI, con la escusa de que lo hace para que colabore en la elaboración de un índice de precios, pero en realidad es una forma de reinstalar a este organismo internacional.
No es casual que el Fondo Monetario venga justo cuando el gobierno nacional comenzó las negociaciones con el Club de París, para pagar una deuda odiosa que fue contraída mayormente por la última dictadura militar, y que no debería pagarse, o por lo menos debería ser investigada.
La discusión es si los recursos nacionales se usan para resolver las necesidades de los acreedores externos, teniendo en cuenta que son países en crisis que necesitan conseguirlos de cualquier forma. ¿Y quién les va a facilitar estos recursos? Argentina.
Los recursos financieros de América Latina tienen que ser administrados por y para América Latina.
* Entrevista emitida en la Radio de la Universidad de Rosario 103.3 - La Brújula Cooperativa de Comunicación
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Deuda externa e inflación: claves en la coyuntura
Terminó una semana donde los problemas estructurales de la economía argentina fueron noticia. Por un lado se iniciaron las negociaciones con el Club de París, con la visita del Ministro de Economía Amado Boudou a la capital francesa.
El tema era discutir y acordar el monto de la deuda y el plazo de la cancelación, dos temas de difícil acuerdo, puesto que es conocida la necesidad de los países acreedores por hacerse de dinero ante una grave crisis fiscal y de endeudamiento, principalmente en el capitalismo desarrollado, principales integrantes de ese club de acreedores.
Todo indica que la presión acreedora apunta a cobrar unos 7.500 millones de dólares en menos de dos años. Una posibilidad será acudir a las reservas internacionales, poniendo en evidencia que las reservas están para gastarse y en todo caso lo discutible es el destino. Con recursos equivalentes podría resolverse el financiamiento de 208.333 viviendas populares de 60m2 (c/u a 600 dólares el m2 de construcción a precio de mercado), que no necesariamente debieran subsidiarse en su totalidad, generando un fondo crediticio inicial para abordar seriamente el déficit habitacional.
Debe adicionarse que el Ministro de Economía estrenó por esas horas la propuesta de precandidato a Jefe porteño, nada menos que avalado por la CGT, uno de los socios políticos sociales del modelo de disputa del consenso por parte del gobierno. Un tema que hace mucho ruido dentro del propio oficialismo y que expresa la disputa política al interior del gobierno, tal como se manifiesta también en los enroques derivados de la creación del nuevo Ministerio de Seguridad, el descabezamiento de la Policía Federal y la nueva designación en Defensa.
Son todas medidas que inciden en el plano económico, pues se asocian a nuevas discusiones sobre asignaciones presupuestarias, tanto para seguridad como para defensa, llamando la atención que ante la situación de la ocupación de terrenos no emergiera una política social acorde con la insuficiencia de vivienda y de presupuesto público con ese fin.
El problema es la pobreza y no la inseguridad, aunque así lo indiquen las encuestas de opinión.
Inflación y pobreza
No solo se trata de déficit de viviendas, sino de encarecimiento de la vivienda en general, tanto de aquella que remite a la vivienda popular, única de familia, como a la que constituye la base del negocio inmobiliario de los últimos años, que ante la crisis se constituyó en fuente de resguardo de valor.
Los precios de los alquileres aumentan y afectan principalmente a los sectores de menores ingresos, aquellos que no tienen vivienda. Crece el precio del m2, especialmente en las principales ciudades del país, territorios del boom de la construcción. Los precios de la construcción crecen también por inducción especulativa, de reorientación de ahorros ante el temor de la desvalorización derivada del flagelo de la inflación.
Apuntamos seriamente al tema de la vivienda, puesto que más allá de medidas administrativas en el seno del gobierno y a políticas de “orden”, lo que se requiere son medidas de emergencia, para el caso, habitacional, las que se asocian a otras muchas demandadas por la situación de indigencia y pobreza de una importante franja de la sociedad, más allá de lo señalado por el Indec.
Un Indec que acaba de anticipar los primeros datos censales, aunque aún falte una batería de indicadores que nos permita sacar conclusiones sobre cambios relativos al orden económico.
Por lo pronto sabemos que somos más de 40 millones, más mujeres que hombres salvo en tres provincias patagónicas, Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut, y que la Ciudad de Buenos Aires, la de menor crecimiento poblacional, que pese a su escaso crecimiento, sigue siendo expulsora de población, por ser costosa la vida en la ciudad capital, y especialmente por ser un centro de concentración de inversión inmobiliaria, donde junto a la opulencia creció en su territorio la marginalidad de villas de emergencia, habitadas con población desplazada del resto del país.
Es que el crecimiento económico de los últimos años también atrae a los principales centros urbanos a la población empobrecida del conjunto del país.
El tema de la pobreza merece ser analizado a fondo, pues otro de los temas estructurales que reapareció en estos días es el de la inflación, con el aumento de los combustibles, pese a disposiciones en contrario de la secretaría de comercio, que restringe los incrementos desde mediados de año.
La inflación de precios es una realidad y ahora, a la suba de los alimentos deben adicionarse la de las naftas, que como sabemos se trasladan rápidamente, vía transporte y costos de producción a los precios del conjunto de la economía.
El incremento de los precios lo pagan los más pobres. Es un fenómeno económico de transferencia de recursos de aquellos que no tienen condiciones para imponer precios. Es al mismo tiempo una forma de resguardo de la apropiación de tasa de ganancia cuando esta se ve afectada por otras razones, la crisis por ejemplo.
Cambiar la política para enfrentar problemas estructurales
Digamos que entre las negociaciones con el Club de París, de una deuda que puede seguir declarándose odiosa, adicionado a lo cual debe consignarse el paso por Buenos Aires del FMI, nada menos que para asesorar en materia de indicadores de precios, nos habla de la asociación de ambos temas, el de la deuda que siempre está y el de la inflación que vuelve.
Ambos aspectos generan condiciones regresivas para el conjunto de la sociedad. La deuda siempre jugó un papel de redistribución regresiva. Insistamos en el tema de que el gasto en intereses de la deuda supera ampliamente el gasto en educación y salud, además de contemplarse cancelaciones de capital adeudado utilizando fondos de las reservas internacionales. El proyecto de Presupuesto 2011 establece compromisos de cancelación de los servicios de la Deuda Pública por más de 36.000 millones de pesos, contra unos 13.000 millones de pesos en salud, unos 30.000 millones de pesos en educación y cultura y unos 6.000 millones en Ciencia y técnica. Además autorizaba la utilización de 7.500 millones de dólares de reservas internacionales para cancelaciones de vencimiento de capital de la deuda (sitio en internet del Ministerio de Economía).
La deuda es una hipoteca que pesa sobre el conjunto de la sociedad. Su pago favorece el ingreso de los acreedores y posterga la demanda de los necesitados, por caso, de los empobrecidos que reclaman vivienda, salud, educación, empleo, entre otras cuestiones.
La inflación por su parte tiene historia en el país, tanto como las políticas antiinflacionarios, con efectos de ajuste para las condiciones de vida de los sectores más desprotegidos.
Se viene el fin del año y es momento de augurios de felicidad, que para ser reales en materia de economía requieren de cambios profundos en la política económica para modificar la ecuación de beneficiarios y perjudicados de la economía local, para reorientar el modelo productivo “extractivista”, de agotamiento de la tierra, el agua, y los recursos naturales en general; para modificar el modelo de desarrollo.
Ese es mi deseo para el 2011, felices fiestas y buen año!
Entrevista* a Julio Gambina: “Por un reclamo de aumento salarial se reprime y se mata”
El economista Julio Gambina estuvo ayer en Santa Rosa para dar la charla abierta “Hegemonía y construcción de alternativas políticas”. En entrevista con Plan B reflexionó sobre la situación actual del país. “Lo problemático es que hay una naturalización de movilizaciones con respuestas represivas”, dijo.
El economista Julio Gambina Julio es profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP, e Integrante del Comité Directivo del consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. También participa como miembro del Consejo Académico de ATTAC-Argentina y dirige el Centro de Estudios Formación de la Federación Judicial Argentina y es columnista sobre Economía y Cooperativismo en medios periodísticos de Capital Federal y del interior del país.
En entrevista con Plan B por Radio La Tosca 95.1 MHz., Gambina comenzó hablando de la hegemonía en nuestro país: “Cuando uno piensa en hegemonía piensa en crisis. De la economía de la política, la sociedad. Lleva a que vaya a una disputa del orden integral”.
“Yo digo crisis aunque la economía argentina termine este año con un crecimiento importante y parecería que está alejada de la crisis. Sin embargo hay que mirar la situación de la economía mundial y ver que Argentina está dentro de esa crisis. Buena parte del crecimiento macroeconómico tiene que ver con la exportación. La venta al resto del mundo. Por ejemplo la soja”, agregó.
“Argentina va a ser record en exportación de automotores este año. Más del 80% de los automotores producidos en Argentina se exportan. Por lo cual hay una situación mundial de crisis que favorece las demandas de productos argentinos. Esto no está asociado a crecimiento de empleo, o a mejoras de los salarios. Más allá del crecimiento macro económico de la Argentina, la crisis mundial es muy importante”.
Luego hizo un análisis profundo de la situación actual de nuestro país.
“A esto agregarle, los hechos de fin de año. Donde la ocupación del Parque Indoamericano es una prueba que vio todo el país de elementos de crisis que terminaron en cambios ministeriales”.
“Es una cantidad de elementos que suman a la crisis y nos preguntamos ¿qué tenemos que hacer, como se sale? Vemos que hay una disputa de la hegemonía del orden social, político y económico muy fuerte. ¿Se puede pensar en términos alternativos? Donde se satisfagan necesidades sociales como la vivienda”.
“Argentina tiene un déficit de vivienda importante y hay una cantidad de reservas muy grandes en nuestro país. El debate alternativo es ¿Qué hacemos con las reservas internacionales? ¿Le pagamos al Club de París? Tal como se está negociando en este momento. ¿O destinamos esos recursos para viviendas?”
“Discutir las alternativas es discutir el modelo económico, social, político que tiene la Argentina y si se puede pensar en una perspectiva de salida, de construcción para resolver cuantiosos problemas”.
“Lo de Villa Soldati es dramático como termina este fin de año. No son muertes, son asesinatos. Porque también murió Néstor Kirchner este año, pero es una muerte natural, sorpresiva y ha generado impacto en nuestra sociedad. Acá lo problemático es que hay una naturalización de movilizaciones con respuestas represivas. Sea de fuerzas orgánicas del estado, caso de la policía federal o la metropolitana en el caso de Villa Soldati. La policía de Formosa con los pueblos originarios, o una patota sindical en el caso de Mariano Ferreyra. Todo en un tiempo muy limitado. Y no sea cosa que esto se naturalice”.
“Nosotros veníamos de los últimos años hablando de una judicialización del conflicto social. Había cortes de rutas, de calles, huelgas, y enseguida algún tipo de denuncia. En Argentina, cerca de 3000 dirigentes enjuiciados por haber encabezado distintas marchas”.
“Ahora el tema es más grave. No solo es remitir a la justicia dirigentes sociales o sindicales que ejercen su derecho de protesta sino que directamente se los mata. Hay un nivel de gravedad de respuesta de los sectores dominantes hacia los sectores populares. Por un aumento de ingreso salarial se reprime y se mata”.
“Si la respuesta sistémica es reprimir y matar puede pasar a ser una fotografía cotidiana. Por eso digo el peligro de que naturalice. Por eso digo de pensar los términos alternativos. Sobre todo cuando digo que tenemos un país con súper habit fiscal, súper habit comercial, importantes reservas internacionales”.
“Argentina tendría recursos para pensar en políticas alternativas. O sea, empezar a resolver los problemas de la mayoría de la sociedad empobrecida. Lo que debemos discutir es si se puede construir un proyecto político que pueda ser una mayoría que quiera transformar la realidad y no la gobiernen siempre los mismos”.
En referencia a lo dicho por el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, de que no se iban a entregar más planes sociales a quienes tomaran terrenos, Gambina dijo que “es una respuesta represiva. En vez de decir que acá es evidente el problema de vivienda y resolver el plan de viviendas. Se plantea la represión. La respuesta en ciudad de construcción de vivienda es escasísima. Se ha subejecutado el presupuesto de vivienda en más de un 80%. Pero la Nación tampoco ha avanzado en sus líneas de créditos hipotecarios de viviendas”.
“El acuerdo al que se llegó no incluye para nada una solución integral del tema de la vivienda”.
Finalmente, el presidente de FISYP, Julio Gambina, explicó cuál es el trabajo que realiza esta fundación: “Está dedicada a la investigación en ciencias sociales y políticas y realizamos investigaciones sobre la realidad contemporánea, estudiamos el capitalismo de época y lo hacemos con estrecha vinculación con movimientos sindicales, sociales, campesinos. Realizando también capacitación”.
*Entrevista extraída de planbnoticias.com.ar
El economista Julio Gambina Julio es profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP, e Integrante del Comité Directivo del consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. También participa como miembro del Consejo Académico de ATTAC-Argentina y dirige el Centro de Estudios Formación de la Federación Judicial Argentina y es columnista sobre Economía y Cooperativismo en medios periodísticos de Capital Federal y del interior del país.
En entrevista con Plan B por Radio La Tosca 95.1 MHz., Gambina comenzó hablando de la hegemonía en nuestro país: “Cuando uno piensa en hegemonía piensa en crisis. De la economía de la política, la sociedad. Lleva a que vaya a una disputa del orden integral”.
“Yo digo crisis aunque la economía argentina termine este año con un crecimiento importante y parecería que está alejada de la crisis. Sin embargo hay que mirar la situación de la economía mundial y ver que Argentina está dentro de esa crisis. Buena parte del crecimiento macroeconómico tiene que ver con la exportación. La venta al resto del mundo. Por ejemplo la soja”, agregó.
“Argentina va a ser record en exportación de automotores este año. Más del 80% de los automotores producidos en Argentina se exportan. Por lo cual hay una situación mundial de crisis que favorece las demandas de productos argentinos. Esto no está asociado a crecimiento de empleo, o a mejoras de los salarios. Más allá del crecimiento macro económico de la Argentina, la crisis mundial es muy importante”.
Luego hizo un análisis profundo de la situación actual de nuestro país.
“A esto agregarle, los hechos de fin de año. Donde la ocupación del Parque Indoamericano es una prueba que vio todo el país de elementos de crisis que terminaron en cambios ministeriales”.
“Es una cantidad de elementos que suman a la crisis y nos preguntamos ¿qué tenemos que hacer, como se sale? Vemos que hay una disputa de la hegemonía del orden social, político y económico muy fuerte. ¿Se puede pensar en términos alternativos? Donde se satisfagan necesidades sociales como la vivienda”.
“Argentina tiene un déficit de vivienda importante y hay una cantidad de reservas muy grandes en nuestro país. El debate alternativo es ¿Qué hacemos con las reservas internacionales? ¿Le pagamos al Club de París? Tal como se está negociando en este momento. ¿O destinamos esos recursos para viviendas?”
“Discutir las alternativas es discutir el modelo económico, social, político que tiene la Argentina y si se puede pensar en una perspectiva de salida, de construcción para resolver cuantiosos problemas”.
“Lo de Villa Soldati es dramático como termina este fin de año. No son muertes, son asesinatos. Porque también murió Néstor Kirchner este año, pero es una muerte natural, sorpresiva y ha generado impacto en nuestra sociedad. Acá lo problemático es que hay una naturalización de movilizaciones con respuestas represivas. Sea de fuerzas orgánicas del estado, caso de la policía federal o la metropolitana en el caso de Villa Soldati. La policía de Formosa con los pueblos originarios, o una patota sindical en el caso de Mariano Ferreyra. Todo en un tiempo muy limitado. Y no sea cosa que esto se naturalice”.
“Nosotros veníamos de los últimos años hablando de una judicialización del conflicto social. Había cortes de rutas, de calles, huelgas, y enseguida algún tipo de denuncia. En Argentina, cerca de 3000 dirigentes enjuiciados por haber encabezado distintas marchas”.
“Ahora el tema es más grave. No solo es remitir a la justicia dirigentes sociales o sindicales que ejercen su derecho de protesta sino que directamente se los mata. Hay un nivel de gravedad de respuesta de los sectores dominantes hacia los sectores populares. Por un aumento de ingreso salarial se reprime y se mata”.
“Si la respuesta sistémica es reprimir y matar puede pasar a ser una fotografía cotidiana. Por eso digo el peligro de que naturalice. Por eso digo de pensar los términos alternativos. Sobre todo cuando digo que tenemos un país con súper habit fiscal, súper habit comercial, importantes reservas internacionales”.
“Argentina tendría recursos para pensar en políticas alternativas. O sea, empezar a resolver los problemas de la mayoría de la sociedad empobrecida. Lo que debemos discutir es si se puede construir un proyecto político que pueda ser una mayoría que quiera transformar la realidad y no la gobiernen siempre los mismos”.
En referencia a lo dicho por el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, de que no se iban a entregar más planes sociales a quienes tomaran terrenos, Gambina dijo que “es una respuesta represiva. En vez de decir que acá es evidente el problema de vivienda y resolver el plan de viviendas. Se plantea la represión. La respuesta en ciudad de construcción de vivienda es escasísima. Se ha subejecutado el presupuesto de vivienda en más de un 80%. Pero la Nación tampoco ha avanzado en sus líneas de créditos hipotecarios de viviendas”.
“El acuerdo al que se llegó no incluye para nada una solución integral del tema de la vivienda”.
Finalmente, el presidente de FISYP, Julio Gambina, explicó cuál es el trabajo que realiza esta fundación: “Está dedicada a la investigación en ciencias sociales y políticas y realizamos investigaciones sobre la realidad contemporánea, estudiamos el capitalismo de época y lo hacemos con estrecha vinculación con movimientos sindicales, sociales, campesinos. Realizando también capacitación”.
*Entrevista extraída de planbnoticias.com.ar
Pobreza y muerte tienden a naturalizarse
La cruda realidad de la pobreza se instaló en la vidriera pública de la ciudad opulenta, Buenos Aires, la metrópoli de mayor ingreso per cápita del país, sede del poder económico de la Argentina y por ello, el territorio donde se genera la agenda mediática de discusión sobre la problemática nacional.
Hasta hace muy poco, la visibilidad de la pobreza se radicaba en el interior de la Argentina, con las dramáticas imágenes de los desnutridos en el norte, especialmente entre los pueblos originarios. Ahora, en Villa Soldati, en el sur empobrecido de la Capital Federal, los pobres, entre ellos varios inmigrantes, se hacían notar con la toma de un predio público en demanda de vivienda. Junto al “glamour” del patrón de consumo suntuario, el negocio inmobiliario y la difusión de un turismo extranjero de importante concentración de gasto y una importantísima oferta cultural, la Ciudad de Buenos Aires mostró la otra cara, muchas veces invisible, la de la pobreza y la desaprensión de las políticas públicas.
Una desaprensión puesta de manifiesto en la insuficiencia de la ejecución del presupuesto público de vivienda de la ciudad. Menos del 20% de la partida afectada ha sido ejecutada por el gobierno local de Mauricio Macri, como parte de la subejecución y desmantelamiento de las áreas públicas de articulación de política oficial con movimientos territoriales organizados económicamente para resolver participativamente la gestión del hábitat, un propósito logrado en dos décadas de luchas y demandas de los pobres organizados de la Ciudad de Buenos Aires por obtener viviendas y que ahora tienden a discontinuarse.
Pero desaprensión también por el accionar represivo de las policías local y nacional, ya que la represión seguida de muerte involucra y responsabiliza a las policías metropolitana y federal; ambas investigadas en estos momentos, y quizá sea el dato político de reconocimiento crítico en estas horas la creación de un Ministerio de Seguridad con especificidad diferenciada de lo que hasta ahora funcionaba como Ministerio de Justicia, seguridad y derechos humanos. Precisamente, son los derechos humanos, principalmente de los empobrecidos, los primeros afectados por la inseguridad resultante del accionar de las fuerzas de seguridad.
Los pobres, una realidad más allá de datos estadísticos que en estas horas discuten las autoridades nacionales con la misión del FMI, pagan con su vida, la desaprensión de los gobernantes y la intervención represiva seguida de muerte por omisión o acción, sea en el caso de la muerte de Mariano Ferreyra a mano de patotas dirigidas por la burocracia sindical, o en el caso de la comunidad toba en Formosa a manos de la policía brava local, y ahora, en proceso de investigación sobre responsabilidades de las policías intervinientes en los asesinatos, y nuevamente, personas armadas identificadas con su pertenencia y acción en el sindicalismo tradicional.
Es ya una costumbre con tendencia a la naturalización la muerte por represión o asesinato directo de militantes y protagonistas de una protesta que demanda reivindicaciones económicas sociales, sean éstas los reclamados derechos de los trabajadores precarios; las peticiones de los pueblos originarios por sus condiciones de vida; o la demanda habitacional de la ocupación en el Parque Indoamericano de la ciudad porteña. Es un problema a denunciar el acostumbramiento a la muerte de quienes reclaman por sus derechos económicos y sociales.
Es una preocupación a considerar, más allá de las críticas necesarias que puedan hacerse a declaraciones xenófobas de gobernantes, en este caso de Mauricio Macri, o de la misma población (los vecinos linderos al predio ocupado) hacia personas inmigrantes, reproduciendo una conducta que criticamos desde nuestro país cuando en territorios del extranjero se maltrata a argentinos residentes, o compatriotas que pretenden ingresar a otros países.
El racismo es un fenómeno que recae sobre los empobrecidos en todas partes del mundo y es parte del modelo de desarrollo económico y social contemporáneo que genera crecimiento de la desigualdad y sensación de población excedentaria, donde la vida no vale y así como se la reprime, se la mata, se la induce a ser carne de cañón de una delincuencia organizada desde el poder económico, involucrando a los pobres en el entramado ilegal del tráfico de drogas, el negocio ilícito de la trata de personas y la circulación de armas para una violencia que enfrenta a pobres contra pobres y tiende a generalizarse como modo de vida cotidiano en grandes centros urbanos, tal como nos devuelve la realidad de algunos países latinoamericanos y crecientemente ocurre en la Argentina.
A no dudar que el tema es la pobreza, e insistamos, aunque los indicadores oficiales sugieran disminuciones importantes respecto del máximo de los momentos de agudas crisis, tal como aconteció en el 2002 con 57% de población bajo la pobreza y 22% de desempleados, ambos guarismos son elevados con relación a la media histórica de los años previos a la aplicación de las políticas neoliberales. Hoy parece un logro una tasa de desempleo menor al 8%, cuando hace 30 años, allá por los 70´ e incluso los 80´, la preocupación se constituía con tasas de desempleo del 5 ó 6%, solo superando esos valores cuando en 1989 se hizo evidente el empobrecimiento de buena parte de la población argentina.
El tema de la pobreza es una cuestión estructural que requiere soluciones de fondo y que difícilmente se resuelva con modelos que aseguran elevada concentración de la riqueza y de los ingresos que fundamentan la visible desigualdad imperante. Nuestra aspiración es que no se naturalicen la pobreza y la muerte de los pobres por asesinato y represión.
Cumbre iberoamericana, crisis y alternativas
La realización de la cumbre iberoamericana en Mar del Plata (en estos días) nos permite pasar revista a la situación de los países involucrados y analizar las diferentes posibilidades que se presentan para el desarrollo.
Por un lado tenemos a los miembros de la península ibérica, no solo atravesando una profunda crisis, sino en preciso tiempo de violento ajuste que sufren los trabajadores y sectores populares, los más vulnerables al momento de describir el impacto de la crisis.
Tanto España como Portugal están identificados como próximo destino de una crisis que en Europa transitó el camino del ajuste en el “este” (ex países socialistas), en Grecia e Irlanda; como contra parte de una crisis de la banca francesa y alemana, los acreedores de una cuantiosa deuda pública que intenta superar la crisis fiscal de los Estados de la vieja Europa.
La etapa europea es la del desmantelamiento de lo que queda del Estado del Bienestar. Ahora se conoce en carne propia la situación de malestar que hace años transita el sur del mundo.
Esa crisis europea y su ajuste explican el discurso de los gobernantes de la península ibérica a favor de la liberalización de la economía y especialmente de la suscripción del acuerdo de libre comercio entre Europa y América Latina, especialmente con los países del Mercosur.
Es que las empresas españolas (y otras europeas) han invadido con sus inversiones el mercado regional y desde estos territorios surgen ganancias que equilibran las dificultades de esas mismas empresas con explotaciones en territorio europeo. Las ganancias producidas en Latinoamérica los empujan a demandar de la región nuevos resguardos a la “seguridad jurídica” de esas empresas y por eso buscan avanzar en tratados de libre comercio.
Por otro lado, la situación de la región latinoamericana es distinta a la europea, especialmente cuando se miran las cuentas macroeconómicas, que hace sugerir a algunos la lejanía de la crisis mundial. Son los que omiten el carácter transnacional del poder económico en la región y por eso, junto a los datos del crecimiento económico es necesario identificar a los beneficiarios de esa evolución económica, tanto como a la mayoría popular perjudicada.
Así se puede verificar que junto a la continuidad de las fabulosas ganancias de los sectores más concentrados de la economía regional, mayoritariamente asociados al carácter primario exportador que asumió el modelo de desarrollo en nuestros países, se convive con una realidad de insuficiencias donde la cruda realidad de Haití devuelve la cara más cruel del atraso y la miseria regional. Puede constatarse que Haití es proporcionalmente uno de los países de mayor emigración de profesionales, precisamente cuando la catástrofe local demanda de médicos y otros profesionales para atender imperiosas necesidades humanitarias. La región exporta recursos naturales y potencialidad humana, verificando la subsunción del trabajo, la naturaleza y la sociedad en el capital.
Pero curiosamente, desde la pobreza e indigencia regional surgen algunas decisiones que sirven para pensar en términos alternativos. Cuando desde los organismos internacionales se pregonan e impulsan modificaciones regresivas de los sistemas previsionales, desde Bolivia se asume un cambio en el régimen jubilatorio que tiene en cuenta la reducción de la edad de las jubilaciones, especialmente para trabajos insalubres, tal el caso de la minería. Ello pone en evidencia que no se trata solo de considerar la sustentabilidad económica del régimen jubilatorio en sí mismo, sino de generar las condiciones de solidaridad social del conjunto de la economía nacional para asegurar asignaciones previsionales para la totalidad de la población pasiva.
Es también el ejemplo ecuatoriano que en estos días “denunció” los tratados bilaterales de inversión (TBI) que otorgan seguridad jurídica a los inversores internacionales y que fueron negociados en recientes tiempos de ofensiva neoliberal del régimen del capital. Siendo Argentina el país que más tratados suscribió en los 90´, debiera observar con atención el ejemplo de las autoridades del Ecuador e imitar la decisión. Ello podría inducir una actitud regional de demolición de la institucionalidad neoliberal construida en la última década del Siglo XX.
Es el preámbulo necesario para el desarrollo de una nueva institucionalidad, lo que supone un cambio en el modelo de desarrollo, a contramano del libre comercio empujado por los transnacionales y los Estados. Es lo que faltó en la lucha contra el ALCA. La resistencia al libre comercio manifestada en la cumbre popular del 2005 en Mar del Plata, convergente con el accionar de los gobiernos del Mercosur y Venezuela, obturaron la posibilidad de discutir el ALCA. Fue un gran éxito y dejó una asignatura pendiente en la construcción de una nueva institucionalidad regional para el desarrollo soberano.
Ni ALCA, ni otros tratados de libre comercio es lo que necesita la región, ni con EEUU, ni con Europa, sino mecanismos nacionales de transformación de los modelos de desarrollo, con otros beneficiarios de la política económica y una articulación regional que suponga una integración para fortalecer la soberanía alimentaria, energética y financiera.
Por un lado tenemos a los miembros de la península ibérica, no solo atravesando una profunda crisis, sino en preciso tiempo de violento ajuste que sufren los trabajadores y sectores populares, los más vulnerables al momento de describir el impacto de la crisis.
Tanto España como Portugal están identificados como próximo destino de una crisis que en Europa transitó el camino del ajuste en el “este” (ex países socialistas), en Grecia e Irlanda; como contra parte de una crisis de la banca francesa y alemana, los acreedores de una cuantiosa deuda pública que intenta superar la crisis fiscal de los Estados de la vieja Europa.
La etapa europea es la del desmantelamiento de lo que queda del Estado del Bienestar. Ahora se conoce en carne propia la situación de malestar que hace años transita el sur del mundo.
Esa crisis europea y su ajuste explican el discurso de los gobernantes de la península ibérica a favor de la liberalización de la economía y especialmente de la suscripción del acuerdo de libre comercio entre Europa y América Latina, especialmente con los países del Mercosur.
Es que las empresas españolas (y otras europeas) han invadido con sus inversiones el mercado regional y desde estos territorios surgen ganancias que equilibran las dificultades de esas mismas empresas con explotaciones en territorio europeo. Las ganancias producidas en Latinoamérica los empujan a demandar de la región nuevos resguardos a la “seguridad jurídica” de esas empresas y por eso buscan avanzar en tratados de libre comercio.
Por otro lado, la situación de la región latinoamericana es distinta a la europea, especialmente cuando se miran las cuentas macroeconómicas, que hace sugerir a algunos la lejanía de la crisis mundial. Son los que omiten el carácter transnacional del poder económico en la región y por eso, junto a los datos del crecimiento económico es necesario identificar a los beneficiarios de esa evolución económica, tanto como a la mayoría popular perjudicada.
Así se puede verificar que junto a la continuidad de las fabulosas ganancias de los sectores más concentrados de la economía regional, mayoritariamente asociados al carácter primario exportador que asumió el modelo de desarrollo en nuestros países, se convive con una realidad de insuficiencias donde la cruda realidad de Haití devuelve la cara más cruel del atraso y la miseria regional. Puede constatarse que Haití es proporcionalmente uno de los países de mayor emigración de profesionales, precisamente cuando la catástrofe local demanda de médicos y otros profesionales para atender imperiosas necesidades humanitarias. La región exporta recursos naturales y potencialidad humana, verificando la subsunción del trabajo, la naturaleza y la sociedad en el capital.
Pero curiosamente, desde la pobreza e indigencia regional surgen algunas decisiones que sirven para pensar en términos alternativos. Cuando desde los organismos internacionales se pregonan e impulsan modificaciones regresivas de los sistemas previsionales, desde Bolivia se asume un cambio en el régimen jubilatorio que tiene en cuenta la reducción de la edad de las jubilaciones, especialmente para trabajos insalubres, tal el caso de la minería. Ello pone en evidencia que no se trata solo de considerar la sustentabilidad económica del régimen jubilatorio en sí mismo, sino de generar las condiciones de solidaridad social del conjunto de la economía nacional para asegurar asignaciones previsionales para la totalidad de la población pasiva.
Es también el ejemplo ecuatoriano que en estos días “denunció” los tratados bilaterales de inversión (TBI) que otorgan seguridad jurídica a los inversores internacionales y que fueron negociados en recientes tiempos de ofensiva neoliberal del régimen del capital. Siendo Argentina el país que más tratados suscribió en los 90´, debiera observar con atención el ejemplo de las autoridades del Ecuador e imitar la decisión. Ello podría inducir una actitud regional de demolición de la institucionalidad neoliberal construida en la última década del Siglo XX.
Es el preámbulo necesario para el desarrollo de una nueva institucionalidad, lo que supone un cambio en el modelo de desarrollo, a contramano del libre comercio empujado por los transnacionales y los Estados. Es lo que faltó en la lucha contra el ALCA. La resistencia al libre comercio manifestada en la cumbre popular del 2005 en Mar del Plata, convergente con el accionar de los gobiernos del Mercosur y Venezuela, obturaron la posibilidad de discutir el ALCA. Fue un gran éxito y dejó una asignatura pendiente en la construcción de una nueva institucionalidad regional para el desarrollo soberano.
Ni ALCA, ni otros tratados de libre comercio es lo que necesita la región, ni con EEUU, ni con Europa, sino mecanismos nacionales de transformación de los modelos de desarrollo, con otros beneficiarios de la política económica y una articulación regional que suponga una integración para fortalecer la soberanía alimentaria, energética y financiera.
Vuelve el FMI
Entre el canje, el club de París y el arreglo con el FMI se va cerrando el círculo de la política gubernamental en torno de la deuda externa pública y la finalización de la cesación de pagos declarada a fines del 2001.
El objetivo apunta a reinsertar al país en el mercado internacional de préstamos. Un interrogante es si la Argentina necesita hoy del financiamiento externo. Es una pregunta pertinente que surge de pensar las consecuencias históricas del endeudamiento, aún con tasas internacionales tan bajas, similares a las que generaron el gran endeudamiento de los años 70´ y que derivara en el problema del endeudamiento que condicionó a cada turno constitucional desde 1983, incluido el presente periodo gestionado por Cristina Fernández.
Existen importantes reservas internacionales y saldos favorables en el comercio internacional y las cuentas fiscales. El horizonte es de crecimiento económico para el presente y próximo año, pero aún así, los inversores internacionales condicionan el ingreso de sus capitales al país, si se normaliza la situación con el sistema financiero internacional. Así, regularizar los pagos, no es solo una demanda de los acreedores, sino también de los capitales excedentarios que buscan rentabilidad rápida en un marco de continuidad de la crisis mundial con epicentro en el centro capitalista.
Por ello es que las novedades vienen en estas horas por la renovación de las relaciones con el Fondo Monetario Internacional. La motivación es el INDEC, o quizá, el abordaje sobre uno de los principales problemas económicos de nuestro tiempo en el país: la inflación.
Lo concreto es la contribución profesional del Fondo en la elaboración de un índice de precios, en el mismo momento que se difunde la crítica evaluación universitaria a la información estadística oficial. Una opinión ofrecida por la academia argentina sobre la consulta realizada por el Ministerio de Economía. Vale preguntarse por qué no se derivó en técnicos y profesionales locales, con aval en prestigiosas universidades públicas, la tarea que se le confía ahora al FMI. La respuesta puede encontrarse en la tríada articulada entre el canje de la deuda, las negociaciones con el Club de París y la reinserción del Fondo en el país.
Bien puede sostenerse que la esencia del problema se explica producto de una política coherente con la participación argentina en el G20 y que demanda resolver el default y normalizar el vínculo local con el mercado financiero mundial, donde el organismo internacional cumple un papel destacado, especialmente asignado para atender la crisis por parte de los presidentes del G20.
Se puede argumentar que el país cerró el ciclo económico de la crisis recesiva de 1998 a 2002, con un crecimiento desde el 2003, que se ratifica en el presente año y convalidado conceptualmente, nada menos que por Paul Krugman, el Premio Nobel de Economía del 2008, que ante empresarios locales elogió la situación de la economía nacional. La asignatura pendiente, se entiende, es que esa evaluación sea realizada por el sistema mundial, en momentos de recrudecimiento de una crisis global que no termina de esfumarse, y al contrario, reaparece en diferentes territorios, ahora Irlanda.
La idea de la “normalización” del orden capitalista fue un propósito explícito del mensaje presidencial inaugural en la era Kirchner en mayo del 2003, razón por lo cual se sostenía que no se trataba de un gobierno del default, que la búsqueda apuntaba a reinsertar al país en la economía mundial y que para ello había que superar la situación de cesación de pagos. Lo curioso es que el conflicto con el FMI se explicita en el mismo momento que empieza a perfilarse una disparada de los precios.
En efecto, el pago anticipado al Fondo por 9.500 millones de dólares ocurre inmediatamente luego del canje de deuda del 2005 y el reemplazo de Roberto Lavagna en el Ministerio de Economía para abordar la nueva etapa que empezaba a mostrar el rebrote inflacionario. Allí se inició una política de acuerdos de precios con empresarios, con el objeto de controlar y frenar las subas y que a tiempo vista se muestra limitada. Debe sumarse al análisis la creciente normalización de negociaciones salariales, como parte de una puja social en la distribución del ingreso. Claro que afuera de esos acuerdos queda el sector informal o no regularizado que expresan los tercerizados y flexibilizados en el mercado laboral.
Ahora se intenta nuevamente remedar un pacto social, entre trabajadores y empresarios mediados por el poder ejecutivo. Para los empresarios el problema pasa por las demandas de aumento salarial y para los trabajadores el tema central es la carestía de la reproducción de la vida cotidiana.
Por eso, más allá de la cuestión técnica que supone la presencia del FMI en la elaboración de un nuevo índice de medición inflacionaria, lo determinante es el crecimiento de los precios, especialmente de la canasta alimentaria, conjunto de bienes que afectan a los sectores de menores ingresos, entre ellos, los beneficiarios de las principales políticas sociales compensatorias, como la asignación universal.
En la estrategia gubernamental se reconoce la necesidad de asociar la normalización de relaciones con el FMI a las asignaturas pendientes que suponen la deuda y la inflación.
Empezó la negociación con el Club de París
La novedad de la semana es el anuncio realizado por la Presidente Cristina Fernández de que el país retomó las negociaciones para cancelar la deuda en cesación de pagos con el Club de París. Se trata de un stock de 6.600 millones de dólares, que adicionando intereses puede llegar a 7.500 millones de la moneda estadounidense. Los integrantes del Club son los países capitalistas desarrollados, socios de la Argentina en el G20 y principales accionistas del FMI.
En la información presidencial se destaca que el Club de París admitió por escrito que se soslayará el papel del FMI en el monitoreo previo de las cuentas nacionales, y que el arreglo producto de negociaciones se hará en forma directa con el seguimiento de la contabilidad nacional por parte del G20 en forma directa, sin la intermediación del Fondo. Esto que es difundido como un logro de las autoridades debe mediatizarse a la luz de que el G20 está integrado por los principales responsables de la administración del Fondo y que a su vez, la más importante medida asumida por el cónclave de los 20 jefes de Estado ha sido fortalecer el papel del organismo internacional, que se muestra en plena actividad de promotor del ajuste en Europa. Sin embargo, debe destacarse que se trata de un antecedente que no debe haber caído bien en la burocracia del FMI, interesado en retomar su lugar de auditor implacable para el ajuste en la Argentina.
Poco sabemos a esta altura sobre las condiciones de regularización de esa deuda, aunque podemos reiterar algo que hemos sostenido en ocasiones anteriores y que remite nuevamente a la pérdida de otra oportunidad para investigar la deuda pública. Afirmamos lo dicho, por ser la deuda con el Club de París la que resulta pasible de una detallada “auditoría”, puesto que se trata de préstamos otorgados por países, entre los que se destacan aquellos originados en tiempos de la dictadura y por lo tanto, pueden ser calificados de “deuda odiosa”, la misma calificación que otorgó EEUU a la deuda pública de Irak al momento de la invasión en 2003. Para Washington, la deuda asumida bajo la gestión de Sadam Hussein era una deuda ilegítima, por lo tanto odiosa, y así la declaró para desconocerla.
La deuda asumida por la dictadura genocida puede ser considerada “odiosa” y una vez más se aleja la posibilidad de investigar y denunciar ese tipo de endeudamiento. En el mismo sentido, aunque ya bajo gobiernos constitucionales, parte de la deuda con el Club de París, incluye préstamos otorgados a la administración De la Rúa en tiempos del blindaje financiero, cuando a fines del 2000 se colocó a disposición del gobierno argentino una considerable suma que contribuyó a facilitar la fuga de capitales, que solo durante el 2001 se manifestó en la pérdida de unos 20.000 millones de argendólares de los depósitos bancarios y una disminución de unos 12.000 millones de dólares de las reservas internacionales.
A lo que apunto es a señalar que si existe una deuda pasible de ser investigada, esa es la que se mantiene en cesación de pagos con el Club de París, lo que no quita una profunda investigación del conjunto de la deuda. La realidad es que las sucesivas negociaciones en la que han incurrido todos los turnos constitucionales desde 1983 dificultan cualquier investigación que se pretenda encarar sobre el carácter ilegal o ilegitimo de la deuda pública. Cada negociación convalida los títulos de los acreedores y limita cualquier estrategia de denuncia sobre la validez de una deuda que mantiene el carácter de gran condicionante de la política económica del presente y del futuro. La negociación significará un incremento en el mediano y corto plazo de los fondos fiscales destinados a la cancelación de esas acreencias, lo que contribuye a desplazar la cancelación de otras necesidades sociales en materia de alimentación, salud, educación, empleo, seguridad o cualquier destino orientado a resolver necesidades insatisfechas.
La no resolución en tiempo y forma del Presupuesto 2011 y la novedad de nuevos pagos que deberán adicionarse el próximo año a cancelación de deuda pública agudiza la disputa por la asignación presupuestaria.
En la información presidencial se destaca que el Club de París admitió por escrito que se soslayará el papel del FMI en el monitoreo previo de las cuentas nacionales, y que el arreglo producto de negociaciones se hará en forma directa con el seguimiento de la contabilidad nacional por parte del G20 en forma directa, sin la intermediación del Fondo. Esto que es difundido como un logro de las autoridades debe mediatizarse a la luz de que el G20 está integrado por los principales responsables de la administración del Fondo y que a su vez, la más importante medida asumida por el cónclave de los 20 jefes de Estado ha sido fortalecer el papel del organismo internacional, que se muestra en plena actividad de promotor del ajuste en Europa. Sin embargo, debe destacarse que se trata de un antecedente que no debe haber caído bien en la burocracia del FMI, interesado en retomar su lugar de auditor implacable para el ajuste en la Argentina.
Poco sabemos a esta altura sobre las condiciones de regularización de esa deuda, aunque podemos reiterar algo que hemos sostenido en ocasiones anteriores y que remite nuevamente a la pérdida de otra oportunidad para investigar la deuda pública. Afirmamos lo dicho, por ser la deuda con el Club de París la que resulta pasible de una detallada “auditoría”, puesto que se trata de préstamos otorgados por países, entre los que se destacan aquellos originados en tiempos de la dictadura y por lo tanto, pueden ser calificados de “deuda odiosa”, la misma calificación que otorgó EEUU a la deuda pública de Irak al momento de la invasión en 2003. Para Washington, la deuda asumida bajo la gestión de Sadam Hussein era una deuda ilegítima, por lo tanto odiosa, y así la declaró para desconocerla.
La deuda asumida por la dictadura genocida puede ser considerada “odiosa” y una vez más se aleja la posibilidad de investigar y denunciar ese tipo de endeudamiento. En el mismo sentido, aunque ya bajo gobiernos constitucionales, parte de la deuda con el Club de París, incluye préstamos otorgados a la administración De la Rúa en tiempos del blindaje financiero, cuando a fines del 2000 se colocó a disposición del gobierno argentino una considerable suma que contribuyó a facilitar la fuga de capitales, que solo durante el 2001 se manifestó en la pérdida de unos 20.000 millones de argendólares de los depósitos bancarios y una disminución de unos 12.000 millones de dólares de las reservas internacionales.
A lo que apunto es a señalar que si existe una deuda pasible de ser investigada, esa es la que se mantiene en cesación de pagos con el Club de París, lo que no quita una profunda investigación del conjunto de la deuda. La realidad es que las sucesivas negociaciones en la que han incurrido todos los turnos constitucionales desde 1983 dificultan cualquier investigación que se pretenda encarar sobre el carácter ilegal o ilegitimo de la deuda pública. Cada negociación convalida los títulos de los acreedores y limita cualquier estrategia de denuncia sobre la validez de una deuda que mantiene el carácter de gran condicionante de la política económica del presente y del futuro. La negociación significará un incremento en el mediano y corto plazo de los fondos fiscales destinados a la cancelación de esas acreencias, lo que contribuye a desplazar la cancelación de otras necesidades sociales en materia de alimentación, salud, educación, empleo, seguridad o cualquier destino orientado a resolver necesidades insatisfechas.
La no resolución en tiempo y forma del Presupuesto 2011 y la novedad de nuevos pagos que deberán adicionarse el próximo año a cancelación de deuda pública agudiza la disputa por la asignación presupuestaria.
¿Qué nos deja la cumbre del G20 en Corea?
Terminó la reunión del G20 en Seúl y tal como se esperaba, sin muchas precisiones con capacidad de incidir en la marcha de la economía mundial y sí, con incertidumbres sobre el futuro inmediato ante el desorden generado por la crisis mundial, que vuelve a ser amenazada por una sucesión de crisis nacionales que cambian periódicamente de escenarios, desde EEUU a Europa y viceversa. Ahora la novedad es Irlanda y en cualquier momento reaparecen en la escena de la crisis, España, Portugal o Italia, pero el resultado electoral negativo para los demócratas en EEUU puede deparar novedades de recidiva de la crisis en la primera economía del mundo.
La realidad es que el desorden está manifestado en la contradicción que surge de políticas nacionales aplicadas por los gobiernos para intentar erradicar los efectos de la crisis en su territorios y una crisis que tiene dimensiones sistémicas, integrales, que no admite paliativos parciales, locales, nacionales. En realidad, desafía a pensar en un nuevo orden económico y financiero mundial, que por lo resultados concretos de las deliberaciones del cónclave reunido en Corea del Sur, no da para expectativas esperanzadoras.
¿Países emergentes al poder mundial?
Algunos imaginan la emergencia de una nueva realidad del poder mundial por el surgimiento de nuevos actores económicos y políticos en la escena mundial, entre ellos los llamados, BRIC. Hay razones para
pensarlo, ya que China acredita un crecimiento acumulativo del orden del 10% por tres décadas y se posicionó como segunda potencia mundial, aún lejos del poder de EEUU, pero en expansión. La India también muestra un ritmo de crecimiento importante, aunque debe admitirse, en ambos casos, China e India muestran esos niveles de expansión económico beneficiadas por el arribo de inversiones externas,
principalmente de EEUU, con lo cual, más allá de los avances en el ranking económico de las naciones, lo que importa es un proceso creciente de transnacionalización de la economía mundial.
Lo que queremos decir es que más que el peso de las naciones en la generación de riquezas, lo que importa es la movilidad del capital superando los límites fronterizos para realizar sus objetivos de obtención de ganancias para ampliar la dinámica de la acumulación y valorización de capitales, con lo cual se resuelve la dominación en el capitalismo, sea económica, política o cultural. No se trata de un tema menor a la hora de considerar lo que ocurre en la Argentina, ya que más allá de la menguada credibilidad de los datos ofrecidos por el INDEC, lo cierto es que la extranjerización es creciente en la cúpula empresarial en el país. En un escenario de transnacionalización de la economía, lo que importa es observar lo que ocurre con la valorización de los capitales, mucho más que los datos macroeconómicos. La cuestión pasa por definir quienes son los dueños de la economía, quienes ocupan el lugar dominante en la estructura económica social de un país, por caso la Argentina. El país vuelve al crecimiento en el 2010, pero debemos interrogarnos sobre quienes se apropian de esa evolución, cuál es el destino del excedente que se genera en el capitalismo local, ya que una parte puede ser apropiado por el Estado y contribuir a financiar políticas sociales compensatorias, pero lo que define es la apropiación privada por parte del capital extranjero dominante en la estructura productiva y de servicios local.
La economía estadounidense o europea muestra señales de crisis, con un crecimiento muy importante de la desigualdad. En la región latinoamericana, según la CEPAL, los impactos macroeconómicos de la crisis mundial fueron menores que en los países capitalistas desarrollados, sin embargo, existe un incremento absoluto de la desigualdad. Lo que pretendemos señalar es que más allá de la crisis, lo que crece en el mundo es la desigualdad. Por eso, sin perjuicio de la pérdida de dinamismo de las potencias hegemónicas del capitalismo mundial, EEUU, Europa o Japón; y de la nueva potencialidad emergente de Brasil, Rusia, India o la China, los países llamados BRIC, lo que debe considerarse es la movilidad transnacional del capital para
asegurar y viabilizar el proceso de valorización del capital.
Importa la liberalización y la valorización transnacional
En la reunión del G20 parecen confirmarse estas modificaciones en las cuotas nacionales de poder mundial, donde lo esencial continúa siendo la dinámica de los capitales por asegurar la liberalización de la economía, el libre movimiento de los capitales según mande el mercado
mundial.
EEUU no pudo imponer regulaciones comerciales o monetarias para favorecer su situación y China aceptó vagos calendarios para adecuar su política nacional a las demandas de otros grandes actores de la economía mundial. ¿Es acaso un empate entre el viejo y el nuevo liderazgo? O mejor debe interpretarse como parte de una negociación política que permite avanzar en los objetivos liberalizadores propuestos por las transnacionales.
Es un tema a considerar en la Argentina, insistimos, cuando más allá de los datos positivos de la macroeconomía, lo que surge es la consolidación de la extranjerización de la estructura económica, en un
cuadro de desigualdad social y un modelo productivo que destruye nuestros recursos naturales, los bienes comunes del país.
EEUU ejerce su hegemonía antes de la reunión del G20
Mientras en el país sigue impactando la muerte del ex Presidente Néstor Kirchner, generando discusiones sobre el presente y el futuro de la economía, la realidad de la crisis mundial se impone y condiciona cualquier especificidad nacional.
¿Por qué señalo lo dicho? Es que EEUU, a una semana de la Cumbre de los Presidentes del G20 que se reunirá en pocos días en Seúl, Corea, decidió unilateralmente una gigantesca emisión de billetes por 600.000 millones de dólares. Con esa medida ha colocado en tensión al conjunto del sistema mundial, que ahora debe decidir cómo actuar ante la invasión de dólares que inundarán los mercados de capitales, reanudando quizá una oleada especulativa, o por lo menos, como ya se visibiliza, estimula el alza de los precios de las comodities, caso del oro, o la soja, dos productos de exportación de la Argentina.
EEUU actúa por su cuenta y sabe que si discute colectivamente pueden decidirse situaciones que superen la capacidad de acción del gobierno del debilitado Obama, perdidoso en las recientes elecciones de medio turno. Ante la duda, se prefirió la iniciativa unilateral, anticipada al cónclave de Seúl, demostrando que si bien la crisis de la economía es mundial, las políticas económicas son nacionales y en este sentido, EEUU ejerce la hegemonía que le otorga su carácter imperialista.
¿Qué lecciones pueden aprenderse sobre esta situación? No es la primera vez que esto ocurre, pues EEUU ya dio sobradas muestras de acción unilateral, p.e., cuando decidió romper la paridad cambiaria establecida en los acuerdos de Bretton Woods de 1944. Remito a la declaración de la inconvertibilidad del dólar en 1971 y que desató la
crisis y el desorden del sistema mundial que devino en ajuste y liberalización de la economía. La instalación de la especulación generalizada devino del accionar unilateral estadounidense, motivando iniciativas como la Tasa Tobin para intentar frenar el inusitado movimiento de divisas con fines especulativos que generó la ruptura del acuerdo monetario. Ahora se vuelve a hablar de guerra monetaria y con razón, ya que la primera batalla se lanzó con la emisión estadounidense. No en vano se vuelve a hablar de mecanismos de controles de capitales al estilo de las sugeridas por Tobin a comienzo
de los 70´.
Pero también EEUU actuó deliberadamente a fines de los 70´ con la iniciativa Volcker, el mismo personaje que es ahora clave en la política económica de Obama. En aquellos años fue funcional al neoliberalismo que instaló Reagan en EEUU. El tema significó una impresionante suba de las tasas de interés que desembocaron en la crisis de la deuda externa de nuestros países, con el default de México y una compleja situación de endeudamientos, negociaciones condicionadas vía presiones del FMI y los organismos internacionales. Son situaciones que explicarán las décadas perdidas de los 80´ y los
90´ para América Latina y el Caribe.
Son varias entonces las lecciones a aprender sobre el ejercicio de la hegemonía estadounidense y la unilateralidad en el establecimiento de políticas económicas, aunque en la coyuntura eso pueda favorecer la macroeconomía local. Es que la suba del oro y la soja, por lo pronto, estimula los negocios en nuestro país, sin que ello supongo en si mismo mejoría en la calidad de vida del conjunto de la población. Si mejora la perfomance de los inversores en la mega minería a cielo abierto, o de los que manejan el ciclo productivo sojero y claro, al mantener el modelo productivo, algo derrama sobre las cuentas fiscales, otorgando sensación de normalización y crecimiento de la
economía, favoreciendo la sensación de bienestar y que la crisis está lejana.
Un interrogante es que pueden hacer los países del sur del mundo en la cumbre del G20, más que legitimar la hegemonía de EEUU por restablecer el régimen del capital con mirada estadounidense. Es cierto que se puede protestar y es probable que existan discursos críticos a la unilateralidad estadounidense, pero la emisión de Washington ya incide en la evolución de la economía mundial, realimentando los negocios especulativos que anticipan nuevas rondas de crisis. Quizá sea el momento de además de discursos críticos, poner a rodar, también unilateralmente, claro que como región latinoamericana y caribeña una demorada NUEVA ARQUITECTURA FINANCIERA, donde el Banco del Sur y el Banco del ALBA tienen un papel, tanto como la experiencia de intercambios compensados que iniciaron Brasil y Argentina, o los que
ensayan desde comienzo de este año los países del ALBA con el SUCRE (Sistema Único de Compensación Regional), en tanto intento de avanzar vía intercambios compensados al establecimiento de una moneda regional.
Si la crisis es mundial y la política económica es nacional, bien podría nuestra región actuar como economía de escala y proponerse objetivos desconectados del epicentro de la crisis. Sería una forma emancipada de pensar, en un mundo que hoy recuerda la revolución socialista de octubre en Rusia, como el primer intento con posibilidades de construir una sociedad para la satisfacción de las necesidades sociales extendidas.
G20 en Seúl
El cónclave en Seúl será la primera reunión del G20 fuera de los países capitalistas desarrollados, el epicentro de la crisis. Los ministros ya dejaron preparado hace dos semanas el terreno de una propuesta de cambio institucional en el FMI a ser aprobada por los Jefes de Estado. Europa cederá dos bancas que serán transferidas a
países emergentes, un tema a concretarse a mediano plazo. Claro que EEUU seguirá manteniendo su capacidad de voto, pues continuará siendo el único socio con más del 15% de voto, lo suficiente para impedir cualquier acción que no cuente con su visto bueno. Algunos igual lo consideran un avance, aunque está muy lejos de
constituir la nueva arquitectura financiera que alguna vez se pensó desde la región latinoamericana, con el fin de utilizar soberanamente los cuantiosos fondos colocados en activos externos y que respaldan las reservas internacionales. Estas superan los 500.000 millones de dólares y habilitan a pensar en proyectos propios. Sin abandonar el
escenario de crisis de la economía mundial, los países hegemónicos pretenderán que esos fondos se consuman en el Norte.
Quizá se reinstale la presión de Obama para que China aprecie su moneda y contribuya a reducir el déficit fiscal estadounidense. La guerra de las monedas que le dicen, sin discutir a fondo la forma de generar riqueza que está detrás del dinero. El modelo productivo depredador no será puesto en discusión y se pondrán nuevamente en evidencia que cada país opina según sus necesidades, mientras la economía mundial potencia sus problemas estructurales.
La crisis y la respuesta liberalizadora seguirá siendo el tema dominante y el anfitrión anticipó las conclusiones que predominarán, enviando un mensaje a sus vecinos coreanos del norte para que abran su economía y se coloquen a tono con las políticas anti crisis del poder mundial. La otra cara de la cumbre estará en las calles en una semana de movilizaciones y protestas contra el cónclave autoerigido para la discusión de una crisis que se prolonga con terribles efectos sociales, más allá de previsibles convocatorias a enfrentar la pobreza y el desempleo.
La muerte de Néstor Kirchner
Murió el ex presidente Néstor Kirchner. Más allá de las condolencias que corresponden resulta de interés verificar que el acontecimiento generó en sí mismo un cambio en la percepción del momento político. La masividad de la despedida habilita interrogantes sobre el consenso social en el legado de la acción de gobierno y en la política liderada por el ex mandatario y que hoy ejerce Cristina Fernández. Ello requiere un análisis muy preciso de las motivaciones de ese consenso popular y cómo se mantiene y profundiza. Será una clave importante de la política.
En casi todos los análisis se valora la política de los derechos humanos y la política internacional, especialmente esta última en dos direcciones; una, que con matices remite al tratamiento de la deuda externa pública y la otra al alineamiento con la región.
Respecto de la deuda se registra la confrontación con el FMI, que en el último tiempo de crisis capitalista y presencia de Argentina en el G20 entró en tensiones, ya que de un lado se critica fuertemente al FMI y por el otro se convalida un resurgimiento del FMI como el ajustador en el marco de la crisis, situación que hoy sufre Europa del Este y crecientemente la Europa occidental. Precisamente Argentina es puesta de ejemplo en la resistencia europea por la quita de la deuda en el canje del 2005 y 2010 y el mantenimiento de la cesación de pagos con el Club de París. Es cierto que han sido varios los anuncios del actual gobierno por negociar y cancelar esa deuda, lo que coloca un signo de interrogación sobre el futuro del endeudamiento, que junto a la disminución de la deuda externa muestra un crecimiento de la deuda “interna”, la que afecta partidas presupuestarias en el presente y el futuro.
Sobre el alineamiento internacional se destaca el papel de la administración Kirchner para evitar la inclusión del ALCA en la agenda de la Conferencia de Presidente de América del 2005 en Mar del Plata, algo que la administración estadounidense no perdona. Claro que subsisten una gran cantidad de tratados bilaterales de inversión que junto al CIADI condicionan la evolución de la economía local. Era incipiente el trabajo de Kirchner en Unasur, creando muchas expectativas por la explícita exclusión de EEUU en su seno, con unas complejas tareas por delante, nada menos que las mediaciones entre Colombia y Venezuela. La creciente intromisión estadounidense en los países de la región sugiere un mayor protagonismo de la Argentina en una visión nuestra americana, excluyendo a EEUU, el líder del G20, del que el país forma parte. Pero también está demorada la aparición del Banco del Sur y una mayor inserción del país en una integración alternativa a la comandada por el libre comercio, con EEUU ó con Europa.
Quizá el tema más delicado del legado y los desafíos del gobierno a futuro estén en la Política económica, sea la distribución del ingreso, el elevado nivel de pobreza, más allá de la política social compensadora; el trabajo irregular, visibilizado en el reclamo de los tercerizados ferroviarios y que culminó con el asesinato de Mariano Ferreyra. La inflación que empezó a desatarse en tiempos del gobierno Kirchner y que se mantiene agudizado con la incredulidad de los datos del Indec, reconociendo que la inflación implícita o explícita la pagan los sectores de menores ingresos. Más aún, subsisten enormes condicionantes de la institucionalidad neoliberal, tales como la fuerte orientación de política pública para favorecer al sector privado, más allá de retenciones. Es el caso de la extensión, a modo de ejemplo, de la producción sojera en el agro, o de la minería a cielo abierto, ambas en manos de transnacionales que manejan el paquete productivo, las principales inversiones y son generadoras de la salida de capitales.
Parte del imaginario social y política sindicaba a Néstor Kirchner como el verdadero Ministro de Economía. Más allá de la veracidad, la ausencia del ex presidente pondrá en evidencia la capacidad de gestión en materia de política económica del gobierno, en un momento en que la situación fiscal de las provincias se complica, con posibilidades de conflicto federal y agravado por la ausencia del jefe del partido de gobierno para administrar esas tensiones. Es quizá el orden económico social y la política económica, el ámbito que genera mayores incógnitas sobre el futuro cercano.
El poder económico mundial envió su señal elevando las cotizaciones de los valores argentinos, aún estando cerrada la Bolsa de Valores de Buenos Aires por el feriado dispuesto por el censo nacional. Pese a las elevadas ganancias obtenidas en el ciclo de recuperación de la economía en la Argentina, el ex presidente no era considerado del riñón del poder económico y por eso existirán presiones para incidir en un mayor alineamiento de la Argentina con las políticas hegemónicas en el marco de la crisis, especialmente la normalización de la situación con el FMI. Es de esperar que la convocatoria para su despedida pueda contribuir a constituir una fuerza en sentido contrario.
En casi todos los análisis se valora la política de los derechos humanos y la política internacional, especialmente esta última en dos direcciones; una, que con matices remite al tratamiento de la deuda externa pública y la otra al alineamiento con la región.
Respecto de la deuda se registra la confrontación con el FMI, que en el último tiempo de crisis capitalista y presencia de Argentina en el G20 entró en tensiones, ya que de un lado se critica fuertemente al FMI y por el otro se convalida un resurgimiento del FMI como el ajustador en el marco de la crisis, situación que hoy sufre Europa del Este y crecientemente la Europa occidental. Precisamente Argentina es puesta de ejemplo en la resistencia europea por la quita de la deuda en el canje del 2005 y 2010 y el mantenimiento de la cesación de pagos con el Club de París. Es cierto que han sido varios los anuncios del actual gobierno por negociar y cancelar esa deuda, lo que coloca un signo de interrogación sobre el futuro del endeudamiento, que junto a la disminución de la deuda externa muestra un crecimiento de la deuda “interna”, la que afecta partidas presupuestarias en el presente y el futuro.
Sobre el alineamiento internacional se destaca el papel de la administración Kirchner para evitar la inclusión del ALCA en la agenda de la Conferencia de Presidente de América del 2005 en Mar del Plata, algo que la administración estadounidense no perdona. Claro que subsisten una gran cantidad de tratados bilaterales de inversión que junto al CIADI condicionan la evolución de la economía local. Era incipiente el trabajo de Kirchner en Unasur, creando muchas expectativas por la explícita exclusión de EEUU en su seno, con unas complejas tareas por delante, nada menos que las mediaciones entre Colombia y Venezuela. La creciente intromisión estadounidense en los países de la región sugiere un mayor protagonismo de la Argentina en una visión nuestra americana, excluyendo a EEUU, el líder del G20, del que el país forma parte. Pero también está demorada la aparición del Banco del Sur y una mayor inserción del país en una integración alternativa a la comandada por el libre comercio, con EEUU ó con Europa.
Quizá el tema más delicado del legado y los desafíos del gobierno a futuro estén en la Política económica, sea la distribución del ingreso, el elevado nivel de pobreza, más allá de la política social compensadora; el trabajo irregular, visibilizado en el reclamo de los tercerizados ferroviarios y que culminó con el asesinato de Mariano Ferreyra. La inflación que empezó a desatarse en tiempos del gobierno Kirchner y que se mantiene agudizado con la incredulidad de los datos del Indec, reconociendo que la inflación implícita o explícita la pagan los sectores de menores ingresos. Más aún, subsisten enormes condicionantes de la institucionalidad neoliberal, tales como la fuerte orientación de política pública para favorecer al sector privado, más allá de retenciones. Es el caso de la extensión, a modo de ejemplo, de la producción sojera en el agro, o de la minería a cielo abierto, ambas en manos de transnacionales que manejan el paquete productivo, las principales inversiones y son generadoras de la salida de capitales.
Parte del imaginario social y política sindicaba a Néstor Kirchner como el verdadero Ministro de Economía. Más allá de la veracidad, la ausencia del ex presidente pondrá en evidencia la capacidad de gestión en materia de política económica del gobierno, en un momento en que la situación fiscal de las provincias se complica, con posibilidades de conflicto federal y agravado por la ausencia del jefe del partido de gobierno para administrar esas tensiones. Es quizá el orden económico social y la política económica, el ámbito que genera mayores incógnitas sobre el futuro cercano.
El poder económico mundial envió su señal elevando las cotizaciones de los valores argentinos, aún estando cerrada la Bolsa de Valores de Buenos Aires por el feriado dispuesto por el censo nacional. Pese a las elevadas ganancias obtenidas en el ciclo de recuperación de la economía en la Argentina, el ex presidente no era considerado del riñón del poder económico y por eso existirán presiones para incidir en un mayor alineamiento de la Argentina con las políticas hegemónicas en el marco de la crisis, especialmente la normalización de la situación con el FMI. Es de esperar que la convocatoria para su despedida pueda contribuir a constituir una fuerza en sentido contrario.
Asesinato para frenar conflictividad
El asesinato de Mariano Ferreyra conmovió a la sociedad argentina e hizo evidente el tema de la precarización laboral, uno de los problemas más importantes de los cambios económicos ocurridos en la última etapa.
La protesta de los trabajadores el pasado miércoles 20 era por la incorporación a planta de trabajadores tercerizados del ferrocarril, objetivo a lograrse al altísimo precio de la muerte de un joven militante social y político.
El fenómeno de la tercerización en los ferrocarriles es una secuela de la privatización ferroviaria y el proceso de deterioro de las condiciones laborales producto de la flexibilización laboral instaurada bajo el modelo neoliberal, de apertura, privatizaciones y privilegio a la iniciativa privada, subsistentes aún luego de reestatizaciones, tal como ocurre con el ferrocarril.
Las privatizaciones, la flexibilidad laboral y salarial estuvieron y están acompañadas de un proceso de desindicalización de la población trabajadora, al punto que solo el 13% de las patronales del sector privado reconocen delegados en sus empresas. Eso explica la impunidad empresarial que actúa autoritariamente sobre las demandas de la fuerza de trabajo como mecanismo de asegurar una mayor rentabilidad del capital.
El asunto es que no solo actúa la impunidad patronal, sino también, la complicidad de un modelo de organización sindical funcional a las necesidades del orden capitalista contemporáneo. Por eso no sorprende que los asesinos de Mariano Ferreyra sean socios de la práctica burocrática del sindicalismo tradicional.
El problema de fondo es el capitalismo contemporáneo, que cada vez suma calificativos descalificantes, como capitalismo criminal, mafioso, de especulación o de altísima renta para los grandes inversores. Por eso no debe sorprender que la CEPAL y la UN califiquen a la región latinoamericana como la más desigual del mundo, pese a las altas tasas de crecimiento económico. Del mismo modo que podemos calificar a la Argentina como el país en que mayor creció la desigualdad en las últimas dos décadas.
La sociedad capitalista está constituida en base a sujetos sociales y políticos concretos, consolidando en la Argentina la dominación del capital más concentrado, sustentado en una institucionalidad gestada en tiempos de hegemonía neoliberal y lubricado con consensos corporativos, burocráticos, de políticos, medios de comunicación y aparatos sindicales funcionales al régimen de acumulación y dominación. No hubo interna sindical, o dos bandas en pugna como algunos intentan instalar. La protesta asociada a proyectos de izquierda, anticapitalistas, debe ser acallada, según demanda el régimen del capital.
El repudio al asesinato del joven militante debe estar acompañado de una denuncia a la superexplotación de la fuerza de trabajo, en este caso por la flexibilización laboral, extendida en el mundo del trabajo en el país y en el mundo, tanto como la demanda de un nuevo modelo sindical y de representación y participación popular en la toma de decisiones, especialmente en materia económica. La sindicalización es una forma de participación de los trabajadores en la disputa por el orden económico y que existan más de 2.000 organizaciones, entre ellas la CTA, demandando su personería demuestra el déficit democrático de una sociedad que mantiene estructuras autoritarias.
Las movilizaciones de repudio sucedidas luego del asesinato no tienen solo alcance en el episodio de la emboscada y asesinato, sino que se asocia a la demanda por eliminar los condicionantes institucionales de un orden reaccionario construido al amparo del terrorismo de estado en los 70 y del neoliberalismo empujado por la ofensiva del capital en los 90. Esa es la asignatura pendiente.
Julio Gambina sobre el 82% móvil : “Si se restablecen los aportes patronales alcanza y sobra”
Esto dijo el economista Julio Gambina Integrante del Comité Directivo del consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, quien habló con Infoconurbano sobre el 82 por ciento móvil aprobado recientemente por la oposición en diputados y vetado un día más tarde por la Presidenta. Gambina pidió que se restablezcan los aportes patronales quitados por el ex Ministro de Economía Domingo Cavallo ya que en los últimos años tuvieron grandes ganancias. El economista criticó al gobierno por el veto y refutó que la Argentina se funde si se implementa “Si pagar doce pesos más por día por jubilado significa fundirnos es que estamos muy mal” También habló de “generar un gran debate popular, para ver cuál es la jubilación que deben tener nuestros mayores”. Y agregó “durante muchos años se discutió la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida, y fue imposible hasta que una mayoría en la sociedad movilizada. Las mayorías más importantes se construyen no en el parlamento si no en la sociedad”
Leer entrevista completa aquí.
La CTA y sus elecciones directas
El pasado jueves 23 de septiembre me tocó inaugurar, como afiliado de la CTA, la votación en una mesa dispuesta en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Rosario.
A primera hora del acto electoral de la CTA éramos varios en disposición de ejercer el derecho de voto directo para elegir autoridades locales, provinciales y nacionales de la Central. Se elegían 16.800 cargos en todo el país, para lo cual se dispusieron más de 5.000 urnas, que debido al clima de disputa movilizó una considerable militancia sindical para resguardar y asegurar la transparencia del resultado. Entre autoridades y fiscales de “mi” mesa, unos cinco, expresaban en pequeño a una militancia de varios miles involucrada en una experiencia de reivindicación democrática y con la posibilidad de contribuir a la construcción de alternativa política.
No debe subestimarse ese protagonismo militante en tiempos de estímulo al descompromiso, el individualismo y el consumismo organizado por la cultura dominante. ¿Es poco o mucho el nivel de la movilización electoral en la CTA? Es lo que hay diría alguien, pero para quienes vivimos las restricciones que la sociedad contemporánea impone a la participación popular, debemos valorar la instalación de una iniciativa política de acción colectiva para incidir en el curso de la historia y la política. Más aún si se considera la nula experiencia de participación popular en la experiencia del sindicalismo burocrático.
La impronta personal de esta introducción se asocia a algunos comentarios impersonales que recibo, escucho, o leo sobre el acontecimiento. Es una forma de polemizar con los que analizan el fenómeno desde “afuera” de la Central, como si fueran analistas objetivos y puestos más allá de la escena de la lucha de clases en concreto. Viví el acto eleccionario desde “adentro” de la CTA y del movimiento de trabajadores, como protagonista, militante movilizado en la votación, interesado en el proceso electoral y en el resultado, sufriendo las primeras indefiniciones al cierre del acto electoral e indignado por declaraciones anticipatorias de triunfos no confirmados posteriormente. Me involucro como todos los candidatos, fiscales y autoridades de mesa, de todas las listas inscriptas para la elección, cada cual con sus verdades, aciertos y desaciertos.
Es obvio que tomé “parte”, pero integrando el “todo” del experimento más importante de reconstrucción de poder de los trabajadores desde la derrota combinada de los 70´ y los 90´ del siglo pasado. No hay duda que el eje de la ofensiva capitalista se manifestó esencialmente contra los trabajadores y sus organizaciones, debilitando la capacidad de respuesta del movimiento obrero.
¿Qué tiene límites la CTA y estas elecciones? ¡Por supuesto…! ¿Quién no los tiene en este tiempo en el movimiento popular? No remito solo a la Argentina, y si no, veamos la escasa (hasta ahora) respuesta mundial a una de las mayores ofensivas del capital contra los trabajadores ante la crisis contemporánea del capitalismo. Según sean las fuentes, los desempleados de este tiempo de crisis rondan los 50 millones de personas, y no es el único indicador del traslado de la crisis capitalista a los de abajo. No solo se trata de indicadores sociales de deterioro, sino de la ausencia de propuestas alternativas en el imaginario social global. No alcanza con enunciar el anti capitalismo o el socialismo. Son propuestas a construir en la experiencia y el aprendizaje compartido del movimiento obrero en su lucha y organización.
Pero también pretendo constituir un debate con los apresurados que se apropian resultados antes de tiempo y anatematizan a los “otros”, cual si fueran enemigos de clase. Se confunde la disputa interna en la CTA con las premisas de aquellos que vociferan el peligro de la derecha ocultando intereses de las clases dominantes. La Central construyó un imaginario social de su identidad, diferenciado de las prácticas antidemocráticas de la burocracia sindical. Es un valor a sostener y defender.
Algunos datos y consideraciones
Todavía falta hacer el balance de la movilización electoral, de una votación que alcanzó unos 240.000 votantes. Es cierto que eran más de 1.400.000 los habilitados en el padrón electoral y que por lo tanto puede decirse que menos del 20% concurrió a votar, pero también puede señalarse la voluntad de esos miles de protagonistas en una elección voluntaria, y en un momento de crisis política para el movimiento popular y la izquierda.
Hay quienes aluden a una movilización de aparatos. Es cierto que hubo recursos económicos y potencial militante de organizaciones sindicales y políticas (más allá de los afiliados) asociadas a los distintos proyectos sustentados por las 5 listas que compitieron, pero… ¿es ello para condenar? Hace cuatro décadas que se viene construyendo la “despolitización” de la sociedad, principalmente de los de abajo. La desindicalización es parte de la cuestión. La resistencia de los trabajadores y sus organizaciones, lograron mantener ciertas estructuras sindicales y políticas que poblaron las nuevas experiencias de comisiones internas y del nuevo sindicalismo que intenta protagonizar la política más allá de las burocracias, los condicionantes de las patronales, los partidos del sistema, y los gobiernos.
La CTA participa de esa experiencia y la reciente elección, con los límites que expresa la cantidad de votantes, e incluso la indefinición de sus resultados a varios días de finalizada la elección, da cuenta de lo nuevo (y los problemas) que se manifiestan en la construcción de un instrumento para la política de los trabajadores. Hasta los medios de comunicación debieron registrar el acontecimiento, claro que intentando denostar y desprestigiar a la organización, al proceso electoral y a sus dirigentes y militantes.
Pero insistamos en el ingrediente de la “política”, que es lo que motiva la disputa de proyectos en la CTA y en el movimiento de trabajadores. Luego de la primera etapa (1992-2001), de aparición de la Central, en tiempos de generación de entusiasmo presidido por el rechazo a la política de liberalización, apertura y privatizaciones de los 90´ llevada adelante por el PJ y la UCR, sobrevino la crisis del 2001. Con ésta, se puso en evidencia también, la crisis política en el bloque de las clases subalternas, entre la cuales se reconocen cantidad importante de adherentes y militantes de esas experiencias mayoritarias. Cada vez que alguna de las expresiones del bipartidismo resucita por “izquierda” habilita la expectativa esperanzada y el posibilismo de la reforma sistémica. Incluso se habilitan expectativas en la propia CGT, o en algunos sectores en su seno, con historia de resistencia al menemismo más allá de su permanencia en la adscripción al PJ.
La Central fue protagonista destacada de la resistencia al “neoliberalismo” y tentada en varias ocasiones de servir para el posibilismo, cultura recurrente en el periodo pos dictadura. Su faceta combativa y revolucionaria era y es compartida con el culto de lo posible y el reformismo en aras de la unidad necesaria para consolidar el nuevo agrupamiento, que pretendía, y aún pretende, dar cuenta de los cambios operados en el régimen del capital. El desafío pasa por resolver la organicidad de los trabajadores, mayoritariamente precarizados, desempleados y desestructurados respecto de las tradicionales formas de representación social, sindical y partidaria. Una nueva experiencia es la que se protagoniza, tal como se vive también en más de 2.000 organizaciones sindicales no reconocidas por el Estado capitalista, entre ellas, la CTA. Pero también en una incontable diversidad de organización territorial de los trabajadores, cuya forma más visible es el movimiento piquetero, que aún le otorga su impronta de cortes a la lucha de calles. Y por cierto, la vigencia de organizaciones sindicales con voluntad de superar los límites corporativos de su cultura tradicional.
Por eso valoro el proceso electoral, porque pone en discusión distintas visiones de organización social y política de los trabajadores. El resultado de la contienda desafía a superar el desamor en que cayó la Central ante la impotencia de una construcción político popular, con capacidad de disputar la salida a la crisis del 2001. Una cuestión sufrida en buena parte del movimiento popular, especialmente ante el ciclo de crecimiento económico 2003-2007, base de la estructuración de una disputa del consenso social por el proyecto hegemónico en el Estado y el capitalismo local, alimentado por un conjunto de iniciativas políticas que integraban el abanico de reivindicaciones democráticas negadas por décadas. Alguna vez remitimos a Gramsci y a su concepto de “revolución pasiva” para explicarnos el proceso y la forma ordenada por el sistema para superar el conflicto en torno del 2001. Agreguemos que ese proceso de construcción de hegemonía sistémica se sustentó en la base social contenida, principalmente, en el PJ y en la CGT.
El problema a resolver sigue siendo la hegemonía
La continuidad unitaria de los distintos proyectos políticos puede hacer naufragar la expectativa transformadora de una Central para la emancipación. Es cierto, y sin embargo, solo la experiencia de unidad en la disputa por la hegemonía, de la que las elecciones forman parte, señala el camino de resolución entre quienes van por más y aquellos que se limitan al campo de lo posible. Las elecciones no resuelven la construcción de institucionalidad popular para la emancipación, pero es parte insustituible en la medida que se compromete con el destino de los trabajadores y los pueblos de la región y el mundo.
Se habló mucho de ruptura política de la Central, lo que es evidente en la parálisis de los últimos dos años, pero la división orgánica de la CTA no es solución. Solo hará visible algunas diferencias y postergará la discusión y el ejercicio de una nueva expresión política de los trabajadores. Por otro lado, la unidad sin disputa no genera condiciones de resolución hegemónica del conflicto al interior de la Central, en la dialéctica participativa de los trabajadores. La ruptura con la CGT fue el paso inicial de un proceso que lleva dos décadas por reconstruir el poder de los trabajadores, para ser efectivos en la difícil confrontación con la estrategia capitalista en tiempos de extensión de la transnacionalización, pese a la crisis. La construcción de identidad autónoma de la CTA sigue siendo un desafío.
Ahora se abre una nueva etapa, porque se hizo explícito el debate de proyectos, aunque no siempre se devele desde los discursos de algunos de los dirigentes. Es que el problema no se sustenta en este o aquel dirigente y su discurso, sino en la capacidad de abrirse paso una nueva experiencia política y de organización de los trabajadores para la emancipación.
Por ello resulta clave avanzar en definiciones formuladas en estos años, de fortalecer la Central por un lado, y al mismo tiempo, protagonizar la articulación de un movimiento político, social y cultural de liberación. Es un camino en construcción con la constituyente social, apenas insinuado en su primera asamblea distrital en Quilmes y que ahora no debe tener límites en su manifestación popular extendida.
Se equivocan quienes creen que estaba en discusión el apoyo o no al gobierno, aunque en algunos ámbitos o manifestaciones discursivas u organizativas así pareciera. El problema a resolver antes de la elección, durante la misma, y después, es la construcción de alternativa política de los trabajadores para enfrentar la crisis y al capitalismo.
A primera hora del acto electoral de la CTA éramos varios en disposición de ejercer el derecho de voto directo para elegir autoridades locales, provinciales y nacionales de la Central. Se elegían 16.800 cargos en todo el país, para lo cual se dispusieron más de 5.000 urnas, que debido al clima de disputa movilizó una considerable militancia sindical para resguardar y asegurar la transparencia del resultado. Entre autoridades y fiscales de “mi” mesa, unos cinco, expresaban en pequeño a una militancia de varios miles involucrada en una experiencia de reivindicación democrática y con la posibilidad de contribuir a la construcción de alternativa política.
No debe subestimarse ese protagonismo militante en tiempos de estímulo al descompromiso, el individualismo y el consumismo organizado por la cultura dominante. ¿Es poco o mucho el nivel de la movilización electoral en la CTA? Es lo que hay diría alguien, pero para quienes vivimos las restricciones que la sociedad contemporánea impone a la participación popular, debemos valorar la instalación de una iniciativa política de acción colectiva para incidir en el curso de la historia y la política. Más aún si se considera la nula experiencia de participación popular en la experiencia del sindicalismo burocrático.
La impronta personal de esta introducción se asocia a algunos comentarios impersonales que recibo, escucho, o leo sobre el acontecimiento. Es una forma de polemizar con los que analizan el fenómeno desde “afuera” de la Central, como si fueran analistas objetivos y puestos más allá de la escena de la lucha de clases en concreto. Viví el acto eleccionario desde “adentro” de la CTA y del movimiento de trabajadores, como protagonista, militante movilizado en la votación, interesado en el proceso electoral y en el resultado, sufriendo las primeras indefiniciones al cierre del acto electoral e indignado por declaraciones anticipatorias de triunfos no confirmados posteriormente. Me involucro como todos los candidatos, fiscales y autoridades de mesa, de todas las listas inscriptas para la elección, cada cual con sus verdades, aciertos y desaciertos.
Es obvio que tomé “parte”, pero integrando el “todo” del experimento más importante de reconstrucción de poder de los trabajadores desde la derrota combinada de los 70´ y los 90´ del siglo pasado. No hay duda que el eje de la ofensiva capitalista se manifestó esencialmente contra los trabajadores y sus organizaciones, debilitando la capacidad de respuesta del movimiento obrero.
¿Qué tiene límites la CTA y estas elecciones? ¡Por supuesto…! ¿Quién no los tiene en este tiempo en el movimiento popular? No remito solo a la Argentina, y si no, veamos la escasa (hasta ahora) respuesta mundial a una de las mayores ofensivas del capital contra los trabajadores ante la crisis contemporánea del capitalismo. Según sean las fuentes, los desempleados de este tiempo de crisis rondan los 50 millones de personas, y no es el único indicador del traslado de la crisis capitalista a los de abajo. No solo se trata de indicadores sociales de deterioro, sino de la ausencia de propuestas alternativas en el imaginario social global. No alcanza con enunciar el anti capitalismo o el socialismo. Son propuestas a construir en la experiencia y el aprendizaje compartido del movimiento obrero en su lucha y organización.
Pero también pretendo constituir un debate con los apresurados que se apropian resultados antes de tiempo y anatematizan a los “otros”, cual si fueran enemigos de clase. Se confunde la disputa interna en la CTA con las premisas de aquellos que vociferan el peligro de la derecha ocultando intereses de las clases dominantes. La Central construyó un imaginario social de su identidad, diferenciado de las prácticas antidemocráticas de la burocracia sindical. Es un valor a sostener y defender.
Algunos datos y consideraciones
Todavía falta hacer el balance de la movilización electoral, de una votación que alcanzó unos 240.000 votantes. Es cierto que eran más de 1.400.000 los habilitados en el padrón electoral y que por lo tanto puede decirse que menos del 20% concurrió a votar, pero también puede señalarse la voluntad de esos miles de protagonistas en una elección voluntaria, y en un momento de crisis política para el movimiento popular y la izquierda.
Hay quienes aluden a una movilización de aparatos. Es cierto que hubo recursos económicos y potencial militante de organizaciones sindicales y políticas (más allá de los afiliados) asociadas a los distintos proyectos sustentados por las 5 listas que compitieron, pero… ¿es ello para condenar? Hace cuatro décadas que se viene construyendo la “despolitización” de la sociedad, principalmente de los de abajo. La desindicalización es parte de la cuestión. La resistencia de los trabajadores y sus organizaciones, lograron mantener ciertas estructuras sindicales y políticas que poblaron las nuevas experiencias de comisiones internas y del nuevo sindicalismo que intenta protagonizar la política más allá de las burocracias, los condicionantes de las patronales, los partidos del sistema, y los gobiernos.
La CTA participa de esa experiencia y la reciente elección, con los límites que expresa la cantidad de votantes, e incluso la indefinición de sus resultados a varios días de finalizada la elección, da cuenta de lo nuevo (y los problemas) que se manifiestan en la construcción de un instrumento para la política de los trabajadores. Hasta los medios de comunicación debieron registrar el acontecimiento, claro que intentando denostar y desprestigiar a la organización, al proceso electoral y a sus dirigentes y militantes.
Pero insistamos en el ingrediente de la “política”, que es lo que motiva la disputa de proyectos en la CTA y en el movimiento de trabajadores. Luego de la primera etapa (1992-2001), de aparición de la Central, en tiempos de generación de entusiasmo presidido por el rechazo a la política de liberalización, apertura y privatizaciones de los 90´ llevada adelante por el PJ y la UCR, sobrevino la crisis del 2001. Con ésta, se puso en evidencia también, la crisis política en el bloque de las clases subalternas, entre la cuales se reconocen cantidad importante de adherentes y militantes de esas experiencias mayoritarias. Cada vez que alguna de las expresiones del bipartidismo resucita por “izquierda” habilita la expectativa esperanzada y el posibilismo de la reforma sistémica. Incluso se habilitan expectativas en la propia CGT, o en algunos sectores en su seno, con historia de resistencia al menemismo más allá de su permanencia en la adscripción al PJ.
La Central fue protagonista destacada de la resistencia al “neoliberalismo” y tentada en varias ocasiones de servir para el posibilismo, cultura recurrente en el periodo pos dictadura. Su faceta combativa y revolucionaria era y es compartida con el culto de lo posible y el reformismo en aras de la unidad necesaria para consolidar el nuevo agrupamiento, que pretendía, y aún pretende, dar cuenta de los cambios operados en el régimen del capital. El desafío pasa por resolver la organicidad de los trabajadores, mayoritariamente precarizados, desempleados y desestructurados respecto de las tradicionales formas de representación social, sindical y partidaria. Una nueva experiencia es la que se protagoniza, tal como se vive también en más de 2.000 organizaciones sindicales no reconocidas por el Estado capitalista, entre ellas, la CTA. Pero también en una incontable diversidad de organización territorial de los trabajadores, cuya forma más visible es el movimiento piquetero, que aún le otorga su impronta de cortes a la lucha de calles. Y por cierto, la vigencia de organizaciones sindicales con voluntad de superar los límites corporativos de su cultura tradicional.
Por eso valoro el proceso electoral, porque pone en discusión distintas visiones de organización social y política de los trabajadores. El resultado de la contienda desafía a superar el desamor en que cayó la Central ante la impotencia de una construcción político popular, con capacidad de disputar la salida a la crisis del 2001. Una cuestión sufrida en buena parte del movimiento popular, especialmente ante el ciclo de crecimiento económico 2003-2007, base de la estructuración de una disputa del consenso social por el proyecto hegemónico en el Estado y el capitalismo local, alimentado por un conjunto de iniciativas políticas que integraban el abanico de reivindicaciones democráticas negadas por décadas. Alguna vez remitimos a Gramsci y a su concepto de “revolución pasiva” para explicarnos el proceso y la forma ordenada por el sistema para superar el conflicto en torno del 2001. Agreguemos que ese proceso de construcción de hegemonía sistémica se sustentó en la base social contenida, principalmente, en el PJ y en la CGT.
El problema a resolver sigue siendo la hegemonía
La continuidad unitaria de los distintos proyectos políticos puede hacer naufragar la expectativa transformadora de una Central para la emancipación. Es cierto, y sin embargo, solo la experiencia de unidad en la disputa por la hegemonía, de la que las elecciones forman parte, señala el camino de resolución entre quienes van por más y aquellos que se limitan al campo de lo posible. Las elecciones no resuelven la construcción de institucionalidad popular para la emancipación, pero es parte insustituible en la medida que se compromete con el destino de los trabajadores y los pueblos de la región y el mundo.
Se habló mucho de ruptura política de la Central, lo que es evidente en la parálisis de los últimos dos años, pero la división orgánica de la CTA no es solución. Solo hará visible algunas diferencias y postergará la discusión y el ejercicio de una nueva expresión política de los trabajadores. Por otro lado, la unidad sin disputa no genera condiciones de resolución hegemónica del conflicto al interior de la Central, en la dialéctica participativa de los trabajadores. La ruptura con la CGT fue el paso inicial de un proceso que lleva dos décadas por reconstruir el poder de los trabajadores, para ser efectivos en la difícil confrontación con la estrategia capitalista en tiempos de extensión de la transnacionalización, pese a la crisis. La construcción de identidad autónoma de la CTA sigue siendo un desafío.
Ahora se abre una nueva etapa, porque se hizo explícito el debate de proyectos, aunque no siempre se devele desde los discursos de algunos de los dirigentes. Es que el problema no se sustenta en este o aquel dirigente y su discurso, sino en la capacidad de abrirse paso una nueva experiencia política y de organización de los trabajadores para la emancipación.
Por ello resulta clave avanzar en definiciones formuladas en estos años, de fortalecer la Central por un lado, y al mismo tiempo, protagonizar la articulación de un movimiento político, social y cultural de liberación. Es un camino en construcción con la constituyente social, apenas insinuado en su primera asamblea distrital en Quilmes y que ahora no debe tener límites en su manifestación popular extendida.
Se equivocan quienes creen que estaba en discusión el apoyo o no al gobierno, aunque en algunos ámbitos o manifestaciones discursivas u organizativas así pareciera. El problema a resolver antes de la elección, durante la misma, y después, es la construcción de alternativa política de los trabajadores para enfrentar la crisis y al capitalismo.
Alimentos y especulación
Los precios internacionales de los alimentos retomaron una lógica alcista, en el mismo sentido del ciclo previo entre 2007 y 2008. Las razones se derivan principalmente de la especulación financiera en las principales bolsas agrícolas del mundo: Chicago, New York y Londres.
En 2007 fue la crisis de las hipotecas lo que llevó a los especuladores a desarmar sus posiciones en paquetes tóxicos de préstamos incobrables para posicionarse en materiales primas, productos agrícolas, ganaderos, petróleo y otros minerales, haciendo subir los precios en forma alarmante.
La recesión mundial del 2009 hizo bajar los precios, pero a la primera señal de recuperación en este 2010, los precios internacionales retomaron impulso, aún no en el techo alcanzado en 2008, pero ya mayores a los instalados en el piso del 2007. El temor a la depresión frenó la especulación y limitó el escenario inflacionario, que amenazaba a reinstalar estancamiento con inflación.
Ahora vuelven a subir los precios del maíz, del trigo o la soja y la especulación de negocios a “futuro” explica una parte importante del curso alcista. La rueda especulativa continúa definiendo el ciclo de acumulación de capitales a escala y global, y no importa que la FAO señale que 1.020 millones de personas sufren hambre en el mundo. Si el miedo a los préstamos tóxicos elevó el interés en la especulación con alimentos, la recesión morigeró las ansias por ganancias rápidas, hasta la gigantesca intervención estatal para el salvataje de empresas en crisis, lo que determinó el reinicio de la burbuja especulativa, de nuevo con alimentos.
Resulta curioso verificar el hambre en simultáneo con el incremento de la capacidad productiva de la sociedad contemporánea, salvo que asumamos que el objetivo del capitalismo no pasa por satisfacer necesidades de las personas, sino resolver ganancias, acumulación y poder del núcleo empresario concentrado en la rama de la alimentación. Esa es la razón de la ampliación productiva alimentaria y el record de hambrientos globales.
Pero es interesante interrogarse sobre quién resulta beneficiario de esos precios en alza, porque una respuesta rápida puede inducir a pensar en los países productores y exportadores de esa producción alimentaria. Sin embargo, con la lógica de dominación en el capitalismo contemporáneo, ya no solo cuenta la propiedad de la tierra (privada o estatal), sino el manejo del paquete tecnológico que define la producción específica. Es lo que ocurre en todas las ramas de la producción primaria en el país y en el mundo, donde las transnacionales en diferentes sectores de la agricultura, la ganadería, los combustibles o la minería son quienes marcan el rumbo y se apropian del grueso de la facturación.
Con lo cual, nos encontramos con un cuadro de situación donde el precio internacional de los alimentos tiene un componente especulativo, resuelto en bolsas y bancos que administran los mercados de capitales mundiales y por otro en el proceso de producción monopolizado por transnacionales.
En contrario, los países exportadores o importadores sufren con empobrecimiento y deterioro de la calidad de vida. En los primeros por la orientación creciente a la mono producción, desalojando la producción familiar diversificada y concentrando la tierra y la producción en función de una demanda mundial sesgada hacia mercados con capacidad de consumo. En el caso de los segundos por imperio directo del encarecimiento de alimentos destinados al consumo familiar, recreando un ciclo vicioso de empobrecimiento.
Un argumento sostenido relativo al incremento de los precios internacionales alude a la mayor demanda de países altamente poblados como la India y China, que a su vez manifiestan tasas de crecimiento superiores a la media mundial en los últimos años, especialmente durante la crisis mundial actual. Siendo cierto no explica el caso chino, con tasas de crecimiento promedio del 10% acumulativo anual por tres décadas, sin incidir desde entonces en la mayor producción, comercio y alza de precios.
El componente especulativo a nivel mundial se extiende con fuerza a la salida de la crisis de rentabilidad de los años 70´ y se potencia en los 80´ y 90´ con capacidad de generalizar sus efectos más allá de las finanzas y extenderse a diferentes áreas de la producción. Es que la especulación con dinero se extiende en simultáneo con un proceso creciente de mercantilización de la vida que lleva la negociación en títulos a toda la esfera de la producción material. Se trata de un momento donde la calidad de satisfacer necesidades básicas alimentarias es transformada en búsqueda de valorización de los capitales invertidos. ¿Hasta cuándo soportará la sociedad la primacía de la especulación y la concentración por sobre las necesidades alimentarias de la población?
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