El gobierno de Macri busca
disciplinar al movimiento sindical y por eso junto a las cesantías en el Estado,
la represión y criminalización de la protesta social, se pretende asociar a los
objetivos de la gestión a parte de la dirigencia gremial. Por eso la reunión
del gobierno se limitó a recibir a la dirigencia de las distintas versiones del
sindicalismo tradicional agrupado en las CGT.
Afuera del diálogo quedaron las
CTA, que nuclean a gremios y movimientos sociales que expresan muy fuerte la
conflictividad en estas horas. No importó la legalidad de ambas centrales, sino
que primó en el gobierno el objetivo de contención y aislamiento del conflicto
social. Es una estrategia acompañada de represión y criminalización de la
protesta social.
ATE convocó a un paro nacional
para el 24 de febrero y crecen las adhesiones y simpatías de una medida que
trasciende los propósitos concretos de la medida, contra las cesantías y en
defensa del empleo público. Los trabajadores estatales denuncian cerca de 20.000
cesantías en los tres ámbitos del Estado: municipios, provincias y nación, muy
por encima del difundido por las autoridades, que solo informan sobre lo que
ocurre en el Estado Nacional, desentendiéndose de procesos similares de varias
provincias, incluso las gobernadas por el kirchnerismo.
La situación de los gremios
docentes está en tensión y son parte de la conflictividad expresada por estas
horas. Los docentes bonaerenses acaban de desestimar una nueva oferta del gobierno
provincial por actualización salarial del 24,1%, con una demanda del 35% de
ajuste, en lo que pretende ser la primera pulseada de un debate nacional reiterado
a comienzo del ciclo escolar.
Diversas son las expresiones en
solidaridad con la libertad de Milagro Sala y la criminalización de la protesta
social, en un momento en que se intenta deslegitimar la experiencia de
autogestión desarrollada especialmente ante la crisis del 2001. La “normalización”
del orden capitalista local tiene en paralelo la continuidad y extensión de
experiencias de organizar la vida cotidiana con y más allá del Estado, lo que
supone la disputa de fondos públicos por parte del movimiento social.
En rigor, el problema no es solo
de los estatales, ya que las cesantías y suspensiones se extienden también en
el sector privado. La Volkswagen y la FIAT anuncian masivas suspensiones ante
la reducción de la demanda brasileña. La crisis mundial y su impacto recesivo
en Brasil golpea en forma directa sobre la Argentina y desmitifica el imaginario
gubernamental de lluvia de inversiones externas hacia el país.
Disciplinar el conflicto social
es un objetivo central, ya que en el marco de la crisis mundial de la economía,
el imaginario de receptar cuantiosas inversiones externas o préstamos se
ralentiza y es creciente el rumbo recesivo de la economía local.
Como hemos sostenido en otras
ocasiones, salvo por créditos externos, las reservas internacionales siguen a
la baja y no alcanza con las apelaciones a la responsabilidad empresarial para
reducir precios. En enero, según la medición en la Ciudad de Buenos Aires, los
precios escalaron 4,1%, con alimentos por encima de este promedio, con un
registro proyectado para el año del 33%.
La burguesía mundial o local
privilegia su propia rentabilidad a los objetivos de “buen gobierno” y “amigable”
con el mercado y las empresas sugerido por la burocracia macrista en la gestión
estatal.
Precios
y salarios
Se puede afirmar que al no poder
frenar o morigerar la inflación, con apelaciones morales a la responsabilidad y
sin capacidad para disciplinar a los empresarios fijadores de precios, acuden a
la reducción de los salarios e ingresos populares.
Un claro ejemplo son los
jubilados y otras prestaciones sociales de la seguridad social.
Acaban de difundir la
actualización establecida por ley de los haberes jubilatorios, la asignación
universal por hijos y las asignaciones familiares, con valores a cobrar a
partir de marzo.
La mínima de los jubilados
pasará de 4.299 a 4.943 pesos mensuales. Son 644 pesos de actualización, o sea,
menos de 22 pesos diarios, lo que supone apenas un poco más de pan en el
consumo cotidiano. Un poco más de 4 millones de jubilados se ubican en este
rango
El ajuste es de un 15%, cuando
la inflación de octubre 2015 (última actualización) a marzo 2016, fecha de
efectivización del ingreso, puede ser superior a ese guarismo.
Para las pensiones no
contributivas se pasa de 3.009 pesos a 3.460 pesos, unos 451 pesos más, algo
así como 15 pesos diarios. Más de 1,5 millones de beneficiarios.
Esa actualización también se
aplica a la AUH, con cerca de 3,6 millones de beneficiaros, que pasa de 837 a
962 pesos, una actualización de 125 pesos mensuales, o un poco más de 4 pesos
diarios. Se actualizaron también las asignaciones familiares de los
trabajadores en relación de dependencia.
Son ajustes mínimos que
involucran a más de 10 millones de personas, un 25% de la población,
evidenciando la situación de empobrecimiento ante la evidencia de un consumo
suntuario y beneficios concentrados en una minoría de la población.
El tema de fondo es que el
mínimo para una familia tipo, según los trabajadores del INDEC es superior a
los 15.700 pesos, con valores a diciembre del 2015. Los trabajadores aceiteros,
insisten que más que porcentaje el salario mínimo que requiere un trabajador
del sector es de 20.000 pesos mensuales.
La realidad es que la
intencionalidad patronal y gubernamental no apunta a resolver la ecuación de
satisfacción de necesidades de ingresos de trabajadores y otros sectores
populares, de hecho, la mayoría de la sociedad argentina. La orientación de la
política económica es pro empresas y su rentabilidad.
Por eso, el BCRA deja que suba
la cotización de la divisa estadounidense y ya se acerca a los 15 pesos por
dólar, lo que facilita la liquidación de la cosecha de soja almacenada en
silos, una aspiración sostenida desde el primer día del gobierno Macri. Además,
estimula la tendencia a la especulación contra la moneda local y aspira dinero
de la circulación para inducir vía política monetaria restrictiva bajar la
inflación. Se trata del retorno de las viejas políticas monetaristas propias de
las “metas de inflación” y la ortodoxia en la gestión del Banco Central.
Límites
a la política gubernamental y posibilidades para alternativas
Como las inversiones no llegan y
eso demora la apertura de crédito a menores tasas de interés, el esfuerzo del
Ministro de Economía se concentra en las oportunidades otorgadas a los fondos
buitres (holdouts) y observa con satisfacción cierto guiño de simpatía
expresado por el negociador de la Justicia de EEUU y el propio juez a cargo de la
causa, claro que el acuerdo supondrá cuantiosos costos para el conjunto de la
sociedad argentina.
La expectativa del gobierno se
concentra en obtener crédito externo y si puede, alguna radicación de inversión
extranjera, por eso recibe con expectativa esperanzada las visitas de los gobernantes
de Francia e Italia, y mientras tanto cubre con iniciativa política la búsqueda
de consenso político a su gestión. Es una estrategia orientada hacia la
burocracia política y sindical, develando acciones en operaciones de
manipulación ideológica detrás del republicanismo y el amplio diálogo político
pregonado.
No hay dudas que el gobierno actúa
con gran iniciativa política y aprovecha el desconcierto político generado en
ciertos sectores ante la nueva realidad de un gobierno PRO en la Nación,
Capital y Buenos Aires y que sin mayoría parlamentaria demostró capacidad para
intervenir en captar voluntades de la oposición sistémica.
Ese accionar motiva a pensar en
la necesaria estimulación de iniciativa y acción política organizada del amplio
movimiento social y político con voluntad de intervenir en la construcción de
alternativa.
La discusión es siempre si se
puede proponer algo distinto a la lógica discursiva del poder y no caer en la
inevitabilidad del ajuste social para combatir la inflación.
El costo puede trasladarse hacia
los sectores de mayores ingresos, lo que supone luchar por reformas progresivas
del régimen tributario y claro, discutir el modelo productivo y de desarrollo,
sus beneficiarios y el tipo de inserción internacional que privilegie la
satisfacción de necesidades sociales por encima de las ganancias.
Buenos
Aires, 13 de febrero de 2016
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