Estamos todos consternados,
apenados e indignados con las muertes, desaparecidos y heridos por la explosión
en Rosario.
No se trata de un accidente, ni
de un hecho inevitable. En el origen del episodio está la lógica de la ganancia
imperante en la promoción del interés privado con las privatizaciones de los
90´ y vigentes en la actualidad, el negocio inmobiliario y el ahorro en la
seguridad habitacional y ambiental.
Al instante de enterarnos de la
situación y ante la zozobra imperante, rápidamente nos preguntamos si ¿algo
tendría que ver con la privatización de Gas del Estado en 1992? Inmediatamente
decíamos que con la vida no se juega. Es que ayer fueron los trenes y ahora el
gas, y siempre están detrás empresas privatizadas de servicios públicos en la
gestión de un negocio con objetivo rentable. Empresas que resguardan su
seguridad en tratados bilaterales de inversión (tbi) que las protegen, y
recordemos que Argentina es uno de los países con más tbi suscriptos en el
mundo desde los 90´. Con ese respaldo jurídico avalado por el Estado nuestro
país es el más demandado ante el CIADI, el Comité del Banco Mundial al que
acuden las transnacionales para demandar a los Estados nacionales.
En esta ocasión, la empresa es
Litoral Gas S.A. Es interesante consultar la información que la empresa
presenta en su sitio en internet. La empresa informa que tuvo que suspender sus
programas de responsabilidad social empresaria por la crisis. Allí podemos leer que “Litoral
Gas desarrolla, dentro del concepto de Responsabilidad Social Empresaria,
diferentes acciones orientadas a contribuir a mejorar la calidad de vida de la
comunidad, priorizándose los siguientes conceptos: Educación - Salud y
Seguridad - Medio Ambiente - Ayuda Solidaria.” Sabemos que la RSE apunta a realizar
propaganda de la empresa, siendo que lo principal debiera ser la seguridad de
los usuarios. Sin embargo, esas acciones de RSE se orientaban “a diferentes
instituciones de bien público, culturales y educativas de la zona de concesión”,
o sea, propaganda de la empresa, y también con un “Programa de Donaciones de
Fin de Año”, o sea, más promoción propagandística, y “el programa educativo a
las escuelas”. Todo eso, dicen, suspendido por la “crisis y el congelamiento
de tarifas”. Si no hay mayores inversiones o costos por seguridad de los
usuarios, todo debe presumirse en la necesidad de aumentar el precio de
facturación o disminuir los costos. Eso podría explicar la ausencia de medidas
preventivas que pudieran haber evitado la situación trágica de estos días.
En estas horas de reflexión, me
acerca una opinión un gasista matriculado, quién señala que a las empresas
privadas solo les importa “la venta, y que el control permanente en las redes
es escasa, y que les preocupa mucho menos el control en los edificios”. Es que con
la venta y la reducción de costos mejoran la rentabilidad, eje del sentido de
la inversión capitalista. En otras ocasiones hemos insistido que el tema que
necesita discutir la sociedad argentina es que el gas, el petróleo y la energía
son derechos, y no mercancías, tal como el transporte, la salud o la educación.
Revertir
la institucionalidad de los 90´
Claro que para que ello sea real
hace falta revertir los cambios estructurales de los 90´, entre ellos denunciar
los tbi, y que no alcanza con un discurso crítico a las políticas hegemónicos
de aquellos años. Hace 21 años se privatizó Gas del Estado, que era la segunda
empresa en facturación luego de YPF y una de las empresas modelos en su rubro
en el ámbito mundial. ¿Hacía falta su privatización? ¿Por qué subsiste la
privatización de los servicios públicos esenciales? “La lógica del mercado
lleva inevitablemente a la barbarie” leí un mensaje en las redes sociales. La
respuesta entonces pasa por construir un nuevo sentido común por la des-mercantilización
de la salud, la educación, la energía; que para ser asumido por los gobiernos,
primero debe ser aceptado y defendido por la sociedad.
Pero también nos interrogábamos
si el boom inmobiliario tiene algo que ver con el crecimiento del riesgo habitacional.
En efecto, ya que la expansión edilicia para el mercado no contempla
necesariamente el hábitat popular y la seguridad ambiental y social. No es
buena combinación el aliento al mercado inmobiliario, incluida la especulación,
y la privatización de los servicios públicos. Lo que preside ambas inversiones
es la rentabilidad de la inversión, lo que supone achicar costos de producción
y disputar mejoras en los precios de venta. La acumulación capitalista en curso
asume el privilegio a la iniciativa privada, como lógica imperante desde los
90´. Se trata de una juridicidad e institucionalidad para favorecer el clima de
negocios, la ganancia, la acumulación capitalista y la dominación. El eje no
está puesto en el vivir bien del conjunto de la sociedad.
A modo de información es bueno
saber quiénes son los dueños de la empresa. El principal accionista de Litoral
Gas S.A. es propietaria del 91.66 % del paquete accionario, Tibsa Inversora S.A.,
y el 8,34% restante pertenece a otros accionistas individuales, incluidos
empleados y ex trabajadores. A su vez, Tibsa se integra con el 70% en manos de
la francesa SUEZ-Tractebel S.A., un holding totalmente controlado del grupo
GDF-SUEZ, y el 30% restante pertenece al Grupo TECHINT, a través de su empresa
Tecpetrol Internacional S.L.
La privatización fue en 1992 y
la concesión por 35 años, o sea, hasta el 2027, y con opción a 10 años más, el
2037. Es una empresa monopólica, con mayoría de capital foráneo que atiende una
amplia zona geográfica de la Provincia de Santa Fe y el norte de Buenos Aires,
abarcando a unos 3,5 millones de usuarios. La sede empresaria está en Rosario.
Vale recordar que la empresa francesa también fue privatizada a contramano de
su historia y en la lógica de transformar derechos en mercancías. En el sitio
en internet puede leerse sobre Litoral Gas que su “actividad consiste en la
distribución de gas natural por redes en el área geográfica conformada por las
provincias de Santa Fe y el noreste de la Provincia de Buenos Aires. Inició sus
operaciones el 28 de diciembre de 1992, a partir de la privatización de la
empresa Gas del Estado S.E., que hasta ese momento había tenido a su cargo, en
forma exclusiva, el transporte y distribución del gas natural en todo el país.
Su administración central está ubicada en la ciudad de Rosario.”
La transnacional francesa es
parte del proceso de privatización y la expansión global en Europa y otras
partes del mundo, entre ellas, la Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Panamá
y Perú. Por su parte, Techint y su controlada Tecpetrol se proyecta desde
Argentina al mundo, aportando a la transnacionalización de la economía mundial,
con actividades también en Bolivia, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México,
Perú y Venezuela. Ambas, Suez y Techint son importantes jugadores de la
transnacionalización.
Las privatizaciones son negocios
que matan, sean ferrocarriles o gas, es la imprevisión en la prestación del
servicio de gas es lo que está en el origen de las explosiones y las muertes de
Rosario. La institucionalidad del 90´ es la que sigue matando. Es una institucionalidad
vigente y no se habilitó el debate para la reversión de la situación. Revertir
la tendencia favorable a la iniciativa privada, consolidada con la reforma
constitucional del 94 está muy lejos del debate político contemporáneo. Existe
un detenido indagado por el episodio, pero vale mencionar que el juez que
atiende en la causa por la explosión en Rosario señala "La empresa es un
actor principal en la causa", por lo que interesa indagar en las
consecuencias de mantener el carácter mercantil de la energía, en este caso la
distribución del gas.
Buenos
Aires, 10 de agosto de 2013
