La integración regional en el horizonte pos pandémico

 

A más de un año de la pandemia por el coronavirus queda claro el impacto social sobre la región latinoamericana y caribeña, que con menos del 10% de la población mundial, los contagios y fallecimientos alcanzan al 30%, uno de los territorios donde se hace evidente el límite civilizatorio del orden social capitalista.

Un orden que es mundial y transita una crisis integral, con un trasfondo de acentuación de la explotación de la fuerza de trabajo y el saqueo sobre los bienes comunes, en donde América Latina y el Caribe cayó el doble que la economía mundial durante el 2020.

La recuperación que se anticipa para el sistema mundial desde el 2021 se ralentiza en el subcontinente, evidenciando problemas estructurales que sobrepasan la dinámica coyuntural de lo sanitario.

Claro que la emergencia sanitaria responde a fenómenos de fondo como la tendencia a la mercantilización de la salud, operada de manera creciente en el devenir liberalizador desde comienzos de los setentas del siglo pasado.

Si ya se discute la salida de la pandemia, vacunación mediante, el horizonte de “nueva normalidad” permea los debates sobre el rumbo civilizatorio.

¿Hacia donde debe orientarse la región?

Las estrategias nacionales fortalecieron la desarticulación regional y, por ende, las políticas sanitarias y económicas respondieron a intereses locales de una dominación que es global y en beneficio de las ganancias.

En materia de vacunas, los laboratorios transnacionales privilegiaron sus intereses económicos y negociaron con cada país cuotas de mercado. Cada quien “resolvió” lo que pudo y como pudo en acuerdos bilaterales, desoyendo toda posibilidad de acuerdo regional compartido.

Ni hablar de la cooperación tecnológica, suscripta por cada país con potencial productivo de manera bilateral con los principales laboratorios oferentes de vacunas en el sistema mundial. Ni siquiera se consideró la potencialidad de la articulación de investigación y producción de países de la región con Cuba, que son sus vacunas demostró capacidad técnica y profesional para atender la demanda de la región e incluso más allá.

Ante la presencia de un problema global, la respuesta debió ser mundial, o por lo menos regional. No ocurrió ninguna de las dos. El sistema mundial apenas pudo definir el carácter pandémico de la situación derivada del COVID19, sin afectar el dominio de las patentes derivado de una lógica de estímulo a la propiedad intelectual privatizada, como signo de época de estos años liberalizadores construidos desde hace casi medio siglo.

Volver a instalar la potencia de la integración regional resulta un imperativo de época. Por ello resalta la recreación de la CELAC, la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (http://s017.sela.org/celac/quienes-somos/que-es-la-celac/), la que fundada hace una década reapareció a fines de julio en la 21° Reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

Fueron 33 los países que deliberaron en México, bajo la presidencia temporal de la CELAC por Andrés Manuel López Obrador, Presidente del país anfitrión del cónclave.

Las resoluciones trascienden la dimensión política y diplomática, para perfilarse como ámbito para una mayor articulación económica. Es lo sostenido por el titular del gobierno mexicano, quien promovió el desafío de una lógica integración no subordinada, explicitada en contra de la OEA.

Es larga la historia de la dependencia regional, primero al colonialismo europeo y luego al orden capitalista.

Los inversores externos, europeos o estadounidenses, extendieron la apropiación del excedente económico regional sobre la base de la superexplotación de la fuerza de trabajo y el saqueo de los bienes comunes, abundantes y demandados por el sistema mundial.

Ahora es China quien crece en sus actividades económicas, comerciales y financieras sobre la región, por lo que debe considerarse en la coyuntura el rumbo de la evolución próxima en materia de integración.

Adecuaciones en la inserción global

La situación global se redefinió en la última década del siglo pasado y los países latinoamericanos y caribeños fueron captados, en su mayoría, hacia una lógica liberalizadora, con excepción de nuevos vientos que soplaron al comienzo del Siglo XXI. Allí se habló de Nueva Arquitectura Financiera, de articulación productiva en materia de alimentos o energía; en novedosos mecanismos de integración para la producción, el comercio, las finanzas y la investigación científica y tecnológica, lo que supuso aliento a una nueva institucionalidad, entre ellas a la CELAC.

Son y eran elementos de una integración alternativa, no subordinada a la lógica de la dependencia al gran capital externo. Es lo que recrea y enuncia la presidencia de México y puede continuarse en el próximo periodo, quizá, bajo la dirección de la Argentina.

El impulso de cambio político y económico fue abortado en la región, con retrocesos a salidas nacionales, de reciclado de la inserción subordinada a la lógica inversora de los grandes capitales privados, lubricados con endeudamiento y funcionalidad especulativa. Eso es la historia reciente, desafiadas por nuevos cambios que alimentan la esperanzas de cercanos futuros con perfil de transformación socioeconómica.

La pandemia sorprendió y en el marco de la gravedad social, la realidad impone discutir el estado de situación actual, clarificar el diagnóstico y proponer alternativas superadoras de una continuidad que demanda el poder mundial, con más liberalización y reaccionarias reformas en materia laboral, previsional e impositivo.

Por otro lado, se sostiene la ilusión que aún es posible reformar el orden existente sin cortar la secuencia de producción y circulación comandada por el capital, hoy transnacionalizado y fuertemente concentrado. Por ello es que sostenemos que estamos en un tiempo de pensar y actuar con autonomía la articulación regional.

Asistimos a un momento de cambio ante la gravedad y extensión de la pandemia, especialmente con perspectiva de superación, por lo que la integración no subordinada no debe ser solo una propuesta a futuro, sino un imperativo de la hora para atender las urgentes necesidades civilizatorias en América Latina y el Caribe.

Buenos Aires, 27 de julio de 2021

Cuba y el valor de una experiencia por el socialismo

 

Cuba aparece en el centro del debate político, con protestas y desordenes el pasado domingo 11 de julio, seguida de la respuesta gubernamental y de la propia organización popular en defensa del proceso cubano. Los acontecimientos motivan interpretaciones y acciones muy disimiles, que interesa considerar, en un marco de agravamiento de la situación sanitaria y económica en el orden mundial. Desde la derecha y la contrarrevolución, local, regional y global, se apuró un nuevo grito de final de la experiencia, como en variadas ocasiones previas, incluso antes de la caída del muro de Berlín y la desarticulación de la URSS. Es un grito que confunde el deseo de enterrar el proceso cubano por el fracaso reiteradamente mencionado de la experiencia, con la dinámica de un fenómeno social, político, cultural que sostiene un debate en su interior por la permanente recreación, con la especificidad temporal de materializarse ahora bajo la dirección de una nueva camada de conducción. Esa renovación generacional en la dirección, es aún mayor si remitimos al universo de la población.

¿Cuántas generaciones caben en la historia desde 1953/9 al presente?

La camada del Moncada tiene su impronta diferenciada de otros momentos, tal como los que define la vivida en la Sierra Maestra o la acumulación de lucha popular para el logro del triunfo del primero de enero de 1959. Playa Girón y muchísimos episodios posteriores definen cada momento y generación de revolucionarios locales, interactuando con la dinámica de lucha de clases global, en donde la ofensiva capitalista de mediados de los años setenta del siglo pasado impactó de manera muy especial en América Latina y el Caribe, territorio de ensayo de la ofensiva neoliberal que luego se instaló como propuesta hegemónica en el capitalismo global. Vale recuperar en sentido histórico el carácter fundante de las dictaduras del cono sur de América para instalar la hegemonía neoliberal en la gestión de los gobiernos regionales, muy especialmente el Consenso de Washington en los noventa. En ese contexto se valora la continuidad del proceso cubano, con todos los errores, especialmente identificados por la propia conducción de la generación de la revolución, el burocratismo y la falta de sensibilidad revolucionaria para cambiar todo lo que deba ser cambiado.

¿Quedó Cuba y sus nuevas generaciones afuera del impacto de la restauración conservadora de los 80/90 en el ámbito mundial?

Incluso, en lo material del modelo productivo cubano, la debacle de Europa del Este supuso una nueva renovación tecnológica. La vinculación con la URSS en los 60/70 significó un cambio en la tecnología y la gestión de la economía, tanto como su inserción internacional. En los 90 hubo que empezar nuevamente, en el marco de una brutal ofensiva capitalista contra el trabajo, la sociedad y la naturaleza. Venezuela y el cambio político en la región, con la renovada discusión por la integración no subordinada abrigó esperanzas de ir más allá del territorio insular en el proyecto por transformaciones estructurales. Eran los tiempos del desembarco de China en la región y con ello el crecimiento de la presencia comercial, económica, y financiera de la potencia emergente en disputa con EEUU. Se habilitaban esperanzas de retomar una perspectiva articulada de inserción en la producción y circulación de bienes y servicios, muy matizada es cierto, y pronto abortada, no solo por sanciones imperialistas, sino por la dinámica nacional de los procesos involucrados. En ese contento, en 2011 se proponen cambios profundos en la organización económica de Cuba, en proceso actual, especialmente con el ordenamiento monetario a comienzos del 2021. Construir la nueva sociedad sobre la base de la anterior, ampliamente diseminada en el sistema mundial es un desafío gigantesco, fácil de criticar fuera del proceso cotidiano.

Cada generación lleva adelante un proceso de lectura y relectura de la realidad, de la historia y de los desafíos a encarar para seguir pensando críticamente la realidad. Una interpretación de la realidad fue realizada por los jóvenes revolucionarios de los 50/70 en tiempos del origen de la revolución. Es una experiencia generacional desplegada en un momento de máxima acumulación de poder popular en la región y en el mundo, en donde Cuba incorporó una cuota importante de esperanza por el cambio anticapitalista y la perspectiva socialista. La historia continua y el debate y las luchas también, para retrasar o revertir el proceso cubano, o para hacerlo avanzar, es parte del desafío histórico. Eso le toca a la generación actual de revolucionarios cubanos y en la medida de lo posible pretendemos aportar, haciendo avanzar la revolución en otros territorios.

Con Cuba, América Latina ingresaba en la historia del proyecto socialista para la humanidad y rápidamente ganó la simpatía de los pueblos y el odio de las clases dominantes en el mundo, especialmente en EEUU. Por esa representación cultural instalada en el ámbito mundial, con fuertes imágenes de sus principales líderes históricos, Fidel, Raúl, Camilo y el Che, no sorprende el inmenso apoyo social y político mundial de una izquierda diversa, la que asume sin reparos la referencia y defensa del proceso revolucionario cubano. Algunos discuten puertas adentro los límites de la experiencia (burocratización, ineficacia, etc.) y los desafíos del presente, pero atentos a que lo principal es la concentración en Cuba de la dinámica de lucha de clases mundial. La dominación nunca aceptó que en su vecindad se asentara una propuesta que genera expectativa y esperanza en el mundo. Por eso la invasión del 61 y las sanciones, con el bloqueo genocida prácticamente desde el inicio. Todo agravado con Trump y no revertido por Biden.

Una cosa es la crítica en el marco de la experiencia y otra muy distinta es la descalificación, algo que involucra a algunos discursos que disputan la representación política de la izquierda. El propio Presidente Miguel Díaz Canel señaló la existencia de revolucionarios en las protestas, junto a parte de la población descontenta con la cotidianeidad, diferenciando a éstos, de otros protagonistas de los episodios, subordinados a la lógica injerencista promovida desde el imperialismo estadounidense, abonado con presupuestos que animan el disenso en la sociedad cubana. Por eso hay que destacar el combate a la contrarrevolución y la apertura a las demandas por resolver en difíciles condiciones la continuidad de la búsqueda por el socialismo.

No hay duda que Cuba mueve las pasiones, a favor y en contra. No resulta un proceso intrascendente, lo que motiva el odio conservador y reaccionario de los defensores del capitalismo y el apoyo solidario, aun con miradas críticas del amplio espectro de la crítica al orden capitalista. En ese marco de contradicciones, la experiencia cubana se sostiene empecinadamente en la enunciación por construir el socialismo, que sigue siendo una asignatura pendiente. Pendiente sí, pero constituye una seria amenaza al régimen del capital en tanto expectativa esperanzadora para los pueblos del mundo. Por eso el ensañamiento de la política exterior estadounidense y los bloques de poder a él asociados en el sistema mundial, más allá de que en las recurrentes votaciones en Naciones Unidas, solo Israel acompañe a EEUU en el sostenimiento del bloqueo a Cuba. ¿Qué ocurre con el resto de los países que no materializan en la cotidianeidad el boicot al bloqueo? En la dominación del capital transnacional y el peso del Estado estadounidense debe encontrarse la respuesta. Solo a modo de ejemplo puede pensarse el alcance de la solidaridad con Cuba de un país como la Argentina, “negociando” en la coyuntura una impagable deuda externa con el FMI y su socio principal, EEUU.

Por eso, en la actualidad, lo primero es terminar con el bloqueo genocida, lo que habilitaría a una discusión sobre la posibilidad de construir un presente y un futuro para Cuba sin las restricciones externas. Cuba resolvió como nadie en la región la producción de la vacuna contra el COVID19, algo que podría potenciarse desde la integración regional y señal caminos de una cooperación regional con beneficio de toda la región. Cuba vale por su experiencia en la propuesta enunciada reiteradas veces en contra del capitalismo y por el Socialismo. Es lo que no le perdonan desde el orden capitalista, mucho menos su vecino imperialista, que necesita a toda América sujetada a su proyecto, bajo dirección republicana o demócrata y sus formas distintas, que vale diferenciar, pero siempre desde una lógica de dominación asentada en la política exterior estadounidense de dominación.

Cuba está en el debate y no resulta ajeno al propósito histórico de liberación de nuestros pueblos a la sujeción al orden del capital. La experiencia cubana debe valorarse críticamente, especialmente cuando la dominación capitalista mundial la bloquea.

Buenos Aires, 15 de julio de 2021

Los problemas del crecimiento y la inflación

 

Entre los muchos interrogantes que recibo a diario se anotan los relativos a qué ocurre de especial en la Argentina que no logra estabilidad de largo aliento, sea en el crecimiento económico como en materia de precios. La comparación es con los países vecinos y otros en el mundo.

Los interrogantes remiten al secular estancamiento económico y a la elevada y recurrente inflación, que en su conjunto explican el deterioro de los indicadores sociales, a contramano de un potencial histórico del país para atender las más amplias necesidades de la sociedad.

No resulta simple responder a los interrogantes, los que pueden pensarse analizando los condicionantes del corto plazo, menos de un año, o los de más larga trayectoria, los que pueden abarcar décadas.

Existen problemas estructurales para el funcionamiento de la economía local, sea por el condicionante que impone el endeudamiento externo, demandante de divisas que el país no obtiene con facilidad, como por el carácter de subordinación a una lógica global de acumulación que define el capital hegemónico en el país.

La deuda demanda divisas que no se obtienen en general por el comercio exterior, convocando a nuevas rondas de endeudamiento. La inserción internacional de la Argentina en el proceso productivo global la hace dependiente de insumos estratégicos que no permite regularizar un saldo comercial positivo.

El país está subordinado a una lógica mundial de precios de las “commodities” exportadas, soja, maíz, trigo, carne, oro, otros minerales, o hidrocarburos. Estos oscilan al alza o a la baja y condicionan el conjunto de la economía local.

La dependencia local al funcionamiento del mercado mundial condiciona y subordina los resultados locales. La suba o baja de los precios del comercio externo explica las demandas y presiones de los grandes exportadores en la apropiación de la renta y del ingreso.

El alza de precios de la producción exportable que también se consume en el mercado interno (carne o trigo, por ejemplo) se constituye en argumento de los propietarios inversores en esos sectores para el alza de los precios, que redunda en inflación y deteriora la calidad de vida de la población empobrecida.

A su vez, el alza de los precios de importación interviene en el costo de producción de bienes que se colocan en el mercado mundial o local, caso de la industria automotriz, reciclando el carácter dependiente de la economía local.

La subordinación del capitalismo local al mundial se explica desde las lógicas inversoras en el país, las que definen el destino del excedente económico.

En rigor, es lo común a cualquier sociedad capitalista, ya que el capitalismo se funda en el objeto de la producción y acumulación de ganancias, favoreciendo un proceso global de reproducción ampliada sustentado desde el consenso social.

Resulta definitorio discutir entonces la especificidad local del fenómeno, que tiene más que ver con la inestabilidad política en el comando del proceso local de producción y reproducción.

Es un fenómeno que explica las idas y vueltas entre gobiernos dictatoriales y constitucionales entre 1930 y 1976, con una funcionalidad de las dictaduras por “restaurar” el poder histórico del bloque de clases dominantes en la consolidación del capitalismo local hacia 1880, con hegemonía del capital externo y la burguesía gran propietaria de tierras.

La realidad de gobiernos constitucionales desde 1916 y la organización y resistencia social del movimiento obrero y popular desafiaron esa realidad en el ámbito electoral, tanto como en el espacio de las luchas que se manifestaron como el Grito de Alcorta, la “reforma universitaria” o las crecientes luchas obreras con epicentro de acumulación de poder popular en el centenario de 1910.  

Remito a una acumulación de poder popular que tuvo el cenit hacia 1975/76, con lo antecedentes de las grandes movilizaciones identificadas en el ciclo de las luchas del Cordobazo o los rosariazos de 1969.

El golpe de 1976 generó las condiciones de restauración del poder histórico con el propósito de desmantelar el entramado institucional derivado del modelo productivo de industrialización y distribución del ingreso gestado desde comienzos del Siglo XX.

La industrialización en la Argentina se construyó en el cambio del Siglo XIX y XX con nuevos capitales externos, especialmente estadounidenses, en disputa con los precedentes (ingleses), y nuevas camadas de capitales surgidos al amparo del desarrollo industrial local y del mercado interno. En este caso, una burguesía local, pequeña, mediana y grande, resultado de la lógica de acumulación local que también disputaba el excedente.

En esa dinámica de acumulación se fortaleció la capacidad de lucha por el ingreso de las clases subalternas, ya que trabajadoras y trabajadores fueron organizando sus instrumentos para la disputa, con diversas formas de organizaciones sociales, sindicales, económicas, culturales y políticas para intervenir en la distribución del ingreso, cuyos máximos logros se aprecian hacia los cincuenta y mediados de los setentas con una apropiación del 50% de la renta nacional.

Así, el excedente económico era disputado por el poder tradicional histórico asociado a una lógica de país exportador de bienes primarios; otros asociados a una dinámica más compleja de inserción exportadora y al mismo tiempo de abastecimiento del mercado local, sustentado en ingresos para el consumo de una masa importante de la población trabajadora; los que a su vez disputaban por ampliar ingresos y derechos asumidos por el Estado, educación y salud, entre otros.

Esa disputa generó los desequilibrios por medio siglo entre 1930 y fin de siglo, los que se hicieron evidente hacia fines el 2001, especialmente entre quienes sustentaban el modelo de inserción exportadora subordinada, mediada por el peso de los acreedores externos más vinculados a una lógica reproductiva de la especulación financiera; y el sector que pretendía mantener una dinámica productiva para abastecer el mercado mundial y al local.

A ello se sumó la demanda de millones de personas desplazadas del mercado de la fuerza de trabajo, proceso desarrollado por medios violentos en tiempos dictatoriales y consolidados con cambios estructurales del modelo productivo desde 1975, con nuevas relaciones entre el capital y el trabajo, favorables al primero; nueva funcionalidad del aparato estatal e institucional al servicio de la iniciativa privada local y global, privatizaciones mediante, y una lógica para facilitar la libre circulación de capitales con innumerables mecanismos sometidos al “libre comercio”, vía tratados de libre comercio y/o en defensa bilateral de las inversiones.

Por eso, en la encrucijada del 2001/02 la disputa en el poder era entre dolarizar la economía o devaluar. La primera era la opción requerida por el poder histórico, asociado a las privatizadas de servicios públicos y al dominio del comercio de exportación de bienes primarios en su nueva lógica del agro negocio dirigido por las transnacionales de la alimentación y la biotecnología, proceso que incluía a todo el complejo agroindustrial. La segunda estaba asociada a la producción destinada al abastecimiento local y a la competencia por una mayor inserción mundial vía exportaciones. Para las clases subalternas, esa contradicción no resolvía las demandas de fondo, aunque la segunda, la devaluación, suponía la recuperación de la producción local y del empleo, aún irregular y de bajos ingresos, algo que ocurrió en el repunte desde el 2002.

La restauración del poder tradicional operó por vía electoral en 2015, acontecimiento único en la historia constitucional del país. Por primera vez, no había restauración por vía de las armas, aunque el terreno desde el punto de vista estructural había sido preparado por los gobiernos de los partidos tradicionales en la década del noventa del siglo pasado. Los partidos tradicionales dejaron ser expresión de las clases sociales locales en la disputa de la cúpula del poder, para ser vehículo de expresión de esos intereses, aun en pugna.

El límite a la disputa del poder fue el 2001 mediante una pueblada que expresaba el descontento social y la demanda por un nuevo orden. Es el momento de surgimiento de nuevas disputas políticas en el gobierno del capitalismo local.

Si durante el Siglo XX la dinámica fue bipartidista con interludios dictatoriales, el Siglo XXI trajo al ruedo la conformación de un bi-coalicionismo que discute el gobierno del capitalismo local, con un condicionante de fondo que remite al destino del excedente económico.

Más allá´ de programas electorales, discursos propagandísticos o políticas económicas enunciadas desde los gobiernos luego del 2002, lo que está en discusión es el modelo productivo y de desarrollo.

¿Qué hacer con el excedente económico? Hace décadas que el mismo se esteriliza en cancelaciones de deuda, remisión de utilidades al exterior e inversiones de residentes locales en activos externos, propiedades inmuebles o títulos públicos o privados, depósitos e inversiones diversas.

La inflación actúa como un mecanismo de redistribución regresiva del ingreso, lo que favorece la desigualdad social existente y consolida la concentración de la propiedad y del poder.

A su vez, la salida del excedente económico del circuito local no favorece procesos de crecimiento local, más allá del debate sobre el tipo de crecimiento y acumulación, como de la distribución que generaría.

Por todo ello es que para terminar con la elevada inflación y la ausencia de un crecimiento que redistribuya ingresos y riqueza se requiere un sustancial cambio del modelo productivo y de desarrollo que elimine la subordinación a la dinámica del capitalismo mundial y a las disputas internas del poder local. Un nuevo poder requiere la construcción de alternativa política de los sectores sociales subalternos en un marco más general de cambio regional y mundial.

Buenos Aires, 10 de julio de 2021

¿Viejos o nuevos rumbos para la economía mundial actual?

 

El 2021 aparece como un año de rebote de la economía mundial, pero con notables diferencias entre los distintos países. Pueden leerse diferentes informes, del FMI, del Banco Mundial, de la OCDE, entre otros, y se confirma la preocupación por la variabilidad de situaciones, incluso al interior de categorías usuales como países avanzados, emergentes, o atrasados. Al interior de cada una de esas categorías existen pronósticos diversos, siempre con crecimiento de la desigualdad, augurando inestabilidad e incertidumbre en el mediano y largo plazo, atravesada por desconformidades sociopolíticas y potencialidad de conflictividad social, habilitando un debate sobre rumbos potenciales del orden global, sea en defensa y relanzamiento del capitalismo, como en contra y más allá del régimen del capital.

China y EEUU aparecen a la cabeza de la recuperación económica pero matizada respecto del orden interno en materia de ingresos, empleo y seguridad social. Para el caso de China, que esquivó datos negativos de su PBI en 2020, de hecho, uno de los pocos que creció, aunque lejos de sus promedios por décadas, constituyó la novedad del pasado año y avanza en la disputa por la hegemonía del orden global. El gigante asiático por vía de la planificación de largo aliento (2020-2035 y hacia el centenario del 2049) se orienta al logro de objetivos sociales y económicos para eliminar la pobreza extrema y disputar la productividad sobre la base de desarrollos científicos y tecnológicos en temas de punta como las comunicaciones o la robótica, la inteligencia artificial y el internet de las cosas. En el caso de EEUU, el rebote aparece en un marco de preocupante suba de precios, duplicando (por ahora) las metas del 2% anual establecida por la Reserva Federal para las últimas décadas, desde la estanflación del 1979/80, y una lenta recuperación del empleo, estacionada en el corto plazo en el doble del desempleo previo a la emergencia sanitaria del COVID19. China en ascenso y EEUU en retroceso global preocupan más allá de lo económico e impacta en las preocupaciones civilizatorias de la afectación del medio ambiente y una tendencia al aumento del gasto militar y la guerra.

Pero China no es Asia en su conjunto, ni EEUU resume las tendencias del capitalismo hegemónico, ya que la perspectiva de Europa y Japón aparecen con importantes restricciones para la recuperación, con evidente pérdida en la productividad y especialmente en la rentabilidad de las inversiones, esencia del orden capitalista. La disputa entre los grandes de la economía mundial se traslada a los ámbitos de coordinación global, con EEUU intentando recomponer su papel rector desde el G7, en contradicción relativa con la disputa de China en el G20, una creación desde Washington en plena crisis del 2008. Aquella ampliación del poder global, que reconocía los límites de acción de la coordinación mundial imperialista para la gestión capitalista global, hace manifiesto hoy las contradicciones y cuotas de decisión en disputa para la reestructuración del orden mundial. Hay límites al orden emergente en 1944/5 y por eso la guerra comercial y monetaria es expresión manifiesta de la disputa por la hegemonía.

Ni hablar de Asía, África y América Latina y el Caribe, muy lejos del rebote global, con un impacto acrecido de la emergencia sanitaria, económica y social, un tema con especial tratamiento en la asamblea anual (virtual) de la OIT. Allí se reconoció como dato de época el crecimiento de la informalidad en el empleo, abarcando al 60,1% del empleo mundial, unos 2.000 millones de trabajadoras y trabajadores, con especial incidencia en jóvenes y mujeres, confirmando la hegemonía patriarcal del sistema mundial del capitalismo. La nueva “normalidad” del capitalismo aparece como mayor flexibilidad de las relaciones laborales, una mayor intervención estatal vía emisión monetaria y de deuda pública para el salvataje del régimen del capital, junto a aceitados mecanismos de circulación internacional de capitales; todo para sostener los intereses del capital transnacional en la coyuntura de crisis de productividad y rentabilidad.

Resulta muy preocupante la situación en el territorio asiático, africano y latinoamericano y caribeño. En Latinoamérica y el Caribe, con el 8% de la población mundial, se acumulan un tercio de los contagios y fallecidos por la pandemia COVID19, agravando la situación económico y social, con creciente desempleo, empobrecimiento de la población y escasas perspectivas en materia de inversiones, salvo para la profundización de la explotación de la fuerza de trabajo y del saqueo de sus bienes comunes.

Rumbos en discusión

En ese marco global se discuten las propuestas de políticas que superen la emergencia, concentradas en la profundización de la liberalización, para lo que se demandan reformas estructurales, especialmente reaccionarias reformas laborales y previsionales. Estas reformas afectan derechos históricamente conquistados con la lucha de millones de trabajadoras y trabajadores en todo el planeta, todo para restablecer la cuota de ganancia y la acumulación capitalista. Matizando ese posicionamiento se sugieren nuevas variantes de “acuerdos sociopolíticos” al estilo del New Deal de los años treinta del Siglo XX. En ese sentido se lanzó desde EEUU y en crítica a la gestión Trump el New Green Deal, idealizado desde ciertos sectores políticos para instrumentar en la gestión Biden y en otros territorios del sistema mundial. Se trata de una imaginación asociada a la disposición de la gestión Biden a una fortísima intervención estatal para sostener la recuperación económica estadounidense, en simultáneo a iniciativas políticas globales de recomposición de relaciones internacionales con históricos aliados globales de EEUU para la confrontación con China y sus socios en el orden mundial: Rusia, Irán, Venezuela o Cuba.

Este debate puede descubrirse en las cumbres globales, con EEUU pretendiendo renovar el papel del G7 y China intentando limitar ese accionar desde el G20, y cada uno alentando asociaciones internacionales con pretensiones de intervenir en nuevas normalidades del orden global. No solo es un tema que se juega en las relaciones internacionales entre países, o en los organismos internacionales, sino que también el debate atraviesa usinas ideológicas, tal como ocurre desde el Vaticano y una prédica crítica a la exacerbación de la lógica capitalista de la ganancia. Vinculado a esas posiciones son importante las intervenciones de intelectuales (Stiglitz, Krugman, entre otros) que sostienen posiciones críticas a la liberalización absoluta y demandan retomar rumbos similares a los gestados en tiempo de ascenso del Estado benefactor, entre los 30 y los 80 del Siglo XX, claro, ya sin la bipolaridad que consolidó el fin de la segunda guerra mundial. Es un imaginario que sustentan organizaciones sociales y políticas en el ámbito mundial, bajo el supuesto de la reforma del orden capitalista.

Desde otro ángulo crece el debate en torno a las alternativas al orden global, en contra y más allá del capitalismo. En ese marco existe un debate sobre la posibilidad del socialismo, asumido proyecto en algunos países y discutido desde diferentes ámbitos sociales, políticos e intelectuales. Pero existe también una práctica social de organización alternativa de la economía recuperando tradiciones históricas asociadas al orden de lo comunitario, del cooperativismo, el mutualismo o la autogestión, en algunos casos con pretensión de política pública hegemónica. Esto último supone la discusión sobre la potencia de la participación estatal en la transición desde el capitalismo a una nueva sociedad, por caso, el socialismo.

El propio socialismo genera un enorme debate, pero en el mientras tanto, nuevas experiencias sociales y desde el poder político se ensayan. Entre ellas aparecen nuevas categorías a ser consideradas en la perspectiva de transformación social, entre las que destacan concepciones de lucha y organización por la des-mercantilización de la vida cotidiana, algo que en los 60 del Siglo XX sustentó el Che Guevara para organizar el orden económico en contra y más allá de la ley del valor.

La marginación social de millones de personas convoca a variadas experiencias de subsistencia cotidiana por fuera del mercado capitalista, aun parcialmente, de donde surgen propuestas a ser consideradas y relativamente asumidas en proceso de cambio, como la lucha por la soberanía alimentaria, energética o financiera. Aun parcialmente estas categorías fueron inspiración de propuestas oficiales en los procesos de cambio político en las primeras décadas del Siglo XXI por países latinoamericanos y caribeños, caso del ALBA-TCP (https://www.albatcp.org/) o la CELAC (http://celacinternational.org/celac-4/).

Las novedades de la movilización popular en la demanda de cambios en Colombia, Chile o Haití, las más visibles, son expresión de una subjetividad popular que demanda la construcción de horizontes civilizatorios de ruptura con el orden capitalista.

Buenos Aires, 7 de julio de 2021

La crisis sanitaria agrava las limitaciones económicas y sociales de los adultos mayores

 

Hace años que jubiladas y jubilados luchan por mejorar sus ingresos y en ese trayecto han acumulado experiencia, diagnósticos y propuestas para señalar el camino de las soluciones.

Sin embargo, mientras más claro se analiza el problema desde las/os jubiladas/os, el sistema responde con ajuste y si, a veces, con paliativos, algunos importantes, como los derivados de las sucesivas moratorias que amplían la cobertura a millones de personas.

Un estudio de ANSES señala que “la cobertura previsional de las personas mayores de 65 años en Argentina al 3° trimestre de 2020 era de 92,3%, ascendiendo a 95,6% para las mujeres y siendo de 87,8% para los varones.”[1]

Es destacable el dato sobre población con cobertura, aun sin la universalidad pretendida, pero no es un dato menor evidenciar la precariedad de los recursos percibidos por cada persona.

Como señala el movimiento de jubiladas/os, un 70% de esos ingresos están por debajo de la canasta necesaria del adulto mayor y la mitad de casi 7 millones de perceptoras/es de ingresos previsionales están en la mínima, que apenas alcanza a un tercio de la canasta de bienes y servicios.

Se trata de un serio problema, mucho más en condiciones de restricciones económicas, que se agravan con la pandemia del coronavirus.

¿Qué restricciones?

En primer lugar, la suba de precios, muy especialmente de alimentos y medicamentos, entre otros.

La inflación perjudica seriamente la satisfacción de necesidades del adulto mayor, mucho más si las actualizaciones de ingresos siempre pierden contra la evolución del costo de vida.

Pero también afecta el empobrecimiento de la población, lo que dificulta a la economía familiar de los mayores, con limitaciones para colaborar con el entorno cercano y de estos hacia las/os mayores.

Sea por la inflación o por nivel de actividad económica, las restricciones son importantes, aun cuando ahora existe un crecimiento económico, rebote de la fuerte caída del producto en 2020. Se espera un ascenso de la economía argentina del 6 al 7% en el 2021, mientras que la baja fue del 9,9% en el 2020, sin contar los tres años recesivos previos en la gestión Macri.

Es mucho lo que pierden las/os trabajadoras/es en actividad, condicionando los ingresos previsionales actuales y futuros.

Por eso nos preocupa la política previsional, más aún cuando en el acuerdo con el FMI en el 2018 se incluía el compromiso del país por una “reforma previsional”, que, desde ya, nadie imagina a favor de los ingresos y la calidad de vida de jubiladas y jubilados.

La pandemia agravó la situación. En un comienzo se identificó a las personas mayores como sujetos vulnerables, confirmado con el promedio de edad de contagiados, internados en terapia intensiva y fallecimientos.

Con las nuevas oleadas del virus y el inicio de la campaña de vacunación el promedio de edad bajó, pero no eliminó la incertidumbre para las/os mayores desde el inicio del problema.

Entre otras cuestiones, porque la salud sigue colonizada por una concepción mercantil, aun cuando el Estado asuma el costo de salud derivada de la pandemia.

Lo que no aparece en los ámbitos de decisión estatal, sea el poder ejecutivo o el legislativo, es un rumbo que defina los caminos de solución en acuerdo con las demandas del movimiento de trabajadoras y trabajadores jubilados.

¿Existen los recursos para resolver estas demandas?

Desde luego, lo que supone modificar el destino principal de los recursos públicos, que desde hace años privilegian a los acreedores externos y al sostenimiento de un modelo productivo y de desarrollo que solo generó mayor concentración, pobreza y desigualdad.

El informe que citamos de la ANSES da cuenta, pese a la extensión de los ingresos previsionales, que la discriminación de género constituye un problema estructural que viene de arrastre.

Pretendemos señalar que eso es también parte de la desigualdad, fenómeno que se manifiesta entre las/os pocas/os que concentran la gran propiedad de los medios de producción y la mayoría social desposeída, y que se reproduce al momento de evaluar los ingresos laborales y previsionales de varones y mujeres.

La emergencia sanitaria evidencia no solo problemas de salud o económicos y sociales, sino y muy especialmente los límites del orden capitalista para atender las demandas de los más necesitados, entre ellos, las de jubiladas y jubilados.

Buenos Aires, 3 de junio de 2021



[1] ANSES. Impacto de las brechas de género en el acceso al derecho a la seguridad social. Dirección General de Planeamiento. Mayo 2021, en: http://observatorio.anses.gob.ar/archivos/documentos/Impacto%20de%20las%20brechas%20de%20g%C3%A9nero%20en%20el%20acceso%20al%20derecho%20a%20la%20seguridad%20social.pdf

¿Tiene valor el agua? Apuntes para discutir el uso del Río Paraná o cualquier curso de agua

 

El interrogante que encabeza esta reflexión es pregunta habitual que hace décadas incluyo en mis cursos sobre Economía Política, lo que genera un gran debate. La misma pregunta remite a la tierra. ¿Tiene valor la tierra?

Claro, profundizando en la teoría del valor explicamos que para tener “valor” se requiere que una mercancía tenga utilidad (valor de uso), estar destinada al mercado (valor de cambio) y ser producto del trabajo humano. Se trata de una síntesis de discusiones por décadas, desde antes de la escuela clásica en la disciplina científica, que aún mantiene vigencia.

Tanto la tierra como el agua tienen valor de uso y no son producto del trabajo humano, salvo cuando están procesadas o envasadas, por lo que no tienen valor. Sin embargo, la tierra natural tiene precio, no valor, porque es susceptible de ser apropiada. No ocurre igual con el agua, aun cuando existen quienes pretenden apropiarse, en sus territorios privados, de los cursos naturales de agua.

Por eso cuando hablamos de agua o de tierra aludimos a “bienes comunes”, que no deberían ser susceptibles de apropiación privada.

Bienes comunes y capitalismo

Los bienes comunes trascienden a la generación actual, por lo que deben resguardarse para el futuro de la humanidad, amenazada hoy por un modelo productivo de saqueo y destrucción de la vida, natural y social. Ahí está la explicación de la contaminación, producto del accionar productivo del ser humano.

El tema ambiental o ecológico es evidente y por eso se habla de “cambio climático” y se emiten argumentos en cónclaves de todo tipo para intentar contener los desastrosos efectos de la producción ejercida por la iniciativa del capital sobre la naturaleza.

Todos esos argumentos eluden el tema principal que supone afectar el modo de producción capitalista.

Resulta de interés el debate teórico que proponemos a propósito del análisis sobre la llamada Hidrovía Paraná-Paraguay, que arrastra ya una larga historia. Incluso desde los tiempos en que se definió la inserción subordinada de los territorios y poblaciones del sur de América en la dinámica del capitalismo mundial (europeo).

Con la conquista y colonización se le daba forma universal a la producción y circulación “capitalista” de bienes y servicios. Carlos Marx describió ese proceso de manera brillante en El Capital, apuntando que la modernidad europea brilla por la apropiación de los bienes comunes de la región latinoamericana y caribeña con base en la explotación y saqueo.

Sin ese proceso, además sustentado en la violencia física y cultural, no puede explicarse la constitución y consolidación del orden capitalista como sistema mundial. La discusión es el uso del curso de agua, caso del río Paraná, u otros, con que destino o propósito, a favor de quienes y con qué fines.

La “Hidrovía” como empresa supone puertos privados y privatización del transporte ferroviario, naval, aéreo o carretero, organizado al servicio de la lógica de la ganancia y la acumulación, apropiada por un núcleo reducido de capitales transnacionales, más allá de algunos de origen local enganchado en esa lógica productiva, muchas veces de manera delictiva, caso Vicentin.

Vivimos en una sociedad global “monetario-mercantil”, por lo que la “ley del valor”, explica por qué “bienes y servicios” de distinta calidad son comparables, intercambiables, mediante los precios, que son expresión monetaria del valor.

El río, los ríos, los bienes comunes se subordinan a una lógica de las relaciones de intercambio al servicio de la ganancia y la acumulación.

La relación de intercambio (comercial) opera mediante la intermediación del dinero (monedas, billetes, en sus diversas manifestaciones a través del tiempo, incluso electrónica en el presente).

Insistamos que ni el agua, ni la tierra son producidos por el trabajo humano, salvo el agua o la tierra procesada, la que se vende en botellas o bolsas, por ejemplo.

Estas formas de oferta en el mercado si son producto del trabajo humano, pero no las aguas y las tierras naturales. Pero no siendo “valor”, tienen precio a partir de la apropiación privada.

Tiene historia larga la apropiación de tierras y territorios, a las que remito con invasiones de triste historia en todo el planeta. Con el agua es más difícil la apropiación privada, pero son conocidos casos de cursos de agua apropiados ilegítimamente al transitar (naturalmente) por propiedad privada territorial, lo que genera conflictos históricos.

Apropiación privada y derecho a los bienes comunes

La propiedad privada, categoría jurídica histórica, es decir, que no siempre existió, pretende expandir su jurisdicción sobre todo lo que sea posible y hace medio siglo que se generalizaron las políticas de privatización del capital público, a su vez, una forma específica del desarrollo, estimulado por la lógica productiva hasta la crisis de los 70 del Siglo XX. Luego vendrían las privatizaciones.

En ese marco no sorprende que los “derechos de uso” del agua hayan desembarcado recientemente en el mercado de capitales estadounidense, o que la utilización de cursos de aguas se oriente con fines de acumulación de ganancia, caso del Río Paraná, ahora en debate a propósito de la concesión para la gestión del transporte de la producción del modelo del agro-negocio.

Los pueblos en su desarrollo histórico se asentaron a la vera de los cursos de agua, facilitando la reproducción social individual y colectivamente, lo que estimuló la regulación de los usos del agua, tanto para el consumo individual como para la producción social.

Existe una cantidad importante de personas (agricultores, pescadores, etc.) que asocian su subsistencia al río Paraná, hoy afectado por una bajante que no debe disociarse de los problemas ambientales generados por el modelo productivo y de desarrollo, dominado por corporaciones transnacionales y su objetivo específico por las ganancias y la acumulación.

Los pobladores a la vera de los cursos del agua demandan el derecho al agua, como derecho a la vida por encima del uso capitalista del curso de agua.

El avance actual de las relaciones económicas se asienta en la expansión de la propiedad privada de los medios de producción. En sentido histórico de las formas productivas, debemos remitirnos a formas previas, comunitarias o de articulación individual-familiar sobre medios naturales ocupados y trabajados comunitariamente.

No siempre hubo propiedad privada de los medios de producción y por ende podría no haberla a futuro. Tanto el capital público como el privado son formas histórico transitorias de organizar el proceso de producción y circulación.

Por eso, la discusión actual no trata solo de cómo gestionar la vía navegable o quien cobra el peaje del uso de la “autopista”[1] por donde transitan el 80% de las exportaciones e importaciones de la Argentina.

El debate se extiende al conjunto del modelo productivo, que incluye el agro-negocio de inserción subordinado a la dominación de las grandes transnacionales de la alimentación y la biotecnología, la industria de ensamble para el mercado mundial y una dependencia de la especulación fuertemente asociado al endeudamiento, gran condicionante de la política económica.

Todos estos mecanismos derivados de la “propiedad privada de los medios de producción” inducen que el excedente económico de la producción local migre al exterior, lo que se llama “fuga de capitales”, sea por cancelaciones parciales y reiteradas de deudas impagables de eterna negociación; como parte de las habituales remesas de utilidades al exterior y/o directamente, para favorecer constitución de activos en el exterior.

Al no renovarse la concesión privada sobre el uso del río Paraná, habilita a discutir el conjunto del problema, con el eje en la defensa de los bienes comunes, el derecho a ellos o si se quiere, el derecho a la vida.

Buenos Aires, 2 de julio de 2021



[1] Boletín Oficial. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO

Decreto 427/2021; 30/06/2021, en: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/246303/20210701