Pensar y discutir Argentina en un ciclo de dos décadas

Las reflexiones que siguen se inspiran en una intervención realizada el pasado 20 de diciembre en el cierre de la “Escuela José Rigane”, que organiza la FeTERA con participación diversa en todo el país de militancia propia y de la Corriente sindical “Carlos Chile”. En la ocasión, de manera impensada, se conjugaron dos acontecimientos de masas. Uno remite al masivo festejo estimado en 5 millones de protagonistas, feriado nacional mediante, por la “copa mundial” de futbol conquistada por la selección argentina en Qatar 2022. El otro remite a un nuevo aniversario conmemorativo de la pueblada del 19 y 20 de diciembre del 2001. Esta lucha le puso final al régimen de convertibilidad monetaria que operó entre 1991 y 2001, con las gravísimas consecuencias sociales que explican fenómenos estructurales actuales, como la pobreza y, en definitiva, un ciclo de ofensiva del capital en contra del trabajo (desempleo, precariedad, caída de los salarios y otros ingresos populares, etc.). Más allá de la recuperación de ambas movilizaciones y con especificidades propias en 2022 y en 2001, importa la reflexión en torno a que desde el 2001/03, se procesaron cambios políticos en la gestión del capitalismo local, que hoy parecieran tener límites y que convocan a reflexionar sobre los tiempos por venir. Alegría ante la copa y el fútbol La gigantesca movilización de algarabía al término de la final en Qatar, el domingo 18/12/2022 en todos los rincones del país, y una inesperada réplica, especialmente concentrada en la zona metropolitana para saludar a los jugadores y al equipo técnico del 20/12/2022, necesita ser discutida, en sus alcances y potencia como acción de masas. Si bien se trata de la movilización por una gesta deportiva, el hecho nos conmueve y entusiasma, en tanto parte de ese plural social movilizado. Se dice que todas las identidades políticas estaban presentes, pero la masividad y principal protagonismo estuvo expresado por una presencia juvenil proveniente de la amplia zona metropolitana, especialmente de los territorios poblados por sectores populares. Es cierto que cada quien participó como pudo, en su territorio y en comunidad, barrial o laboral. Lo que se vivió es una movilización masiva de contenido popular, que como tal, debe ser considerada y analizada sociológica, política y culturalmente, por la necesidad de “estar en la calle”, en esta ocasión para celebrar el hecho deportivo. Es un tema no cerrado, que permite variadas interpretaciones, incluso la que sugerimos favorable a una movilización en la búsqueda de nuevos horizontes políticos de carácter alternativo a los que propician los defensores del sistema capitalista, en el gobierno o en la oposición. Veinte años no es nada Nos interesa remarcar la simultaneidad histórica de la fecha, con la recuperación del 19 y 20 de diciembre del 2001, hace 21 años, donde hubo una “rebelión popular” que dio por la borda con el gobierno de turno. No es un dato menor que el ministro de economía de ese gobierno que presidia el dirigente de la UCR, Fernando de la Rúa, era Domingo Cavallo. Un funcionario gubernamental emblemático de los años 80/90, ministro en el gobierno del PJ de Carlos Menem, y por supuesto, Presidente del BCRA de la dictadura genocida en 1982. Cavallo es tristemente recordado por la estatización de la deuda privada hace 4 décadas, que aún condiciona el presupuesto y la política en el país, más aún con la sumisión al FMI. Muchos de los problemas que hoy tenemos en la Argentina por la deuda, tienen origen en aquella estatización de la deuda privada. Los capitales privados se habían endeudado y transfirieron su deuda al Estado. Eso quiere decir que vía presupuesto el pueblo argentino viene pagando, hace 40 años, una deuda que fue asumida por el capital privado y que fue utilizada para mejorar sus ganancias, para elevar sus patrimonios, para constituir su posición de poder, de capitales como el caso de Acindar, la transnacional que presidía Martínez de Hoz antes de transformarse en el ministro de la dictadura desde 1976. Estos acontecimientos protagonizados con más de dos décadas de distancia, uno en 2001 y otro en 2022, nos sirven para propiciar una discusión, a modo de balance del año, de lo que venimos considerando en diferentes ámbitos de discusión sobre el “movimiento obrero y popular”, partiendo de los cambios que ha habido, que hay y que sigue habiendo en la clase trabajadora en la Argentina y en el mundo. Son cambios que impactan de manera muy diversa, desde el punto de vista de los ingresos y condiciones de trabajo y vida de las trabajadoras y los trabajadores. Hemos definido en variadas ocasiones a este tiempo histórico desde 1975/76 como la ofensiva del capital contra el trabajo, agudizado en la década del 90 y bajo el gobierno Macri entre 2015 y 2019. Enfatizamos que no es solo desde la dictadura para acá, porque la verdad es que hay una continuidad esencial bajos gobiernos constitucionales, por eso es importante hoy conmemorar el 2001, porque fue una “revuelta popular” donde tuvo a la clase obrera ya reestructurada y modificada, tanto sean trabajadoras y trabajadores en el movimiento sindical, como con trabajadores y trabajadores desocupados que luchaban y luchan desde el territorio. Cuando uno piensa en el origen de las “piqueteras” y los “piqueteros”, aludimos a su carácter de trabajadores y trabajadoras, en muchos casos militantes sindicales, sociales, políticos, en organizaciones populares de los años 60/70 del siglo pasado, y que, al estar fuera del proceso de producción y circulación “formalizado”, por los despidos, llevaron adelante esa inmensa tarea que pasó a la historia, primero como “fogoneros”, porque prendían fuegos en las rutas, especialmente en la Patagonia. Esos fogoneros, después fueron designadas/os, ya en el cordón industrial de las grandes ciudades, en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, y otras ciudades del país federal como “piqueteras/os”. Desde la Corrientes sindical recuperamos especialmente a Carlos Chile y la construcción del Movimiento Territorial de Liberación, el MTL, en esa perspectiva de identidad nueva que adquirió el movimiento obrero y popular, que desarrollaba su accionar en el territorio. Se trataba y trata de una expresión político social producto de esos cambios del capitalismo contemporáneo. Importa el accionar de masas Por eso es importante que hoy, junto con celebrar el campeonato mundial de la selección de futbol, junto con disfrutar la alegría y festejar esta tercera copa del mundo, mucho más considerando que fue realizado por un colectivo más allá de cualquier figura, por más emblemática que fuera. No se trata de Messi y 10 más, sino de un colectivo que conquistó la masiva simpatía popular. Para quienes protagonizamos una experiencia de militancia colectiva, en la FeTERA y/o en la Corriente sindical Carlos Chile, que militamos un reagrupamiento del movimiento obrero y popular, pensar en términos de “trabajo grupal”, colectivo, serio, consecuente, permanente, resulta importante y estratégico. Claro que no obviamos las denuncias de las mafias que rodean y condicionan al deporte desde la mercantilización, especialmente al futbol y las organizaciones empresarias que los manejan. En ese sentido resulta emblemático el mundial de Qatar, por el irrespeto a los derechos humanos, especialmente de trabajadores y trabajadoras, inmigrantes del sur empobrecido, que en tiempo récord y bajo una súper explotación construyeron esos estadios desbordantes de tecnología y consumo de energía. Más allá de ello, resalta la corrupción de las autoridades europeas y de la burocracia del sindicalismo mundial que negociaron con el régimen dictatorial qatarí para ocultar la explotación sobre la fuerza de trabajo que hizo realidad la infraestructura del mundial. No es más que una expresión multiplicada de la ofensiva del capital contra el trabajo. Por eso, en esta reflexión sobre el movimiento obrero y sus desafíos en la actualidad, hay que recuperar el 2001 argentino, clara manifestación de resistencia a la ofensiva del capital contra el trabajo. Una resistencia que contribuyó de manera esencial a las luchas en toda la región latinoamericana y caribeña. Una región que vio nacer esto que se llama “neoliberalismo”, surgido desde el ensayo en Chile en 1973, luego del golpe contra Salvador Allende y el gobierno de la Unidad Popular. El próximo año se cumplirán 50 años, es decir, medio siglo de una brutal ofensiva del capital contra el trabajo bajo estas experiencias denominadas bajo el rótulo del neoliberalismo. Una ofensiva que desde Nuestra América y las dictaduras terroristas del cono sur se proyectaron a escala global, muy claramente expresado por el régimen autoritario y explotador de Qatar. Son dos las caras del mundial. La alegría del triunfo deportivo, la seriedad del trabajo de jugadores y equipo técnico, son expresión de la sintonía con el pueblo argentino, que, si así no fuera, resultaría imposible la movilización de millones de personas en las calles. La otra cara es la mercantilización del fútbol, de la FIFA y el poder económico y político que rodeó la designación de la sede del mundial 2022. La movilización del 2001 fue un momento de la rebelión popular que se venía acumulando con las luchas de los años 80/90 contra las privatizaciones, como la desplegada por las organizaciones de la FETERA y el liderazgo de José Rigane, en una larga tradición de lucha contra la privatización de YPF, contra la privatización de la energía. José Rigane fue uno de los abanderados en el movimiento obrero para generar ese ciclo de luchas que desembocaron en la pueblada del 2001. Vale entonces la recuperación de estos acontecimientos para pensar los desafíos del movimiento obrero y popular tal como es hoy, sea movimiento sindical, movimiento territorial, o movimiento social en sus distintas dimensiones. Se trata de volver al 2001 porque ese fue el límite que el movimiento popular en lucha generó ante la estrategia de la ofensiva del capital en el país. La ausencia de una alternativa política popular en el 2001 y hasta el 2003 hizo posible la recomposición de los mecanismos de acumulación económica y política del orden capitalista local. Desde nuestro protagonismo en la CTA, desde la fundación en los 90, fuimos parte de la acumulación de poder popular, aun cuando se requiere discutir más a fondo el papel de la Central ante los acontecimientos del 2001 e incluso luego del 2003, que derivaron en las sucesivas divisiones explicitadas desde el 2010 hasta el presente, aun cuando se discutía durante esa primera década del siglo la construcción de un “movimiento de liberación nacional, social y cultural”, definido en Congreso de Mar del Plata en el 2002. Incluso, con las mediaciones posteriores de la conformación de un “movimiento por una constituyente social”, con masivos actos en el 2008 en Jujuy (anfitriona Milagro Salas y su experiencia de organización popular), y en el 2009 en Neuquén donde se pudo compartir la experiencia de la constituyente boliviana sancionada en ese mismo año. Fueron experiencias discontinuadas que aún restan balancear, tanto la actitud de la dirección de la Central ante los acontecimientos del 2001, como el abandono de las estrategias del 2002 por un “movimiento de liberación” y luego por una “constituyente social”, para optar por una experiencia electoral asumida por los principales referentes de la CTA. Vale recuperar la historia para pensar el presente y los próximos desafíos. ¿El 2023, año de renovación electoral para la gestión del capitalismo en la Argentina, será un momento de reconstrucción del sistema de dominación y explotación bajo nuevas expresiones de la política, tal como ocurrió en el 2003? O, por el contrario, ¿la extensión de la protesta social nos llevará nuevamente a un clima social de movilización como en el 2001, desafiando la construcción de alternativa política? Del 2001 emergió la necesidad de un cambio político y ante la ausencia de alternativa al sistema capitalista, lo que emergió fue un nuevo tipo de representación política, donde los partidos tradicionales se reconfiguraron en coaliciones que a ellos contiene y que hace tiempo disputan quien gobierna. El kirchnerismo lidera una de las coaliciones, hoy en crisis. El macrismo, la opositora, también en crisis, incluso con la ultraderecha corriendo la agenda de debate en el gobierno y en la oposición, favoreciendo los intereses de las clases dominantes, incluso la operatoria de la embajada de EEUU. Existe hoy una oportunidad histórica para pensar y discutir el ciclo de dos décadas de lucha y recomposición del sistema capitalista en Argentina, su crisis actual y los desafíos en el corto y mediano plazo. Por eso, la prédica por la reorganización del movimiento obrero sustentada desde la FeTERA y la Carlos Chile, como expresión de la lucha en el movimiento obrero y popular para construir alternativa política y disputar el poder en el país. Buenos Aires, 22 de diciembre de 2022

La política discute quien gestiona el ajuste y el rumbo de la economía

La política y la economía, o viceversa, tienen especificidad, pero interactúan de manera dinámica. Es algo visible en estas horas en las que se ventiló el fallo en primera instancia que condena a Cristina Fernández de Kirchner, pero también, hace lo propio la denuncia de la connivencia del poder económico, mediático, político y judicial. Ambas son noticias de fuerte impacto político y, de hecho, el descargo de la “vice” ante el fallo, anunciando el renunciamiento a cualquier cargo tiene fortísimo impacto en vísperas de un año de renovación de la gestión presidencial. Incluso, más allá de la validez jurídica de los diálogos telefónicos divulgados, se evidencia la impunidad del poder articulado de grandes empresarios y medios con instancias de los poderes del Estado. Detrás de estos episodios está en discusión la gestión del capitalismo local. No puede separarse la política de la economía o viceversa. Los casos judiciales a que aludimos tienen impacto político y trasfondo de connivencia del poder económico con quienes definen la política cotidiana, sea en el gobierno o desde la oposición. El fallo contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner establece una condena a 6 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos políticos de por vida, lo que ha generado un debate en el país, no solo en el oficialismo, sino también en la oposición. ¿Quiénes serán los referentes electorales de las coaliciones que hoy disputan el gobierno del capitalismo local y cómo se designarán? ¿Qué posibilidad se abre para terceros que pretenden colarse en la disputa electoral, especialmente el caso de la ultra derecha? ¿Podrá la izquierda articular una propuesta más amplia que la actual para intervenir efectivamente en la disputa por la representación institucional? Resulta interesante para visibilizar en la sociedad la difusión de la connivencia del poder económico personificado en Joe Lewis, el británico apropiador del “lago escondido” en sus territorios y que asocia gran propiedad territorial y capital externo con políticos de la oposición y del oficialismo, y claro que la enorme complicidad de la prensa hegemónica en la Argentina. En el fondo está el ajuste y la regresiva reestructuración económica Queda claro que se trata de intereses económicos, políticos y judiciales todos atravesados con lo que está por detrás que es el ajuste de la economía, algo que se confirma en estas horas con la tercera auditoria del FMI, según leemos en comunicado de prensa del organismo internacional . Allí se puede leer el avance del acuerdo: “La prudente gestión macroeconómica y los esfuerzos para movilizar financiamiento externo están respaldando la estabilidad macroeconómica—se está restableciendo el orden fiscal, moderando la inflación, mejorando la balanza comercial y fortaleciendo la cobertura de reservas.” Señala el FMI que Argentina está cumpliendo con lo que se comprometió en marzo pasado que es la reducción del déficit fiscal, el control de la emisión monetaria, aunque eso sea a costa de un endeudamiento en pesos fenomenal. Las Letras de liquidez, LELIQ, duplican la base monetaria, que son todos los billetes y monedas que circulan en la Argentina. Se trata, las LELIQ, de un pasivo rentado del BCRA que complica el uso de recursos públicos destinado a resolver necesidades sociales. Ese costo afecta las posibilidades de atender a la población empobrecida de la Argentina y aún restan 7 auditorías trimestrales, según el acurdo con el FMI, por lo que el ajuste es un horizonte continuo en el futuro. El interrogante es si la sociedad afectada por el ajuste y la restructuración regresiva no hace estallar la relativa tranquilidad con la que se llega a este fin del 2022. No es solo ajuste lo que está en discusión, en rigor, es el modelo productivo y económico de la Argentina, donde lo que se afianza es la primarizacion de la producción y las exportaciones por eso todo remite al complejo de la soja, lo que explica la renovación de un tipo de cambio especial en beneficio para los grandes productores y exportadores. Pero también es el caso de los hidrocarburos no convencionales y todo lo vinculado a sacar el petróleo y gas no convencional de Vaca Muerta. Se pretende producir para exportarlo y ofrecerlo sobre todo a Europa, apurada por sustituir la importación del gas ruso. En ese camino existen expectativas del poder mundial, sobre todo de EEUU, en el litio. Vale recordar que Argentina, junto a Chile y Bolivia son el principal reservorio del litio en el mundo. Por eso las reuniones entre Sergio Massa, el ministro de economía de la Argentina, con los sectores más concentrados de la industria, del agro, de la agroindustria, de las finanzas, para consensuar una política antiinflacionaria que reduzca este casi 100% que de inflación estimada para el 2022 y asegurar un horizonte de estabilización macroeconómica que facilite inversiones en el corto plazo. Temor al descontento y la protesta Hay temor por la escalada inflacionaria en una perspectiva de hiperinflación, que pueda desatar el conflicto social. El ministro de economía dice que “si la inflación continua no ganaremos la elección del 2023”, pero también le está diciendo a los grandes empresarios que contribuyan a morigerar la expectativa de apropiación de ganancias para normalizar la situación y no exacerbar la protesta, el conflicto social. Fue el embajador estadounidense quien alertó en el mismo sentido a las coaliciones políticas que disputan gobierno: “avancen en una coalición desde ahora”, en claro mensaje para acordar cuestiones esenciales que viabilicen la normalización del capitalismo en el país. A no engañarse, más allá delo que sostengan las sentencias judiciales o las connivencias del poder judicial con el poder político, mediático e intelectual, lo que define la política es la lucha social contra el ajuste, especialmente si esta articula un proyecto político para reestructurar el orden económico y político, con otros beneficiarios a los actuales. Es un tema escasamente evidenciado en el debate político y a tener en cuenta, ya que solo se discute la “normalización” del orden existente y se escamotea el desafío para posibilitar rumbos políticos alternativos para otro orden económico y la reproducción de la vida cotidiana. No se trata de la corrupción como pretenden instalar mediática y judicialmente, aun siendo un tema de interés e importancia en la sociedad, no solo en Argentina, un tema que visibiliza la situación de Perú. La cuestión de fondo es el debate sobre el orden económico y político, por lo que la pelea fundamental es contra el ajuste que supone el acuerdo con el FMI y que encabeza las demandas de los sectores más concentrados de la actividad económica local. Otra agenda es posible y se asocia a la organización y lucha popular por otro orden social, económico, político y cultural. Buenos Aires, 13 de diciembre de 2022

Avance del ajuste acordado con el FMI y discriminación favorable a los más ricos

Resulta evidente la política de ajuste del gobierno nacional, producto del condicionamiento que surge del acuerdo con el FMI. En este último sentido, se confirma el condicionante con la presencia en Washington de los principales funcionarios del ministerio de economía, acordando los últimos aspectos de la tercera revisión del acuerdo con el FMI, o sea, la tercera auditoria. Recordemos que cuando se suscribió a este acuerdo en marzo del 2022 se establecieron diez auditorias trimestrales. Cada auditoria determina si el FMI evalúa que la Argentina cumplió con lo que se había comprometido y si considera que así ocurrió, que se cumplió con las metas fiscales, en ese caso libera los recursos comprometidos. Se consolida la lógica de subordinación a la orientación de política económica de los directivos del organismo internacional, voceros de la dominación económica y política global. Lo que se audita, principalmente, es: a) reducción del déficit fiscal; b) con las metas monetarias, no emitir más allá de lo comprometido con la política monetaria acordada; y por supuesto, c) hacer crecer las reservas internacionales, un reaseguro no solo para el cobro de la deuda de Argentina con el FMI sino como un elemento de estabilización de la política macroeconómica. Cada trimestre el FMI revisa estas metas. Todo indica que la Argentina está cumpliendo, claro, sobre la base de un ajuste gigantesco al gasto social, induciendo una desaceleración de la economía y otorgando concesiones al poder económico para el ingreso de divisas, caso del “dólar-soja”. Bajo esas condiciones, la expectativa es que el FMI libere recursos por unos 5800 millones de dólares. Esos recursos, así como ingresan a las reservas internacionales también sirven para cancelar la deuda que oportunamente tomo el gobierno de Mauricio Macri con el FMI. En rigor, la política termina siendo “pagar deuda acrecentando la deuda”. Aquella deuda del 2018, asumida a cancelar en 5 años (crédito stand by), se transformó en una deuda a 10 años (préstamo de facilidades extendidas), una hipoteca que tendrán que pagar las generaciones actuales y futuras, sin descartar futuras renegociaciones que reanimen la transferencia de riqueza generada por el trabajo argentina hacia los acreedores de la deuda local. La realidad es que el cumplimiento de esas metas fiscales, monetarias y de crecimiento de las reservas internacionales se hacen sobre la base de un fuerte ajuste. El impacto es regresivo y se está generando, con las propias informaciones que surgen del ministerio de economía, quienes reconocen una desaceleración del consumo. Esa desaceleración del consumo está generando la buscada disminución del ritmo de crecimiento de los precios, la baja de la inflación, la tendencia a la desaceleración en las remarcaciones. Estamos transitando el mes de diciembre, y se conocerán en los próximos días el índice de precios de noviembre, con la expectativa de reducción respecto a los elevados indicadores desde el mes de julio pasado. Recordemos que en el mes de octubre hubo un cambio de tendencia: la inflación venia bajando en agosto y septiembre, y volvió a subir en el último mes registrado, que fue octubre. Ahora, en noviembre, debería reaparecer la tendencia decreciente y la expectativa del gobierno es que todo confluya a un 4% de inflación mensual promedio para el 2023. Con ello se cumpliría la meta presupuestaria de inflación del 60%. Lo curioso es que esa política de ajuste también se está manifestando en una merma de la recaudación tributaria, en el IVA. Es que si se desacelera el consumo hay menos impuesto al valor agregado y menor recaudación, sabiendo que el IVA es el principal impuesto en la Argentina, el impuesto que más le permite recaudar al Estado. Así se afecta la potencialidad del gasto público y se cumple la meta con el FMI, la que indica que hay que disminuir el déficit fiscal. En ese marco de baja del gasto público, existe una fuerte presión del poder económico y las derechas para tratar de disminuir los planes sociales. Lo que trascendió y se discute es que se desengancharían los planes sociales del salario mínimo, vital y móvil, que obviamente no alcanza a cubrir la canasta básica, pero al desengancharlo quedaría sujeto a una arbitrariedad de resolución por decreto. Por lo tanto, la respuesta social son movilizaciones para frenar la lógica del desenganche. Al mismo tiempo se empujan otras iniciativas, en donde se involucra al poder judicial y al ejecutivo, investigando los planes sociales y tratando de desafectar algunos de ellos, modificando normas relativas a los ingresos de los beneficiarios. Un perjuicio evidente para trabajadores o trabajadoras que perciben algún plan social y tienen alguna changa que le genera ingresos extras, colocándose por encima de la línea de la pobreza. Con ello, se discute la continuidad en el cobro del subsidio. En el medio de estas protestas y anuncios se sustentó desde el poder ejecutivo el levantamiento del secreto fiscal para los que perciben beneficios sociales. El gran interrogante es: ¿Por qué levantan el secreto fiscal de los pobres de toda pobreza y no se levanta el secreto fiscal de, por ejemplo, 100 grandes empresas compradoras de dólares por casi 25.000 millones de dólares durante el último gobierno de Mauricio Macri? ¿Por qué no levantar el secreto sobre 100 grandes fortunas individuales, denunciadas en un informe por el Banco Central de la República Argentina, que compraron unos 6.500 millones de dólares en ese tiempo histórico? Eso es parte de la fuga de capitales. Queda claro y resulta evidente la política de ajuste y la discriminación a favor de la riqueza y en contra de la pobreza. Buenos Aires, 5 de diciembre de 2022