El poder ejecutivo presentó al Parlamento el pasado jueves 12/9
el proyecto presupuestario para el 2014, incluyendo el pronóstico del cierre
del 2013. El crecimiento previsto del PBI para este año es del 5,1% y para el
próximo un 6,2%, con la hipótesis de mejoras en la economía de EEUU y Brasil,
dos importantes socios comerciales del país. La inflación se supone en 10,3
para el 2013 y del 10,4 para el 2014, y el dólar se establece a un promedio de
6,33 pesos por dólar. Es verdad que cuesta creer en las cifras de evolución de
precios para este año y el próximo, aunque en los próximos días puede
presentarse una nueva metodología de medición de precios por el INDEC, según
compromiso asumido por el gobierno con el FMI.
A priori señalemos que el presupuesto presentado al Congreso
pone de manifiesto la continuidad de la política económica y de los
instrumentos en curso, sea escamotear la verdadera inflación de precios con
impacto en la ponderación de la medición de la propia actividad económica, como
eludir los problemas que presenta el modelo productivo y la inserción
internacional subordinada. En este último sentido destaca la hipoteca de la
deuda pública, la gigantesca importación de combustibles y la sostenida fuga de
capitales. Son datos que no favorecen el mentado objetivo de la inclusión
social y la distribución del ingreso, mucho menos de la riqueza socialmente
generada.
Superávit
fiscal para seguir pagando deuda
El superávit fiscal primario establecido en el Presupuesto,
es decir, antes de pagos por la deuda, alcanza a 83.889,3 millones de pesos,
equivalentes a 14.614,8 millones de dólares (tipo de cambio= 5,74). Al mismo
tiempo, el proyecto de presupuesto incluye 80.310 millones de pesos para
hacer frente a compromisos de pago de intereses de la deuda pública, unos
13.991 millones de dólares al tipo de cambio actual. En definitiva, el ahorro
previsto tiene destino en la cancelación de la deuda, un tema que estuvo en la
entrevista de la Presidenta que difundió la TV pública el sábado 14/9.
Lo curioso es que CFK, a dos días de presentado el proyecto
presupuestario, al historiar el endeudamiento del Estado Nacional, explica el
fraude de la deuda, resaltando que la banca no pretende la cancelación de la
deuda, sino la renovación, lo que explica que pese a pagos por más de 173.000
millones de dólares en una década, el país registre una deuda superior a los
209.000 millones de dólares. El argumento presidencial remite a que por más que
se cancele deuda, el mecanismo es la refinanciación y la hipoteca estructural. Argentina
es “pagador serial” de una deuda imposible de cancelar. Encima de ello, en el
Parlamento, con voto mayoritario del oficialismo y la oposición sistémica, con
muy pocos votos por la negativa, se reabrió el canje de deuda en forma “indefinida”.
Un pronóstico nada halagüeño en el futuro del endeudamiento y compromisos
públicos que postergarán una vez más demandas sociales de empleo, salud,
educación, seguridad o promoción de un modelo productivo y de desarrollo
alternativo.
Por eso, más allá de confiar en las discutibles y poco
creíbles cifras presupuestarias, todo el superávit fiscal primario tiene
destino en los acreedores de la deuda pública, por unos montos que superan y en
forma a las previsiones de gasto para educación, cultura o salud, entre otros.
Llama la atención en el discurso presidencial la mención crítica
al papel de la vigente reforma financiera de 1977 con relación a la deuda y el
papel de la banca en el privilegio a la especulación. Recordemos que al
modificarse recientemente la Carta Orgánica del BCRA, el argumento de CFK
remitió a lo innecesario de reformar la legislación financiera heredada de la
dictadura genocida. Hay que reiterar que el país, con estos datos de deuda
pública y las propias reflexiones de CFK, debería denunciar la deuda, iniciar
un proceso de investigación, o de auditoria, máxime cuando el discurso
presidencial manifiesta que la ganancia de los inversores externos que demandan
a la Argentina en Nueva York pretenden una ganancia del 1.300%, es decir, más
que usuraria. Con esa rentabilidad, dice la Presidenta, quién quiere invertir
en la producción, siendo mucho más rentable la especulación financiera.
Claro que mientras la Argentina siga formalizando contratos
que permita que los inversores externos demanden en sede judicial extranjera, caso
YPF-Chevron, el tema no se termina nunca. No alcanza entonces con investigar y mientras
suspender los pagos de deuda, sino que también deben anularse la pérdida de
soberanía jurídica y los tratados internacionales en defensa de las inversiones
y la presencia en el CIADI, base de la enorme presión judicial extranjera que
pende sobre el país y augura nuevas expansiones del total de la deuda pública.
Los
datos del comercio exterior
El superávit de comercio exterior se estima en 10.556
millones de dólares para el 2013, y de 10.124 millones de dólares para el 2.014.
Esta misma semana, el titular de YPF ha señalado la gravedad de la situación
energética del país, que este año insumirá una factura del orden de los 13.000
millones de dólares, y si la previsión es de crecimiento para el próximo año,
todo augura un mayor gasto en la importación de combustibles.
Por ello, pese a los auspiciosos datos expresados en el
presupuesto, los problemas de fondo siguen sin solución alternativa y se repite
una estrategia que supone un freno deliberado a las importaciones para intentar
sostener la situación superavitaria y contener la pérdida de reservas
internacionales.
No existen pistas de cambios en la inserción internacional de
Argentina, ni señales de discusión regional para otra inserción regional en la
economía mundial. Se sigue apostando a la superación de la crisis capitalista
de los principales compradores del país, en lugar de proponer modificaciones al
modelo productivo y de desarrollo que suponga otro orden económico, financiero
y social sobre la base de una mayor integración y articulación productiva
regional.
Vale lo sostenido porque la proyección de la economía
latinoamericana para el 2014 no reproduce altas tasas de crecimiento y empieza
a manifestar explícitamente efectos de la crisis mundial. El impacto llegará
con afectación a las variables sociales de ingresos populares, desempleo,
subempleo y precariedad, carestía de la vida y empobrecimiento.
El Banco del Sur se anunció en diciembre del 2007 y aún no
está funcionando, retrasando las ideas de una nueva arquitectura financiera en
la región, e intentar una relativa desconexión del capitalismo mundial. Hugo
Chávez insistió hasta el cansancio en una política energética común para
Nuestramérica, y la tendencia es a la asociación con transnacionales a fines de
intentar “soluciones” nacionales.
No se trata solo de una crítica relativa a la Argentina, sino
a la situación que en general se presenta en la región como desafío. O se asume
una nueva inserción de Nuestramérica unida en el mundo, o cada país resuelve
como puede sus problemas en asociación con el poder económico mundial.
Algunas
conclusiones
Son reflexiones a propósito de un Presupuesto para el 2014
que sugiere la continuidad de la política económica en curso y sin perspectiva
de cambio para otro modelo productivo y de desarrollo.
En el balance presidencial se sostiene que en el 2013 se vive
mejor que en el 2007, base para pensar en los apoyos logrados hacia el 2011 y
que no explican el retroceso de las recientes PASO.
El problema es que la percepción de amplios sectores de menores
ingresos de la sociedad no coincide con los datos oficiales y demanda rupturas
y no continuidades. Remito al tercio de trabajadores precarizados; a los
trabajadores cuyo ingreso promedio mensual ronda los $4.000, insuficiente para
pagar bienes y servicios para una vida digna; a los jubilados y pensionados,
que aún con actualizaciones perciben en una gran mayoría ingresos menores a lo
necesario para satisfacer la canasta familiar; a una mayoría de pequeños
productores y empresarios que asocian su destino a la capacidad de compra de
los ingresos populares. Solo por mencionar cuestiones económicas, motivo del presente
escrito. Es cierto que también existen otras cuestiones en el descontento que
manifiestan organizaciones sindicales y territoriales de trabajadores y otros
sectores sociales, con reivindicaciones más allá de lo material y económico y
que conducen a cuestiones democráticas en el ámbito de la política. Es un
terreno que remite a la crisis presente de la política, y especialmente de la
alternativa política popular.
Al debatir el proyecto presupuestario se debe intentar ir más
allá de la cuestión numérica y habilitar una discusión sobre el país que se
tiene y el que se pretende, algo que insinúa el movimiento por una constituyente
social que sostiene la CTA e incluso la propuesta de una consulta popular en
defensa de los bienes comunes, lo que implica discutir el modelo productivo y
de desarrollo en curso y el que se pretende en una perspectiva emancipadora, no
capitalista, por el socialismo.
La
Paz, 15 de septiembre de 2013
