Sobre el Iº Congreso Internacional Extraordinario de Ciencia Política San Juan, 24 al 27 de agosto de 2010
Se realizó en San Juan del 1º Congreso Internacional Extraordinario de Ciencia Política, donde participaron unas 5.000 personas, mayoritariamente jóvenes estudiantes, la mitad de ellos de otras provincias argentinas e incluso de países vecinos. Se trató de una iniciativa asumida en conjunto por el gobierno local y la Universidad Nacional de San Juan, lo que anticipaba ciertos roces políticos por concepciones diferenciadas sobre temas estratégicos, especialmente el de la minería, con una visión crítica que al respecto tiene buena parte del mundo intelectual sanjuanino. Lo “relativo” apunta a que una parte importante de los profesionales de la rama de la ingeniería participan con trabajo profesional o técnico en la actividad minera, contribuyendo de ese modo a la legitimación de la actividad.
La cuestión es que mientras se discutía en el Congreso sobre la Argentina o la región latinoamericana, caribeña y mundial, se sucedían actos de apoyo a la iniciativa política de instalar nacionalmente al gobernador sanjuanino, con presencias destacadas de funcionarios nacionales, especialmente el presidente del PJ y varios gobernadores de ese partido. En simultáneo se sucedían movilizaciones e iniciativas militantes y culturales contra la minería a cielo abierto liderada por la producción y exportación de oro de la Barrick Gold, una de las transnacionales más poderosas del mundo minero, con cuyo presidente se reunió recientemente en Toronto la presidente de la Argentina. En rigor, con unidades 4x4 se manifestaron sectores favorables a la actividad minera.
El Congreso puso de manifiesto la diversidad de opiniones sobre la temática de convocatoria, con importante concentración en la cuestión minera y el rédito político para el oficialismo local y nacional. Los organizadores académicos del encuentro (UNSJ) hicieron público sobre el final del encuentro el disgusto por la utilización discrecional de espacios de discusión, que por definición y trabajo conjunto eran compartidos.
Resulta confortante el interés de la juventud partícipe de innumerables debates para la discusión de 600 ponencias y algunas decenas de paneles y conferencias muy polémicas sobre la realidad nacional, regional y mundial. Uno de los debates por cierto se concentró en si lo que se hace en la región, claro que también en Argentina, es todo lo que se puede hacer, en un debate a veces caliente sobre las realidades de Cuba, Venezuela, Ecuador y Bolivia, y otras realidades, especialmente cuando se intentó colocar como modelo de gestión a defender a Chile. Un debate más que estimulante donde parecía que las razones transitaban de un lado al otro en función de las adhesiones diversas que se recibían de los participantes al Congreso, lo que ponía en evidencia la importancia de la participación y el protagonismo en el debate de ideas en este tiempo.
La semana política de la Argentina estuvo también presente, en general con críticas muy duros a los legados de la dictadura militar, especialmente por el tema de Papel Prensa que vuelve a traer al debate cotidiano los tiempos de la dictadura militar y la complicidad y funcionalidad de parte de la sociedad. Es que no alcanzaba con terrorismo y su efecto físico, sino que fue necesario realizar una deliberada acción sicológica de manipulación del consenso de la sociedad, donde Clarín y La Nación especialmente, con sus principales periodistas se transformaron en argumentadores del sentido común que reclamaban las clases dominantes para hacer avanzar un programa de reestructuración integral de la economía, cuyas secuelas se mantienen aún, tal el caso de la legislación financiera, que fuera según Martínez de Hoz, su ley más revolucionaria, siendo el instrumento que generó condiciones para la liberalización de los movimientos financieros, el fuerte endeudamiento y facilitó los mecanismos de fuga de capitales, la concentración bancaria, financiera y del crédito para insertar decididamente a la Argentina en la Transnacionalización de la economía mundial, la que ahora presenta un cuadro de crisis profunda.
Como señalé, la minería a cielo abierto estuvo en el debate, del mismo modo que la creciente sojización, ya que al debatirse el modelo económico en el país, si es que así puede llamarse, se aludió al peso de la renta de la tierra sea para soja o para minería. Es más, de la vos de un funcionario local se dijo que la soja no se daba en San Juan por razones de sus condiciones naturales no favorables y que por eso entonces el camino era la minería, un patético cuadro de cómo miran la realidad las clases dominantes y donde la explotación de los recursos naturales es la forma de contrarrestar eventuales efectos de la crisis mundial y una forma de insertar a la argentina en el sistema mundial.
Represión y manipulación ideológica para legitimar el programa económico
Las clases dominantes en la Argentina estaban siendo desafiadas por el poder de los trabajadores organizados entre fines de los años 60´ y comienzos de los 70´, con impacto directo en la disminución de la tasa de ganancia. Era un cuadro que en definitiva afectaba la acumulación y la dominación social. Al ponerse en cuestión el régimen del capital, en 1976 se recuperó el objetivo incumplido del golpe del 66: reestructurar el orden económico para restablecer rentabilidad del capital más concentrado. La meta suponía eliminar la resistencia y organización de los trabajadores para “liberar” a las patronales de la “rigidez” de las condiciones laborales establecidas tras décadas de reclamos y luchas de los trabajadores. Pero también convencer a la sociedad que la propuesta del poder era la “necesaria” para toda la sociedad.
Es conocido el accionar represivo directo de la dictadura sobre los partidos políticos, las organizaciones sindicales y especialmente sobre una parte importante del activo militante, especialmente entre los trabajadores. Del mismo modo se conoce la complicidad empresarial para ese fin. Se apuntaba a reformular el corazón de la sociedad civil capitalista, la relación entre el capital y el trabajo. Con toda la ferocidad y violencia que supone el ejercicio del terrorismo, ello no alcanzaba para la obtención del logro deseado. Se impuso entonces la incorporación de la acción psicológica utilizando a los medios masivos de comunicación.
Se inició así una intensa campaña ideológica propagandística para instalar un sentido común favorable a las ideas del poder. Así, el plan económico desarrolló una estrategia comunicacional tendiente a la búsqueda de consensos. La campaña incluía una inducción del consumo de bienes importados, que facilitó un proceso desindustrialización con sus secuelas de desempleo. La apertura económica se ofreció como modernización, aún a costa del deterioro de la calidad de vida de millones de argentinos. La especulación se sostuvo con acuerdo de sectores medios endulzados por tasas de interés positivas y tour de compras en los países vecinos, como del turismo subsidiado por el tipo de cambio. El consenso se compró y se manipuló con el accionar de los medios y periodistas emblemáticos de esos tiempos, entre los que puede encontrarse a las principales plumas de Clarín y La Nación, transformados en argumentadores del programa del poder económico.
Soja, minería o lo que mejor rinda…
Es curioso observar el debate sobre la producción primaria en la Argentina, y especialmente sobre cuáles son las motivaciones que explican un salto de 6 millones a 22 millones de hectáreas sembradas de soja en nuestro país. Es el rinde económico, idiota, se podría parafrasear a Clinton en su debate electoral por la presidencia de EEUU con Bush padre.
¿Porqué los productores algodoneros del Chaco migraron a la soja? ¿Por qué los ganaderos o lecheros se trasladaron a la soja? ¿Por qué bajan las extensiones de cultivos tradicionales, como el trigo, mientras crece la extensión de la siembra de la soja? La plaga verde se extiende por toda la geografía nacional. Pero también uno puede interrogarse por qué no la soja en San Juan, y sí la minería a cielo abierto. Tanto la minería como la producción agrícola remite a la renta de la tierra, la que es apropiada en las condiciones que determina el capitalismo en cada momento histórico del desarrollo. La abundante y fértil tierra con que cuenta el país fue demandada en su momento por el capital inglés. Fue una forma de ampliar la producción de alimentos baratos para abastecer a su población y disminuir la presión de mejora salarial de sus trabajadores. Ahora la tierra argentina es funcional a la necesidad de alimentar una parte de la población de China, país que acumula más de tres décadas de crecimiento a tasas del 10% anual, expandiendo la capacidad de consumo, especialmente de alimentos ricos en proteínas (carnes alimentadas a soja), de su población. La dominante Inglaterra necesitaba tierra para su proyecto de dominación mundial, y China definió una reestructuración de su estrategia de desarrollo productivo que también requiere de la tierra extraterritorial.
Hay que recordar que para 1880 la población inglesa apenas representaba el 10% de la población mundial tributaria de la dominación británica. Para China la tierra es también estratégica, pues teniendo el 21% de la población mundial solo acredita el 7% de las tierras cultivables del planeta. Por el contrario a estos dos casos, Argentina tiene una escasa población y una enorme dotación de tierra productiva.
Pero resulta también que la especulación con recursos naturales favorece la explotación de la minería a cielo abierto con costosa tecnología, altamente consumidora de tóxicos y agua, haciendo rentable la explotación minera de oro y otros metales necesarios, entre otros usos, en la reconversión energética de una crisis terminal del modelo sustentado en el uso extensivo de los hidrocarburos.Pero volvamos al razonamiento inicial, sobre por qué soja o minería en lugar de otros cultivos, u otras producciones. Algún funcionario cuyano mal explicó por estos días en el Congreso de Ciencia Política realizado en la tierra del sol eterno, que como la soja no se da en la aridez del suelo cuyano, entonces se debe aprovechar la demanda sobre recursos naturales provenientes de la minería. Soja no, entonces minería, lo que significa que siempre se trata de explotar al máximo los recursos naturales. Del mismo modo que un productor chaqueño nos comentara hace un tiempo que la soja y la siembra directa ocupan menos personal, y por lo tanto supone menor costo de producción para una cosecha acrecentada con precios internacionales asegurados. Es la lógica del mercado, de una producción primaria de comodities, donde la Argentina se ofreció como laboratorio global.
En rigor, no solo la Argentina y si crecientemente Brasil y en proporción, aún mayor, el Paraguay, y cada vez más, el Uruguay. Son vecinos que comparten con problemas una voluntad de integración, pero que de la mano de las inversiones del capital que maneja el paquete tecnológico tienden a coincidir en la instalación del modelo extensivo en la producción de soja transgénica. Puede haber dificultades por las pasteras entre Argentina y Uruguay; por la energía hidroeléctrica entre Paraguay y la Argentina y Brasil respectivamente; o por diferencias comerciales entre Brasil y Argentina. Pero es una realidad la convergencia decidida por los inversores que buscan rentabilidad para ser países invadidos por la fiebre sojera demandada por el mercado mundial.
El conflicto en Paraná Metal afecta a 1.200 trabajadores y sus familias
Los datos de la economía argentina manifiestan crecimiento sostenido, especialmente de la producción material. Los datos para la próxima cosecha, tanto como los de la expansión industrial son elocuentes, con nuevos récord en la producción agrícola y de automóviles, dos sectores claves a la hora de medir el volumen de las exportaciones y en consecuencia, de los ingresos derivados de un saldo comercial favorable.
Sin embargo, pese a ello, el próximo miércoles 18 de agosto está convocada una movilización en Villa Constitución por la situación de la empresa Paraná Metal. Se trata de una movilización que involucra a sus propios trabajadores, a la UOM de Villa Constitución, a otras organizaciones sindicales de la ciudad, pero que también motiva la solidaridad, participación y decisión de impulsar las medidas del conjunto de la sociedad en esa ciudad, incluida la presencia de la dirigencia nacional de la CTA y sindicalistas de países vecinos, como Juan Castillo, portuario uruguayo, integrante de la coordinación nacional del PIT-CNT y coordinador del Encuentro sindical Nuestra América, un nucleamiento que articula buena parte del movimiento sindical y social de la región.
¿Por qué la movilización? En un comunicado de la seccional de los metalúrgicos de la ciudad puede leerse sobre el peligro de cierre y desmantelamiento de la empresa, destacando que “La comunidad debe comprender el significado que tiene para Villa Constitución y la zona la pérdida de Paraná Metal y sus 900 puestos de trabajo”. Adicionemos unos 300 trabajadores más de las contratistas y nos encontramos con 1.200 familias afectadas. En la declaración, los trabajadores deslindan responsabilidades y atribuyen la situación actual a “las pésimas gestiones de seudo empresarios que se ocuparon más en conseguir subsidios del Estado, rebajas salariales o reducir personal que en invertir, optimizar la producción y buscar mercados”. Es una alusión a la participación de Cristóbal López al frente de la empresa, que al no presentar un plan de inversiones ante la justicia se reabrieron los plazos concursales que ponen en peligro el funcionamiento empresarial y las fuentes de trabajo.
La demanda de los trabajadores, “convencidos que Paraná Metal tiene futuro” dicen, apunta a los gobiernos provincial y nacional, “si es verdad que se tiene un proyecto industrialista”, concluyen en forma tajante. Se preguntan: “¿Por qué si el Estado subvencionó con fondos de la ANSES a una multinacional como General Motors cuando su casa matriz en EEUU estaba quebrada, hoy esa misma empresa se niega a comprar a Paraná Metal argumentando que está concursada? ¿Cómo puede ser que Peugeot tiene proyectada la fabricación de 400 mil motores y no compre un solo block a Paraná Metal? ¿Cómo puede ser que se esté por llegar al récord histórico en la fabricación de automóviles y no tengamos producción en Paraná Metal? ¿Cómo es posible que con tal producción automotriz las autopartistas nacionales sólo aporten menos del 30 por ciento de los componentes?”
En la convocatoria a la movilización, reconocen la intervención pública para “salvar puestos de trabajo durante la crisis mundial (Re.Pro, bonos, licencias no automáticas en caso de dumping, etc.)”, pero insisten en medidas políticas para inducir una solución efectiva del conflicto, asociada a negociaciones con compradores locales y de países cercanos, atendiendo a que gran parte de la producción tiene destino en la Ford de Brasil.
El caso de Paraná Metal es sintomático, por tratarse de una fábrica de autopartes que por razones de mercado puede quedar afuera del ciclo productivo afectando a más de 1.000 familias. En un momento donde el Estado, no solo en la Argentina, retomó funciones en el ciclo económico en crisis, se requiere la toma de decisiones públicas para favorecer una crítica situación, al tiempo que se modifica el patrón de gestión en la administración de la empresa, pensando más en una solución administrada por los trabajadores, asistidos por organizaciones de investigación pública como el INTI, o la propia Universidad estatal, la de Rosario, p.e., por cercanía, e incluso, favoreciendo la asistencia técnica de Centros de asesoramiento y consultoría del propio movimiento obrero. Ello supondría no solo la intervención estatal para el salvataje empresarial, sino, un cambio del sujeto para pensar el orden económico y político en el país.
Paraná Metal puede ser un caso testigo, donde no solo se contemple una solución para las fuente de empleo amenazadas, sino que se empiece a pensar en un modelo de producción con otros actores, ya no empresarios asociados a grandes ganancias, sino autogestión para satisfacer necesidades de los trabajadores y sus familias.
Sin embargo, pese a ello, el próximo miércoles 18 de agosto está convocada una movilización en Villa Constitución por la situación de la empresa Paraná Metal. Se trata de una movilización que involucra a sus propios trabajadores, a la UOM de Villa Constitución, a otras organizaciones sindicales de la ciudad, pero que también motiva la solidaridad, participación y decisión de impulsar las medidas del conjunto de la sociedad en esa ciudad, incluida la presencia de la dirigencia nacional de la CTA y sindicalistas de países vecinos, como Juan Castillo, portuario uruguayo, integrante de la coordinación nacional del PIT-CNT y coordinador del Encuentro sindical Nuestra América, un nucleamiento que articula buena parte del movimiento sindical y social de la región.
¿Por qué la movilización? En un comunicado de la seccional de los metalúrgicos de la ciudad puede leerse sobre el peligro de cierre y desmantelamiento de la empresa, destacando que “La comunidad debe comprender el significado que tiene para Villa Constitución y la zona la pérdida de Paraná Metal y sus 900 puestos de trabajo”. Adicionemos unos 300 trabajadores más de las contratistas y nos encontramos con 1.200 familias afectadas. En la declaración, los trabajadores deslindan responsabilidades y atribuyen la situación actual a “las pésimas gestiones de seudo empresarios que se ocuparon más en conseguir subsidios del Estado, rebajas salariales o reducir personal que en invertir, optimizar la producción y buscar mercados”. Es una alusión a la participación de Cristóbal López al frente de la empresa, que al no presentar un plan de inversiones ante la justicia se reabrieron los plazos concursales que ponen en peligro el funcionamiento empresarial y las fuentes de trabajo.
La demanda de los trabajadores, “convencidos que Paraná Metal tiene futuro” dicen, apunta a los gobiernos provincial y nacional, “si es verdad que se tiene un proyecto industrialista”, concluyen en forma tajante. Se preguntan: “¿Por qué si el Estado subvencionó con fondos de la ANSES a una multinacional como General Motors cuando su casa matriz en EEUU estaba quebrada, hoy esa misma empresa se niega a comprar a Paraná Metal argumentando que está concursada? ¿Cómo puede ser que Peugeot tiene proyectada la fabricación de 400 mil motores y no compre un solo block a Paraná Metal? ¿Cómo puede ser que se esté por llegar al récord histórico en la fabricación de automóviles y no tengamos producción en Paraná Metal? ¿Cómo es posible que con tal producción automotriz las autopartistas nacionales sólo aporten menos del 30 por ciento de los componentes?”
En la convocatoria a la movilización, reconocen la intervención pública para “salvar puestos de trabajo durante la crisis mundial (Re.Pro, bonos, licencias no automáticas en caso de dumping, etc.)”, pero insisten en medidas políticas para inducir una solución efectiva del conflicto, asociada a negociaciones con compradores locales y de países cercanos, atendiendo a que gran parte de la producción tiene destino en la Ford de Brasil.
El caso de Paraná Metal es sintomático, por tratarse de una fábrica de autopartes que por razones de mercado puede quedar afuera del ciclo productivo afectando a más de 1.000 familias. En un momento donde el Estado, no solo en la Argentina, retomó funciones en el ciclo económico en crisis, se requiere la toma de decisiones públicas para favorecer una crítica situación, al tiempo que se modifica el patrón de gestión en la administración de la empresa, pensando más en una solución administrada por los trabajadores, asistidos por organizaciones de investigación pública como el INTI, o la propia Universidad estatal, la de Rosario, p.e., por cercanía, e incluso, favoreciendo la asistencia técnica de Centros de asesoramiento y consultoría del propio movimiento obrero. Ello supondría no solo la intervención estatal para el salvataje empresarial, sino, un cambio del sujeto para pensar el orden económico y político en el país.
Paraná Metal puede ser un caso testigo, donde no solo se contemple una solución para las fuente de empleo amenazadas, sino que se empiece a pensar en un modelo de producción con otros actores, ya no empresarios asociados a grandes ganancias, sino autogestión para satisfacer necesidades de los trabajadores y sus familias.
El debate es por la hegemonía del poder económico
El contrapunto político de estas horas parece revivir las discusiones del 2008 en torno a las políticas económicas necesarias. Lo que está en discusión es el modelo económico del país, es decir, ¿qué se produce y para quién? Ello supone definir también la distribución del ingreso nacional. No existe la posibilidad de una distribución equitativa del ingreso si no se modifica el modelo productivo. Es un debate que trasciende a la Argentina, que empieza a sustanciarse en la región latinoamericana y caribeña e incluso en el mundo producto de la crisis del capitalismo.
Un ejemplo de lo dicho es la inauguración de la muestra agropecuaria de Palermo. Resulta notorio verificar que el sector hegemónico de las centrales empresariales del sector agropecuario, agrupadas en la Mesa de Enlace, reiteran en la coyuntura su demanda por eliminar las retenciones a las exportaciones (20.724 millones de pesos al 30 de junio, unos 5.000 millones de dólares para medio año)[1], al tiempo que reivindican su papel histórico y presente en la dirección política de la sociedad.
El momento es considerado propicio por los datos de evolución de la economía. Es un momento para la ofensiva. El pronóstico de CEPAL[2] señala para Argentina un crecimiento del orden del 6,8% para el 2010. Sin embargo, las expectativas, no solo en el gobierno, están por encima de ese guarismo, especialmente en el sector agropecuario, que deja en el pasado la sequía y la caída de los precios internacionales, fenómenos que afectaron la rentabilidad del 2009.
El presente año viene con perspectivas de crecimiento de la renta y los principales propietarios de tierra no quieren resignar un nuevo ciclo de auge de ganancias y de posibilidades de acumulación, que son las que en definitiva definen el proceso de dominación económica, política e ideológica de la sociedad capitalista. Especialmente para la Sociedad Rural está puesto el desafío en la disputa por la hegemonía de la clase dominante en la Argentina.
Recuperar el modelo de dominación del “centenario”
Por eso, en el discurso de Hugo Biolcati[3], Presidente de la Sociedad Rural en la inauguración de la muestra de Palermo se recupera la memoria del “centenario” (1910). Sin duda el momento más claro de hegemonía de la oligarquía terrateniente y ganadera, asociada al poder con frigoríficos, ferrocarriles y bancos, mayoritariamente de propiedad externa, principalmente ingleses.
Convengamos, que ese recuerdo es recuperado por la renovada existencia de una base material que sustenta el modelo productivo actual, surgido de políticas económicas cuyo origen remiten a la década del 90 y que no han sido modificadas. Desde la aprobación de la producción transgénica en 1996, tiempos de Felipe Solá (Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca), Domingo Cavallo (Ministerio de Economía) y Carlos Menem (Presidencia de la Nación), irrumpió la “revolución sojera” (expansión de la frontera productiva, de 6 millones a 17 millones de hectáreas) que afecta la diversidad productiva y especialmente a la agricultura familiar.
No solo es cuestión de soja, porque también en aquellos tiempos se aprobó el tratado minero entre nuestro país y Chile para explotar la cordillera. El país se está transformando en un gran receptor de inversión externa en alimentación y minería, afectando la tierra y el medio ambiente, contribuyendo a depredar recursos naturales.
El privilegio a la producción agraria transgénica, especialmente de soja, viene acompañado de la mega minería a cielo abierto. Tanto el agro como la minería necesitan del paquete tecnológico en manos del capital externo, surgiendo así una alianza estratégica para la dominación. El modelo productivo vigente en la Argentina encuentra asociado en la cúpula del poder al capital más concentrado de origen local y externo.
La cúpula del poder es un lugar que las centrales empresariales del campo le disputan a otros sectores que supieron ganar terrenos en otros momentos. Es el caso del sector industrial en periodo de sustitución de importaciones (periodo especialmente criticado por el titular de la SRA, dando origen al “rumbo perdido”); o el bancario especulativo en momentos de liberalización financiera. La convertibilidad permitió una cierta hegemonía, modificada luego de la crisis del 2001 y la salida del régimen convertible. El gran crecimiento de la economía entre 2003 y 2007 disimuló las diferencias, las que volvieron a aparecer como disputa del ingreso con el retorno de la inflación.
Pensar la alternativa
Queda claro el sujeto social y económico de la dominación, sus disputas y su modelo productivo. En razón de ello, estamos convencidos que no alcanza con críticas éticas, que apelen a la generosidad de los poderosos para una distribución paliativa del ingreso. No alcanza con políticas compensatorias favorecidas por el superávit fiscal primario. Se necesita, por el contrario, la constitución de sujetos colectivos organizados que sustenten otro modelo productivo, otro modelo económico para otro país, con una ecuación de distribución del ingreso que satisfaga necesidades sociales mayoritarias insatisfechas.
Pero insistamos, eso supone cambios profundos en la orientación de la política económica. No alcanza con parches de una política social compensatoria. Lo sustancial son los cambios en el orden de las relaciones sociales de producción. Ese es el debate pendiente, y esencialmente, el desafío a construir si se piensa en perspectiva emancipatoria. El debate es por la hegemonía del poder económico
El contrapunto político de estas horas parece revivir las discusiones del 2008 en torno a las políticas económicas necesarias. Lo que está en discusión es el modelo económico del país, es decir, ¿qué se produce y para quién? Ello supone definir también la distribución del ingreso nacional. No existe la posibilidad de una distribución equitativa del ingreso si no se modifica el modelo productivo. Es un debate que trasciende a la Argentina, que empieza a sustanciarse en la región latinoamericana y caribeña e incluso en el mundo producto de la crisis del capitalismo.
Un ejemplo de lo dicho es la inauguración de la muestra agropecuaria de Palermo. Resulta notorio verificar que el sector hegemónico de las centrales empresariales del sector agropecuario, agrupadas en la Mesa de Enlace, reiteran en la coyuntura su demanda por eliminar las retenciones a las exportaciones (20.724 millones de pesos al 30 de junio, unos 5.000 millones de dólares para medio año)[1], al tiempo que reivindican su papel histórico y presente en la dirección política de la sociedad.
El momento es considerado propicio por los datos de evolución de la economía. Es un momento para la ofensiva. El pronóstico de CEPAL[2] señala para Argentina un crecimiento del orden del 6,8% para el 2010. Sin embargo, las expectativas, no solo en el gobierno, están por encima de ese guarismo, especialmente en el sector agropecuario, que deja en el pasado la sequía y la caída de los precios internacionales, fenómenos que afectaron la rentabilidad del 2009.
El presente año viene con perspectivas de crecimiento de la renta y los principales propietarios de tierra no quieren resignar un nuevo ciclo de auge de ganancias y de posibilidades de acumulación, que son las que en definitiva definen el proceso de dominación económica, política e ideológica de la sociedad capitalista. Especialmente para la Sociedad Rural está puesto el desafío en la disputa por la hegemonía de la clase dominante en la Argentina.
Recuperar el modelo de dominación del “centenario”
Por eso, en el discurso de Hugo Biolcati[3], Presidente de la Sociedad Rural en la inauguración de la muestra de Palermo se recupera la memoria del “centenario” (1910). Sin duda el momento más claro de hegemonía de la oligarquía terrateniente y ganadera, asociada al poder con frigoríficos, ferrocarriles y bancos, mayoritariamente de propiedad externa, principalmente ingleses.
Convengamos, que ese recuerdo es recuperado por la renovada existencia de una base material que sustenta el modelo productivo actual, surgido de políticas económicas cuyo origen remiten a la década del 90 y que no han sido modificadas. Desde la aprobación de la producción transgénica en 1996, tiempos de Felipe Solá (Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca), Domingo Cavallo (Ministerio de Economía) y Carlos Menem (Presidencia de la Nación), irrumpió la “revolución sojera” (expansión de la frontera productiva, de 6 millones a 17 millones de hectáreas) que afecta la diversidad productiva y especialmente a la agricultura familiar.
No solo es cuestión de soja, porque también en aquellos tiempos se aprobó el tratado minero entre nuestro país y Chile para explotar la cordillera. El país se está transformando en un gran receptor de inversión externa en alimentación y minería, afectando la tierra y el medio ambiente, contribuyendo a depredar recursos naturales.
El privilegio a la producción agraria transgénica, especialmente de soja, viene acompañado de la mega minería a cielo abierto. Tanto el agro como la minería necesitan del paquete tecnológico en manos del capital externo, surgiendo así una alianza estratégica para la dominación. El modelo productivo vigente en la Argentina encuentra asociado en la cúpula del poder al capital más concentrado de origen local y externo.
La cúpula del poder es un lugar que las centrales empresariales del campo le disputan a otros sectores que supieron ganar terrenos en otros momentos. Es el caso del sector industrial en periodo de sustitución de importaciones (periodo especialmente criticado por el titular de la SRA, dando origen al “rumbo perdido”); o el bancario especulativo en momentos de liberalización financiera. La convertibilidad permitió una cierta hegemonía, modificada luego de la crisis del 2001 y la salida del régimen convertible. El gran crecimiento de la economía entre 2003 y 2007 disimuló las diferencias, las que volvieron a aparecer como disputa del ingreso con el retorno de la inflación.
Pensar la alternativa
Queda claro el sujeto social y económico de la dominación, sus disputas y su modelo productivo. En razón de ello, estamos convencidos que no alcanza con críticas éticas, que apelen a la generosidad de los poderosos para una distribución paliativa del ingreso. No alcanza con políticas compensatorias favorecidas por el superávit fiscal primario. Se necesita, por el contrario, la constitución de sujetos colectivos organizados que sustenten otro modelo productivo, otro modelo económico para otro país, con una ecuación de distribución del ingreso que satisfaga necesidades sociales mayoritarias insatisfechas.
Pero insistamos, eso supone cambios profundos en la orientación de la política económica. No alcanza con parches de una política social compensatoria. Lo sustancial son los cambios en el orden de las relaciones sociales de producción. Ese es el debate pendiente, y esencialmente, el desafío a construir si se piensa en perspectiva emancipatoria.
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