Importaciones y divisas en la discusión económica


La noticia alude a la denuncia de Argentina por “proteccionismo” comercial en un documento difundido en la última reunión de la OMC. El texto fue impulsado por EEUU, la Europa Unida y a otras 12 naciones, que acusan a la Argentina de obstaculizar el “libre comercio”, es decir, la capacidad de esos países para colocar parte de su producción en el mercado interno de la Argentina.
Sin embargo, los datos publicados por el Ministerio de Economía revelan un crecimiento importante de las importaciones argentinas en los últimos años, con una evolución desde los 38.786 millones de dólares (m.d.) en 2009, a 56.501 m.d. en 2010, y 73.922 m.d. en 2011.
La denuncia existe pese a este importante crecimiento de las importaciones y al déficit comercial bilateral entre nuestro país y EEUU que durante el año pasado superó los 3.500 millones de dólares. Por el contrario, con la Unión Europea el superávit comercial alcanzó 2.147 millones, si bien en diciembre pasado se reconoce un déficit de 148 millones.
En rigor, la denuncia se presenta por las restricciones impulsadas por la Secretaría de Comercio en los últimos meses, las que apuntan a sostener el superávit comercial declinante en los últimos años.
Los registros indican una reducción del saldo favorable del comercio exterior argentino desde los 16.886 m.d en 2009, a 11.632 m.d. en 2010 y de 8.034 m.d. en 2011.
Con lo cual, crecen las importaciones, pero también las exportaciones, que pasaron de 55.672 m.d. en 2009, a 68.134 m.d. en 2010 y a 81.956 m.d. en 2011.
La cuestión asume importancia pues el superávit comercial es el principal medio que tiene el país para hacerse de divisas ante las dificultades para endeudarse o ser destino de las inversiones externas.
¿Para qué se necesitan las divisas? Principalmente para hacer frente a los compromisos de pagos, especialmente la gravosa deuda pública. El giro normal del comercio internacional, con las tendencias declinantes del saldo favorable hace imposible el cumplimiento regular de las cancelaciones de deuda.
La defensa oficial
El gobierno acusa a los denunciantes de pretender trasladar al país la crisis de sus economías nacionales, efecto directo de la crisis mundial del capitalismo.
Recordemos en ese sentido la reciente declaración de la recesión española, con amenaza de constituirse en europea, y con clara desaceleración de la economía en el conjunto de los países capitalistas desarrollados.
Un argumento adicional a favor del razonamiento oficial es que otros socios importantes del comercio exterior de Argentina, especialmente China, Brasil y buena parte de la región nuestramericana no suscribieron la denuncia.
Hay que reconocer que estos países también protestan ante las restricciones impuestas a las importaciones, aunque esos reclamos se realizan en el marco de la negociación política, sin denuncia explícita en foros globales, porque aún con límites a la venta de su producción, mantienen un saldo superavitario en el comercio bilateral con la Argentina.
Durante el 2011 y según informaciones del Ministerio de Economía, el déficit comercial local con China y con Brasil alcanzó los 4.550 millones de dólares para cada país.
El problema pasa por la inserción internacional
La esencia del tema es el condicionante de la deuda externa pública y la subordinación del comercio internacional al orden mundial capitalista (en crisis) y al modelo productivo hegemónico.
Argentina se está transformando en plataforma industrial exportadora de ensamblado, junto a la provisión internacional de productos primarios y algo de manufacturas de origen agropecuario.
Si las exportaciones industriales suman el 35% del total, las ventas restantes al exterior, del orden del 65% son productos primarios con o sin elaboración, más combustibles y electricidad; mientras que del lado de las importaciones se destaca la compra de bienes de capital y sus accesorios representando el 40% del total, a lo que debemos sumar bienes intermediarios por 29%, imprescindibles para el proceso productivo local,  ascendiendo así al 69% de las compras externas, lo que define la dependencia productiva del país.
La Argentina es dependiente en el comercio internacional, no solo por el tipo de producción que genera, sino por la escasa incidencia del país en la fijación de los precios internacionales de la intermediación comercial.
El mecanismo de competitividad está dado por la dotación de recursos naturales y la baratura de la fuerza de trabajo con relación a salarios pagados en el capitalismo desarrollado.
Aparece entonces la necesidad de discutir la inserción internacional de la Argentina, no solo por lo que se vende y se compra, sino reconsiderando con qué países se realiza el intercambio.
Es una discusión de inserción internacional, incluso en la coyuntura, pensando en cuáles son los países que denuncian a la Argentina y cuáles los que discuten políticamente las políticas nacionales.
Pensar más allá de la coyuntura
Quizá se requiera ir más allá de un “pensamiento nacional”, para considerar la pertenencia “nuestramericana” de la Argentina, y organizar la producción local articuladamente con la región y el sur del mundo.
Ello supone ir más allá del orden capitalista, al tiempo que se discute y construye otro orden productivo local, regional y mundial.
Buenos Aires, 31 de marzo de 2012

Sobre las concesiones petroleras


Los gobernadores de Chubut y Santa Cruz anunciaron esta semana la caducidad de la concesión de 5 áreas petroleros a YPF, representativas del 7,4% de su producción, especialmente en Chubut, ya que la proporción productiva de las áreas de Santa Cruz son menores al medio por ciento de la producción de la empresa. La decisión no afecta por lo tanto otras áreas de mayor producción de YPF-Repsol, tal como las áreas de Mendoza o Neuquén, aunque la medida puede ser imitada ante la crisis de abastecimiento de combustibles y de producción energética que insumió el año pasado nada menos que 9.500 millones de dólares de importaciones.
Se trata de una medida que abre interrogantes a futuro, no solo por la respuesta de la empresa en el ámbito local y mundial, sino y principalmente por lo que harán esas y otras provincias, o el ente que las agrupa según los intereses hidrocarburíferos, la OFEPHI (Organización Federal de Estados Provinciales Hidrocarburíferos), y el gobierno nacional con relación a Repsol y las otras empresas concesionarias. Hay varios interrogantes. ¿Quién explotará esos pozos? ¿Otra empresa privada, tal el caso de PAE, Panamerican Energy, de importante peso por la producción en esas y otras provincias, o se transitará el camino de dotar de recursos suficientes a Enarsa en asociación con otras empresas públicas ó privadas?
La sustentación de la medida está en la pérdida de producción de esas áreas petroleras. Una información que surge de las propias empresas, pues el Estado perdió mecanismos de control sobre reservas gasíferas y petroleras, y elevada laxitud a la hora de controlar la actividad. En Santa Cruz cesaron las concesiones en Barranca Yankowsky, Los Monos y Cerro Piedra-Cerro Guadal Norte, de mínima incidencia en la producción total de YPF. En Chubut, las áreas son El Trébol-Escalante donde la pérdida de producción entre 2007 y 2011 fue de 13,4% según fuentes oficiales de la provincia; y Campamento Central-Cañadón Perdido donde la producción de petróleo se redujo un 23,6% entre 2007 y 2011. En ambas áreas se supone entonces una pérdida de 163.000 metros cúbicos de petróleo, que al precio actual suponen unos 300 millones de pesos.
Toman desde ahora carta en el asunto las estatales Petrominera de Chubut y Fomicruz de Santa Cruz, las que interesarán a los inversores privados o públicos. Ello puede incluir a empresas extranjeras, entre ellas de la región latinoamericana (Brasil, Venezuela) o extra continentales (China). Convengamos que no da lo mismo una u otra decisión. Alguna vez comentamos la diferencia de política empresaria entre la estatal venezolana y la brasileña, donde PDVSA privilegió una articulación productiva y de distribución que involucra a 18 naciones de Centro América y el Caribe como parte de su propuesta de constituir Petroamérica, potenciando una estrategia de integración alternativa, con precios y financiamientos favorables para un desarrollo regional auto sostenido que privilegie la discusión crítica del modelo productivo sostenido en la producción y acumulación de ganancias. Esta lógica es la que surge de los emprendimientos que empuja Petrobras fuera del Brasil. En el caso chino hay que adicionar la necesidad de importar recursos naturales a la constante ampliación productiva de la potencia asiática. Por ello es que hablamos de desafío ante la decisión de cancelar concesiones a la transnacional Repsol, pues no alcanza con afectar a una empresa privada extranjera, sino encaminar una política soberana en materia energética, y ello supone la integración y la economía de escala pensando en otro modelo y lógica productiva.
La reforma constitucional de 1994 delegó la soberanía de los recursos naturales en las Provincias. Fue una disposición necesaria en el proceso de privatización, para involucrar a las burocracias políticas provinciales en la entrega del petróleo y el gas, todo a cambio de regalías. Ahora constituye un límite de la Nación para la recuperación soberana de la energía. Aún con esos límites del orden constitucional, la medida puede ser imitada por otras provincias (necesitadas de recursos fiscales que la explotación petrolera puede acercar) instalando en la agenda de discusión la quita de las concesiones, algo impensado hasta hace poco. La falta de combustible y la elevada factura de la importación energética aceleran los tiempos de una discusión política y económica que cuenta con adhesión de buena parte de la sociedad. En estos días se repasa el balance de las privatizaciones, la del petróleo en particular, donde se evidencia que el propósito concreto se asentó en la obtención de ganancias de las concesionarias, que para el caso de Repsol remitió en la última década el 97% de sus excedentes económicos, transfiriendo en promedio 1.300 millones de dólares anuales, unos 13.000 millones de dólares, casi la totalidad de la valuación actual de la empresa.
Insistamos que estamos hablando de un recurso estratégico que la Argentina enajenó en el momento que las reservas internacionales de hidrocarburos están en un 90% en manos de los Estados, y que la disputa por el petróleo no es solo una cuestión económica. Se trata del principal insumo de un modelo productivo que necesitamos discutir, no solo para ahorrar energía, sino para disputar el sentido de la producción y por ende del consumo. Sea por cuestiones coyunturales o estratégicas, la Argentina necesita asumir el desafío de recuperar soberanía energética.
Buenos Aires, 17 de marzo de 2012

Apertura de sesiones en el Parlamento


Empezó marzo con las 130º sesión del Congreso en Argentina y como ocurre siempre se escuchó el mensaje presidencial. El primero de este segundo mandato y tercero de la era kirchnerista. No es menor el dato de tercer turno gubernamental continuo, nunca ocurrido en la historia constitucional del país. El discurso presidencial asumió como propio el desarrollo del accionar de gobierno desde el 2003.
Se trató de un discurso de balance de la gestión, legitimada en la elección de octubre pasado y sustentado en tasas de crecimiento económico en todo el periodo, salvo el 2009, año de la recesión de la economía mundial. No se discute el sentido del crecimiento y se apuesta a la continuidad de las líneas estratégicas, denominadas “modelo”.
Hubo compromiso para “asegurar el abastecimiento de combustible” (los encomillados que siguen surgen de la versión del discurso en la página de la Presidencia de la Nación)[1], y llamados de atención sobre la cuestión energética, aunque sin anuncios concretos de modificación estructural: nacionalización o socialización de YPF, por ejemplo. Ese hecho generó la suba de la cotización de Repsol en mercados bursátiles del exterior. Los inversores globales festejaron la continuidad del estatus jurídico de la empresa nº1 de la Argentina. Es verdad que había expectativas referidas a la re estatización, y que muchos sostenemos la necesidad de la socialización, lo que supone la participación del Estado en sus distintos niveles, nacional, provincial y municipal, pero también de usuarios y trabajadores.
También se realizaron críticas a los trabajadores docentes, acusados de quedarse en la reivindicación de la “carpa blanca”. Sus dichos fueron cuestionados por propios adherentes del movimiento sindical, incluso manifestando desde la titular de Ctera que el ministro de educación mal informa a la titular del poder ejecutivo sobre la actividad laboral de los maestros.
Sobre los ferrocarriles había expectativa de anuncios, pero junto a las condolencias, se reiteró la conocida espera del accionar gubernamental hasta el pronunciamiento de la Justicia. Llama la atención la comparación de los pagos por deuda pública asociada a la salida de la crisis del 2001 con la insuficiencia de fondos para el ferrocarril. En todo caso pone en evidencia que los pagos de deuda pública restringen la posibilidad de usos alternativos.
La mega minería a cielo abierto fue enfáticamente defendida desde la lógica similar que encaran otros países mineros en el ámbito mundial, y señaló que “Debemos exigir que las empresas dejen parte de sus inversiones en la Argentina”.
Lo que si se anunció fue el fin de la convertibilidad y la reforma a la Carta Orgánica del BCRA. Puede pensarse así en el fin del vínculo de la moneda local circulante y el dólar, con lo que se termina la restricción de las Reservas de libre disponibilidad, que expresaban la fracción excedente de las divisas necesarias para cubrir la circulación monetaria de pesos. Sorprendió el rechazo a modificar la legislación financiera, especialmente cuando existen legisladores afines que impulsan reformas a la Ley de Entidades Financieras vigente desde 1977, y que fuera principal instrumento de subordinación y dependencia para la concentración y extranjerización de la banca, promovida y destacada por Martínez de Hoz y la dictadura genocida. Al respecto, la presidenta se pronunció explícitamente en contra al señalar: “No creo que sea necesario. Lo que hace falta es reformar la carta orgánica del Banco Central, que es el que regula a las entidades financieras. Porque si no se hace mucho ruido y con pocas nueces”. Confirmó que en el proyecto remitido a tratamiento “se mantiene la independencia de cualquier orden que pueda provenir del poder central”, no afectando por lo tanto la autonomía, que era uno de los ejes sostenidos por la ex Diputada Marcó del Pont, ahora Presidente en ejercicio del BCRA.
En fin, un discurso con reiteración de datos de evolución de la economía, los que sustentaron el amplio triunfo electoral de octubre del 2011, y ausencias notorias sobre el necesario desarme de la institucionalidad neoliberal sustentada en años previos. La incógnita en términos políticos apunta a considerar si es suficiente para el mantenimiento del consenso la reiteración de datos del crecimiento manteniendo un modelo productivo erigido sobre la base de la dominación extranjera en los principales rubros que explican la evolución de la economía en la Argentina: la producción y exportación agraria y minera, junto a la industria vanguardizada por el automotor, todo lo cual se sostiene en un clima social de época que se aleja del consenso privatista.


[1] http://www.presidencia.gov.ar/informacion/actividad-oficial/25723-la-presidenta-inauguro-el-130d-periodo-de-sesiones-ordinarias-del-congreso-de-la-nacion