Crónica de una estafa

La estafa a los jubilados es una historia larga y tiene antecedentes cercanos en la privatización de las jubilaciones, desde hace tres décadas (1993-2023). En efecto, en los primeros años de la última década del siglo XX se procesaron cuantiosas privatizaciones, entre ellas, las de las jubilaciones, un negocio gigantesco para las AFJP y sus bancos asociados. Estos a su vez, llevaban más de 15 años bajo la legislación financiera de la dictadura (1977), que promovía la extranjerización y concentración financiera. Remito a una ley aún vigente (1977-2023), que posicionó a la banca, principalmente extranjera, como abanderados de la lógica especulativa y subordinada al mecanismo de la libre circulación de capitales y el endeudamiento externo, especialmente público. La privatización del 93 fue una estafa y un negocio para el sector más concentrado de la economía, que favoreció la especulación y la explotación del trabajo, apropiando recursos de trabajadores y trabajadores para la construcción de un mercado de capitales sustentado en parte importante con recursos de las trabajadoras y los trabajadores. El fondo de capitalización de las AFJP se integraba esencialmente por los aportes de los trabajadores y las trabajadoras. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) se crea en el 2007, y con la crisis mundial del 2008 y la estatización del régimen jubilatorio, el FGS viene siendo un mecanismo de financiamiento del régimen del capital, sustentando el endeudamiento público (más del 70% de los activos) y la demanda de capital vía acciones de las empresas y crédito para procesos productivos esenciales del modelo productivo de inserción subordinada en la transnacionalización en curso. Volvamos a mencionar en ese plano la importancia del endeudamiento para la dinámica de inserción subordinada de la Argentina en el capitalismo global. El capitalismo se sustenta con explotación, agravada con la apropiación de ingresos salariales aportados al sistema de seguridad social que se canaliza vía mercado de capitales en el financiamiento de la producción y negocios capitalista. Pura lógica del régimen del capital, por lo que sustentamos el carácter de estafa permanente. Una estafa fue la privatización, y otra, el uso de los fondos previsionales para financiar la lógica del capitalismo local y global. El canje actual En ese marco no sorprende la actual disposición gubernamental de acudir al canje de bonos de los organismos estatales, entre ellos los que acumula el FGS, para “resolver” las obligaciones auto infligidas en el acuerdo con el FMI en 2022. Se sustenta en el acuerdo con el FMI restricciones a la emisión monetaria y expansión de las reservas internacionales, junto a un ajuste fiscal para reducir el déficit del estado. Bajo esa premisa y para hacerse de pesos, el gobierno decreta la venta de los activos dolarizados en poder de los organismos estatales, bajo elementos de “contabilidad creativa” (se entregan a cambio de los bonos dolarizados, bonos en pesos con actualización por tipo de cambio o inflación, lo que sea mejor). El resultado apunta a la pesificación de la deuda de los organismos estatales, al tiempo que favorece la compra de activos dolarizados por el sector privado, los que podrán aguantar esos activos hasta el vencimiento y como los “fondos buitres” demandar la cancelación por la totalidad del valor nominal. El sector privado más concentrado demanda divisas y por eso, ahora se les ofrecerán títulos dolarizados de legislación nacional puestos a disposición por los organismos estatales. La demanda de divisas se manifiesta como “fin del cepo” o directamente en la solicitud de una devaluación monetaria para favorecer la dinámica de acumulación capitalista. En rigor, la medida apunta a “ganar tiempo” en un partido en donde el único resultado posible es el ajuste permanente y el deterioro de la condición de vida de millones de sectores sociales empobrecidos, tal como lo muestran los indicadores económicos sociales, especialmente de la indigencia y la pobreza. Los fondos de la seguridad social se utilizan para los objetivos del régimen del capital y no para beneficio de sus principales aportantes. Los mecanismos de acumulación de recursos de la seguridad social y/o previsionales no están concebidos para sustentar una garantía de beneficios sociales, sino que son instrumento financiero del capital más concentrado, entre ellos, el propio estado capitalista. Terminar con la estafa Desandar la estafa supone anular el acuerdo con el FMI, suspender los pagos de la deuda, investigar los destinos originarios del endeudamiento y castigar a los beneficiarios de la estafa materializada bajo el gobierno Macri y refrendada en la negociación posterior. Claro que al mismo tiempo hay que entregar el FGS a sus verdaderos beneficiarios, los trabajadores y trabajadoras, jubilados/as y en actividad, para que sean quienes gestionen el destino de esos recursos. Eso nos llevará a otro debate, que remite a la reproducción del orden capitalista o al financiamiento de una estrategia de transición hacia otro modelo productivo y de desarrollo, que requiere de otras medidas que completen y complementen el acto de justicia que supone la devolución de los fondos previsionales a sus legítimos y principales aportantes: las/os trabajadoras/es. La crónica de la estafa tiene décadas y requiere de un fuerte consenso socio político para ponerle fin y reorientar esos recursos en beneficio de jubiladas, jubilados, de trabajadoras y trabajadores, del conjunto del pueblo empobrecido. Se trata en definitiva de una discusión política que no asumirán los asociados a la dependencia del endeudamiento por décadas y a la subordinación de una lógica de dominación que tiene en la cúspide al FMI y a su socio principal: EEUU. Buenos Aires, 28 de marzo de 2023

Canje de bonos con organismos públicos

Hay nuevas medidas enunciadas hoy ante operadores del sector financiero desde el Ministerio de Economía. Es una iniciativa, como muchas otras encaradas últimamente para ganar tiempo en un año electoral. La preocupación gubernamental que justifican los anuncios está asociada a maniobras especulativas de estos días, las que intervienen en el aumento del tipo de cambio paralelo (ilegal o blue), que inciden en los dólares financieros (MEP, CCL). Estos son demandados por las empresas para hacerse de divisas ante el control oficial respecto del comercio con divisas al tipo de cambio oficial (cepo). Señalemos que las subas de los dólares financieros o paralelos intervienen en la suba de precios, más allá de cualquier vínculo de los costos de producción o circulación con las monedas extranjeras. Destacamos también que la devaluación del tipo de cambio oficial se acelera al ritmo inflacionario, y ya no es ancla, tal como ocurría en tiempos de Martín Guzmán. Sin perjuicio de ello, desde el gobierno perjuran que no tienen plan de una mega devaluación, tal como demandan desde el poder económico concentrado, especialmente los grandes productores y exportadores. Para escaparle a la mega devaluación se vienen realizando recurrentes anuncios que, en general benefician al poder, aun cuando postergan la demanda devaluatoria de los más poderosos. Entre esas concesiones se destacan las operatorias del “dólar-soja o malbec”; el canje de deuda de hace un par de meses, usando recursos de Reservas Internacionales, que objetó el FMI; y ahora este canje de activos dolarizados en manos de organismos públicos para atender la demanda de divisas del sector privado. Le temen a la mega devaluación, solicitada por los grandes exportadores y el núcleo más concentrado del poder local, por el regresivo impacto social que generará, ampliando las dificultades económicas de la mayoría empobrecida, en torno al 50% de la población. Mientras tanto satisfacen la solicitud del poder en aumento de tarifas, cotización especial de exportaciones especiales, caso de la soja o el vino, etc.; y en este caso, la demanda de divisas del sector privado. Más aún, el temor gubernamental a la mega devaluación es que la suba del tipo de cambio (del dólar) acreciente el descontento social, que se transforme en protesta y extensión de la conflictividad, obviamente desaconsejable en tiempos electorales. Lo que está en juego son unos 35.000 millones de dólares, que el Ministerio, en coordinación con el BCRA, pretenden gestionar para no tener que acudir al uso de reservas internacionales, afectadas además por las condiciones de merma de exportaciones derivadas de la sequía, pero también de la continua fuga de capitales del país. No se aprecia la misma inventiva para resolver los temas del empobrecimiento, de la baja de los ingresos populares y el conjunto de reivindicaciones de los de abajo. Las medidas La operatoria en curso apunta a pesificar la deuda con los organismos estatales (OE), para lo cual avanza en un canje. Los OE deberán desprenderse de los bonos en dólares de legislación extranjera y local. Así, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) o los bancos públicos entregarán sus tenencias de bonos en dólares de legislación extranjera a cambio de nuevos bonos en pesos, actualizados por inflación o tipo de cambio. Se estima una suma de 4.000 millones de dólares. También, y por 120 días, al ritmo que dispongan el ministerio y el BCRA, los OE ofrecerán a licitación sus tenencias de bonos en dólares de legislación local. Se pretende con ello ofrecer una masa de recursos a la demanda de divisas de inversores privados. Se calcula un monto de 31.000 millones de dólares. Entre ambas operatorias se calcula una intervención sobre 35.000 millones de dólares. Insistamos, el objetivo apunta a bajar la crecida de la cotización de las divisas y de la inflación en general. Al no poder intervenir con reservas internacionales, virtualmente inexistentes, se acude a este mecanismo de gestión de bonos hasta ahora en manos de los OE. Se trata de pesificar la deuda. Al entregar bonos en pesos contra los nominados en dólares en manos de OE, el ministerio destaca que los elimina de circulación, con una baja de la deuda registrada en dólares. Así, se eliminarían unos 4.000 millones de dólares de la deuda pública y se acrecienta la deuda pública en moneda nacional, lo que genera un debate con matizados argumentos. Hemos señalado que la deuda dolarizada complica porque la Argentina no produce los dólares o divisas, tiene que comprarlas. Al pesificar, debe utilizar recursos fiscales para cancelar intereses, impidiendo la satisfacción de derechos sociales: educación, salud, alimentación, ingresos populares, etc. Las licitaciones de los bonos dolarizados de legislación local significarán ingresos de pesos a los OE, los que se utilizarán para comprar bonos pesificados, actualizados por tipo de cambio o inflación. Así, el estado se hará de unos 2 billones de pesos en un cuatrimestre para atender el déficit fiscal sin emisión ni deuda para cumplir con la meta acordada con el FMI. Siempre está el condicionante del FMI. Por un lado, avanza la pesificación de la deuda, al tiempo que orienta la deuda dolarizada de legislación local hacia los tenedores privados. El supuesto teórico detrás de la medida es que se debe reemplazar deuda en divisas, por obligaciones en moneda local. En síntesis Lo que está haciendo el gobierno es una iniciativa para hacerse de dinero que financie el déficit fiscal, en un momento donde está disminuyendo el ingreso de divisas por disminución de las exportaciones derivadas de la sequía. Como siempre y tal como históricamente se actuó, se acude a los fondos de la seguridad social, especialmente en este caso al FGS. Al mismo tiempo profundiza la lógica de pesificación de la deuda pública, disminuyendo parte de la deuda en moneda extranjera y habilita nuevos canales de oferta de títulos en divisas para intervenir en el mercado cambiario disminuyendo las presiones al alza. De ese modo, pretende contener la potencial devaluación que demanda el poder económico y la oposición de derecha. Se intenta ganar tiempo en momentos de gran incertidumbre mundial, ante la crisis de bancos estadounidenses y europeos, cuando la Reserva Federal de EEUU sostiene la suba de tasas de interés para contener la inflación. La combinación de los problemas locales y los globales impacta en el deterioro de las condiciones de vida de la población empobrecida, por lo que, más que nunca se requiere la anulación del acuerdo con el FMI, la suspensión de los pagos de la deuda, su auditoría y una reorientación de la política económica. Esa reorientación debe atender a satisfacer la demanda social de sectores de menores ingresos, empobrecidos por una dinámica que privilegia la ganancia y la inserción subordinada del país en el capitalismo global. Buenos Aires, 22 de marzo de 2023

El aumento en alimentos agrava la pobreza

Los datos de inflación a febrero del 2023 preocupan. En efecto, el 6,6% de febrero de 2023, un 13,1% en el primer bimestre del año y el 102,5% acumulado en 12 meses, preocupa en general, pero más aún en los sectores sociales empobrecidos. Es un tema agravado cuando el rubro alimentos creció un 9,8% en febrero, un 17,2% entre enero y febrero y 102,6% en el acumulado de 12 meses. Convengamos que, con ingresos populares en baja, sean salarios, jubilaciones o asistencia social diversa, el deterioro de las condiciones de vida cotidiana de la mayoría de la población agrava la situación de empobrecimiento. Un dato de la realidad es la desigualdad, manifiesta en la concentración de ingresos y riqueza en muy pocas manos y una ampliación del empobrecimiento social. Hace rato que preocupa el tema inflacionario, y no alcanza conque señalar que se trata de un fenómeno mundial, ya que la inflación en EEUU llegó al 8/9% anual y ahora está en torno al 6%. En general, sea en Europa u otros países del sistema mundial, la inflación anualizada ronda entre el 8 y el 20%, claro que hay países con registros menores, muchos de ellos en la región latinoamericana y caribeña. La especificidad de Argentina es que loa inflación anual para varios países es mensual en los registros locales. No es un tema nuevo, sino de largo aliento, que, en la última etapa, con alzas y bajas empezó a escalar desde el 2006/07. Teoría, política, alimentos y pobreza Hay un debate teórico y político sobre las causas de la inflación y las políticas antiinflacionarias. Es un debate inconciliable, sustentado en bases teóricas y políticas que pretenden objetivos diferenciados y expresan intereses económicos, políticos y culturales particulares. Desde el liberalismo se sostiene un enfoque monetarista que desemboca en políticas de ajuste fiscal, elevando al déficit fiscal y a la emisión monetaria como los problemas esenciales. La escuela keynesiana, con variantes sustenta políticas de “acuerdos” entre distintos eslabones del proceso de producción y circulación, y resuelven el diagnóstico abusando de una multi-causalidad que puede explicitar variadas causas y efectos. Obvio que en cada corriente existen matices, como los hay en quienes polemizan desde el marxismo, que asientan sus posiciones en la ley del valor de Marx y, por ende, el carácter monetario mercantil de la sociedad capitalista. El debate está inacabado y puede parecer un diálogo sin escucha, imposible de sintetizar, y en él mientras tanto, los precios generan la creciente desigualdad, lo que supone la extensión del empobrecimiento. La suba de precios afe3cta en primer lugar a las y los generadoras/es de la riqueza social: las y los trabajadores. A ello se suman un conjunto de sectores pequeños de la producción y la actividad económica en general, sin capacidad de intervenir en la disputa por el excedente económico. Desde esta preocupación, del deterioro agravado de los empobrecidos, es que nos interesa específicamente que ocurre con los alimentos, el rubro de mayor incidencia en el índice de inflación, que oscila entre el 25% en el Gran Buenos Aires (GBA) y el 38% en el Noreste. El gasto de la pobreza es principalmente en alimentos y si estos crecen en precio con deterioro de ingresos populares, queda claro el resultado de mayor indigencia y pobreza. Algunos datos provistos por el INDEC para febrero y el GBA evidencia una suba de precios respecto de enero del 35% en carne picada común, 34,3% el cuadril, 33,5% la paleta, 32,8% la nalga y 28,6% el asado; 14,6% el arroz blanco simple, 13,2% los huevos de gallina, 9,9% el queso cremoso o el yogur firme; y más aún, 72,4% la naranja, o 13% la batata. Son solo algunos datos que ilustran la mayor suba de alimentos respecto del promedio de los precios que subieron 6,6% en febrero pasado, y recordemos 9,8% los alimentos. Discutir el diagnóstico y las propuestas Mucho se discute sobre la fijación de precios en general, y existen ramas monopolizadas en la producción y circulación de alimentos, al tiempo que existe una diversidad de productores de frutas y verduras distribuidos por todo el territorio que producen, en simultáneo con una red inmensa de puestos de ventas diseminados por todo el país. Consultados pequeños comerciantes de barrio, productores de frutas y verduras, incluso profesionales que atienden a esos pequeños empresarios del campo o la ciudad, todos coinciden que un problema central está en la intermediación, por lo que una primera conclusión que habría que sacar remite a la necesidad de organizar la articulación entre esa masa de productores y distribuidores al menudeo, acercando la producción al consumo. No se trata de establecer vínculos individuales entre productores y consumidores, sino que bien podrían desarrollarse formas comunitarias, cooperativas y de autogestión para la producción y circulación de frutas y verduras, sin perjuicio de otros alimentos en los que el país tiene elevada experiencia y desarrollo tecnológico, sea en carnes o lácteos, por ejemplo. La propuesta involucra a trabajadores y consumidores, incluso con participación universitaria en la asistencia técnica y ámbitos específicos de las administraciones municipales provinciales y nacionales. Claro que también se explica que la sequía agrega problemas, que genera escases y pérdida de calidad en la mercadería. Es un tema asociado a otros países y vinculado al cambio climático, que pone de manifiesto que es un tema que transciende la coyuntura y que todo indica que es escasa la planificación de iniciativas que contemplen un problema estructural que debiera resolverse en el marco de la integración regional. El mercado de alimentos, especialmente frutas y verduras demanda la extensión de los “mercados centrales”, no solo los que hoy existen en varios territorios, sino que debiera extenderse como política de articulación de la producción, la circulación, el intercambio y el consumo, vías “ferias” o “mercados populares” con participación de trabajadores, productores y usuarios, impulsado por la política estatal. Debe reconocerse que el precio aparece inducido por las grandes cadenas de circulación, fuertes concentradores de la producción y formadores de precios, a los que se adecuan los pequeños establecimientos. Es un dato que el productor pequeño es el que menos posibilidades tiene de intervenir en la fijación de precios. Eliminar o disminuir la intermediación resulta estratégico, lo que requiere una deliberada política estatal con recursos para sostener una logística adecuada y una planificación participativa que involucre a trabajadores, productores y consumidores. La especulación intermediaria solo puede resolverse con planificación y participación, aunque es cierto que detrás de todo está la ley del valor y, por ende, unos precios atados al régimen de producción capitalista que domina las relaciones económicas y sociales en su conjunto. 15/03/2023

FMI flexibiliza metas presionando a más ajuste en un contexto de cierre de bancos en EEUU

El gobierno argentino celebra el acuerdo con los técnicos del FMI (https://www.imf.org/es/News/Articles/2023/03/13/pr2368-imf-staff-and-argentine-authorities-reach-staff-level-agreement-on-review-under-eff), el que tendrá que aprobarse próximamente por el directorio del organismo, y con ello, el cierre de la cuarta revisión trimestral (serán 10 en total) y un desembolso de unos 5.300 millones de dólares, para seguir cancelando el préstamo de 45.000 millones de dólares del 2018. Claro que al mismo tiempo se engorda la cuenta del nuevo préstamo de Facilidades Extendidas que hipoteca al país hasta el 2034 y que con seguridad requerirá nuevas negociaciones en un par de años. De hecho, se tira la pelota hacia adelante, en beneficio de las partes. El gobierno local se presenta cumpliendo con los compromisos, destacado por el FMI en su comunicado de prensa, que resalta el ajuste de las cuentas públicas para el 2022 y demanda asegurar la reducción del déficit fiscal para el 2023, a la meta del -1,9% del PBI. Para el FMI se trata de no hacer ruido en un momento de gran incertidumbre financiera y económica global, especialmente en EEUU. En efecto, en simultáneo con el acuerdo entre el país y el FMI se manifestó la quiebra del Silicon Valley Bank (SVB) y otros bancos estadounidenses, con impacto en el sistema financiero y las bolsas y cotizaciones de acciones y títulos estadounidenses. Así, el impacto se extiende al sistema mundial y agrega incertidumbre a un tiempo de desaceleración de la economía mundial con perspectivas de recesión, según manifiestan todos los informes especializados. Por eso, en este contexto, el FMI no necesita evidenciar más problemas y favorece los necesarios “perdones” en las metas de acumulación de reservas, unos 2.000 millones de dólares menos, siempre que se mantenga el objetivo de ajuste fiscal, acelerando la eliminación de subsidios en tarifas y recortando gastos, situación favorecida por la elevada inflación. Con precios en alza, el gasto en personal estatal se licua, al tiempo que mejora de manera relativa la recaudación. Entre otras cuestiones, la inflación favorece el ajuste desde el Estado, sobre cumpliendo las metas suscriptas con el FMI. Quiebra del SVB El colapso bancario en EEUU tiene referencia directa con una crisis presente, arrastrada desde el 2007/08 y también del 98/01. La crisis del cambio de siglo en EEUU se la conoció como la de las “punto com”, con relación a la emergencia de las nuevas empresas de tecnología, que motivó la denominación de “nueva economía” y a Seattle como la ciudad emblema de proliferación de emprendimientos de tecnología, las “startups” y la atención de capitales excedentes para invertir como “capital de riesgo” para financiar ideas de innovadores, emprendedores. Tal el trayecto de jóvenes como Bill Gates y empresas que hoy están en el top de la valorización financiera, escalando desde un inicio como “idea”, proyecto a materializarse. Ese financiamiento se canalizó mediante fondos que canalizaban inversiones a los emprendedores, a quienes se les denominó Ventures Capital (VC) por su nombre en inglés, que puede traducirse como “Capital de Riesgo”. Se trata de fondos, los VC, que captan dinero excedente de inversores a la búsqueda de negocios y ganancias. Las VC eligen a los emprendedores o startups a financiar y de allí surge la renta para devolver la inversión más la rentabilidad en tiempos de lógica financiera y especulativa exacerbada. No importa que muchos emprendimientos no finalicen exitosamente, porque el éxito de una o varias startups facilita la rentabilidad de todos los inversores. Algunos van a perdida, pero uno con éxito cubre el costo de gestión de la VC y ofrece altos rendimientos al capitalista inversor. Las VC terminaron concentrando sus inversiones y depósitos en un banco, el SVB, que ahora hace visible una crisis sistémica, más allá de las innovaciones tecnológicas, la digitalización y la revolución del conocimiento en la producción y circulación del capital. El SVB invirtió en bonos del tesoro a largo plazo en tiempos de baja de tasas, una oferta de largo aliento de los monetaristas al frente de la Reserva Federal de EEUU. Ante las subas de tasas y al pretender cambiar los activos en manos del SVB, más que mejorar el paquete de activos, de 209.000 millones de dólares a fines del 2022, motivó retiro de inversores y depósitos, que con anterioridad alcanzaban unos 175.000 millones de dólares. Así, en pocos días perdieron más de 40.000 millones en depósitos, expresión de la corrida bancaria y, por ende, el banco fue intervenido. No solo hubo declaración conjunta de la Reserva Federal y la Secretaría del Tesoro, sino que el propio Joe Biden tuvo que hablar para tranquilizar a la sociedad ante la situación de colapso bancario. No solo eso, sino que aseguraron devolución de depósitos más allá de lo estatuido previamente y líneas de crédito para otros bancos que presentaran problemas. Además, anunciaron la investigación sobre las responsabilidades en la política pública para arribar a la situación de quiebra y colapso de la banca. El Mercado necesita del Estado capitalista Insistiremos hasta el cansancio de la falacia liberal que sostiene que el “mercado” todo lo resuelve, ya que como en el 2007/09, o en el 1998/2001, el Estado capitalista sale a resolver la crisis del capitalismo. Es que para eso está el Estado capitalista. No es cierto que el Estado somos todos o es para todos, y tal como vuelve a demostrarse cuando la situación afecta a unas de las instituciones del orden capitalista, caso de la banca. Ahí interviene el Estado sin prejuicio ideológico. Tanto el “mercado” como el “estado”, son relaciones sociales. En uno domina el capital y en el otro, también. La ampliación del mercado necesita la ampliación de las funciones estatales, no solo en la regulación, sino en la intervención directa. No se puede pensar al neoliberalismo emergente hace medio siglo sin la intervención terrorista del Estado en las experiencias de las dictaduras del cono sur de América, como tampoco sobre el papel represivo del Estado británico o estadounidense bajo las gestiones de Thatcher o Reagan hacia 1979/80. Hacia el 2001, la respuesta fue la militarización económica y social del mundo y el gran endeudamiento de los estados, las empresas y las familias, que motivó la crisis del 2007 y sus secuelas hasta la recesión mundial del 2009. El orden capitalista en crisis desde el cambio de siglo muestra los límites al consenso neoliberal con la situación explicitada luego del 2010. La tendencia es a la desaceleración, con bajas preocupantes de la productividad y de la producción, lo que deriva en pérdida de iniciativa productiva a manos de China e India, entre otros, que, ante sanciones unilaterales y obstaculizaciones de la universalización productiva, asumen las banderas de la liberalización de la economía mundial. Es curioso ver como se cambiaron los papeles producto de las novedades del desarrollo capitalista contemporáneo. Las quiebras bancarias en EEUU deben analizarse en ese contexto, y son parte de las dificultades para sostener una hegemonía construida en los últimos cien años. El problema en este tiempo no es tanto reconocer la crisis capitalista, sino los límites para objetivar una conciencia colectiva organizada para construir un orden económico y social alternativo, en contra y más allá del capitalismo. Sostenemos esta conclusión a 140 años de la muerte de Carlos Marx (14/03/1883), quien aportó en vida a la crítica del orden capitalista, como base sustancial para el despliegue de un proceso de revolución social. Buenos Aires, 14 de marzo de 2023