Existe una falsa dicotomía entre
salud y economía, tal como interesadamente se la quiere visibilizar en estas
horas. El argumento es que está bien el aislamiento, la cuarentena, pero que al
mismo tiempo se destruye la economía por efecto de la recesión inducida, la que
agrava un trayecto de arrastre de más de dos años. Son argumentos para
condicionar la decisión de ampliación de la cuarentena, que, si observamos la
breve historia del COVID19, resulta lo adecuado desde la política pública para
evitar los contagios, lo que supone aplanar la curva de contagios de la
población. Les preocupa a los grandes empresarios y a sus intelectuales,
profesionales, comunicadores o periodistas, la ausencia de ganancias durante la
cuarentena. Se escudan en el argumento que no podrán pagar salarios e incluso,
reconocen los millones que viven de la diaria, de un trabajo cotidiano
informal, en muchos casos no inscriptos por la impunidad empresarial. Es cierto
que el aislamiento afecta a buena parte de la economía, pero existen
actividades esenciales que continúan su actividad, por caso la industria de la
alimentación, de la medicina, o el servicio de traslado y distribución de las
mismas y otras
mercancías. La actividad productiva de alimentos o de medicamentos no está
parada, ni tampoco la actividad de exportación de la producción primaria, que
genera actividad en los puertos. ¿Incluso, y no menor, siendo esto así, porque
aumentan los precios de los alimentos, cuando los precios están congelados al
6/3?
Hay presión del poder económico
porque les preocupa la ganancia, sus ganancias, caso evidente con el grupo
Techint despidiendo 1450 trabajadores. Un grande de la economía local y mundial
que acumuló a costa del Estado. Ese acumular de cuantiosas ganancias le
permitió una expansión más allá del territorio nacional para constituirse en un
grupo transnacional con origen en el país, pero con actividad y especialización
del primer nivel en varios países del sistema mundial. Si no puede aguantar el
costo de esos salarios, la sociedad debe discutir cómo enfrentar estas acciones
ante el incumplimiento de las disposiciones y sugerencias relativas a no
despedir y a conservar empleo, entre ellos, créditos pre acordados sobre la
nómina salarial.
En torno a la crisis del 2001 se
generalizaron experiencias de “recuperación de empresas” y la autogestión por
las trabajadoras y los trabajadores pasó a ser una respuesta de los afectados
por la recesión y la crisis. Habrá que pensar, en la coyuntura, los cursos de acción a tomar desde la sociedad e
incluso desde el Estado, para inducir una nueva institucionalidad en el orden
económico.
¿Salud versus economía?
No se puede dividir el razonamiento
entre salud y economía. Qué habría
ocurrido si la inversión pública por años se hubiera orientado a consolidar y
fortalecer integralmente la salud, a contramano de una lógica ideológica de
retirada del Estado de la inversión, donde lo único que valía era la iniciativa
privada, el estímulo a la inversión privada, incluso externa. En el mismo
sentido y extendido a la situación de la economía mundial, imaginemos un mundo
donde el gasto en salud (también en educación) fuera similar al gasto militar o
a las inmensas remesas destinadas a cancelar deudas públicas externas, en
muchos casos ilegitimas u odiosas, caso de la Argentina.
No
sorprende la dinámica militar en sus desplazamientos por el mundo y lo que podría generarse si la
previsión de los Estados estuviera puesta en la salud de la población. Si el
eje fueran los derechos humanos, el mundo podría tener brigadas internacionales
de solidaridad, tal como lo hace Cuba, que a propósito del coronavirus ofrece
asistencia a 13 países que demandaron la efectiva participación sanitaria de la
Isla. Qué curioso, los países hegemónicos del sistema mundial pueden desplazar
contingentes militares y sus equipos con eficiencia, e incluso desarrollar
tecnología de guerra que actúa sobre el planeta como si fuera un solo
territorio. El despliegue de bases y tropas suponen un gasto enorme, que,
aplicado a salud, más la cooperación internacional, aseguraría el combate a
cualquier pandemia. La política nacionalista, de America First, impide la
cooperación de los países que mejor resolvieron la situación, por caso China.
La realidad es que Trump estigmatiza a su competidor global designando al
coronavirus con la identificación de “virus chino”. La impotencia o la soberbia
puede ser grave para un país que lidera el número de contagiados, superando los 143.000 afectados y sumando
más de 2.500 fallecidos.
Los
países que hoy constituyen el foco de contagio debieran promover la cooperación
internacional y no la competencia entre ellos para ver quien resuelve la vacuna
antes de tiempo. Es momento de cooperación y no de competencia. Es tiempo de
aprender de quienes anticiparon propuestas que a ojo vista han resultado
adecuadas. Mientras antes se resuelva la pandemia más rápido se recuperará la
actividad económica, pero claro, ¿habrá que discutir si se pretende volver a
una “normalidad” sustentada en la súper explotación de la fuerza de trabajo y
la depredación de la naturaleza? Es grave que hace pocos días se reuniera
virtualmente el G20, para no resolver más que diplomáticas declaraciones. En el
mismo sentido se pronuncia el FMI, que solicita tener en cuenta las necesidades
de los países con sectores sociales vulnerables, al
tiempo que aconseja el ajuste y las regresivas reestructuraciones de la
economía. Resulta interesante el mensaje del presidente argentino al G20, pero
desoído por la hegemonía del capitalismo global.
Argentina
Respecto
de la Argentina se destaca el accionar preventivo en materia de salud e incluso
diferentes medidas con el ojo puesto en sectores muy necesitados, y claro que
eso no alcanza, pero es el rumbo que debe enfatizarse. El abastecimiento básico
no está asegurado en los territorios de la pobreza y de la indigencia. Es más,
los precios de la carne, frutas y verduras suben, ni hablar de otros bienes en
circulación que hacen a la vida cotidiana. Estos bolsones de pobreza son
consecuencia del orden capitalista, en Argentina y en el mundo, más aún con la
lógica neoliberal impuesta desde el 1975/76 en adelante, con los matices
defensivos en el periodo. La pobreza es un crimen, como el deterioro de la
salud pública. Mercantilizar la salud fue un crimen y hay que revertir el
proceso, centralizando en la gestión pública el derecho a la salud.
Por eso, es que insistimos que todos los
recursos deben orientarse a satisfacer derechos, en primer lugar, la salud,
claro que también la educación e incluso otros, pero en la pandemia, la salud
es el privilegio. No se debe destinar un solo peso o dólar a la cancelación de
la deuda si previamente no se realiza una auditoria con participación popular y
se define que parte es legal, legitima y en esa condición establecer el
calendario de afectación de recursos, insistamos, con privilegio en la salud.
Eso es: infraestructura hospitalaria,
camas, respiradores, insumos, seguridad de las/os trabajadoras/es. Es común en
estos tiempos la realización de asambleas de trabajadores reclamando medidas
urgentes sobre equipamiento, ni hablar de salarios, de profesionales,
enfermeras/os, camilleras/os, administrativas/os, etc. No alcanza con el
aplauso colectivo, hace falta presupuesto y centralidad del Estado, en el país y en el mundo.
Salud
es economía, y debemos constatar que existen millones que no pueden hacer
cuarentena porque hay hacinamiento, ausencia de ingresos y por tanto deben
salir diariamente a resolver la vida cotidiana, lo
que incluye acciones colectivas de prevención, caso de los comedores o
merenderos. Hay imposibilidad de asumir el aislamiento para millones de
personas empobrecidas, esos que el INDEC cuenta por encima del 35% de la
población en nuestro país. El mismo INDEC alude a casi 400.000 millones de
activos de argentinos en el exterior, el 84% del sector privado, con una deuda
de 330.000 millones de dólares. La repatriación de esos capitales o la
aplicación de un impuesto de emergencia es
una necesidad inmediata.
Está
bien preocuparse por la economía, la inflación actual y la recesión, sí, pero
no por el camino del lobby “gran empresario” y sus voces ampliadoras,
inspirados en las diatribas de los Trump o los Bolsonaro. Hay que actuar rápido
para sostener la economía popular, por lo que no debe haber despidos e incluso sustentar las paritarias virtualmente,
como se promueve para las clases en el sector educativo. Los docentes deben
adecuarse a las nuevas modalidades a distancia, bueno, los convenios colectivos
de trabajo pueden discutirse también virtualmente.
No hay
excusa, la economía importa e interesa y hay que pensar en el sector más empobrecido. Resulta
imprescindible articular una política conjunta entre autoridades, movimientos
populares, sindicales, territoriales, de jubilados, para estimular la
auto-gestión entre trabajadoras/es y el Estado, incluso el sector cooperativo y
las pequeñas y medianas empresas. En el eje de este comentario está asegurar la
alimentación para el conjunto de la sociedad. En el país no debería haber
hambre.
Buenos Aires, 30 de marzo de 2020
