En la Argentina, noviembre del
2015, ya estamos en proceso electoral hacia la renovación presidencial con las
elecciones de octubre del 2015.
La prensa y los “opinólogos”
remiten a la disputa por la administración central del capitalismo local. La
discusión es si es mejor el kirchnerismo o la oposición sistémica, o sea,
aquellos a los que no se les ocurre cambiar el modelo productivo y de
desarrollo, y en todo caso, ofrecer una variante matizada de beneficiarios del
orden económico.
Se disputa el gobierno del orden
capitalista. En ninguno de los proyectos se piensa en ir más allá del
capitalismo, lo que constituye un desafío para el movimiento popular y la
izquierda en sus diferentes manifestaciones.
El
kirchnerismo disputó y ganó consenso electoral y pretende organizarlo social y
políticamente.
Es innegable que el kirchnerismo
entre 2003 y 2014 promovió una política económica y social que le permitió
disputar consenso social electoral, creciente en la sucesión de elecciones
presidenciales del 2003 (22%), del 2007 (45%) y del 2011 (54%).
Una de las razones principales
remiten al funcionamiento de la economía, a la recuperación del empleo y
relativamente de los ingresos populares, convenciones colectivas de trabajo
mediante; y también a una política de memoria sobre derechos humanos y de
relacionamiento con la región latinoamericana en un tiempo de cambio político y
crítica importante a la hegemonía del discurso neoliberal de los 90´.
Nunca hubo propuestas de rumbo
de superación del orden capitalista, cuando mucho, críticas a las políticas
hegemónicas en los 90´ (obviando propia participación protagónica) y
convocatoria a un capitalismo serio o normal, el que se define por su capacidad
de obtener ganancias, aplicarlas a la acumulación y sustentar la dominación del
capital sobre los trabajadores, los recursos naturales y el conjunto de la
sociedad.
Nadie espera resultados
similares a los del 2011, y ni siquiera a los del 2007 para los próximos comicios
de renovación presidencial en el 2015, y más bien, todos los pronósticos
oscilan entre el primero y el segundo de los guarismos, rondando el 30%, lo que
no es poco para constituirse en primera minoría electoral, con peso
considerable en cargos legislativos y algunos ejecutivos, especialmente
municipales, pero sobre todo en la conducción del conflicto social.
Resulta un dato interesante a
los efectos de pensar en renovadas iniciativas de unidad de acción de los
sectores subordinados en el escenario que se abrirá luego de la asunción de un
probable opositor, e incluso de Scioli, candidato kirchnerista, en el nuevo
turno presidencial entre 2015 y 2019.
El interrogante a pensar es cuál
resulta la razón de la pérdida de votos en el último tramo del gobierno de
Cristina Fernández, lo que remite principalmente a la economía, pero también se
explica por el retorno de la represión y mecanismos que intervienen en el
control social, sea la ley anti terrorista como otros procedimientos explícitos
con fuerzas de seguridad en el control del conflicto social, junto a otras
medidas que alejan de la propuesta gubernamental a los sectores
medios, de endeble lealtad política electoral, demanda de divisas mediante. Pero
también se explica en el corrimiento que supone la búsqueda de reconocimiento
en el sistema mundial capitalista, con señales favorables al poder mundial más
allá de ciertas contradicciones con EEUU a propósito de las demandas de los
llamados fondos buitres, lo que sugiere el crecimiento de opciones de la
izquierda política y social.
Lo económico ocupa cierta
centralidad en la pérdida del consenso, y entre otras cuestiones destaca el
impacto entre los sectores más empobrecidos que viven de ingresos fijos,
salarios, jubilaciones o planes sociales, derivados de la convergencia de un incremento
de precios de bienes y servicios de consumo cotidiano contra ingresos populares
ajustados por debajo de la inflación. Es una causa evidente del descontento
social por abajo. Al mismo tiempo, la continuidad de la impunidad empresarial
mantiene elevado el nivel del empleo no regular en el 33,5% para mediados del
2014 según datos del INDEC, acumulando desconformidad entre los trabajadores y
limitando las posibilidades del mercado interno y los intereses de sectores
pequeños y medianos de la burguesía local que venden y apuestan al mercado
local.
La inflación, el trabajo
irregular, la baja de los ingresos populares, no solo los salarios, la
precariedad y el mantenimiento de la ofensiva del capital sobre el trabajo
genera una masa gigantesca y creciente de descontento que se manifiesta en
conflictos sociales explícitos y en los últimos dos años en tres paros
generales, convocados por la unidad en la acción de la CTA Autónoma y la CGT
disidente, y a veces en soledad por la CTA, cuestión que se repetirá el próximo
20 de noviembre, nada menos que el día de la soberanía.
No resulta menor el tema de la
inseguridad, donde se escamotea en su análisis el creciente carácter delictivo
que asume el capitalismo, con la producción y la circulación de drogas, de
armas y de personas, junto a la fuga de capitales, la evasión y elusión fiscal.
El capitalismo normal de este Siglo XXI está indisolublemente ligado al delito.
Alguien puede decir que siempre fue así y tendrá razón, pero el carácter que
adquiere hoy es gigantesco y tiene sus responsables principales entre las
clases dominantes y el poder de los principales Estados del capitalismo
mundial, al que se asocian los Estados nacionales de aquellos países que
intentan pertenecer, entre ellos, el caso de la Argentina.
El capitalismo delictivo es una
forma de explotación que ofrece mejores salarios a los “trabajadores”
involucrados en el sistema del delito que a aquellos explotados en las formas
regulares del orden capitalista, la producción y circulación de bienes y
servicios que se ofrecen para satisfacer necesidades reales o no de la
población. La inseguridad asociada al delito crece en el país y en el mundo, y
esas mafias organizadas tienen contacto con el sistema institucional,
trasponiendo turnos de gobiernos y constituyéndose en un fenómeno estructural
que dificulta la capacidad de constituir alternativa entre los trabajadores y
los sectores populares.
La lucha contra el capitalismo
es también una cuestión de soberanía, ya que el narcotráfico, la
comercialización de armas, o de personas, la especulación financiera y
económica está dirigida por redes globales en tiempos de transnacionalización
del capital. No puede pensarse en una red de tráfico de drogas, de armas o de
personas, de circulación del capital, sin la complicidad de los grandes
bancos entidades financieras del sistema
mundial.
Beneficiarios
de la política económica y la disputa del gobierno por diferentes fracciones de
las clases dominantes
Precisamente a propósito de la
soberanía, o si se quiere, a la falta de soberanía, es que pueden identificarse
los mayores beneficiarios de la política económica luego de la convertibilidad,
lo que involucra a los gobiernos de Rodríguez Saá, Eduardo Duhalde, Néstor
Kirchner y dos periodos de Cristina Fernández, claro que con matices, pese a su
origen en el Partido Justicialista, el PJ.
Consideramos al puntano, pues
sin la declaración de cesación de pagos del 2001 no hay posibilidad de
liberación de importantes recursos públicos para atender otras demandas del
proceso de recuperación económica iniciado a mediados del 2002. Del mismo modo,
es Duhalde y su devaluación en enero del 2002 el que otorga la condición de posibilidad
para la competitividad de la producción local, y con ello la promoción de la
producción y las exportaciones locales, claro que asociado a la coyuntura
mundial de precios en alza de las “comodities”, entre ellas y principalmente de
la soja, aunque antes de la insuficiencia energética, también válido para las
exportaciones de petróleo y gas.
La revolución productiva,
propuesta electoral de Duhalde en 1999 se materializa con la ruptura de la
paridad en 1 de la divisa estadounidense con la moneda local. Los que demandaban
esa medida eran los grandes dueños de la producción local, las corporaciones transnacionales
y los grandes grupos económicos que nutren la Encuesta de Grandes Empresas en
la Argentina. A ellos debe sumarse la banca privada extranjera y local,
mayoritaria en el sistema financiero y principal actividad a la hora de
explicar las mayores ganancias de los últimos años, cuando habían sido
principales exponentes de la crisis en el 2001.
Si los beneficiarios de la
convertibilidad entre 1991 y 2001 eran las empresas privatizadas de servicios
públicos, los acreedores de la deuda pública y las grandes empresas
transnacionales, a la salida de la convertibilidad ganaron presencia y liderazgo
el sector industrial y agrario, especialmente aquellos asociados al comercio
exterior.
En un sentido accesorio y
subordinado, se beneficiaron sectores pequeños y medianos de la economía local,
vía mejoras en el funcionamiento del mercado interno. Así, fueron incluidos
como beneficiarios en la apropiación de la renta socialmente producida en el
país, algo que se pone en discusión con la desaceleración entre 2012 y la
actualidad, como con la merma de la capacidad de consumo de la mayoría de la
población.
Fue base de disputa del consenso
entre los llamados sectores medios que ahora se corren y buscan nuevas
representaciones, aun cuando su situación mejoró notablemente respecto de los
años 90´, los de la convertibilidad, la desindustrialización y de la dominación
de la importación. Es cierto que son sectores de corta memoria y solo buscan el
rédito inmediato, y en esta coyuntura pretenden mantener volúmenes de ingresos
de renta del periodo de ascenso del nivel de actividad y de sus recursos. Si
eso puede lograrse cambiando el gobierno cambian su voto sin problema, aunque
nadie les asegure que eso pueda ocurrir. Existe una identidad ideológica que
solo se rinde ante la realidad de ganancias efectivas de estos sectores medios,
oscilantes en la adhesión a cualquier proyecto que no atienda directamente sus
intereses.
Conviene señalar que el modelo productivo
y de desarrollo surgido luego del 2001 está sustentado en la institucionalidad
económica y política gestada desde 1975/76, es decir, la última parte del
gobierno peronista de María Estela Martínez de Perón (junio del 76 a marzo 76) y
especialmente la dictadura (marzo del 76 a diciembre del 83), que abrió las
puertas a una mayor inserción subordinada de la Argentina a la división
internacional del trabajo en el orden capitalista. Calro que en los 90´, el
proceso se consolidó, con buena parte de sectores que hoy militan la posición
oficial del kirchnerismo en el gobierno.
La pueblada del 2001 puso fin al
ciclo de ofensiva capitalista iniciado en 1975. Fue producto de la acumulación
de poder de innumerables luchas del pueblo contra el “rodrigazo” en junio del
75; la dictadura y los planes en los 70´ y 80´, posteriormente ejecutados en
los 90´ con las privatizaciones, y diversos mecanismos de subordinación al
capitalismo hegemónico, transnacional, vía endeudamiento, apertura económica y
sumisión a condiciones contractuales a tribunales externos y a la lógica de la
ganancia de los grandes capitales de la producción y la especulación. En la
resistencia se gestó el poder popular para frenar la lógica del saqueo y el
hartazgo de la población, pero sin identificar que el problema era el orden
capitalista.
Ese límite en la lucha popular
facilitó la tarea de reorganización del poder en torno al kirchnerismo. Vengo a
“recuperar el capitalismo nacional” dijo explícitamente Kirchner en 2003 cuando
asumió y pronunció su discurso de inicio de gestión. Es una perspectiva buscada
desde la recuperación económica, especialmente del mercado interno, en rigor,
con la difusión del consumo, lo que aceitó las condiciones para otorgarle al
kirchnerismo el consenso electoral creciente para la administración del
capitalismo local hasta el 2011/13 y ahora puesto en discusión. El proceso
posterior es crítico para el gobierno, porque cambiaron las condiciones de posibilidad
del consenso. La economía dejó de acompañar y se manifiesta en pérdidas de
reservas internacionales desde los 52.000 millones de dólares acumulados hacia
el 2011, para llegar a los 28.000 millones actuales; la escalada de la
inflación a valores cercanos al 40% anual, aun cambiando la metodología de
medición del INDEC. Esta sigue siendo una institución no confiable, denunciada
principalmente por sus trabajadores, los que denuncian regularmente el escándalo
de la manipulación estadística, que impide rigurosos análisis.
Las clases dominantes que se
vieron favorecidas en el ciclo ascendente y siempre desconfiaron del discurso
por los derechos humanos o las alianzas en la región, especialmente con
Venezuela y Cuba, iniciaron acciones ideológicas, políticas y económicas para
el logro de una nueva devaluación, lo que lograron en enero del 2014 y ahora
van por otra devaluación, antes de finalizado el mandato de Cristina Fernández o
inmediatamente luego del cambio de gobierno. Las devaluaciones siempre
perjudican a los perceptores de ingresos fijos, trabajadores activos o pasivos,
perceptores de jubilaciones, pensiones o planes sociales. La devaluación del
2002 no se notó lo suficiente por la elevada tasa de pobreza, indigencia y
desempleo, asociada a bajísimos salarios. Desde ese momento se tomó más en
cuenta la recuperación de ingresos vía una política social que se masificó por
diferentes programas, sobre la base del planteo que sustentó la CTA y el Frente
contra la pobreza durante los años previos a la pueblada del 2001. Remitimos al
seguro de empleo y formación para jefes y jefas de hogar desocupados, a la
asignación para menores y los ingresos previsionales para todos los mayores de 65
años, algo que se ejecutó con deformación por los distintos gobiernos desde
Duhalde hasta el presente.
Los planes sociales actuales,
aun con deformación, son producto del programa de lucha que instaló la CTA en
los años 90 y constituyen un triunfo de la lucha popular. Las posteriores
devaluaciones, sucesivas desde el 2002, del 1,4 a 1 hasta el 8,5 actual,
especialmente la modificación del tipo de cambio de enero del 2014, afectó la
capacidad de compra del salario y los ingresos fijos de los sectores populares,
con lo cual, toda salida vía devaluación luego del auge y recuperación del 2002
al presente es considerada como un ataque directo a los ingresos populares.
Iniciativas
políticas contrapuestas definen el momento actual de la lucha de clases en la
Argentina
La lucha de clases hoy se
expresa en la iniciativa de las clases dominantes por la devaluación para hacer
competitivas a las empresas que producen en el país, sea para el mercado
interno o el mercado mundial, y en ese marco disputan la renta con acreedores
externos, especialmente los fondos buitres, que pretenden una parte mayor de
esa misma renta. El 2015 es escenario probable de negociación y acuerdo con
estos buitres, restando capacidad de gasto en otras demandas de los trabajadores
y sectores populares.
Es una disputa de todos contra
todos en el seno de las clases dominantes y por eso los matices son mínimos
entre el gobierno que retoma la agenda económica por derecha, cancelando a
Repsol una indemnización con más deuda pública; pagando las sentencias del
CIADI con deuda; acordando con el Club de París del mismo modo. Son todas
medidas que cualquiera de la oposición sistémica hubiera realizado de ser
gobierno, sea el PRO de Macri, el Peronismo Renovador de Massa, el mismo Scioli
dentro o fuera del kirchnerismo y claro, los radicales en UNEN y otras
variantes en su seno. La discusión sobre la sentencia de EEUU y los fondos
buitres se dirime en la oportunidad, el cómo y el cuanto de la negociación y
cancelación. Muy alejada de la posición sustentada desde distintos ámbitos del
movimiento popular por la suspensión de los pagos de la deuda y la constitución
de una auditoria con participación popular para deslindar deuda legítima de ilegitima,
ilegal e incluso odiosa.
La agenda asumida por el
gobierno desde las elecciones del 2011 (sintonía fina insuficientemente
ejecutada) y más precisamente, luego del resultado electoral negativo del 2013,
se acerca a las propuestas de los principales referentes de la oposición
política y las demandas de las clases dominantes.
Por eso interesa la iniciativa
de la clase obrera y el conjunto de los sectores populares para enfrentar en la
lucha de clases contemporánea la iniciativa hegemónica de los que dominan y
gobiernan. Resulta imprescindible extender el conflicto social, algo que está
claro en la CTA Autónoma y variadas expresiones políticas del movimiento obrero
en fábricas y empresas, como en los territorios de la precariedad, lideradas
por la izquierda política y un activismo militante que en la experiencia consolida
una propuesta clasista, anticapitalista y antiimperialista, crecientemente anti
patriarcal y contra el racismo. Estas son las bases de un programa necesario,
alternativo a la propuesta gubernamental y de la oposición sistémica.
La forma para hacerlo realidad
supone una gran articulación de propuestas políticas en la lucha cotidiana, que
incluyen el momento electoral, con algunas candidaturas lanzadas e incluso
ámbitos del movimiento popular que mantienen una posición distante del proceso
electoral. Una propuesta articulada de sectores populares que se reconocen en
el clasismo, el anticapitalismo, antiimperialismo, el anticolonialismo, en la
lucha contra el racismo y el patriarcado, necesitan expresarse unidos en la
perspectiva electoral del 2015 y constituir una base para disputar consenso
social en una prédica contra el orden del capital, esencia de nuestros
problemas.
Es en esas condiciones que
Argentina puede sumar su experiencia a otras que en la región y en el mundo
aspiran a la lucha por la emancipación social y el socialismo.
Buenos
Aires, 16 de noviembre de 2014
