Ajuste y recesión para el 2019 entre el FMI, Macri y la oposición cómplice


La iniciativa política del gobierno se jugó a la media sanción en Diputados del proyecto de Ley sobre el Presupuesto 2019 y lo logró un día antes que el Directorio del FMI considerara la ampliación del préstamo a la Argentina por 56.300 millones de dólares.
Son fondos que se desembolsarán en su mayoría antes de finalizar el mandato de Macri. Ya se desembolsaron 15.000 millones en Junio del 2018, y restan hasta diciembre del 2019 casi 35.000 millones de dólares.
De este modo, vale concluir que el poder mundial, con las mediaciones locales, financia con casi 50.000 millones al Gobierno del PRO-Cambiemos en su tramo final.
El objetivo de ese sostén apunta a profundizar la regresiva transformación del capitalismo local, algo que viene sucediendo en etapas desde 1975/6.
Los sectores hegemónicos del sistema mundial demandan adecuación de las relaciones económicas en la Argentina, con base en la disminución en divisas (dólares) del costo salarial o laboral.
Por eso el ajuste en el ingreso popular y en el gasto público social. Se trata de liberar al capital en sus pagos a la fuerza de trabajo y las contribuciones al sostenimiento del Estado.
Ahora se proponen transformar el proyecto en Ley con la aprobación en el Senado durante noviembre, justo antes de que sesione el G20 en Buenos Aires.
Se pretende mostrar a los principales jefes de Estado del orden mundial que el Gobierno local tiene capacidad de resolver los mecanismos legales del ajuste. Un ajuste demandado para hacer funcionar el capitalismo local según establecen los sectores dominantes.
¿Quién y cómo se puede cumplir con el cometido de la dominación?
El mecanismo privilegiado es la violencia asociada a la manipulación de la conciencia social.
Por eso el primer acto de la transformación contemporánea ocurre con las fuerzas parapoliciales y paramilitares antes del golpe del 76; la propia dictadura genocida entre 1976 y 1983; y el dominio político ideológico suscitado desde el liderazgo del peronismo (menemismo) y el radicalismo (Alianza) en los 90.
Ahora se pretende un “nuevo liderazgo de la sociedad”, más allá del peronismo y el radicalismo, superando la experiencia de las dictaduras.
Es el intento del macrismo, que aún en alianza electoral poco comparte las decisiones ejecutivas con los socios radicales y peronistas. Aun así, desde la minoría parlamentaria del PRO-Cambiemos, son sus cómplices parlamentarios los que aseguran quórum y sanción de la legislación correspondiente para avanzar en los propósitos de la regresiva reestructuración de la economía, el estado y la sociedad.
De ese modo, el gobierno maniobra para evidenciar ante el poder mundial su capacidad de gestión más allá del descontento y la protesta social. Por las dudas, asegura provocaciones que desarmen la masiva protesta y distraigan el análisis de la movilización social.
Al mismo tiempo despliega la represión, la que se presenta justificada ante la violencia callejera. Un tema que está asociado a la discusión sobre la violencia, entre ajustes que impactan en deterioros explícitos de las condiciones de vida de la población de menores ingresos. ¿Por qué es violencia la ejercida desde la protesta y no la evidente reducción de los ingresos de trabajadores y trabajadoras?
Sostenemos que el gobierno avanza con su proyecto aun no logrando su cometido de renovación en las elecciones del 2019, por lo que surgen especulaciones de planes alternativos con candidatos del PRO o la coalición Cambiemos; pero también, con opciones por fuera de la alianza en el gobierno con los mismos propósitos o rumbo.
Baste solo considerar al respecto las apelaciones a la oposición racional, la que acompaña de manera cómplice en el poder legislativo.
¿Menos mal que está el financiamiento del FMI?
Es el interrogante a desbaratar. El auxilio del FMI deviene de la política oficial por casi tres años y que se proyecta en los datos provistos por el presupuesto 2019. Si se consideran los 4 años de la gestión Macri, el tercero en curso y el cuarto anticipado en el presupuesto, lo que quedará son tres años de recesión (2016, 2018 y 2019), con solo el 2017 de mínima recuperación.
La mirada del periodo indica crecimiento de la pobreza y la desigualdad; con mayor dependencia de la dominación del capital externo bajo un modelo de primarización de la producción y las exportaciones (soja e hidrocarburos), exacerbado en los próximos años.
El inicio de la gestión fue con nuevo endeudamiento para cancelar la demanda de los fondos buitres, que no se logró del todo, pero retomó la senda de la hipoteca de los recursos públicos.
Se continuó con mayor deuda ante la ausencia de inversores externos o locales y ante la gravedad del endeudamiento interno en letras se acudió al salvataje de EEUU, amistad y sociedad mediante entre Macri y Trump.
Claro que el financiamiento se asocia al deliberado desfinanciamiento del Estado, vía eliminación y disminución de las retenciones y subsidios a los servicios públicos privatizados.
Primero se vació al Estado de recursos y luego se argumenta la necesidad de acudir al FMI. No era el único camino, claro que para transitar otro rumbo se requiere la capacidad y el poder de transitar otro sendero para destinos alternativos.
El resultado de la estrategia es el crecimiento del stock de deuda y cuantiosos intereses, los que sí o sí se cancelarán y luego, con el resto de los recursos fiscales se atenderán las pautas presupuestadas, que incluso pueden bajar más de lo previsto en el Presupuesto aprobado por los Diputados.
Cuando se remite al déficit fiscal primario cero se omite el déficit financiero motivado por el enorme endeudamiento externo.
Un dato adicional es que si bien en el presupuesto se indica que le próximo año el crecimiento será negativo, del orden del -0,5%. En las cartas cursadas por el Gobierno Macri y suscriptas por el Ministro de Economía y el Presidente del BCRA se sostiene que la baja para el 2019 oscilará entre -0,5% y -2%.
Son datos más acorde con los pronósticos del FMI (-1,7%) o la CEPAL (-1,8%), lo que augura un futuro cercano de suspensiones, cesantías de personal y cierres de empresas.
El marco regional
Todo lo dicho se agrava con el resultado electoral del Brasil del 28/10, gane quien gane.
Si es Jair Bolsonaro, lo previsible es el trabajo conjunto de dos gobiernos de países vecinos con una agenda de derecha, más allá de contradicciones y especificidades locales. Si es Hadad el triunfador, la debilidad de su fuerza política y los millones de votantes por la opción del inefable ganador de la primera vuelta, hará ingobernable o muy condicionado un gobierno del PT.
La región sudamericana muestra una agenda desde los gobiernos que limita la defensa de los derechos sociales amenazados por la brutal ofensiva del capital.
Buenos Aires, 27 de octubre de 2018

La inflación describe quien tiene poder


¿Pueden los trabajadores o las trabajadoras aumentar el precio de la Fuerza de Trabajo, o lo que es lo mismo el salario?
Solo pueden si acumulan suficiente poder para enfrentar a las patronales, sean del sector público o del privado.
Algo similar ocurre con las jubiladas o los jubilados, tanto como las o los perceptores de planes sociales, o aquellos empresarios cuyo destino se liga al consumo de éstos.
Los que sí tienen poder para aumentar son las petroleras, los especuladores, los grandes exportadores, las privatizadas de servicios públicos.
Es así desde que las petroleras dolarizaron sus precios y acordaron con el Gobierno la actualización recurrente de sus precios. Contra una inflación de 32,4% acumulada desde enero a septiembre, los combustibles subieron cerca del doble.
No hay duda que es una de las partes que se reconocen entre los ganadores de la política económica del Gobierno Macri. Resulta la misma consideración para las privatizadas de servicios públicos, con actualizaciones tarifarias en el último año por encima del 50%, contra una inflación anual del 40,5%.
Los especuladores cuentan en su haber un cambio en la cotización del dólar del orden del 130% en lo que va del año; una tasa de referencia del BCRA por encima de la inflación acumulada (40,50%) e incluso de la esperada (48/50%). El BCRA estableció una tasa no menor a 60% hasta diciembre próximo y paga por las colocaciones bancarias vía LELIQ, Letras de Liquidez que solo pueden adquirir los bancos, casi el 74%.
El incremento en la cotización de las divisas, 1 dólar a 37,50 pesos,  mejora la rentabilidad de los grandes exportadores del campo, la minería, la industria o los servicios.
También vale registrar el beneficio para los acreedores de la deuda pública, beneficiados con elevadas tasas de interés y riguroso cumplimiento de pagos, ya que el ajuste fiscal no incluye al gasto financiero.
El déficit cero remite al gasto fiscal primario, o sea, antes de pagar intereses. Estos están a la cabeza del compromiso de pago, por lo que el resto de los gastos se someten al ajuste, que ahora ya no es gradual, sino de shock y se manifiesta en la ley de Presupuesto.
La inflación es una cuestión de poder
Están los que pueden imponer precios y los que no, lo que supone una disputa por el Ingreso.
El Ingreso es un espejo del Producto por lo que:
a/ Ingreso=Producto, parte esencial de las cuentas macroeconómicas; donde,
b/ Ingreso=Consumo más Ahorro más/menos Saldo Comercial; y
c/ Producto=Consumo más Inversión más/menos Saldo Comercial)
Si consideramos el contexto de recesión, caída del Producto, inducida por la política monetaria del BCRA y del Gobierno Macri, ocurre una merma en simultáneo de los recursos (Ingreso) a distribuir en el conjunto de la población.
La caída prevista por el Gobierno es de -2,4% del Producto para el 2018 y del -0,5 para el 2019.
Para el FMI es -2,6% para 2018 y -1,6% para 2019. La CEPAL señala en una evaluación más pesimista que será del -2,8% y del -1,8% para el presente y siguiente año.
Sea una u otra cifra, ninguna augura una mejora de los Ingresos y con ello la aceleración de la disputa por el mismo y el conflicto social desplegado.
Ocurren dos fenómenos en simultáneo. Uno se procesa entre los sectores empresarios, incluso entre aquellos que son parte la cúpula empresarial, y en otro plano, entre aquellos y el conjunto de la sociedad de ingresos fijos y reducidos.
Los primeros disputan entre sí, vía cambios en los precios relativos (unos aumentan más que otros), y en conjunto subordinan a la mayoría social al poder de la concentración y centralización de la economía.
En el 2001 se manifestaba entre quienes pretendían avanzar hacia la dolarización, caso de las privatizadas de servicios públicos, o quienes pugnaban por la devaluación para hacer competitiva la producción local.
Hoy pretenden recomponer precios aceleradamente, caso de las privatizadas es evidente, tanto como de los exportadores.
Se trata de la disputa recurrente por la hegemonía del orden económico en la Argentina, como disputa de largo aliento que no termina de consolidarse.
Al poder oligárquico asociado al capital externo se le disputó  la hegemonía en la cúpula en tiempos de industrialización sustitutiva desde las primeras décadas del Siglo XX.
Con la crisis de los 70 y la solución aperturista derivada de las políticas hegemónicas en tiempos de dictadura genocida y luego en los 90, se habilitó la revancha neo-conservadora par restaurar posiciones perdidas en el poder.
Se trata de un fenómeno local en el marco de la evolución del sistema mundial en tiempos de globalización, los 80/90 del Siglo pasado, por lo que se destaca el papel del capital externo, que actuó en todos los ámbitos de la actividad económica, primaria, secundaria, terciaria, para subordinar el orden socioeconómico a la lógica de la transnacionalización.
La deuda externa y especialmente pública, creciente desde los tiempos de la dictadura, constituyó un mecanismo privilegiado para asegurar la profundización de la dependencia al capital foráneo.
Nuevo orden y disputa hegemónica
El tema en cuestión es gravísimo, ya que el “macrismo” es un nuevo intento político por resolver la cuestión del poder a favor de las fracciones de la burguesía transnacional que actúa en el país.
Para triunfar necesitan disciplinar la capacidad de lucha, resistencia y organización de los sectores populares, con larga tradición y fortaleza en el logro de derechos sociales, sindicales y laborales, colectivos e individuales.
La capacidad de disciplinar a las trabajadoras y a los trabajadores se puede lograr con la eliminación de derechos y por eso resulta estratégica en la lógica del poder la reforma regresiva de la legislación laboral y previsional, generando en simultáneo la posibilidad de recomponer la tasa de ganancia.
Es por eso que se proponen derrotar estratégicamente a los trabajadores, a las trabajadoras y sus organizaciones para desde allí estabilizar el poder en la cúpula.
Asistimos a un nuevo tiempo histórico, donde se procesan reestructuraciones de las relaciones sociales capitalistas, especialmente entre el Capital y el Trabajo, contra los derechos laborales.
Es una tarea que también potencia y profundiza una reforma reaccionaria del Estado para sostener la demanda de mayor ganancias del capital concentrado y promoviendo la especificidad subordinada de la Argentina al sistema mundial, atrayendo inversiones y facilitando la movilidad y libertad de circulación del capital.
Se presenta el problema como una cuestión económica, aunque también es política, tal como se evidencia en la realidad del avance de las derechas en variados territorios, casos actuales del Brasil y la enorme votación del fascista Bolsonaro, o el impredecible Trump.
Pretendemos señalar que no es cuestión de errores en la formulación de las políticas económicas, sino que el trasfondo es una reestructuración integral de la economía, de la política y de la cultura, con impacto regresivo para la mayoría empobrecida.
Todo ello impone un pormenorizado análisis del presente para intervenir críticamente a favor de los más desprotegidos, quienes solo podrán superar la situación si logran constituirse como sujeto colectivo e instalar nuevas culturas e ideas que expresen formas de organización económica a contramano de la lógica de la ganancia y el capital.
Buenos Aires, 21 de octubre de 2018

Mujeres y discriminación en tiempos de inflación y recesión


Miles de mujeres se concentran en el Encuentro Nacional de Mujeres (ENM) en Trelew, territorio patagónico para reclamar por sus derechos contra el patriarcalismo imperante en nuestra sociedad.
Hace más de tres décadas que el conclave se repite y transita por todo el territorio nacional y exacerba las contradicciones con la cultura opresora del patriarcado a todo nivel, más allá de los ingresos, riquezas y adscripciones ideológicas, culturales, religiosas o políticas de mujeres y hombres.
Es cierto que hay demandas de mujeres desde mucho antes, pero reconocemos que en el último tiempo, desde el “ni una menos”, el movimiento de mujeres se transformó en una corriente que desafió la cultura dominante. Incluso, más allá de logros o impedimentos jurídicos, caso del aborto seguro y gratuito, la batalla cultural instaló la legitimidad del reclamo y evidencia inadmisibles discriminaciones hacia las mujeres.
Una nueva cultura emerge en la Argentina y en el ámbito mundial, relativa a la cuestión de los géneros y las opciones sexuales, poniendo en evidencia la dinámica de la lucha social para instalar nuevas agendas y derechos que modifican el sentido común patriarcal mayoritario.
Esas discriminaciones tienen materialidad en la cuestión económica y queda claro cuando se repasan algunos datos muy concretos.
Mercado laboral
Según el INDEC, para diciembre del 2017 el nivel de actividad involucraba al 58,1% de la población para los 31 aglomerados urbanos que referencia la Encuesta Permanente de Hogares, EPH.
De ese total, para las mujeres supone un 47,6% y para los varones un 70%. La tasa de empleo alcanza el 53,9% y se distingue para las mujeres un 43,5% y un 65,7% para varones. La tasa de desocupación alcanza a 7,2% en general, siendo para la mujeres del 8,7% y del 6,1% para los varones.[1]
Queda en evidencia la discriminación hacia las mujeres, ya que el mercado laboral privilegia la contratación de varones por encima de las mujeres, evidente en las tasas de actividad y de empleo, con mayor peso de los varones. Lo contrario ocurre al medir el desempleo, donde las mujeres superan a los varones, algo que es más grave aún entre las jóvenes.
Trabajo no remunerado
Otro tema importante en la consideración del trabajo de las mujeres se asocia con las actividades laborales no remuneradas.
En ese sentido vale considerar el trabajo doméstico no remunerado, cuya última estadística del INDEC data del tercer trimestre del 2013.
Allí se señala que si el promedio de horas trabajadas sin remunerar son de 5,3; las mujeres ocupan 6 horas, mientras son 3,4 horas para los hombres.
Si vemos al interior de esos registros, para las tareas domésticas el promedio es de 3,4 horas, con 3,9 las mujeres y 2,4 los varones.
Para el apoyo escolar, con un promedio de 3,4, las mujeres ocupan 3,9 horas y 2,4 los varones.
Si vemos las actividades de cuidado de personas, el promedio es de 5,3 horas, ocupando las mujeres 6 horas y 3,8 horas los varones.[2]
Es evidente la explotación de la fuerza de trabajo en general, agudizada para las mujeres con discriminación explícita en el mercado de trabajo, con probados salarios menores y agravada con el trabajo no remunerado, socialmente asignado con preeminencia a las mujeres derivado de la dominación patriarcal.
Si además incluimos la distribución personal del ingreso, allí verificamos que entre el 40% de las personas de más bajos ingresos son mujeres, mientras que en el resto del 60% de la población de mayores ingresos relativos, la mayoría son varones. Las mujeres son las más empobrecidas.[3]
La actual situación agrava el problema
Pretendemos llamar la atención sobre el tema no solo por la realización del ENM, sino porque la realidad de Inflación y recesión golpea más a mujeres que a hombres.
Los datos previos, sobre mercado de trabajo y de trabajo no remunerado denuncian una discriminación efectiva hacia las mujeres, que por esa misma razón soportan las consecuencias de la actual situación de suba de precios y cesantías y suspensiones por la caída de la producción y las ventas.
El futuro cercano y mediato no es tranquilizador, ya que en la coyuntura se tramita en el Parlamento el Presupuesto 2019, un verdadero plan de ajuste acordado con el FMI. Es más, el Fondo no avala aún el acuerdo a la espera de la media sanción en Diputados el próximo 24/10.
Son especulaciones, es verdad, pero el gobierno necesita mostrar capacidad para disciplinar a la sociedad en el ajuste fiscal y monetario.
En ese sentido debe mostrarle al FMI capacidad de acción legislativa o de consenso institucional de la política.
Claro que también existe la sociedad en lucha y se ha convocado desde la CTA Autónoma a un paro y movilización al Congreso para obstaculizar el instrumento legal del ajuste. Otras centrales sindicales y movimientos sociales también han convocado a la movilización en la ocasión.
La pretensión oficial apunta a transformar al proyecto presupuestario en ley con el tratamiento en el Senado y su aprobación antes de que se realice la Cumbre de Presidentes del G20 el 30/11.
En esa Cumbre participan los que deciden en el FMI, especialmente Donald Trump, presidente de EEUU.
El debate es quien triunfa
De aquí a fines de noviembre resulta una carrera contra reloj para definir el instrumento legal del ajuste, que legaliza, aunque no legitime, una política antipopular que confirma la tendencia inflacionaria, recesiva y especulativa.
Lo último se asocia a la política monetaria y cambiaria, de elevadas tasas de interés para contener el precio del dólar.  El mínimo intento de reducir la tasa de interés motivó un repunte de la cotización de la moneda estadounidense al cierre de la semana.
En definitiva, las elevadas tasas seguirán aunque eso profundice la recesión y alimente las ganancias de los pocos sectores que pueden volcar excedente económico a la inversión financiera.
Como paliativo se incorporan restricciones al aumento de la cuota de los créditos hipotecarios indexados, los UVA, a cambio de la extensión del plazo. En el mismo sentido se intenta contener la demanda de inquilinos con reformas a la legislación de alquileres.
Desde el gobierno se apuesta a que la sociedad aguante la presión de la inflación y la recesión. Por su parte, la sociedad afectada está desafiada a discutir esa premisa e instalar un debate que genere condiciones de posibilidad para consensuar otra política con mutación sustancial de beneficiados y perjudicados.
Hay quienes sustentan que las familias están en default y convocan a una campaña para la condonación de deudas. Otros convocan a la desobediencia civil ante la imposibilidad de hacer frente al sustento de la familia de bajas y medios ingresos.
Son dilemas no sencillos, pero el rumbo actual profundiza la discriminación hacia los de abajo y entre ellos reproduce una lógica discriminatoria contra las mujeres, alejando cualquier materialización de la demanda por la igualdad contra el patriarcalismo que anima al movimiento de mujeres.
Buenos Aires, 13 de octubre de 2018




[1] INDEC. Mercado de trabajo. Indicadores socioeconómicos (EPH). Cuarto trimestre de 2017, en:  https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/indicadores_eph_4trim17.pdf (consultado el 13/10/2018)
[2] INDEC. TERCER TRIMESTRE DE 2013. ENCUESTA SOBRE TRABAJO NO REMUNERADO Y USO DEL TIEMPO (difundido en Julio 2014), en: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/tnr_07_14.pdf (consultado el 13/10/2018)
[3] INDEC. Evolución de la distribución del ingreso (EPH). Segundo trimestre de 2018, en:   https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ingresos_2trim18.pdf (consultado el 13/10/2018)

Macri: ¿fracaso de la política económica?


En variadas ocasiones escucho decir que el gobierno fracasó en su política económica, o incluso que cometió y comete muchos errores.
Confieso que la formulación me hace ruido, más allá de reales problemas en las idas y vueltas relativas a la implementación de medidas (retenciones, precios y tarifas, etc.) y/o cambios de funcionarios y reestructuraciones del Gabinete para llevar adelante los objetivos explícitos e implícitos.
Pobreza cero se sostuvo, pero no era creíble y los datos afianzan el empobrecimiento, con lo cual, allí no hay fracaso ni error, sino resultado lógico de una política de concentración del ingreso y la riqueza.
Se sostuvo la reducción y/o eliminación del impuesto a las ganancias para las trabajadoras y los trabajadores y la base social sujeto del tributo viene creciendo y no por mejora de ingresos salariales sino por el impacto de la inflación.
No es un error o un fracaso de la política fiscal, sino lógica de una orientación regresiva de la política de ingresos.
Con las retenciones el tema es claro, incluso su reinstalación es transitoria y solo ante la necesidad de cumplir el ajuste acordado con el FMI.
¿Hay fracaso?
La mención al fracaso remite a la situación de creciente inflación acompañada del inicio de un ciclo recesivo, que combinados ambos, concluyen en un complejo cuadro de agravamiento de los indicadores económicos y sociales que afectan a la mayoría empobrecida de la población.
El tema se agiganta con la reproducción de mensajes preelectorales relativos a lo sencillo que sería bajar la inflación, ya que Argentina es uno de los poquísimos casos donde el alza tan elevada de los precios aparece como una cuestión de ineficacia de las políticas de Estado. Es el diagnóstico errado de la crítica por derecha al gobierno.
Más que errores de la política oficial, o fracaso de la misma, el fenómeno inflacionario remite a problemas inconclusos y arrastrados durante años en la disputa por la hegemonía económica en el capitalismo local.
Con Macri se recrea otro capítulo para avanzar en el intento de reestructurar regresivamente la dominación capitalista en la Argentina, en un recorrido que incluye a la dictadura genocida y a la década del 90.
Parte de ello que incluye por derivación en la actual exposición judicial por corrupción de sectores muy concentrados de la burguesía local. Todo puede terminar en mayor extranjerización y transnacionalización de la economía.
Más que fracaso, lo que existe es un nuevo intento por consolidar una fracción hegemónica de la burguesía que actúa en la Argentina y mientras eso no ocurra no hay posibilidad de frenar la disputa, vía aumento de precios, por la apropiación de la renta nacional en la cúpula del empresariado.
El camino actualmente en curso recrea y acrecienta el proceso de dependencia y extranjerización de la economía local, aun a costa de sectores asociados ideológica y políticamente a los propósitos esenciales del PRO y Cambiemos.
La apuesta es con Trump y su política exterior, las petroleras, el sistema financiero, la especulación, el gran “campo”, la actividad extractiva y las privatizadas, mucho más que con tradicionales sectores concentrados de la burguesía local.
Dolarización, devaluación e intereses en pugna de la cúpula empresarial
Todo ello supone confrontaciones por arriba para redefinir el sector hegemónico de la economía local, tal como ocurría en el 2001 entre quienes demandaban la dolarización y aquellos que pregonaban la salida devaluatoria.
Estos últimos fueron los ganadores, con la devaluación operada por Duhalde en enero del 2002, con el respiro adicional que supuso la cesación parcial de pagos (a los organismos internacionales se les siguió pagando) a fines del 2001.
Con la cesación de pagos y la devaluación se habilitó la condición de posibilidad para recuperar el nivel de actividad económica luego de una larga recesión entre 1998 y 2002, al tiempo que se restringió la apropiación de riqueza de algunos grupos beneficiados en tiempos de convertibilidad, especialmente privatizadas de servicios públicos.
No solo se retomó la senda del crecimiento y la posibilidad de la puja distributiva, sino que se optó por el privilegio a una fracción de la burguesía actuante en la Argentina.
La puja por el poder no quedó resuelta y por eso la disputa por la renta que se manifiesta como inflación, es decir, guerra de precios para dirimir quienes monopolizan la mayor parte del excedente y se constituyen en la hegemonía de la cúpula empresarial en el país.
Más allá de quien resulte ganador, la batalla por el poder incluye sustancialmente una disputa de todos ellos contra el conjunto de los sectores social y económicamente subordinados, especialmente los trabajadores y trabajadoras, en actividad o jubilados.
Se trata de una pelea cuyos antecedentes remiten al abandono del modelo productivo de industrialización por sustitución de importaciones a mediados de los 70.
Desde entonces, la especulación, la banca, los acreedores externos, junto a empresas privatizadas de servicios públicos en manos de capital externo y sectores gran-exportadores pujan por la dolarización.
Lo hacen contra otros asentados en la producción industrial, especialmente orientados al mercado interno, quienes demandan devaluación para lograr mayor competitividad y proteccionismo para hacer funcionar al capitalismo local, reduciendo el déficit comercial.
En contadas ocasiones se satisfacen ambas necesidades, por lo que la normalización supone un nivel de acuerdo que estabiliza la macroeconomía y favorece momentos virtuosos de crecimiento económico, incluso relativa distribución del ingreso, lo que abona consensos políticos.
Mientras la disputa se procesa en el interior del poder y se manifiesta con alzas de precios que escala a niveles de hiper-inflación en el último medio siglo, lo que se confirma es una tendencia al deterioro de los indicadores sociales y económicos de la mayoría de la población, con relativos momentos históricos de recomposición producto de la manifestación social y política crítica al rumbo estructural tendencial.
Ganadores y perdedores
Queda claro en la coyuntura el beneficio para especuladores, acreedores externos, la banca, empresas privatizadas extranjerizadas de servicios públicos, las petroleras, el gran “campo” y los grandes exportadores.
Es algo que se expresa en el 74% de interés que aprovechan los bancos por la política de restricción monetaria del BCRA, afectando cualquier propósito de financiamiento productivo.
Del mismo modo operan petroleras y privatizadas que dolarizaron sus precios a costa del conjunto social, o aquellos tributarios del alza del tipo de cambio, para especulación o exportación.
Todos son tributarios de la corrida cambiaria desde abril y mayo y un tipo de cambio en torno a los 40$ por dólar. Son, al mismo tiempo, receptores y beneficiarios de las principales medidas económicas asumidas desde comienzo de la Gestión Macri.
No se trata solo de la construcción de un bloque social de dominación capitalista, sino de generar mutaciones en las relaciones capitalistas, especialmente en lo atinente a la reducción del costo laboral, base material de nuevas relaciones entre el capital y el trabajo.
De ahí la importancia en el debate por el “futuro del trabajo” que incluye el gobierno Macri en los debates del G20.
Por eso, aun cuando no pudieron modificar por vía parlamentaria la legislación laboral, acusada de rígida y obstáculo para las inversiones, lo hicieron de hecho por vía de la política económica (devaluación).
La corrida cambiaria convalida la reducción del salario en dólares para favorecer el ingreso de inversores externos con costo salarial y laboral disminuido en pesos.
Encima, la situación mundial con alza de la tasa de interés en EEUU y la disputa de hegemonía capitalista global, guerra comercial mediante, agrega incertidumbre a países como la Argentina, que no constituyen objetivo privilegiado de los inversores internacionales, mucho menos si se incorpora la tradición local de organización y lucha de los movimientos sindicales y populares.
Lo que se disputa es el poder y la capacidad de disciplinar a la sociedad, por eso no hay error ni fracaso, solo iniciativa política para reestructurar regresivamente el capitalismo local.
Buenos Aires, 7 de octubre de 2018