El conflicto entre Rusia y Ucrania es expresión del desorden mundial

La incertidumbre de la política y la economía mundial se agravan con los acontecimientos actuales en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Es una situación que nos permite pensar las tensiones al interior del capitalismo a treinta años del derrumbe del socialismo en el este de Europa. La unilateralidad capitalista emergente con el fin de la historia de los 90 mutó a una disputa por la hegemonía que involucró en principio a China como potencia económica emergente contra EEUU, y más recientemente, especialmente desde el 2013, a Rusia, con su poderío militar y su potencial de reservas de energía. Así, las sanciones unilaterales de EEUU y sus socios en occidente contra China, Rusia y otros países generó condiciones para la articulación internacional de esos protagonistas, proceso hasta hace poco impensable. Destaco en ese plano los fuertes vínculos acrecentados entre China y Rusia y entre estos y otros países sancionados, entre otros, Irán, Cuba o Venezuela. Esos cambios en el tablero de las relaciones internacionales constituyen señales del “desorden” del orden vigente desde 1991, e indicios de búsquedas de nuevos rumbos en la conducción del sistema mundial. Algunos desavisados del nuevo tiempo reclaman acciones más enérgicas desde el comando del sistema mundial, incluida la acción militar directa sobre Rusia, en “defensa de la democracia”, como si esta fuera compatible con el capitalismo. No se trata de la vuelta a la bipolaridad entre capitalismo y socialismo, pero si a una discusión sobre la hegemonía en el capitalismo, quitando fuerza ideológica y política al ideario sobre el “destino manifiesto” de EEUU y de la eternización y naturalización del régimen del capital. Pero también, habilita a pensar en estrategias de acumulación de poder popular que rompan con la imposibilidad, instalada en el imaginario social, de la lucha en contra y más allá del orden capitalista. La globalización o mundialización impulsada desde los 80/90 del siglo pasado se sustentaba en la “cooperación” global para el “libre comercio”, afirmada en la base del desarrollo de las fuerzas productivas impulsadas por la innovación tecnológica, la informática, la inteligencia artificial y la difusión de la digitalización. Esa base material supuso un crecimiento de la productividad del trabajo que interviene en la disputa del ingreso a favor de la ganancia y en contra de los ingresos populares, especialmente ante los problemas económicos del 2020/22, cierre económico y pandemia mediante. La situación se expresa en el alza de los precios, que se manifiesta como inflación y que preocupa al poder mundial ante la desestabilización y aliento al conflicto social que ello puede generar. Tendencias nacionalistas y de obstaculización de la mundialización De ese modo, lo que aparece en la coyuntura de los últimos años del sistema mundial, es una dinámica de “no cooperación” que viene desde antes de la pandemia. Por eso no sorprende que ante el accionar actual de Rusia en Ucrania, la respuesta de “occidente”, bajo liderazgo estadounidense sean las sanciones económicas, desandando todo camino de “cooperación” anunciado en foros internacionales, caso reciente del G20, coordinado por Indonesia. El común denominador en los discursos en la ONU y otros organismos y foros internacionales apuntan a cooperar para culminar con la pandemia y otros problemas globales, caso del cambio climático. La convocatoria a la cooperación se asocia a la búsqueda de soluciones compartidas en tiempos de mundialización. La realidad desmiente el discurso y lo que se hace visible es la tendencia a la ruptura de procesos de universalización y mundialización, en aras de defender la dominación. No hay respuesta militar desde la OTAN en territorio ucraniano, y no podría haberla por ocurrir el conflicto en territorio sin incumbencia del organismo militar. Actuar en ese sentido tendría consecuencias dramáticas en tiempos de poderío militar nuclear. Claro que puede también interpretarse como acción militar las tareas previas de cercamiento de la Federación Rusa, favorecida por la incorporación de países de la ex URSS a la organización militar, incluso desoyendo acuerdos de no incorporación previamente establecidos. La OTAN expresó la manifiesta defensa de “occidente” en tiempos de “guerra fría”, y continuó aportando a la lógica de la “liberalización económica” y la “unilateralidad del régimen del capital” luego de la ruptura de la bipolaridad. Hoy queda claro que no había fin de la historia ante los procesos de 1989/1991. Todo hacía parecer entonces orientado a políticas de ampliación de la apertura económica, la liberalización y la universalización de los procesos de producción y circulación de mercancías, servicios y capitales, identificado con la globalización o mundialización. Es la dinámica que estimuló la OMC desde 1995 y las políticas económicas enunciadas desde el paradigma “neoliberal”, que en los noventa se identificó en nuestra región como “Consenso de Washington”. Sin embargo, la crisis se hizo manifiesta entre 2007/09 y el “nuevo credo” de política económica desde el poder pareció ser el retorno del “nacionalismo”, ejemplarmente explicitado desde la presidencia Trump en EEUU, o desde el Brexit para Europa. Las sanciones económicas unilaterales ejercidas desde algunos países con suficiente poder para definirlas, más allá de cualquier debate en ámbitos institucionales globales, son parte de ese cambio o desorden en el sistema mundial, que contribuyen a la obstaculización de la dinámica de la liberalización y la mundialización. Incluso llevan a pensar en la transición hacia un nuevo orden mundial. Son diversos los países sancionados en los últimos años, sea China, Rusia, Irán, Cuba, Venezuela o Nicaragua, entre otros muchos. Ahora todo se concentra en Rusia. Por cierto, las sanciones son limitadas, ya que afectan a los países propiciadores de las sanciones. Se afectan ciertos activos físicos o financieros, incluso a personas, pero se restringen en otros casos, como en el SWIFT. Al respecto dice CNN: “Estados Unidos y la Unión Europea se abstuvieron de excluir a Rusia del SWIFT, una red de mensajería de alta seguridad que conecta a miles de instituciones financieras de todo el mundo” La prohibición británica de que Aeroflot acceda al espacio aéreo del Reino Unido fue respondida por Rusia con el cierre del espacio aéreo a las aeronaves británicas. En este sentido se restringe la circulación de bienes y servicios, de las cargas de mercancías y del turismo, afectando la actividad económica. Todo ello ya está impactando en suba de precios, especialmente de alimentos y energía. La no habilitación del Nord Stream II supone un mayor costo para Alemania y Europa en el abastecimiento de gas, con beneficio de los proveedores, especialmente EEUU. Incertidumbres del presente Hace pocos días, en la inauguración de la reunión de ministros de economía y finanzas del Grupo de los 20 realizada en Indonesia, el presidente del país anfitrión afirmó que la crisis de Ucrania pone en riesgo la economía global, aludiendo a un tema que escalaba y que en estas horas ya tienen impacto importante. La preocupación central en Yakarta apuntaba a cómo superar los efectos de la pandemia (2020-22) y la recesión provocada por el cierre deliberado de la economía, aún con la recuperación del pasado año que se ralentiza en el presente. Como insumo a ese cónclave, la titular del FMI, antes de la “acción militar especial” ejecutada desde la Federación Rusa, señalaba los desafíos en el debate del G20 que el organismo había disminuido el pronóstico de crecimiento para el 2022 al 4,4% y apuntando las incertidumbres que genera la inflación creciente en varios países. Ya en curso la acción militar especial de Rusia en Ucrania, uno de los gobernadores de la Reserva Federal de EEUU, analizando la situación de su país mencionó el mismo día que si bien es “demasiado pronto para juzgar cómo afectará este conflicto al mundo, a la economía mundial, y cuáles serán las implicaciones para la economía estadounidense. Pero esta situación agrega incertidumbre a mi perspectiva y será algo que estaré monitoreando muy de cerca” La preocupación por la pandemia continua y la inflación volvió a la agenda de los problemas en la economía mundial, en un marco no resuelto de cambio climático. Es un combo explosivo agravado por tendencias a la “no cooperación” resultantes de tendencias “nacionalistas” que insisten en sanciones unilaterales que alimentan las incertidumbres de un presente que tiene tres décadas de antigüedad. Los cambios acecidos en los 90 desataron resistencias diversas e incluso ensayos de cambio político que entusiasmaron el imaginario colectivo por las transformaciones anticapitalistas, antiimperialistas y anti patriarcales, por lo que las incertidumbres actuales también convocan a pensar un poco más allá del día a día, incluso en perspectivas liberadoras en contra y más allá del régimen del capital. Buenos Aires, 25 de febrero de 2022

El acuerdo con el FMI consolida una estafa

El gobierno argentino está en la etapa final de una negociación con el FMI para renovar el crédito asumido por el gobierno Macri en 2018. Se trata de una operación que tuvo problemas de legalidad y legitimidad en origen, tanto desde el acreedor como del deudor. El FMI incumplió con sus normas estatutarias, sea por el monto otorgado, superior a la cuota asignada en función al capital de la Argentina; como por la imposibilidad de realizar desembolsos ante la evidente fuga de capitales, facilitada por las autoridades y verificable en la cuenta de reservas internacionales del Banco Central. Por el lado argentino no se cumplió con el mandato constitucional que remite al Congreso Nacional para resolver lo atinente al endeudamiento, además del destino principal asociado al enriquecimiento de un núcleo concentrado de poder local y global. Por esas y otras razones, más que negociar, el contrato de préstamo con el FMI debió ser impugnado y denunciado en diciembre del 2019. Era la ocasión para calificar a la operación como una “deuda odiosa”, sustentada en la doctrina formulada por el jurista ruso Alexander Nahum Sack . La doctrina sostiene como odiosa a una deuda contraída sin satisfacer necesidades del pueblo o de la nación, en donde, además, acreedor y deudor eran conscientes de la imposibilidad del pago. Existen casos en la historia contemporánea de aplicación de esa doctrina, entre otros, por el propio EEUU, recientemente en 2003 en Irak, luego de la invasión. Aún estamos a tiempo de impedir el intento de legitimación de la estafa. En contrario a esa postura de rechazo se optó por la renegociación de la deuda, primero con los acreedores privados, en su mayoría grandes fondos de inversión, y luego con el FMI, gran acreedor de la deuda pública. Ese camino viene concentrando el trabajo del Ministro Martín Guzmán desde el inicio de la gestión. Es su especialidad, desarrollada con anterioridad en el ámbito académico en la Universidad de Columbia, EEUU, con un tutor de peso como Joseph Stiglitz, Nobel de Economía 2001 y ex funcionario del Banco Mundial. La fundamentación del rumbo está en la necesidad de atraer inversiones externas, en la convicción que ese es el punto de partida para la recuperación económica, que en buen romance replica la lógica de funcionamiento del capitalismo basada en la valorización de los capitales. La estrategia oficial incluyó junto a la negociación, la cancelación parcial según se presentaban los vencimientos. El Ministro informó que se cancelaron más de 7.000 millones de dólares de deuda en este tiempo de idas y vueltas con el FMI. Esos recursos se debieron aplicar al proceso de reconstrucción económica en beneficio de los sectores más perjudicados y a contramano del ajuste sobre jubilaciones, salarios e ingresos populares acontecido en estos tiempos de recesión, agravados por la pandemia. Son recursos que el gobierno pretende recuperar en el marco de la negociación actual. La buena letra ante el acreedor privilegiado constituye una señal de confianza a inversores internacionales para reproducir una dinámica de acumulación capitalista en el mercado local, proceso no verificado en la práctica. La fuga fue el destino de los dólares del FMI Aún en el marco de la estrategia de negociación, el BCRA emitió un informe a mayo del 2020 , en donde se destaca que sobre 100.000 millones de dólares ingresados durante la gestión 2015-19, unos 86.000 millones de dólares se fugaron. Entre ellos se destaca que 100 personas realizaron compras netas por 24.679 millones de dólares, y que los 10 principales explican 7.945 millones de dólares. Solo resta que se difundan los nombres de esos beneficiarios de las operaciones de deuda asociada a la fuga de capitales. Sobre esta base se iniciaron acciones penales que no parecen encaminarse a una condena con determinación de responsables, públicos y privados, como de beneficiarios. En rigor, existe corresponsabilidad de los tres poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Por estas razones, desde el inicio del gobierno se conformó la campaña popular por la “Auto convocatoria de suspensión de los pagos y auditoria de la deuda”, a contra marcha de la lógica de negociar pagando. Desde esa iniciativa y otras se construyó una dinámica de movilización en repudio y rechazo a la convalidación de la estafa mediante el nuevo acuerdo que se apresta el país a suscribir, esta vez con acuerdo del Congreso. Es un movimiento que crece en amplitud y abarca a la izquierda parlamentaria y más allá, incluso sectores políticos que conforman la base de sustento del oficialismo. Se trata de un arco político diverso que un no actúa unitariamente. La aprobación del acuerdo con el FMI intenta legitimar la estafa de la fuga de capitales, expresada en cancelaciones de deuda dudosa y odiosa, remesas de utilidades al exterior y constitución de activos extranjeros (acciones y títulos, propiedades, depósitos, compra de divisas, etc.). Por eso, más allá del discurso crítico, la oposición de la coalición cambiemos se apresta a facilitar la posibilidad del acuerdo. Desde el oficialismo, se intenta el mayor apoyo, incluso de aquellos que viene manifestando su crítica a la operación del 2018 y las formas de negoción en curso. La ultra derecha presiona por más ajuste y reaccionarias reformas, rechazando por blando el acuerdo e intenta hacer pagar el costo político del acuerdo a las dos coaliciones mayoritarias. Lo hace desde una crítica que demanda más ajuste. La izquierda, consecuente con la posición histórica votará negativamente. No solo no se construyó desde el oficialismo la estrategia de rechazo al FMI y al endeudamiento, sino que al mismo tiempo se evitó la construcción de un sujeto político popular que otorgue consenso a una política de confrontación con el poder económico mundial, expresado en esta ocasión por el FMI. Hay quienes señalan que no existe voluntad masiva para la confrontación, lo que responde a la no construcción de una subjetividad consciente y movilizada en ese sentido. Existe una dialéctica entre la voluntad popular y el proyecto político de transformación, que interactúan entre si de una manera dinámica, por lo que, al negar el sujeto crítico, se omite la voluntad de construirlo. Es una conclusión válida, también, para construir una subjetividad y alianzas en la región y en el mundo favorable a la posición de rechazo desde la Argentina, algo que en tiempo de incertezas globales puede ser realizado, más aún desde la reactivación de la CELAC y la presidencia pro tempore de la Argentina. Al no confrontar ni ganar consensos mayoritarios se legitima la “fuga” y el fuerte condicionante de la deuda sobre la política económica en curso, parte del proyecto de subordinación del país a la lógica especulativa de inserción dependiente de la economía local. Inserción subordinada en la liberalización financiera Esa lógica especulativa y de liberalización financiera viene con la historia y especialmente de la dictadura genocida. Recordemos que aun rige la Ley 21.526, de entidades financieras, aprobada desde 1977 y que Martínez de Hoz, emblemático funcionario de aquel tiempo, definiera como el instrumento más revolucionario de su gestión. La ley de entidades financieras fue el mecanismo para favorecer el libre movimiento internacional de capitales, ingresos y salidas, al tiempo que se procesaba la concentración del capital bancario y su extranjerización, con privatizaciones de parte importante de la banca pública de municipios y provincias, e incluso un duro ataque al cooperativismo de crédito, ampliamente extendido antes del gobierno del terrorismo de estado. La profecía del líder de la cúpula empresarial de entonces se hizo realidad, pasar de 800 entidades a 50, concentrando y extranjerizando el sistema bancario y financiero. Es un logro en menos de cinco décadas para consolidar la extranjerización y liberalización del sistema financiero local, vehículo de la inserción subordinada de la Argentina en tiempos de valorización financiera del capitalismo mundial. La lógica de la libre circulación global del capital se facilitó con la nueva legislación y política financiera definida en tiempos de la dictadura y solo matizada en ciertos momentos de los tiempos constitucionales. Resulta interesante verificar que en casi cuatro décadas de gobiernos constitucionales y habiendo mayorías legislativas, nunca se haya promovido la modificación de la legislación financiera nacional. La “lógica” aludida es la que permitió en varios periodos la consecución de las maniobras de ingresos de capitales especulativos que se valorizaron por operaciones en moneda nacional con reversión a la moneda de origen, haciendo cuantiosas diferencias sin beneficio para la producción y la economía local. Son maniobras especulativas que se mantienen como una práctica de apropiación y fuga del excedente económico generado socialmente en el país. Es la contribución a la profundización de la dependencia y a una funcionalidad a la acumulación mundial de capitales. El 2021 nos trae ejemplos al respecto, considerando un superávit comercial en torno a los 15.000 millones de dólares, de los cuales, menos de 1.000 millones fueron incorporados como reservas internacionales líquidas. El asunto es que el capital privado utilizó los distintos mecanismos aceitados en el sector financiero para propiciar la fuga, favorecidos con las compras de esas divisas en el mercado oficial de cambios, entre otras cuestiones, para cancelar préstamos externos, en muchos casos contabilizados con las propias casas matrices, sospechados de auto préstamos o formas ocultas de remisión de utilidades al exterior. La diferencia a favor, registrada en los balances de las transnacionales, conjugan las operaciones comerciales y financieras, a costa de mejoras en la distribución del ingreso y la riqueza. Así, la extranjerización de la banca y su funcionalidad a la transnacionalización del capital impone el debate más allá del endeudamiento, en la necesidad de discutir el orden financiero y con ello, la nacionalización del mismo para socializar los usos financieros de los dineros bancarizados en el país. En los cambios estructurales ocurridos desde 1975/76 hay que encontrar los antecedentes de las reaccionarias transformaciones socioeconómicas producidas en la Argentina y sus efectos en el crecimiento de la pobreza, el desempleo, la precariedad laboral y social, como parte de un deterioro recurrente de las condiciones de vida de la mayoría social empobrecida. La deuda y la ley de entidades financieras son parte de ese legado de profundización de la explotación y el saqueo. No es una cuestión natural del desarrollo histórico, sino un horizonte planificado y ejecutado desde el terrorismo de Estado. No hay cambios sustanciales en la política del FMI Uno de los argumentos que se esgrimen para apurar el acuerdo remite a una nueva política del FMI respecto de su cultura histórica asentada en las sugerencias de ajustes y reformas estructurales. Se dice que en esta ocasión no se imponen esas medidas tradicionales. Sin embargo, según los anuncios oficiales, el eje del “entendimiento” pasa por la disminución del déficit fiscal, más por la disminución del gasto que por la mejora y ampliación de la recaudación. De hecho, se continua con la política de ajuste de estos años previos, especialmente en ingresos de jubilados/as y estatales, tanto como en las partidas que definen derechos sociales en educación o salud, entre otros. También se apunta a la restricción de la emisión y a la eliminación de subsidios, los que se traducirán en aumentos de tarifas. Es cierto que no aparecen explícitamente menciones a regresivas reformas laborales o previsionales, pero éstas son cotidianas en las prácticas de retroceso en derechos sociales, sindicales, individuales y colectivos, sustentados en la impunidad empresarial de la irregularidad en el empleo, lo que afecta el acumulado de los fondos previsionales. Pese a la mención de “no ajuste”, principales funcionarios del FMI escriben en simultáneo a los anuncios en Argentina: que “Los gobiernos tendrán que combinar la lucha contra la inflación con políticas estructurales que reactiven el crecimiento.” Remiten a la región en su conjunto, pero desnudan la esencia de un discurso histórico de una institución constituida como brazo ejecutor del sistema mundial emergente al final de la segunda guerra mundial. No hay razones para pensar en cambios en el FMI, más aún cuando la potencia hegemónica despliega múltiples iniciativas para sostener su papel de liderazgo en la economía mundial, con sanciones unilaterales con pretensión de disciplinar toda política nacional de autonomía. Lo que si puede pensarse es que el FMI es consciente de la imposibilidad del pago de la deuda y, por ende, la estrategia define la permanencia regular como auditor de las cuentas públicas, ratificada con las auditorias trimestrales que se definen en el acuerdo en negociación. De ese modo, cada tres meses, será el FMI quien definirá si el país ingresa en zona de demoras en los pagos y por ende en default, mientras apura los cambios concretos en el sentido del ajuste y las reformas estructurales. El retorno del FMI al control y diseño de la política económica del país es el logro más importante de la dominación local y global, facilitado por las negociaciones en curso. Un interrogante que se plantea en estas horas es si se podría actuar de otra manera. Muy en concreto, si el país podría “patear el tablero” de las finanzas y la economía mundial desconociendo el acuerdo con el FMI del 2018. Resulta un debate interesante, local y global. Desde la Argentina, existe el antecedente del 2001, con una cesación de pagos que no incluyó a los organismos internacionales, pero de gran magnitud, y que no tuvo consecuencias catastróficas para el funcionamiento económico en el país y en el mundo. Es más, aquella cesación implicó la recuperación económica, entre otros aspectos, operada desde el 2002 en adelante, e incluso, ante el cierre del mercado internacional de préstamos, un menor impacto relativo de la crisis 2007/09, por lo menos en materia de endeudamiento. En lo global, debe pensarse el debate en la primera década del siglo XXI relativo a la necesidad de una “nueva arquitectura financiera”, con un conjunto de instituciones regionales que trascendían lo estrictamente financiero y se inscribían en una lógica de modificación del modelo productivo y de desarrollo. Remito a las propuestas de un Banco del Sur, un Fondo Financiero regional, e incluso la propuesta de intercambios comerciales liquidados en moneas locales, caso del SUCRE. Estamos aún a tiempo de frenar la estafa, lo que demanda crecer en voluntades políticas masivas y conscientes en el rechazo al acuerdo con el FMI y gestar las condiciones de posibilidad para organizar otro rumbo en materia de organización económica de la sociedad. Buenos Aires, 19 de febrero de 2022

El G20 y la agenda del poder mundial

Ya empezaron las reuniones del Grupo de los 20 en Yakarta, Indonesia, con reuniones de los ministros de economía y los presidentes de los bancos centrales para analizar el rumbo de la economía mundial y las condiciones para la recuperación. La misma preocupación que en la cumbre de Roma en octubre pasado. La presidencia del G20 pasó de Italia a Indonesia y se anticipa que el lema para octubre del 2022, en la Isla de Bali será: “Recuperarnos juntos, recuperarnos más fuertes”. Es un mensaje en el lenguaje diplomático de una de las cumbres del poder mundial, ya que si existe algo desparejo es la recuperación económica luego de la recesión de 2020. En efecto, las desigualdades no solo operan entre países de mayor desarrollo relativo, sea EEUU, Europa, China o Japón respecto de los demás; sino y muy especialmente al interior de cada país, si consideramos los ingresos de las personas. La recuperación económica privilegia los ingresos de los/as propietarios/as de medios de producción, que se miden en ganancias y rentas, acrecentadas en estos tiempos, muy por encima de los ingresos provenientes de la venta de la fuerza de trabajo, sea de manera regularizada o irregular, condición esta última de creciente “normalización”, derivada de la impunidad empresarial. Por eso vale interrogarse si es posible un objetivo enunciado en primera persona del plural, cuando la desigualdad de ingresos y patrimonio resulta agigantada en la recuperación económica del 2021 y este comienzo del 2022 a favor de los réditos de los propietarios más concentrados del capital mundial. La recuperación privilegia el interés de clase de propietarios/as de medios de producción, especialmente aquellos más concentrados. ¿Qué esperar del G20? Su constitución como cónclave de presidentes surgió a propuesta del Presidente de EE.UU., George W. Bush en plena crisis del 2008. En la ocasión, convocó al grupo de técnicos preexistentes, el G20, que trataba sobre los problemas de deuda externa, entre ellos a la Argentina y constituido desde entonces en cónclave de Presidentes para consideración de la crisis mundial. Allí quedó la Argentina, por problemas históricos de su endeudamiento y no por una importancia de grande entre los principales países del mundo. Es curioso, pero el país sostiene como una gran tragedia el problema de la deuda externa, o eterna, como mejor se prefiera. La representación local llevará al cónclave del G20 la discusión relativa a las sobre-tasas del FMI, al mismo tiempo que negocia contra reloj una reestructuración del impagable préstamo (estafa) del 2018. Es posible que los contertulios en Yakarta escuchen la voz demandante del argentino presente, pero contestarán con el silencio o la diplomática declaración final llamando a la cooperación internacional para un crecimiento compartido. El G20 es territorio del poder global, más allá de contradicciones en su interior. La discusión central es como superar los problemas del crecimiento contemporáneo, no la solución a las demandas de la sociedad empobrecida o a los reclamos solidarios de un país de inserción subordinada. Nuestra conclusión remite a los resultados de las agendas debatidas en los sucesivos G20, que en estos años se concentraron en la emergencia sanitaria sin soluciones verificables que apunten a resolver problemas de los sectores más perjudicados. La realidad se contrasta de los gigantescos beneficios de los laboratorios medicinales y la salud privada, en desmedro de la salud publica demandada por la sociedad empobrecida. Ocurre lo mismo con mensajes relativos a evitar el calentamiento global, al mismo tiempo que fracasan todos los intentos por limitar los desarrollos productivos contaminantes. Para muestra del tema vale considerar el discurso ecologista del caso local y los desarrollo mineros y petroleros con el argumento de la recuperación económica y del empleo. El objetivo del G20, en tanto cónclave del poder capitalista global, se circunscribe a crecer y acumular, con beneficios sesgados que reproducen las inequidades en nuestro tiempo, con base en la explotación y en el saqueo. La agenda necesaria de los pueblos continúa siendo una asignatura pendiente. Buenos Aires, 16 de febrero de 2022

La lógica histórica del FMI es el ajuste y las reformas estructurales

Antes de pagar vencimientos por 1.100 millones de dólares al FMI, el gobierno argentino anunció el acuerdo con el staff del FMI. Allí se insistió en que “no habrá ajuste” que afecte el crecimiento de la economía local, ni a las condiciones socioeconómicas de la población más empobrecida y de menores ingresos. Se aseguró que no se demandan cambios estructurales, es decir, las mentadas “reformas laborales o previsionales”, contenidas en el stand by del 2018 que ahora se renegocia. Se trata de un mensaje que deberá ratificarse por el Directorio del Fondo y por el Congreso argentino, materializado en una “carta de intención” en dónde se verifiquen las metas cuantitativas de los acuerdos macroeconómicos referidos a la renegociación de la duda por casi 45.000 millones de dólares. Monto equivalente a la valorización de los Derechos Especiales de Giro (DEG) del 2018. Sin embargo, pese a la mención de “no ajuste”, principales funcionarios del FMI dicen: “Los gobiernos tendrán que combinar la lucha contra la inflación con políticas estructurales que reactiven el crecimiento.” El artículo difundido en el Blog del FMI, está suscripto por Ilan Goldfajn, Director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, que antes de sus funciones en el FMI actuara como presidente del Banco Central de Brasil entre mayo de 2016 y febrero de 2019, es decir, en tiempos de reaccionarias reformas estructurales en Brasil; pero también por Anna Ivanova, Subjefa de la División de Estudios Regionales en el Departamento del Hemisferio Occidental del FMI y por Jorge Roldós, Director Adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo. Desarrollando argumentos los autores destacan las necesarias reformas estructurales con datos muy precisos de la tendencia a la ralentización del crecimiento económico en la región, especialmente para el 2022 y 2023, y al avance de la inflación, que amenaza la recuperación pos pandemia, es decir, de la gran caída del 2020. Se apoyan en la evolución de países como Brasil, México, Colombia, Chile y Perú. Todos ellos considerados desde una posición estabilizada. No tienen en cuenta para sus opiniones países de elevada inflación, casos de Argentina, Cuba o Venezuela, donde resultan evidentes las presiones políticas en la evolución de los precios internos. Los cambios estructurales responden a una lógica histórica del brazo extendido de la política esencial del orden mundial capitalista, no solo del sector financiero. El FMI es instrumento principal del orden emanado al fin de la segunda guerra, con EEUU y el dólar a la cabeza. Nos preguntamos entonces por qué el FMI actuará distinto en sus acuerdos con Argentina, según exponen las autoridades locales. En todo caso, aceptarán no explicitar algo que ocurre en la práctica cotidiana, con deterioro de los ingresos populares (salarios, jubilaciones, beneficios sociales) y creciente flexibilización salarial y laboral con precariedad en ascenso. Todo indica que la ideología del ajuste y las reformas estructurales es subyacente a la lógica de política económica inducida por el FMI, también para la renovación de deuda en la Argentina. Los autores de la nota, funcionarios jerárquicos del FMI, llaman la atención sobre los conflictos sociales en la región y la necesidad de disputar consensos para los cambios que ellos consideran necesarios. No quieren revueltas como en Chile, que pone en discusión el presente y futuro en ese país y en la región. Se le teme a una oleada de demandas por cambios “progresistas”, más allá de la retórica y voluntad de los gobiernos así nominados. Habrá que pensar entonces en una lógica diferente a la del FMI para atender los reclamos que anticipan un horizonte de conflictividad, y no afianzar un rumbo que asegure sostenibilidad sistémica con mayor desigualdad y consolidación del empobrecimiento de una mayoría social excluida del empleo y los ingresos. Entre esa opción se dirime la política en la coyuntura de la Argentina. De un lado políticas que atiendan las necesidades de los más perjudicados, o el rumbo del acuerdo con el FMI, que augura ajustes y regresivas reformas estructurales. Afirmación que sostenemos sin haber leído el acuerdo final, aún en tratativas. Buenos Aires, 3 de febrero de 2022