Vuelve el condicionante económico: ¡la deuda pública!



En el fallo del Juez Thomas P. Griesa[1], de un tribunal neoyorkino, se obliga a la Argentina a cancelar deuda “lo antes posible”, con bonistas demandantes ante los tribunales de EEUU.

Son tenedores de títulos que entraron en default en el 2001, y que no ingresaron a los canjes del 2005 y del 2010. Recordemos que solo el 7% de tenedores de títulos no se acogieron a los beneficios de las renegociaciones de deuda.

El fallo señala que “será aplicable a los pagos de intereses efectuados a los bonistas en diciembre de 2012. Para evitar confusiones y dar un tiempo razonable para arreglar la mecánica, el tribunal especifica que el pago de intereses en cuestión será el del 15 de diciembre de 2012. Al abogado de Argentina se le ordena consultar con el abogado de los demandantes para determinar la suma exacta que se pagará a los demandantes y otras mecánicas.”

El poder ejecutivo anunció que apelará el fallo del juez estadounidense, por arbitrario, e incluso, argumentando que se sienta un precedente grave para cualquier negociación de deuda en curso o a futuro. De avanzar el fallo, argumentan en el gobierno, nadie ingresará a los canjes que se negocian en Grecia, o cualquier otro país con problemas de endeudamiento, pues siempre se podrá acudir a la justicia con jurisdicción para ello.

Algo que omiten destacar con este argumento es que quién cedió la soberanía jurídica ha sido el propio Estado argentino, y no solo los gobiernos de la entrega en la década del 90´.

El propio fallo destaca que: “En la reunión del 9 de noviembre de 2012, el tribunal recordó a todas las partes interesadas que Argentina está sometida a la jurisdicción de los tribunales federales de Nueva York, a lo que Argentina dio su consentimiento. En los últimos diez años, Argentina repetidas veces sometió los asuntos al Tribunal de Distrito y el Tribunal de Apelaciones y recibió un tratamiento indudablemente imparcial, dado que Argentina se impuso en la mayoría de las cuestiones.”

Más allá de los montos en juego, pues el 7% no ingresado al canje es por 7.000 millones de dólares (unos 4.000 millones según las condiciones de los canjes de Kirchner y Fernández), y la demanda es por 1.600 millones de dólares (unos 900 millones con la quita), la situación ahora presentada es demostrativa de que teníamos razón cuando denunciábamos que la deuda era un condicionante de política económica y al mismo tiempo profundizaba la dependencia económica, política y jurídica de la Argentina.

Junto a la denuncia señalábamos que la deuda antes de negociarla debía ser investigada, auditada, que existen ejemplos internacionales, que estaba en juego la independencia y la autonomía del país. La principal lección para extraer sobre este fallo, o sobre el embargo que opera sobre la Fragata Libertad es que la Argentina debe denunciar la entrega de su soberanía al permitir litigar en país extranjero.

Es algo que debe realizarse denunciado los tratados bilaterales de inversión y toda medida de subordinación a tribunales extranjeros, como ocurre con el CIADI. Brasil nunca adhirió al protocolo del CIADI, y Venezuela hace poco siguió el camino ya recorrido por Bolivia y Ecuador, de retirarse de este antro del imperio para defender los intereses de las transnacionales. Recordemos que la Argentina es el país más demandado ante el CIADI.

Que no se haya hecho la auditoria o investigación en el 2005, o en el 2010, no impide realizarla ahora. El fallo, además de ser apelado, otorga la oportunidad política de enfrentar el lazo de la dependencia que construyó y reafirma el endeudamiento público.

Nunca es tarde. ¡Es el momento de denunciar la subordinación a los tribunales extranjeros y auditar e investigar la deuda!

Mar del Plata, 24 de noviembre de 2012


[1] Juez de Distrito de EEUU, en fallo fechado el 21 de noviembre de 2012 en Nueva York.

Economía y Política detrás del 8N



Se produjo la anunciada protesta del 8N, y conviene comentarla desde un enfoque integrado de economía y política, o viceversa si se quiere, aunque por vocación y formación señalo que se trata, en definitiva, de un análisis a realizar desde la Economía Política.

¿Tiene intencionalidad política la manifestación? ¿Existen demandas económicas en la protesta? A ambos interrogantes contestamos afirmativamente.

Se salió a la calle con demandas políticas y económicas, asumiendo un formato instalado históricamente por el movimiento popular, que tantas críticas generaron en los mismos sectores que ayer obstaculizaron calles e imposibilitaron la circulación.

Pareciera que el piquete está bien en dependencia de quien lo lleve adelante. Habrá que recordarles a los manifestantes del 8N la situación de movilización y ocupación de calles y espacios públicos cuando a fines de mes salgan los trabajadores a protestar en la convocatoria de la CTA, la CGT, y otros agrupamientos para movilizarse contra la ley de riesgos del trabajo; la ley del impuesto a las ganancias sobre los trabajadores, entre otras cuestiones; e incluso reivindicaciones políticas, por la libertad sindical y en crítica a la intromisión del Ministerio de Trabajo en la disputa política sindical.

Las movilizaciones son políticas y/o por reivindicaciones económicas; pero no es lo mismo reclamar por la eliminación a las restricciones del dólar que demandar un salario mínimo de 5.000 pesos mensuales, aunque ambas protestas se orienten al Poder Ejecutivo. De igual modo, no es asimilable la demanda política por libertad de comercio (del dólar) que el reclamo por la libertad sindical (reconocimiento a la CTA y más de 2.000 organizaciones sindicales sin personería).

Pretendemos apuntar que existen diferentes tipologías de protestas sobre el gobierno, que economizando en el lenguaje señalamos que existen algunas planteadas por derecha y otras por izquierda, con lo que el espacio político no solo se define entre gobierno y oposición sistémica; sino que existe una política gubernamental que es cuestionada a dos puntas.

En definitiva, la disputa reconoce tres espacios, aún cuando sea menos visible la opción crítica de izquierda.

La derecha busca su base social
No hay duda que el 8N es una protesta por derecha contra el gobierno, aún cuando no todos los movilizados sean de derecha.

Es una iniciativa impulsada, en carácter de responsables ideológicos, por sectores sociales asociados a las clases dominantes (medios monopólicos de comunicación, fundaciones, partidos, y organizaciones sociales y culturales).

Se trató de una masiva movilización inducida y orquestada por ámbitos (políticos, ideológicos, económicos, sociales, culturales) que promueven un agrupamiento para hacer coherente una política de gobierno con los objetivos de liberalización económica según el imaginario hegemónico en la década del 90´.

Detrás de las movilizaciones están los principales medios de comunicación (empresas cuyo objeto es la rentabilidad y que se sienten afectadas por la legislación de medios y la descapitalización y desmonopolización promovida), y varios ámbitos políticos e ideológicos favorables a una política explícita de alineamiento con el poder mundial, sea la política exterior de EEUU, o el alineamiento sin reservas con los organismos internacionales, OMC, FMI, BM.

Es por ello que los reclamos se inspiran, por ejemplo, en la crítica a las restricciones a la compra venta de divisas, promoviendo la “libertad” de comercio. El libre cambio es la consigna por excelencia del régimen del capital desde la instauración de las políticas neoliberales.

Claro que la protesta arrastra a otros sectores sociales, no dominantes, ni socioeconómicamente hegemónicos, lo que le otorga masividad a la movilización y a la protesta. Insistamos que no todos los movilizados son adherentes a una política de derecha, y mucho menos sectores pudientes, pues de lo contrario nunca sería masiva. Lo que sí queremos enfatizar, es que esos sectores sociales son hegemonizados por una lógica política de las clases dominantes y sus instrumentos de mediación para el consenso.

Los argumentos que arrastran a estos descontentos son variados, y entre ellos se destaca la inflación, que afecta principalmente a los sectores de menores ingresos.

También aparece la cuestión de la inseguridad personal, algo que trasciende la coyuntura y se proyecta como tema estructural de un capitalismo cada vez más orientado a la extensión del delito como forma de producción de valor y plus-valor (negocios de drogas, armas, trata de personas, etc.).

Estos sectores sociales movilizados, que ganan la calle, lo hacen contra los valores políticos que difunde el gobierno mediante su relato (el denominado modelo).

Es una movilización con múltiples demandas, pero concentradas en la crítica al gobierno y a sus proyectos, más allá de los recientes acuerdos parlamentarios entre el gobierno y la oposición. Son acuerdos entre legisladores de los partidos de gobierno en la Nación y en la Ciudad de Buenos Aires, tal el caso de la ley de riesgos del trabajo, o la reorganización territorial de Buenos Aires para negocios inmobiliarios; o aun antes, la ley antiterrorista, o la reapertura del canje de la deuda.

Esos acuerdos no impiden la disputa de consensos sociales para la competencia electoral. Por ello Macri y sus seguidores y aliados se sintieron parte de la iniciativa, y el gobierno intentó minimizarla.

Todos saben que disputan política y orden económico social. Es que la protesta se afirma en un sesgo ideológico “por la libertad” (de mercado, por ejemplo) y que se expresa con algunos que manifiestan “aunque yo no tengo ahorros, pero si los tuviera quisiera poder invertir en lo que yo quiera, dólares o lo que sea”.

Es común escuchar estos comentarios instalados como valor ideológico por encima de la satisfacción de empleo, salario y condiciones de vida para más de un tercio de la población con problemas para resolver condiciones de vida adecuada.

La disputa es por la gestión del capitalismo en el país
El gobierno expresa un sentido y un proyecto de gestión del capitalismo en la Argentina. Aludimos a la “reconstrucción del capitalismo nacional” formulado por Néstor Kirchner en la asunción presidencial del 2003, como a las recurrentes referencias de Cristina Fernández al objetivo capitalista de su gestión.

Al mismo tiempo, vale destacar que se trata de un proyecto de gestión capitalista diferenciado del que expresa el gobierno porteño, más proclive a la lógica ortodoxa neoliberal.

Las acciones cotidianas, y entre ellas la movilización del 8N, como otras, son iniciativas para disputar consenso social y confrontar por la hegemonía de gobierno. Es la búsqueda por constituir el otro, el oponente al hegemónico que obtuvo el 54% hace un año.

Vale el comentario, más allá del dato nuevo en la coyuntura, que es el reconocimiento recíproco de las fuerzas relativas del kirchnerismo y el macrismo para negociar con beneficio mutuo, algo que se manifiesta en los acuerdos parlamentarios.

Todo pacto político constituye la búsqueda de tiempo para el logro de ventajas propias para renovar hegemonía en la gestión capitalista. Del mismo modo, las iniciativas como las del 8N, u otras, son acciones para consolidar base de masas en la confrontación política.

Esas iniciativas políticas, como la del 8N, o las negociaciones para la gestión capitalista, nada aportan al bienestar de los de abajo, más bien los perjudica.

Por todo ello es que pensamos que en el análisis de la coyuntura deben considerarse las diversas iniciativas políticas en curso, y no solo la del gobierno o la del agrupamiento del 8N. Una dualidad que le sirve a ambos, más allá de quien vence a quién.

Pretendemos señalar que no se debe analizar la realidad en la superficie de los acontecimientos y lo que los principales interesados quieren mostrar: la disputa por la hegemonía de la gestión del gobierno del régimen del capital.

El análisis debe completarse con la mirada orientada en la consideración de otras movilizaciones y acuerdos, que manifiestan voluntad por constituir procesos contra hegemónicos, es decir, más allá de la gestión capitalista.

En otras palabras, observar el tercero en discordia en la Argentina. No hay un solo otro y el gobierno; sino otros y el gobierno.

Porque, en definitiva, no es solo el capitalismo, su evolución y su gestión; sino también múltiples procesos socioeconómicos y políticos que piensan y ejercitan la capacidad de propuesta pensando en mejorar la calidad de vida de los trabajadores y otros sectores populares pugnando por el contenido y el sentido del orden económico y social, más allá del neoliberalismo o del capitalismo.

México, 9 de noviembre de 2012

La deuda y la pérdida de soberanía



Mucho se habla en estas horas de los “fondos buitres”, a propósito del embargo sobre la Fragata Libertad retenida en el Puerto de Ghana; y es verdad que esos fondos de inversión pueden asimilarse a las aves de carroña, que rondan a la presa en dificultades para alimentarse de la desesperación en la agonía de cuerpos en dificultades.
El interrogante es si la Argentina es una presa agonizante y apetecible para los buitres del sistema capitalista.
No parece la Argentina vivir un tiempo de agonía. Es cierto que el 2012 se desaceleró la economía, pero en un marco de una década de crecimiento importante, y además, si en 2001 declaró la cesación de pagos por 100.000 millones de dólares, con los canjes del 2005 y del 2010, renegoció el 93%, y desde entonces es un país cumplidor de sus compromisos de pagos externos.
Más que en agonía, la Argentina parece atravesar un periodo de acumulación capitalista saludable, y cuando en el mundo son noticias los países con dificultades para cancelar su deuda soberana, desde Buenos Aires se desmienten agoreros pronósticos, y se cumple rigurosamente con los pagos de la deuda pública.
El país generó las condiciones para salir del default declarado a finales del 2001, y pagando sus deudas intentar volver al mercado financiero mundial.
No es que estemos de acuerdo, más bien todo lo contrario, pero pretendemos explicar lo que está ocurriendo con un tema estructural del orden económico en el país y en el mundo, el del endeudamiento y la dependencia que genera la situación respecto del capital hegemónico, muchas veces, convengamos, depredador y carroñero.
El objetivo era y es pagar la deuda
La Argentina es un fiel cumplidor de sus obligaciones externas, y el gobierno se jacta de ello, aun manteniendo un 7% de la deuda en conflicto (holdout) y un monto similar impago al Club de París, una deuda que en variadas ocasiones se anunció la voluntad de negociar y cancelar.
Se puede pensar que la Argentina le encontró la vuelta al endeudamiento, pues no solo “arregló” con la mayoría de los acreedores, sino que también paga regularmente sus obligaciones.
Claro que es una pesada carga en el presupuesto que se acaba de aprobar para el 2013 y además, se establecen casi 8.000 millones de dólares de las reservas internacionales para cancelar vencimientos del próximo año, y más de 80.000 millones de pesos de nueva deuda.
Para que no haya dudas, esta semana la Presidente aseguró que en diciembre próximo se cancelarán en dólares los vencimientos de bonos del Estado Nacional. El objeto de la información era desanimar a aquellos que creen que la Nación seguiría el rumbo de la pesificación que ya empezaron a transitar algunas provincias, y que parece será el rumbo a seguir por otros Estados provinciales.
Claro que la pesificación viene inducida de múltiples acciones, no solo respecto de la restricción a la compra venta de divisas, o al uso cotidiano de las divisas en las relaciones mercantiles, sino al canje poco analizado de deuda nominada en moneda extranjera por endeudamiento en pesos argentinos.
El mecanismo transita por la cancelación de deudas con divisas, disminuyendo las reservas internacionales y reemplazándolas por compromisos futuros en pesos del tesoro nacional al BCRA.
De este modo, el BCRA acumula deuda a cancelar por futuros gobiernos y se transfieren divisas a los históricos acreedores de la deuda pública de la Argentina. Así, la Argentina paga su deuda con dólares y acumula nuevas deudas en pesos, las que imaginamos renovarse en continuo y condicionando el presente y el futuro soberano.
Las cancelaciones de deuda y las sucesivas negociaciones, no solo en esta década, sino en cada uno de los turnos constitucionales, indican que la deuda sigue condicionando la política y que se requiere revertir el ciclo de negociación y pago para pasar a una instancia de investigación y discusión integral del problema.
Desde Alfonsín a Menem y De la Rúa, y más recientemente Néstor Kirchner y Cristina Fernández, cada quién organizó su renegociación confirmando que el tema llegaba a su fin y que la deuda ya no sería más un problema. La retención de la Fragata y las demandas de la justicia en EEUU reflejan otra realidad.
Recuperar soberanía
Existen fondos buitres porque el país resignó soberanía jurídica en algún momento de la historia de la deuda y los negocios con el mundo.
En aras de la seguridad jurídica de las inversiones se habilitó la posibilidad de litigar en tribunales extranjeros, del mismo modo que la Argentina suscribió la incorporación al CIADI, el Comité del Banco Mundial para atender los reclamos de las transnacionales que se sienten afectadas en sus negocios por los países. Así Argentina está sentenciada a pagar cuantiosa deuda tramitada ante al CIADI.
Lo que pretendemos señalar es que el país debe recuperar soberanía y denunciar su pertenencia al CIADI y anular toda la deuda negociada sobre base de cesión soberana.
Todo ello se puede hacer si existe voluntad de independencia. El problema no son los “buitres” sino quienes les dieron y dan de comer. El país está preso de una institucionalidad gestada en tiempos de ofensiva neoliberal que requiere ser modificada.
Más que discursos contra la carroña capitalista se requiere abandonar la legitimidad gestada en tiempos de ofensiva neoliberal. Es la base para pensar con independencia y eliminar el condicionante que supone el endeudamiento público.
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2012