Se termina el año y resulta habitual la expresión de deseos por un próximo año de prosperidad y felicidad. Si remitimos a la política económica, ello supone considerar quien es el que pide el deseo, del mismo modo que requiere se analice la orientación estatal, responsable en definitiva de la aplicación del rumbo en materia económica.
No es lo mismo la prosperidad y felicidad solicitada por los trabajadores jubilados que brindaron con pan y agua en la puerta del Congreso Nacional en la víspera de nochebuena, que la imaginada por los grandes empresarios convocados a cenar en la residencia de Olivos la noche del martes 22/12.
Los primeros, o sea, los trabajadores jubilados imaginan un 2010 con plenitud de la movilidad jubilatoria, lo que sin vueltas apunta al 82% del ingreso del trabajador activo; una asignación previsional mínima de $1.600; pero también involucrarse en la administración y toma de decisiones sobre recursos e instituciones consideradas propias, tales como los recursos de la seguridad social, el ANSES y el PAMI. Son pretensiones fundadas para otorgar seguridad social a los mayores en un marco que peticiona calidad de vida adecuada para la mayoría empobrecida de la población.
Los segundos, los grandes empresarios, tales como los titulares de ARCOR o TECHINT que flanquearon a la Presidente en la cena, demandan políticas económicas que otorguen seguridad jurídica a sus inversiones, en un 2010 que imaginan de crecimiento luego de la importante caída del 2009, el año de despliegue de la crisis de la economía mundial en territorio nacional. Es lo mismo que reclamaron los empresarios de la Volkswagen a la Presidente al presentar su nuevo utilitario producido en el país para el mundo; o los responsables empresarios de Repsol al anunciar su próximas inversiones para la explotación petrolera en territorio nacional.
¿Podrián satisfacerse ambas demandas en el 2010?
Debiéramos advertir que se trata de reclamos contradictorios, pues ambos exigen a la política económica la centralidad de su demanda, y claramente responden a dos concepciones muy distintas sobre la “seguridad”. La seguridad social se contrapone a la concepción privada de la seguridad que requiere el capital para afirmar su objetivo de mayores ganancias, riquezas y poder. Ambas concepciones son manifestación de la disputa por la renta nacional.
El Estado capitalista incluye en sus funciones el arbitraje en ese conflicto de intereses. Esa es la razón que lleva al Estado nacional a resolver un subsidio anual a los menores empobrecidos del orden de los 2.500 millones de dólares y un fondo del bicentenario para asegurar pagos de la deuda externa por 6.500 millones de dólares en 2010. En la diferencia de montos asignados puede verificarse el sentido principal del arbitraje en materia de seguridad social o privada con relación a la deuda interna social o externa financiera.
Satisfacer el reclamo del movimiento de jubilados requiere de la totalidad de los recursos ingresados por año al ANSES y un plus a resolver de las finanzas públicas, incluso mayor que la asignación tributaria hoy afectada a la seguridad social. ¿Esta dispuesta la sociedad a colocar en primer lugar de la política económica la seguridad social?
No parece ser lo que se solicita cuando de seguridad se habla en los medios de comunicación, o en el sentido común de la sociedad. Más se piensa en la defensa de patrimonios privados que en una cuestión social. Esta es la razón que lleva a los empresarios a requerir seguridad sobre sus inversiones. Lo que peticionan es control del conflicto social, tanto de sus trabajadores como de los desocupados y jubilados que reclaman mejorar sus ingresos a costa de la ganancia empresaria.
Ambos deseos no pueden cumplirse puesto que la distribución del ingreso o de la riqueza supone reasignar recursos que favorecerán a unos u otros, nunca a ambos.
Mucho más complejo será el análisis, si además de contraponer a jubilados y grandes empresarios incluyéramos a la masa de trabajadores, o de pequeños y medianos productores o empresarios, entre otros sectores sociales que demandan en la disputa de la renta.
Los primeros, los trabajadores, no solo demandan ingresos en su postal de prosperidad y felicidad para el 2010, sino principalmente democratizar la sindicalización, algo que viene negándose recurrentemente y que este 2009 mostró variados ejemplos de una voluntad política para transitar un nuevo modelo sindical. Ya no solo es reivindicación de la CTA, sino de los trabajadores de Kraft, del subte, de los petroleros o los mineros, entre muchos otros con menos visibilidad mediática. Es una democratización que alcanza el orden económico y social en conjunto, que incluye financiamiento y políticas activas específicas para empresas recuperadas por sus trabajadores, o iniciativas de organización de la economía popular, autogestionaria y sin fines de lucro, de propiedad cooperativa, mutual o comunitaria. Lo que supone otro orden de relaciones sociales en la producción y distribución de bienes.
Entre los segundos, los pequeños y medianos productores y empresarios existe el reclamo, entre otras cuestiones, por su exclusión en la cena de Olivos. Ellos que a la hora de contabilizar el empleo son los mayores empleadores y que sin embargo se sienten excluidos del debate sobre las políticas económicas necesarias, el crédito disponible y la posibilidad de ser considerados sujetos de un proyecto social articulado con los trabajadores para la transformación social que se pregona.
Lo que está en discusión en este fin de año y en la perspectiva del 2010 es hacia dónde apuntan los objetivos de política económica en el corto plazo.
¿Se pretende restablecer la ruptura del bloque empresarial que otorgó consenso a las políticas vigentes desde el 2002 y sostenidas en los gobiernos de Néstor Kirchner desde 2003 y de Cristina Fernández desde 2007? Recordemos que ese consenso se fracturó en 2008 en el conflicto con las patronales agrarias y en el 2009 con algunos sectores industriales. La voluntad de pago de la deuda y la reanudación del diálogo con el FMI y los acreedores externos van en esa dirección.
Son señales que apuntan a constituir o reconstituir el sujeto privilegiado de la construcción socioeconómica pretendida, el “capitalismo nacional”. Formulación que solo puede entenderse por la forma que asume el orden capitalista en Argentina, con claro dominio de las Corporaciones Transnacionales, buena parte de las cuáles, a través de sus representantes, fueran convidadas a la cena en Olivos.
Finalmente, y pensando desde otro lugar, no será que el 2010 puede ser un momento oportuno para discutir el orden económico y social, lo que supone discutir otros beneficiarios de la política económica, para terminar con la pobreza y el desempleo, fenómenos ambos que volvieron a la agenda de discusión por su real emergencia en la coyuntura de crisis. ¿La única posibilidad de producir es bajo el dominio de las corporaciones transnacionales? ¿Puede el 2010 ser el año de un debate nacional para hacer realidad la soberanía alimentaria, energética, financiera productiva? ¿No requiere ello potenciar los lazos hacia una integración regional que enfrente el poder global en un capitalismo en crisis? ¿No requiere ello pensar más allá del capitalismo y contra el capitalismo? ¿Puede asumirse en esa perspectiva el restablecimiento de la lucha por el socialismo como en otros procesos de América Latina y el Caribe?
Contribuir a responder esos interrogantes es parte de nuestro deseo para el 2010, y nos comprometemos con nuestras reflexiones y acción, junto a otras que se escuchan y motorizan en el diverso y aún fragmentado movimiento popular y la izquierda social y partidaria para favorecer la constitución de un sujeto colectivo consciente que luche por hacer realidad un pensamiento por la emancipación en nuestro país. No constituye solo un deseo personal, pues el movimiento hacia una constituyente social impulsado por casi un millar de organizaciones y liderado por la CTA propone animar la discusión sobre el pensamiento necesario para la emancipación.
El pensamiento puede responder a las necesidades de la hegemonía, tal como ocurrió con el “pensamiento único” de cuño neoliberal en la última década del Siglo XX, a favor de la liberalización y las privatizaciones, con el objeto de disciplinar al movimiento obrero y la resistencia popular. También puede ser justificatorio y posibilista de una cristalización de la correlación de fuerza en un momento histórico en que recrudece el accionar ofensivo de EEUU, del capital en crisis que pretende reponer sus derechos sobre la riqueza y el ingreso afectado por la crisis capitalista. El desafío está en la capacidad de construir autonomía del pensamiento para luchar por la emancipación social, afirmando los derechos de los trabajadores y del pueblo sobre la renta y patrimonio nacional, en una búsqueda junto a otros pueblos de la región y del mundo.
Ese pensamiento no es patrimonio de los intelectuales, sino de sujetos populares que se construyen concientemente como tales en un proceso de reflexión y lucha por lograr la hegemonía en la sociedad, para transformar el orden, superar la crisis y organizar otra sociedad, que excluya la pobreza y la explotación social.
Felicidades para todas y todos!
Buenos Aires, diciembre de 2009
Fondo del bicentenario: garantía de cancelación a los acreedores externos
El anuncio de constituir un Fondo del bicentenario para el desendeudamiento y la estabilidad realizado en cadena nacional por el Ministro de Economía y la Presidente el pasado 14-12-09 constituye una clara señal del gobierno al poder económico mundial sobre la voluntad de cancelar vencimientos en el corto plazo (2010).
La decisión se mantiene en línea con las cancelaciones de deuda llevadas a cabo con los Organismos Financieros Internacionales, expresada con el pago anticipado al FMI en 2006 por 9.500 millones de dólares (recordado en la alocución de Cristina Fernández) y con la manifestación del gobierno de Néstor Kirchner quién señaló recién asumido que su gestión no era la “del gobierno del default”. La voluntad de pago estuvo desde 2003 y por eso el canje de deuda en cesación de pagos en mayo del 2005 y la reapertura del mismo con la reciente suspensión de la “ley cerrojo” que permite anticipar ofrecimientos de canje a los acreedores para el comienzo del 2010 por unos 30.000 millones de dólares (capital e intereses reclamados por los holdouts).
Puede interpretarse que ante dudas de inversores internacionales sobre la evolución de los recursos fiscales para hacer frente a pagos de la deuda pública, con vencimientos del orden de los 13.000 millones de dólares para el próximo año, la Argentina garantiza buena parte de las cancelaciones con reservas internacionales. El Fondo del bicentenario se constituyó por 6.579 millones de dólares, un 50% de los vencimientos previstos para el 2010. No significa que el Fondo se utilice, pero ante falta de recursos propios del Estado nacional, se acudirá a cancelar deuda con el Fondo integrado por reservas internacionales excedentes.
La estimación del Ministro es que la base monetaria se cubre con 30.000 millones de dólares de las reservas internacionales y por lo tanto, los 17.000 millones restantes, que completan los más de 47.000 millones en stock de reservas son “excedentes”. De este modo, se justifica que solo un 1/3 se destina al Fondo. Ello podría llevar a reclamar el uso de las restantes reservas excedentarias para garantizar otros destinos, por ejemplo en la promoción de producciones regionales, de cooperativas, de empresas recuperadas o emprendimientos asociativos de carácter popular, incluso asociados a la intervención económica del Estado municipal, provincial o nacional. También podrían constituirse como Fondo de financiamiento en el marco del Banco del Sur, demorado en su inicio de operatoria, o en la constitución de fondos de financiamiento que hagan parte de una “nueva arquitectura financiera” en línea con los compromisos asumidos entre algunos gobiernos de la región.
Al tipo de cambio de la fecha, el Fondo alcanza a los 25.132 millones de pesos, más del doble de los recursos anuales destinados a la Asignación de menores en la pobreza, cuyo costo se estima en un poco más de 10.000 millones de pesos. La comparación sirve para valorar los privilegios en materia de deuda interna y externa para la política económica.
La realidad es que el país, integrante del G20, necesita reinsertarse en el sistema financiero del capitalismo global y cumplir con los lineamientos definidos por el cónclave de presidentes. El G20 asigna principal papel al FMI en el restablecimiento del funcionamiento del sistema financiero mundial en crisis, al tiempo que alienta la liberalización de la economía mundial, requiriendo la normalización de la cadena de pagos, incumplida hasta hoy por la Argentina. Ello supone, además de cancelar los vencimientos regularizados para el 2010, arreglar con el Club de Paris por unos 6.700 millones de dólares y con los holdouts por unos 30.000 millones de dólares.
El país entró en cesación de pagos a fines del 2001 y comenzó a normalizar su situación con los acreedores en 2005. Ahora busca los caminos para cerrar el capítulo del default y reinsertarse como socio previsible en el concierto capitalista contemporáneo. Aspira así a ser nuevamente sujeto de crédito internacional a tasas de mercado (entre el 4 y el 6%) y alejarse de las tasas del orden del 15% de los últimos préstamos logrados. La medida asumida por el Estado serviría para reducir el costo del dinero demandado por el Estado y por el sector privado, colocando en evidencia la funcionalidad estatal al interés privado, en un momento de búsqueda de rentabilidad perdida por la crisis capitalista.
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2009
La decisión se mantiene en línea con las cancelaciones de deuda llevadas a cabo con los Organismos Financieros Internacionales, expresada con el pago anticipado al FMI en 2006 por 9.500 millones de dólares (recordado en la alocución de Cristina Fernández) y con la manifestación del gobierno de Néstor Kirchner quién señaló recién asumido que su gestión no era la “del gobierno del default”. La voluntad de pago estuvo desde 2003 y por eso el canje de deuda en cesación de pagos en mayo del 2005 y la reapertura del mismo con la reciente suspensión de la “ley cerrojo” que permite anticipar ofrecimientos de canje a los acreedores para el comienzo del 2010 por unos 30.000 millones de dólares (capital e intereses reclamados por los holdouts).
Puede interpretarse que ante dudas de inversores internacionales sobre la evolución de los recursos fiscales para hacer frente a pagos de la deuda pública, con vencimientos del orden de los 13.000 millones de dólares para el próximo año, la Argentina garantiza buena parte de las cancelaciones con reservas internacionales. El Fondo del bicentenario se constituyó por 6.579 millones de dólares, un 50% de los vencimientos previstos para el 2010. No significa que el Fondo se utilice, pero ante falta de recursos propios del Estado nacional, se acudirá a cancelar deuda con el Fondo integrado por reservas internacionales excedentes.
La estimación del Ministro es que la base monetaria se cubre con 30.000 millones de dólares de las reservas internacionales y por lo tanto, los 17.000 millones restantes, que completan los más de 47.000 millones en stock de reservas son “excedentes”. De este modo, se justifica que solo un 1/3 se destina al Fondo. Ello podría llevar a reclamar el uso de las restantes reservas excedentarias para garantizar otros destinos, por ejemplo en la promoción de producciones regionales, de cooperativas, de empresas recuperadas o emprendimientos asociativos de carácter popular, incluso asociados a la intervención económica del Estado municipal, provincial o nacional. También podrían constituirse como Fondo de financiamiento en el marco del Banco del Sur, demorado en su inicio de operatoria, o en la constitución de fondos de financiamiento que hagan parte de una “nueva arquitectura financiera” en línea con los compromisos asumidos entre algunos gobiernos de la región.
Al tipo de cambio de la fecha, el Fondo alcanza a los 25.132 millones de pesos, más del doble de los recursos anuales destinados a la Asignación de menores en la pobreza, cuyo costo se estima en un poco más de 10.000 millones de pesos. La comparación sirve para valorar los privilegios en materia de deuda interna y externa para la política económica.
La realidad es que el país, integrante del G20, necesita reinsertarse en el sistema financiero del capitalismo global y cumplir con los lineamientos definidos por el cónclave de presidentes. El G20 asigna principal papel al FMI en el restablecimiento del funcionamiento del sistema financiero mundial en crisis, al tiempo que alienta la liberalización de la economía mundial, requiriendo la normalización de la cadena de pagos, incumplida hasta hoy por la Argentina. Ello supone, además de cancelar los vencimientos regularizados para el 2010, arreglar con el Club de Paris por unos 6.700 millones de dólares y con los holdouts por unos 30.000 millones de dólares.
El país entró en cesación de pagos a fines del 2001 y comenzó a normalizar su situación con los acreedores en 2005. Ahora busca los caminos para cerrar el capítulo del default y reinsertarse como socio previsible en el concierto capitalista contemporáneo. Aspira así a ser nuevamente sujeto de crédito internacional a tasas de mercado (entre el 4 y el 6%) y alejarse de las tasas del orden del 15% de los últimos préstamos logrados. La medida asumida por el Estado serviría para reducir el costo del dinero demandado por el Estado y por el sector privado, colocando en evidencia la funcionalidad estatal al interés privado, en un momento de búsqueda de rentabilidad perdida por la crisis capitalista.
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2009
Constituyente Social: balance y proyectos
- A un año de su lanzamiento, cual es el balance que hacen de la Constituyente?
Se reabre el debate por la Tax Tobin.¿Un freno a los flujos de capitales especulativos? ¿Se puede ir por más?
Con la cesación de pagos del consorcio inmobiliario financiero de Dubai se habilita otro capítulo de la crisis integral del sistema capitalista mundial. En este marco, otra transnacional en problema da cuenta de los responsables de la crisis y sus apoyaturas globales y locales. En 2008 fue Lehman Brothers, el Banco Transnacional de origen en EEUU, y ahora el consorcio transnacional de la ciudad Estado de los Emiratos Árabes Unidos. El sujeto principal de la crisis y del sistema capitalista es el capital transnacional, que renueva en estas condiciones su estrategia de liberalización, que se materializa en el saqueo, la explotación y la violencia, para lo cual acude al soporte del Estado capitalista. Si alguien lo duda basta con observar el destino del salvataje global o los múltiples subsidios nacionales en todo el mundo a empresas con problemas para su valorización.
Es evidente la indispensable colaboración de los Estados nacionales con el objetivo de consolidar la valorización financiera o la producción concentrada, la dominación y, por tanto, la continuidad del modo de producción capitalista en esta época de transnacionalización. En ese marco se entiende el “salvataje” instrumentado por los Estados como una clara señal en pos del mantenimiento del orden mundial vigente. Es el “Estado” al servicio del “mercado”, demostrando la hegemonía de la esencia de clase del accionar político estatal. Tal connivencia entre el capital y el “Estado”, intenta encubrir las fatales consecuencias sociales, políticas e ideológicas que genera la actual crisis de la economía mundial. En ese sentido, interesa abordar aquí el cuestionamiento a los presupuestos ideológicos neoliberales sobre los que se asentó el discurso contra el gasto público social, la empresa estatal y a favor de la iniciativa privada, la apertura comercial, económica y financiera como programa aplicado prácticamente en todo el mundo. Cabe resaltar que la predica neoliberal no sólo tenia asidero entre los núcleos de saber especializado, sino que se constituyó en un saber del sentido común, influencia mediante de los medios de comunicación en el establecimiento de este discurso.
Reaparece la Tax Tobin
Por estos días y luego de más de tres décadas del más acérrimo neoliberalismo, desde Gran Bretaña, uno de los países europeos centrales, se propone estipular un impuesto (tax en inglés) al flujo financiero de capitales (Tax Tobin).
Al menos así lo expresó Gordon Brown, el gobernante laborista británico, quien el 8 de noviembre y nada menos que en el marco de la apertura de la reunión ministerial del G-20 en la ciudad escocesa de Saint Andrews, sorprendió a su país y al mundo al declarar que es necesario un nuevo “contrato social” con el sector financiero y que “no es aceptable que los beneficios del éxito los cosechen unos pocos y los costos del fracaso los paguemos todos”. En el mismo sentido y apoyándose en esa propuesta, el premio Nobel de Economía del 2008, sostiene que es tiempo de “reflotar la tasa Tobin”. Al mismo tiempo que apoya en su nota a las autoridades británicas, critica la negativa estadounidense y demanda que “ha llegado la hora de un impuesto a las transacciones financieras”.
¿Pero que significa que desde el núcleo mismo del poder capitalista se realice un planteo semejante? Para contestar esa pregunta es necesario remontarse a la historia. La Tax Tobin es un impuesto sobre las transacciones de divisas, que surge a comienzos de los años 70, inicio de la eclosión especulativa que derivara en la burbuja explotada en nuestros días. El impuesto toma su nombre del Premio Nobel de economía, el estadounidense James Tobin, que la propuso en 1972 para frenar la ola especulativa asociada a la compra venta de divisas. Intentaba, con su propuesta, gravar mínimamente las operaciones con divisas, colocar un grano de arena en el engranaje de la especulación emergente. A su modo proponía rescatar al capitalismo del peligro de la especulación, sin comprender la lógica de la concentración y centralización que llevaba el rumbo de la liberalización de la economía mundial.
La opinión de Tobin no fue considerada oportunamente y la realidad del desarrollo capitalista transcurrió sin obstáculos por el camino de la liberalización, la desregulación, la apertura de las economías y el libre movimiento de capitales internacionales, potenciados por la revolución tecnológica. Y la propuesta de James Tobin, por supuesto, fue desechada. Sin embargo, por el año 1998 el movimiento popular rescata y resignifica la Tasa Tobin. Surge la Asociación por una Tasa Tobin de Ayuda al Ciudadano, ATTAC, que se articula como una red en más de 40 países del mundo, entre los cuales figura Argentina. Estaba claro que ahora no se trataba de salvar al régimen del capital, sino de promover un instrumento de recaudación global para afrontar los problemas de la creciente pobreza e indigencia en el mundo. Se pensaba a la propuesta como un punto de partida a sustentar con otras medidas que suponían una confrontación con el pensamiento hegemónico de los noventa. Era una proposición para constituir sujetos contradictores en un clima de avasallante hegemonía de la ola neoliberal.
Pero retomemos nuestra reflexión sobre el ámbito desde donde ahora se propuso la Tax Tobin. Ante la incapacidad del G8 para ordenar el sistema en crisis, se le otorgó carácter de cumbre presidencial al G20. Este agrupamiento de países tiene antecedentes en las crisis de la década del ’90. Emerge con el fin de suplir los problemas que dejan las políticas de liberalización financiera a lo largo del mundo, las cuales eran “recetas” de los organismos multilaterales de crédito y el poder económico mundial. Inicialmente se trataba de una reunión ministerial convocada una o dos veces por año; pero cambió de calidad cuando estalló la actual crisis en EEUU en el 2007-8. La principal conclusión de la última reunión del G20 realizada en Pittsburg (septiembre 09), es la coincidencia de los gobiernos de los países miembro en la rehabilitación del sistema financiero y junto con ello, la persistente confianza en la autorregulación de los mercados, base de la ideología neoliberal.
De hecho, la respuesta en contra del planteo de G. Brown no se hizo esperar. Así, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Timothy Geithner, rechazó la propuesta de inmediato, alegando que “un impuesto cotidiano a las transacciones financieras es algo que no estamos dispuestos a aceptar”. Al tiempo que el director gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn, expresó a la prensa que “la tasa Tobin es una vieja idea que hoy es impracticable”.
Sendas declaraciones dan cuenta de la tensión existente referida a quién y cómo se pagan los costos de la crisis vigente. En el marco de esta puja se abre el espacio para debatir iniciativas alternativas al pensamiento neoliberal hegemónico, incluso más allá de la Tax Tobin.
Es que Brown y Krugman por un lado sostienen el carácter benévolo para el capitalismo en crisis al colocar “un grano de arena” a la especulación financiera, ampliamente rechazada por la autoridad del Fondo y el gobierno de EEUU. Ambos oponentes razonan desde una lógica de salvataje del capitalismo. Para nosotros, la cuestión es si se puede ir más allá del capitalismo en crisis, partiendo de la utilización de esos potenciales recursos a obtener por una Tax Tobin, para resolver necesidades sociales insatisfechas.
El mencionado contrapunto evidencia también, el empeño por proteger la libre circulación de los capitales. Es que el G20 decidió rescatar al capitalismo de la crisis mundial con un fortalecimiento del FMI, para lo cual le triplicó la capacidad de préstamos y favoreció una ampliación en su capacidad de emisión de Derechos Especiales de Giro, DEG. En ese sentido, entre los habituales argumentos en contra de la restricción especulativa, se aduce que un impuesto con tal objetivo, interferiría el flujo de las inversiones externas directas. Falacias. Porque la aplicación de la tasa Tobin apunta a regir la compra y venta de divisas y el movimiento especulativo de fondos, mientras que las inversiones suponen colocaciones de riesgo en el mediano y largo plazo, con impacto en la economía real.
Cabe recordar que, a su modo, Brasil decidió aplicar un impuesto al ingreso de capitales destinado a la compra de activos financieros. Es un antecedente en la región que valida la factibilidad de la aplicación del impuesto tipo Tobin. Aún antes, Chile fue ejemplo mencionado en la restricción al ingreso de capitales de corto plazo. En rigor, en Argentina también se establecieron límites temporales para el ingreso de recursos externos. Agreguemos que un acuerdo global o regional le otorgaría un mayor poder de aplicabilidad a la propuesta tributaria. De hecho, el debate ya se dio en el seno de la Unión Europea, en el mes de septiembre del 2001, más no logró la cantidad necesaria de votos para su ejecución.
¿De qué montos hablamos? ¿Quién debe administrarlos?
A modo estimativo, y a fin de otorgar una dimensión certera de la cantidad de dinero que implicaría un impuesto de este estilo, se puede decir que, tomando en cuenta el volumen de los movimientos financieros que circulan diaria y libremente por el mundo en busca de ganancias, se estima que, tasa Tobin mediante, entre 100.000 y 300.000 millones de dólares anuales, según sea la alícuota aplicada. Son valores que superan la suma anual necesaria para erradicar la pobreza extrema en el mundo. Por ello, la Asociación por una Tasa a las Transacciones financieras y Ayuda a los Ciudadanos en Argentina (Attac–Argentina), enmarcada en el Movimiento por la Soberanía e Integración de los Pueblos (MoSIP), sostiene:
- el control estricto de capitales es esencial para poner fin a la inestabilidad y a la especulación financiera;
- un impuesto como la “Tasa Tobin” debe aplicarse a todas las transacciones financieras a un tipo impositivo suficiente (el propio Tobin sugirió del 0,5 al 1%), previendo la posibilidad de aumentarlo fuertemente para cortar de raíz cualquier movimiento especulativo naciente;
- este impuesto sería más eficaz si se aplicara a escala mundial, pero desde ahora mismo sería perfectamente operativo en el ámbito de algunos procesos de integración económica como el MERCOSUR, la Unión Europea;
- este impuesto debe ser parte de un conjunto de medidas coherentes para reducir la influencia del poder de las finanzas: supresión de los paraísos fiscales, limitación de ingresos financieros, eliminación de las primas (bonus);
- la administración de los recursos que se generen a través de la aplicación de la Tasa Tobin deberá ser efectuada por instituciones internacionales cuyo funcionamiento no esté regido por la lógica neoliberal.”
En este último punto, deja claro que tanto los organismos multilaterales de crédito como las instituciones financieras internacionales hegemónicas vigentes, no debe estar a cargo de la implementación de esta política, dado que su lógica capitalista asegura una asignación regresiva de los valores recaudados. Con las sucesivas crisis económico-financieras y sociales, queda en claro que la lógica neoliberal no sólo no soluciona la grave polarización social existente, sino que la exacerba. En síntesis, no existe el tan mentado “derrame”. Por lo tanto, desde el mismo Attac-Argentina se propone que sea un organismo como el Foro Social Mundial el encargado de aplicar, recaudar y ejecutar las partidas provenientes de este impuesto a la especulación financiera.
La crisis del sistema capitalista mundial es una oportunidad para que los pueblos consoliden el camino hacia un cambio profundo de la sociedad. En ese sentido se inscriben procesos de cambio político nacional que incluyeron reformas constitucionales y que avalan procesos de integración alternativa como el ALBA-TCP (Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos), y la puesta en marcha de instrumentos financieros como el Banco del Alba y del Sistema Único de Compensación Regional (SUCRE) aprobada para sustituir el dólar en el intercambio comercial entre los países miembros del ALBA. Es un camino que puede potenciarse con el demorado Banco del Sur o la incipiente operatoria de compensación en monedas locales en el comercio entre Brasil y Argentina, aún cuando terminan cancelando saldos en dólares.
La crisis continua y las propuestas apuntan al sostenimiento y relanzamiento del régimen del capital; o a encontrar caminos que supongan resolver necesidades inmediatas de los más necesitados y en ese camino disputar un rumbo más allá del régimen del capital. Ante la multiplicidad de regresivos efectos sociales provocados por la crisis, no resulta ni plausible ni efectiva una solución focalizada. Es preciso un cambio rotundo, integral, que tenga como eje la transformación del modo de producción capitalista.
Reaparece la Tax Tobin
Por estos días y luego de más de tres décadas del más acérrimo neoliberalismo, desde Gran Bretaña, uno de los países europeos centrales, se propone estipular un impuesto (tax en inglés) al flujo financiero de capitales (Tax Tobin).
Al menos así lo expresó Gordon Brown, el gobernante laborista británico, quien el 8 de noviembre y nada menos que en el marco de la apertura de la reunión ministerial del G-20 en la ciudad escocesa de Saint Andrews, sorprendió a su país y al mundo al declarar que es necesario un nuevo “contrato social” con el sector financiero y que “no es aceptable que los beneficios del éxito los cosechen unos pocos y los costos del fracaso los paguemos todos”. En el mismo sentido y apoyándose en esa propuesta, el premio Nobel de Economía del 2008, sostiene que es tiempo de “reflotar la tasa Tobin”. Al mismo tiempo que apoya en su nota a las autoridades británicas, critica la negativa estadounidense y demanda que “ha llegado la hora de un impuesto a las transacciones financieras”.
A modo estimativo, y a fin de otorgar una dimensión certera de la cantidad de dinero que implicaría un impuesto de este estilo, se puede decir que, tomando en cuenta el volumen de los movimientos financieros que circulan diaria y libremente por el mundo en busca de ganancias, se estima que, tasa Tobin mediante, entre 100.000 y 300.000 millones de dólares anuales, según sea la alícuota aplicada. Son valores que superan la suma anual necesaria para erradicar la pobreza extrema en el mundo. Por ello, la Asociación por una Tasa a las Transacciones financieras y Ayuda a los Ciudadanos en Argentina (Attac–Argentina), enmarcada en el Movimiento por la Soberanía e Integración de los Pueblos (MoSIP), sostiene:
- el control estricto de capitales es esencial para poner fin a la inestabilidad y a la especulación financiera;
- un impuesto como la “Tasa Tobin” debe aplicarse a todas las transacciones financieras a un tipo impositivo suficiente (el propio Tobin sugirió del 0,5 al 1%), previendo la posibilidad de aumentarlo fuertemente para cortar de raíz cualquier movimiento especulativo naciente;
- este impuesto sería más eficaz si se aplicara a escala mundial, pero desde ahora mismo sería perfectamente operativo en el ámbito de algunos procesos de integración económica como el MERCOSUR, la Unión Europea;
- este impuesto debe ser parte de un conjunto de medidas coherentes para reducir la influencia del poder de las finanzas: supresión de los paraísos fiscales, limitación de ingresos financieros, eliminación de las primas (bonus);
- la administración de los recursos que se generen a través de la aplicación de la Tasa Tobin deberá ser efectuada por instituciones internacionales cuyo funcionamiento no esté regido por la lógica neoliberal.”
En este último punto, deja claro que tanto los organismos multilaterales de crédito como las instituciones financieras internacionales hegemónicas vigentes, no debe estar a cargo de la implementación de esta política, dado que su lógica capitalista asegura una asignación regresiva de los valores recaudados. Con las sucesivas crisis económico-financieras y sociales, queda en claro que la lógica neoliberal no sólo no soluciona la grave polarización social existente, sino que la exacerba. En síntesis, no existe el tan mentado “derrame”. Por lo tanto, desde el mismo Attac-Argentina se propone que sea un organismo como el Foro Social Mundial el encargado de aplicar, recaudar y ejecutar las partidas provenientes de este impuesto a la especulación financiera.
28 de noviembre de 2009
Presupuesto 2010: una ley que marca el rumbo económico del año próximo
El senado aprobó el Presupuesto para el 2010 y ya es ley. Como se sabe, el presupuesto anticipa la política económica para el próximo año.
¿Qué podemos leer en ese sentido? Según el texto aprobado por el Parlamento, la Argentina vuelve al crecimiento económico. La pauta es del 2,5%. La duda que puede sostenerse remite a cual será finalmente el dato de evolución de la economía durante este año. El pronóstico oficial habla de un 0,5% de crecimiento y existen evaluaciones locales e internacionales que sindican una regresión que varía de 0 a -3%, con lo cual, el crecimiento del próximo año, apenas compensaría el decrecimiento del presente.
De todas maneras no es menor pensar en crecimiento en el marco de la crisis de la economía mundial. EEUU y la zona del euro anunciaron que en el tercer trimestre de este año volvieron al crecimiento, luego de 4 trimestres de recesión en EEUU y 5 trimestres en la zona euro. Lo cual nos lleva a otra discusión que el volumen de la asistencia estatal aplicada en el capitalismo desarrollado para superar la recesión de la economía de los principales países del capitalismo mundial. Estamos hablando de 5 billones de dólares aplicados al salvataje de grandes bancos y corporaciones transnacionales. Es un valor que abruma si al mismo tiempo se piensa en el dato recientemente ofrecido por la FAO, órgano de la ONU relativo a temas de alimentación, señalando que son más de 1.000 millones los hambrientos del mundo.
Entre las preocupaciones de los datos ofrecidos por el Presupuesto figuran los superávit fiscal y comercial. Sobre el fiscal, deberíamos señalar la preocupación por la nueva deuda a asumir, tanto del Estado nacional, como de las provincias, puesto que se suspendió la prohibición a las provincias para tomar deuda, tema contemplado en el pacto fiscal acordado luego de la crisis del 2001-03. Todo se concentra en la capacidad de recaudar por parte del Estado nacional que reitera el esquema impositivo para el próximo periodo. Preocupa el tema en lo coyuntural por las restricciones que tendrá el Estado para transferir a las provincias recursos suficientes para hacer frente al gasto corriente, situación agravada con el deterioro de los ingresos provinciales en la mayoría de los Estados de Provincia. Pero también preocupa en lo estructural porque no hay modificaciones planteadas en lo relativo a coparticipación federal, una deuda que se arrastra desde la reforma constitucional de 1994, que otorgo un plazo de dos años para modificar el régimen de coparticipación de recursos entre la nación y las provincias. Además, en lo estructural queda claro que no está prevista ninguna reforma impositiva para el próximo año. Ni siquiera la eliminación de las excepciones contempladas en el impuesto a las ganancias sobre las rentas provenientes de actividades financieras y la especulación.
El otro superávit que interesa es el comercial, puesto que este año se sostuvo sobre la base de la disminución de las importaciones, asociadas a la desaceleración de la producción, principalmente del sector industrial. Si para el próximo año se prevé un incremento de la producción es muy probable que se incrementen las importaciones comprometiendo los niveles elevados de superávit sostenidos en estos años, especialmente por la incertidumbre que generan los precios d exportación de la Argentina, como el impacto de las condiciones naturales sobre la producción agropecuaria. A propósito del crecimiento económico es poco lo que se espera de las inversiones del sector privado, recayendo el peso en la inversión pública.
En fin, quizá en una de las últimas votaciones sustanciales del periodo, se avanzó en la aprobación del Presupuesto sin que de allí se visibilicen cambios importantes en el rumbo de la economía. Entre los temas que no figuran, además de la reforma impositiva demorada, debemos destacar la incidencia que tendrán sobre el gasto público, los arreglos en la deuda externa que inciden negativamente en la prosecución del objetivo de la distribución del ingreso.
13 de noviembre de 2009
¿Qué podemos leer en ese sentido? Según el texto aprobado por el Parlamento, la Argentina vuelve al crecimiento económico. La pauta es del 2,5%. La duda que puede sostenerse remite a cual será finalmente el dato de evolución de la economía durante este año. El pronóstico oficial habla de un 0,5% de crecimiento y existen evaluaciones locales e internacionales que sindican una regresión que varía de 0 a -3%, con lo cual, el crecimiento del próximo año, apenas compensaría el decrecimiento del presente.
De todas maneras no es menor pensar en crecimiento en el marco de la crisis de la economía mundial. EEUU y la zona del euro anunciaron que en el tercer trimestre de este año volvieron al crecimiento, luego de 4 trimestres de recesión en EEUU y 5 trimestres en la zona euro. Lo cual nos lleva a otra discusión que el volumen de la asistencia estatal aplicada en el capitalismo desarrollado para superar la recesión de la economía de los principales países del capitalismo mundial. Estamos hablando de 5 billones de dólares aplicados al salvataje de grandes bancos y corporaciones transnacionales. Es un valor que abruma si al mismo tiempo se piensa en el dato recientemente ofrecido por la FAO, órgano de la ONU relativo a temas de alimentación, señalando que son más de 1.000 millones los hambrientos del mundo.
Entre las preocupaciones de los datos ofrecidos por el Presupuesto figuran los superávit fiscal y comercial. Sobre el fiscal, deberíamos señalar la preocupación por la nueva deuda a asumir, tanto del Estado nacional, como de las provincias, puesto que se suspendió la prohibición a las provincias para tomar deuda, tema contemplado en el pacto fiscal acordado luego de la crisis del 2001-03. Todo se concentra en la capacidad de recaudar por parte del Estado nacional que reitera el esquema impositivo para el próximo periodo. Preocupa el tema en lo coyuntural por las restricciones que tendrá el Estado para transferir a las provincias recursos suficientes para hacer frente al gasto corriente, situación agravada con el deterioro de los ingresos provinciales en la mayoría de los Estados de Provincia. Pero también preocupa en lo estructural porque no hay modificaciones planteadas en lo relativo a coparticipación federal, una deuda que se arrastra desde la reforma constitucional de 1994, que otorgo un plazo de dos años para modificar el régimen de coparticipación de recursos entre la nación y las provincias. Además, en lo estructural queda claro que no está prevista ninguna reforma impositiva para el próximo año. Ni siquiera la eliminación de las excepciones contempladas en el impuesto a las ganancias sobre las rentas provenientes de actividades financieras y la especulación.
El otro superávit que interesa es el comercial, puesto que este año se sostuvo sobre la base de la disminución de las importaciones, asociadas a la desaceleración de la producción, principalmente del sector industrial. Si para el próximo año se prevé un incremento de la producción es muy probable que se incrementen las importaciones comprometiendo los niveles elevados de superávit sostenidos en estos años, especialmente por la incertidumbre que generan los precios d exportación de la Argentina, como el impacto de las condiciones naturales sobre la producción agropecuaria. A propósito del crecimiento económico es poco lo que se espera de las inversiones del sector privado, recayendo el peso en la inversión pública.
En fin, quizá en una de las últimas votaciones sustanciales del periodo, se avanzó en la aprobación del Presupuesto sin que de allí se visibilicen cambios importantes en el rumbo de la economía. Entre los temas que no figuran, además de la reforma impositiva demorada, debemos destacar la incidencia que tendrán sobre el gasto público, los arreglos en la deuda externa que inciden negativamente en la prosecución del objetivo de la distribución del ingreso.
13 de noviembre de 2009
Boudou y el G20
El Ministro de Economía Argentino participó en Saint
Andrews, Escocia, de un encuentro con pares del Grupo de los 20. Boudou sostuvo
que no es función del Fondo “monitorear ni dar consejos respecto de las
políticas económicas de cada uno de los países” y afirma que con Brasil
participan de una estrategia de modificación de las funciones del FMI, señalando
que la orientación del titular del organismo avanza en ese mismo sentido. Son
declaraciones que no se compadecen con los estatutos y reglamentos que definen el
funcionamiento actual del Fondo, ni con el papel que le asignan al organismo
los principales actores, por caso, EEUU. Además, se estableció un calendario
que empieza en enero del 2010 para cruzarse información entre los países y con
la asistencia del FMI y el Banco Mundial. Serán 4 cruces de información durante
el próximo año.
La estrategia política del ministerio transita por tres
carriles, sin importar el orden en que se produzcan. Uno es la normalización de
las relaciones con el Fondo; el otro pasa por un plan de pago de la deuda con
el Club de París, es decir con Estados nacionales del capitalismo desarrollado
por unos 7.000 millones de dólares y finalmente por la reapertura del canje a
los inversores que no aceptaron la oferta del 2005 y que de hecho implica un
reconocimiento de nueva deuda a la que reconocen las cuentas públicas, por
20.000 millones de capital y unos 10.000 millones reclamados por intereses.
Todo indica que primero se resolverá el canje, luego el plan de pago al Club de
París y al final del camino el acuerdo con el FMI. Lo cierto es que sin
importar el orden de los factores, entre la normalización de deuda que está en
cesación de pago y el acuerdo con el Fondo constituye hoy lo esencial de la
política económica. ¿Porqué? Porque hace falta financiamiento externo para
mantener la lógica del funcionamiento económico actual.
Vamos por partes. El Estado necesita financiamiento para
sostener las cuentas públicas. Es una realidad del país y de las provincias. Se
acaba de aprobar la flexibilidad para renovar el camino del endeudamiento de
las provincias, suspendiendo las restricciones que suponía la legislación
vigente de “responsabilidad fiscal”. ¿A qué tasa se financiarán los Estados
provinciales y el nacional? Las últimas tasas se pactaron al 15%, siendo la
pretensión reducirlas al 9 ó 10%, que aún con la importancia de la reducción
tendrán un efecto gravoso sobre el gasto público, limitando la capacidad de
afrontar gastos sociales o de desarrollo, privilegiando así la cancelación de
la deuda externa. Por su parte, desde la política pública se pretende
incentivar el endeudamiento del sector privado para estimular inversiones que posibiliten
el fin del ciclo de desaceleración de la economía argentina.
La realidad es que la deuda está nuevamente como tema
central de la coyuntura. Solo falta saber la cantidad de deuda incorporada por
el canje y el arreglo a que se arribe para el pago al Club de París, y en
función de ello definir el monto de los intereses a abonar en el futuro. Todo
dependerá de la cantidad de bonos que se canjeen, de la quita que se establezca
y de la tasa de interés que se defina en los nuevos instrumentos de deuda que
reemplazarán a los viejos títulos en default. Hablamos de un total de 30.000
millones entre capital e intereses atrasados por el canje y 7.000 millones del
Club de París, más lo que se logre por nuevas colocaciones, que según se
anticiparon de boca del Ministro se podría empezar por una emisión de 10.000
millones de dólares para marzo del 2010.
Distintas estimaciones indican
que el nuevo monto de deuda a reconocer podrá oscilar entre ambos conceptos, unos 10.000 a 11.000 millones
de dólares, con una incidencia anual en cancelación de intereses del orden de
los 1.000 millones de dólares, a lo que deberá adicionarse el interés de la
nueva deuda.
Entre las novedades de la reunión de ministros del G20 en
el Reino Unido sobresale la propuesta del anfitrión de establecer un tributo a
las transacciones financieras internacionales, un símil de la Tax Tobin, el
impuesto sugerido al comienzo de los 70 por James Tobin que según sus palabras
pretendía ser “un grano de arena” en el mecanismo incipiente de la especulación.
Es necesario afirmar que el impuesto propuesto por Tobin fue difundido por los
movimientos de resistencia a la globalización capitalista en los últimos años,
especialmente por la red ATTAC, pero en un sentido diferente del propuesto por
el premio Nobel y lógicamente en las antípodas de la propuesta británica
actual.
En la Lógica de Gordon Brown está crear un fondo para
atender próximas situaciones de crisis, en el mismo sentido que el
multimillonario “salvataje” orientado a bancos y empresas transnacionales con
dificultades. Para ATTAC y el movimiento de resistencia a la globalización
capitalista, los fondos recaudados tendrían destino en la ayuda ciudadana,
contra el hambre, la pobreza y la satisfacción de necesidades elementales no
cubiertas en la sociedad contemporánea.
Una sociedad contemporánea en
crisis, que nos muestra indicadores de salida de la crisis con agravamiento de
la situación social, tal el caso de EEUU, donde la empresa Ford vuelve a
mostrar un balance positivo, con ganancias de 1.000 millones de dólares en el
III trimestre del 2009 y la medición del desempleo indica un aumento al 10,2 %
de su población económicamente activa, cerca de 16 millones de desocupados. La
realidad del capitalismo contemporáneo es la aplicación de políticas públicas
para defender el régimen de acumulación y el ciclo de negocios, sobre la base
de una nueva ofensiva del capital sobre los trabajadores.
Es algo que en la Argentina
también se hace visible ante la conflictividad sindical y social creciente.
Boudou y el G20
El Ministro de Economía Argentino participó en Saint
Andrews, Escocia, de un encuentro con pares del Grupo de los 20. Boudou sostuvo
que no es función del Fondo “monitorear ni dar consejos respecto de las
políticas económicas de cada uno de los países” y afirma que con Brasil
participan de una estrategia de modificación de las funciones del FMI, señalando
que la orientación del titular del organismo avanza en ese mismo sentido. Son
declaraciones que no se compadecen con los estatutos y reglamentos que definen el
funcionamiento actual del Fondo, ni con el papel que le asignan al organismo
los principales actores, por caso, EEUU. Además, se estableció un calendario
que empieza en enero del 2010 para cruzarse información entre los países y con
la asistencia del FMI y el Banco Mundial. Serán 4 cruces de información durante
el próximo año.
La estrategia política del ministerio transita por tres
carriles, sin importar el orden en que se produzcan. Uno es la normalización de
las relaciones con el Fondo; el otro pasa por un plan de pago de la deuda con
el Club de París, es decir con Estados nacionales del capitalismo desarrollado
por unos 7.000 millones de dólares y finalmente por la reapertura del canje a
los inversores que no aceptaron la oferta del 2005 y que de hecho implica un
reconocimiento de nueva deuda a la que reconocen las cuentas públicas, por
20.000 millones de capital y unos 10.000 millones reclamados por intereses.
Todo indica que primero se resolverá el canje, luego el plan de pago al Club de
París y al final del camino el acuerdo con el FMI. Lo cierto es que sin
importar el orden de los factores, entre la normalización de deuda que está en
cesación de pago y el acuerdo con el Fondo constituye hoy lo esencial de la
política económica. ¿Porqué? Porque hace falta financiamiento externo para
mantener la lógica del funcionamiento económico actual.
Vamos por partes. El Estado necesita financiamiento para
sostener las cuentas públicas. Es una realidad del país y de las provincias. Se
acaba de aprobar la flexibilidad para renovar el camino del endeudamiento de
las provincias, suspendiendo las restricciones que suponía la legislación
vigente de “responsabilidad fiscal”. ¿A qué tasa se financiarán los Estados
provinciales y el nacional? Las últimas tasas se pactaron al 15%, siendo la
pretensión reducirlas al 9 ó 10%, que aún con la importancia de la reducción
tendrán un efecto gravoso sobre el gasto público, limitando la capacidad de
afrontar gastos sociales o de desarrollo, privilegiando así la cancelación de
la deuda externa. Por su parte, desde la política pública se pretende
incentivar el endeudamiento del sector privado para estimular inversiones que posibiliten
el fin del ciclo de desaceleración de la economía argentina.
La realidad es que la deuda está nuevamente como tema
central de la coyuntura. Solo falta saber la cantidad de deuda incorporada por
el canje y el arreglo a que se arribe para el pago al Club de París, y en
función de ello definir el monto de los intereses a abonar en el futuro. Todo
dependerá de la cantidad de bonos que se canjeen, de la quita que se establezca
y de la tasa de interés que se defina en los nuevos instrumentos de deuda que
reemplazarán a los viejos títulos en default. Hablamos de un total de 30.000
millones entre capital e intereses atrasados por el canje y 7.000 millones del
Club de París, más lo que se logre por nuevas colocaciones, que según se
anticiparon de boca del Ministro se podría empezar por una emisión de 10.000
millones de dólares para marzo del 2010.
Distintas estimaciones indican
que el nuevo monto de deuda a reconocer podrá oscilar entre ambos conceptos, unos 10.000 a 11.000 millones
de dólares, con una incidencia anual en cancelación de intereses del orden de
los 1.000 millones de dólares, a lo que deberá adicionarse el interés de la
nueva deuda.
Entre las novedades de la reunión de ministros del G20 en
el Reino Unido sobresale la propuesta del anfitrión de establecer un tributo a
las transacciones financieras internacionales, un símil de la Tax Tobin, el
impuesto sugerido al comienzo de los 70 por James Tobin que según sus palabras
pretendía ser “un grano de arena” en el mecanismo incipiente de la especulación.
Es necesario afirmar que el impuesto propuesto por Tobin fue difundido por los
movimientos de resistencia a la globalización capitalista en los últimos años,
especialmente por la red ATTAC, pero en un sentido diferente del propuesto por
el premio Nobel y lógicamente en las antípodas de la propuesta británica
actual.
En la Lógica de Gordon Brown está crear un fondo para
atender próximas situaciones de crisis, en el mismo sentido que el
multimillonario “salvataje” orientado a bancos y empresas transnacionales con
dificultades. Para ATTAC y el movimiento de resistencia a la globalización
capitalista, los fondos recaudados tendrían destino en la ayuda ciudadana,
contra el hambre, la pobreza y la satisfacción de necesidades elementales no
cubiertas en la sociedad contemporánea.
Una sociedad contemporánea en
crisis, que nos muestra indicadores de salida de la crisis con agravamiento de
la situación social, tal el caso de EEUU, donde la empresa Ford vuelve a
mostrar un balance positivo, con ganancias de 1.000 millones de dólares en el
III trimestre del 2009 y la medición del desempleo indica un aumento al 10,2 %
de su población económicamente activa, cerca de 16 millones de desocupados. La
realidad del capitalismo contemporáneo es la aplicación de políticas públicas
para defender el régimen de acumulación y el ciclo de negocios, sobre la base
de una nueva ofensiva del capital sobre los trabajadores.
Es algo que en la Argentina
también se hace visible ante la conflictividad sindical y social creciente.
08.NOV.09
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