Pocos ganadores y muchos perdedores ante el nuevo acuerdo de Macri con el FMI


Todos los indicadores económicos y sociales se deterioran bajo las condiciones resultantes de la ampliación del acuerdo del Gobierno de Macri con el FMI. Según el Instituto de Estadísticas y Censos, INDEC, crece el desempleo al 9,6%; la pobreza al 27,3% de las personas, en un marco de creciente inflación (¿6% a 7% mensual en septiembre? ¿42% al 45% durante el año?) y recesión de la actividad económica, con guarismos entre el -2,5% y -3% para el 2018.
Ahora se trata de un préstamo por 57.100 millones de dólares (se desembolsarán unos 52.000 millones antes de finalizar el mandato presidencial a fines del 2019) a cambio de un brutal ajuste del déficit primario, es decir, antes de pagar intereses de la deuda, la que crece a niveles inusitados para proyectar el stock de deuda pública por encima del 100% del PBI a comienzos del próximo 2019.
Junto al déficit primario “0”, se suma la emisión monetaria “0” hasta mediados del 2019, promoviendo una restricción de la base monetaria para achicar la inflación, contener el dólar y causar enormes penurias a los sectores sociales de menores ingresos, la mayoría de la población.
La realidad es que el dólar crece un 12% en septiembre y un 121% durante los primeros 9 meses del año, cotizándose a $42 por dólar y una brecha establecida por el BCRA entre 34 y 44 pesos por dólar para intervenir desde la autoridad monetaria.
Por su parte, los combustibles crecen desde enero más del 60%, mostrando el impacto de la dolarización de algunos precios muy sensibles, caso de los combustibles o las tarifas de servicios públicos, con cronogramas de aumento en lo que resta del año.
A cuánto llegará la inflación a fin de año nadie lo sabe y menos cuál será el arrastre sobre el 2019, más allá del 23% establecido en el proyecto de Presupuesto que discute en estas horas el Parlamento, pero si queda clara la voluntad de ajustar a los sectores más empobrecidos para cumplir con el acuerdo con el FMI y los sectores hegemónicos del sistema mundial.
Tasas de interés de usura
Para sostener la nueva política monetaria y cambiaria se elevó la tasa de interés del 60 al 65%, lo que supone un crecimiento de las tasas sobre préstamos que llevan al default a la familia de sectores medios y bajos, endeudados con tarjeta de crédito, y ni hablar del costo financiero del descubierto bancario, una práctica generalizada entre los pequeños y medianos empresarios.
Altas tasas pasivas de interés para favorecer inversiones en activos financieros en pesos, letras ofrecidas por el BCRA o el Tesoro; o plazos fijos u otras colocaciones financieras, estimulan la especulación contra cualquier intento de aliento a la producción local, por eso se afirma la tendencia a la recesión recurrente.
El BCRA mantiene el mecanismo de desarme de la bomba de las LEBAC, pero las LELIQ que se colocan en la plaza financiera ya superan en stock a las LEBAC. Se cambia la vieja bomba por una nueva, a costa del presupuesto público que sostiene el conjunto del pueblo con miseria social extendida.
No cabe duda que el resultado combinado del déficit fiscal primario cero y la reducción de la base monetaria y emisión “0”, combinada con altas tasas de interés favorece la tendencia recesiva de la economía local con claros y pocos beneficiados y muchos perjudicados.
Crecen los despidos y suspensiones como consecuencia directa de la situación, sumado al cierre de fábricas y empresas, con alza de los concursos de acreedores, donde las trabajadoras y los trabajadores son los principales perjudicados.
Los ganadores se cuentan entre los especuladores, lo que involucra la creciente fuga de capitales, unos 290.000 millones de dólares de activos de argentinos en el exterior, según las propias cifras oficiales.
A ellos se sumas los grandes productores y exportadores, como las empresas que lograron la dolarización de sus precios, caso de las petroleras y aquellas que comercializan los servicios públicos privatizados.
Producto de la devaluación podría beneficiarse el sector vinculado al turismo local, por mayor presencia de extranjeros y desestimulo a los viajes al exterior.
Solo en el tiempo se podrá verificar si el elevado tipo de cambio actual favorece la producción local para la exportación, cuestión negada con el elevado déficit comercial presente y proyectado aún para el 2019, nada menos que por 10.000 millones de dólares.
La ortodoxia como argumento
Sea por la exigencia del FMI o la propia decisión de los que deciden en el Gobierno Macri, se impuso la lógica monetarista, donde la causa de la inflación resulta de la emisión monetaria excesiva, por lo que la solución supone una fuerte restricción de la base monetaria congelando la emisión hasta mediados del 2019.
El costo social es y será gigantesco, si es que la sociedad lo permite y no se generan las suficientes resistencias y confrontaciones.
Resulta de interés apuntar lo que hay detrás de la ortodoxia en la formulación de política monetaria, financiera, cambiaria y económica, para afirmar que es una cuestión de poder, que remite a que fracción de la burguesía actuante en el mercado argentino, de origen externo o local, puede disciplinar al conjunto de las clases dominantes y desde allí lograr la dominación sobre las clases subalternas, la condición de posibilidad para el funcionamiento del capitalismo local bajos condiciones “normales”.
Una normalidad relativa a la evolución contenida de los precios, tal como ocurre en la mayoría de los países del mundo; a la estabilidad de la macroeconomía y a viabilizar un ritmo de crecimiento acorde con las normas mezquinas de la lógica contemporánea.
No se trata solo de economía y políticas económicas, sino de política y consensos sociales en el bloque del poder para reestructurar regresivamente el funcionamiento del capitalismo en la Argentina.
El discurso ortodoxo asumido por las nuevas autoridades del BCRA converge con las críticas discursivas por derecha al macrismo y acelera los tiempos del ajuste fiscal y el cambio de precios relativos para favorecer la ganancia en desmedro de los ingresos populares. Se consolida así la ofensiva del capital contra el trabajo.
La sola devaluación ocurrida durante el año, del 120% de corrección cambiaria, confronta con actualizaciones salariales del orden del 25%, que aun cuando se habiliten reaperturas de convenios colectivos en torno al 40/42%, la pérdida de los ingresos por la venta de la fuerza de trabajo contrasta contra los ingresos elevados por los propietarios de los medios de producción, sea vía renta o ganancias.
El objetivo de reformas laborales se demora por vía legislativa, pero se resuelve vía medidas económicas con disminución de los salarios en dólares y por ende reduciendo el costo de inversores internacionales en la contratación de fuerza de trabajo.
A modo de ejemplo señalemos que un salario de $20.000 podía cambiarse hasta hace poco tiempo por 1.000 dólares y ahora solo puede aspirar a cambiarse por 500 dólares, favoreciendo el ingreso externo de capitales para invertir en la economía local. Argentina se hizo más barata para los tenedores de divisas con intención de invertir en el país.
Lo que está en juego
Es mucho lo que se juega en la coyuntura, con impacto en lo económico social y en lo político.
Sin perjuicio de la continuidad de la regresiva transferencia de ingresos que supone la política del gobierno Macri desde fines del 2015, lo que ocurre es una reestructuración del capitalismo local con un nuevo intento de consolidación de la extranjerización y subordinación de la estructura económica y social local a la dinámica de la dominación transnacional, en momentos de disputa del liderazgo del orden mundial.
Argentina intenta una pragmática política de alineación ideológica política con EEUU, al tiempo que afianza relaciones económicas, comerciales y financieras con China.
El acuerdo con el FMI, fuertemente apoyado por EEUU intenta contener a la Argentina como aliado imprescindible para la política exterior de Washington en el continente americano.
Sin EEUU no hay acuerdo con el FMI y Trump necesita a Macri en la cruzada contra Venezuela y el “populismo” en la región, forma de denominar cualquier intento de política diferenciada de la imaginación del poder estadounidense o la corriente principal neoliberal.
Todo esto se juega en el debate del Presupuesto 2019, el del profundo ajuste explícito en el acuerdo con el FMI, pero también en la Cumbre presidencial del G20 el 30/11 y el 1/12.
En la ocasión del cónclave presidencial del G20, Macri intentará mediar entre el poder de EEUU y sus aliados mundiales, contra la alianza entre China y Rusia, para encontrar un lugar para la Argentina en el marco de la disputa de la geopolítica global.
La gran incógnita es la respuesta popular, anticipada en variados conflictos, entre los que sobresale el del pasado 24 y 25 de septiembre, un paro de 36 horas y el plan de acción en proceso para confrontar con el ajuste actual, el Presupuesto 2019 y la propia contra cumbre del G20. Contra el G20 emerge una amplia organización popular que aspira a unificar variadas protestas contra la política del poder mundial.
Resulta en conjunto una lógica de conflicto que habilita a pensar las construcciones político electorales que disputen el destino de la Argentina en la renovación electoral del 2019.
Algunos imaginan el desplazamiento del macrismo en el ejecutivo nacional, pero sosteniendo el mismo plan de reestructuración regresiva de la Economía, del Estado y la Sociedad.
Lo que importa es la posibilidad de habilitar otras propuestas políticas, que en acuerdo con la lógica radicalizada del conflicto apunte a soluciones populares para la mayoría y más allá del orden capitalista.
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2018

Notas sobre el Presupuesto 2019


El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo al Parlamento argentino sobre el Presupuesto 2019 es un “gigantesco dibujo propagandístico”, que al mismo tiempo anticipa las líneas de un “brutal ajuste fiscal” que agrava las condiciones de vida de la mayoría de la población de menores ingresos. Un ajuste que en estas horas se negocia en Washington con el FMI, incluso para ampliar el préstamo del organismo internacional de 50.000 a 70.000 millones de dólares, los que se desembolsarían antes del fin del mandato de Mauricio Macri en diciembre del 2019. De ese modo se resuelven las necesidades de financiamiento del capitalismo local en el corto plazo.
El apoyo financiero tiene el sustento político del socio mayoritario en el Fondo: EEUU, quien aprecia el accionar del gobierno Macri en el cambio de la agenda política, económica e ideológica en la región. Para la política exterior de EEUU resulta de carácter estratégico terminar de reorientar el rumbo en toda América Latina y el Caribe hacia los intereses de las transnacionales estadounidenses y tiene en Macri un socio con consenso electoral para sus planes..
Lo del dibujo se podría explicar con las metas del Presupuesto del 2018, modificadas unilateralmente por el poder Ejecutivo sobre fines de diciembre pasado, a días de haber sido aprobado por el Congreso. Hace un año se proyectaba una inflación del 10%, luego corregida a 15% y el año terminará con un alza de precios en torno al 45%. Las imposibles metas de inflación del pasado año se diluyeron con la dolarización de los combustibles, las tarifas de los servicios públicos privatizados y la corrida cambiaria de estos meses. El dólar se imaginaba por debajo de los 20 pesos y hoy oscila entre 40 y 38 pesos. Se proyectaba un crecimiento de la actividad del 3,5% y cerraremos en una recesión en torno al -2,4% según el propio Gobierno. El presupuesto de crecimiento era pura propaganda que se desmoronó con la realidad recesiva del presente.
Dibujo y ajuste fiscal
Por eso, ahora para el Presupuesto 2019 también se acude a un escandaloso dibujo: Inflación del 23%, nivel de caída de la actividad económica del -0,5% y un dólar promedio de 40,10%. Son supuestos de contención de la inflación y muy especialmente de la cotización del dólar, que se mantendrá en los niveles promedio de estos días durante el próximo año. Son supuestos irreales que le sirven al gobierno para disputar el consenso político social en un tiempo de disputa electoral para el 2019.
Presentan un imaginario positivo sobre el desastre social que apareja la recesión económica en curso, proyectada su continuidad para el año entrante y la continuidad inflacionaria, aun con tendencia a la baja a los mismos niveles que durante el 2017, con restricciones en las actualizaciones de los ingresos populares, sean salarios, jubilaciones o planes sociales, lo que afecta a millones de habitantes de menores ingresos relativos. La pérdida de ingresos populares se acumula durante la gestión Macri y se consolida en la proyección hacia el fin del mandato presidencial.
El Presupuesto es una iniciativa política del gobierno para señalar que los problemas de estos últimos meses, corrida cambiaria mediante, se han terminado. Se trata de una estrategia asociada al apoyo financiero inusitado del FMI, sustentado en el apoyo de Trump al gobierno Macri. El solo anuncio que el acuerdo con el FMI avanza según lo solicitado por el gobierno argentino (anticipar desembolsos del 2020 y 2021 antes del 2019) recompuso en la coyuntura la valorización bursátil de las acciones de las principales empresas y los títulos de la deuda pública, recomponiendo retrocesos relativos de estos tiempos de incertidumbre. Al mismo tiempo crece la pobreza, el desempleo, la baja del salario y un conjunto de penurias que se constituyen en el nuevo piso del empobrecimiento popular.
Pretendemos señalar que la estrategia comunicacional del Gobierno con datos sobre el Presupuesto 2019, que suponen inflación a la baja, congelamiento del dólar alto, en torno a 40,10 pesos, y disminución del ritmo recesivo, actúa como aliciente ante inversores locales y globales que verifican en estas horas la reducción de los salarios medidos en dólares. Es una conclusión fundamental a la hora de definir destinos territoriales de inversores internacionales en momentos de restricciones a la rentabilidad de los capitales.
Además, con esta cotización del dólar, la gran apuesta del gobierno es al aumento de las exportaciones y disminución de las importaciones por encarecimiento, y por ende la reducción del déficit comercial, bajando la necesidad de endeudamiento externo para pagar importaciones. Está previsto un 21% de crecimiento de las exportaciones, con base en “soja y otras producciones agrarias” más “vaca muerta”, en donde se alienta el desembarco de cuantiosas inversiones externas. A ello suman ventas al exterior de manufacturas industriales sustentadas en una cotización alta que resulta competitiva con la producción externa.
Junto a ello el desestimulo al gasto por viajes al exterior y la expectativa de incremento de visitantes del exterior que gasten divisas en la Argentina, verificado en estos días con mayor cantidad de visitantes de países vecinos. Las proyecciones relativas a la cotización del dólar apuntan a sostener esos valores en los próximos años, acompañando los procesos de baja inflación imaginados para el 2020 en adelante.
En síntesis proponen contener el precio del dólar para inducir una baja de la inflación, mejorar el balance comercial y externo, terminar con la corrida cambiaria y estabilizar las cuentas macroeconómicas para favorecer la llegada de las inversiones externas.
Déficit cero con más impuestos y menos gastos
Todo lo dicho se enmarca en la estrategia del déficit fiscal primario igual a cero, lo que se logra con incremento de impuestos y reducción del gasto. Vale aclarar que no se elimina el déficit fiscal, ya que será cero el primario, es decir, antes de pagar intereses. Con el incremento de la deuda, los intereses crecen y se transforman en el principal gasto individual del Presupuesto. Sea por el crecimiento del stock de deuda, como por la devaluación, hacia enero del 2019, la deuda expresará más del 100% del PBI, comprometiendo e hipotecando  los recursos públicos por años.
En materia tributaria vuelven temporariamente las retenciones a las exportaciones y se amplían los sujetos del impuesto a las ganancias. Por un lado se amplía la base de la cuarta categoría, es decir, los salarios, a contramano de lo dicho en la campaña electoral del 2015 y de que el salario no es ganancia. Se eliminan exenciones al impuesto a las ganancias para ingresos jubilatorios y además, se pretende gravar con ganancias a cooperativas y mutuales que por definición son entidades sin fines de lucro.
Sobre el gasto público, los principales afectados serán los ingresos del personal, trabajadoras y trabajadores del Estado, sea por el congelamiento de los cargos, como por la afectación de ingresos salariales que no acompañan la perdida por inflación desde el 2016, agravada en el 2018, y sin recomposición adecuada prevista para el 2019. Del mismo modo se afecta el presupuesto del gasto social educativo y de salud, junto a los ingresos de pensionados y jubilados con el arrastre que supusieron las modificaciones de diciembre del 2017, consolidadas en las cuentas del Presupuesto en debate en el Parlamento.
Los fundamentos de la crisis actual según el mensaje oficial
Sostiene el Gobierno al elevar el Proyecto de Presupuesto 2019[1] que veníamos creciendo muy bien hasta que sobrevino la desgracia natural de la sequía que impactó muy fuerte en la producción agraria, especialmente la producción de soja. A eso se sumó el cambio de la situación internacional con la suba de los intereses en EEUU, con impacto en los países emergentes y la suba internacional de la cotización del dólar. Suman a esos argumentos el conflicto económico entre EEUU y China, más las crisis especiales de Turquía y Brasil. A ello alude Macri cuando remite a la tormenta que se descarga sobre la Argentina.
Ninguna auto crítica. Todo sería responsabilidad del contexto, exculpando a la política local implementada desde fines del 2015, o sea, la eliminación en origen de las retenciones, el pago a los holdouts con nueva deuda, más un desenfrenado endeudamiento agravado con el acuerdo con el FMI y una recurrente política de deterioro de los ingresos populares minando el funcionamiento del mercado interno y afectando a las economías regionales y a la pequeña y mediana empresa.
Pareciera que relativo a lo local todo se concentra en el fenómeno de los “cuadernos y la corrupción”, los que habrían minado la posibilidad de avanzar con inversiones bajo el paraguas de la Participación Pública Privada en materia de inversiones. Nada sería responsabilidad gubernamental, sino del exterior y del gobierno anterior. La herencia recibida es re significada en el Mensaje de presentación del Presupuesto 2019.
Con este diagnóstico justifican el pase de una política de ajuste gradual a otra de shock expresada en el Presupuesto para 2019. Eso es déficit fiscal 0% para 2019 y superávit de 1% para el 2020, lo que supone un ahorro de 25.000 millones de dólares entre 2018 y 2020, afirman en el mensaje que estamos comentando. El gasto del sector público nacional bajará del 24% al 20% del PBI entre 2016 y 2019 inclusive. Destacan una reducción del 0,8% en 2016, del 3% en 2017, del 6,2% en 2018 y se proyecta una caída del 7,7% en 2019.
El balance del 2018 se muestra optimista pese a los números negativos de una caída del PBI del -2,4%, principalmente generado por la caída del Consumo Privado del orden del -3,4% y del Consumo Público del -2% y morigerado por mejores perspectivas del balance comercial, base de sustento del motor de crecimiento económico en la etapa.
Queda claro el papel del Consumo popular en esta evaluación y el papel asignado a la competitividad exportadora con un dólar alto. El gobierno explicita sus intenciones de beneficiar a grandes exportadores, aun restituyendo retenciones transitorias y en pesos. Resulta benévolo el mensaje con relación a la cuestión monetaria y financiera sin considerar las cuantiosas pérdidas de reservas internacionales en el periodo, especialmente con las corridas cambiarias del 2018.
Las proyecciones
El mensaje describe un escenario internacional levemente favorable, aun con la persistencia del conflicto entre EEUU y China y el crecimiento de las tasas de interés en EEUU.
Respecto del PBI indican un caída del -0,5% fundado en baja del consumo privado del -1,6% y del -3,4% del consumo público (evidencia clara del ajuste fiscal); una caída de la Inversión del -9,7% y una mejora del balance comercial con exportaciones creciendo al 20,9% e importaciones en alza al 2,8%.
Recordar que: PBI= Consumo + Inversión + Exportación – Importación  
Por lo tanto, lo previsto es la caída del consumo, privado y público, de las inversiones, y toda la apuesta está en la mejora de las exportaciones por un dólar competitivo, asentado en soja, hidrocarburos no convencionales por Vaca Muerta y exportaciones industriales. Aun así, el déficit externo alcanzará según la previsión oficial unos 9.900 millones de dólares en 2019, contra 22.400 millones de dólares en 2018.
Más allá de referencias a generalidades sobre las potencialidades de la mejora social por impacto de las medidas de política económica se afirma la disminución de los subsidios económicos del orden del 0,7%, los que se trasladan al sector privado y a las provincias, especialmente en materia de transporte. Para energía la reducción es del 0,3% y estimando el traslado a precio del 70% del costo de la electricidad y del 75% del gas. Ello sugiere la continuidad de los tarifazos durante el próximo periodo y más allá. El mensaje supone una reducción del 2% en la dotación de personal estatal y la disminución de las transferencias a las provincias. La mejora de la recaudación con retenciones y eliminación de exenciones al impuesto a las ganancias son la contrapartida para asegurar el déficit cero en 2019.
Al déficit 0 se llega por mejoras de Ingresos tributarios y otros del orden del 1,2%, representando el 20,2% del PBI, y por reducción del gasto primario (antes del pago de intereses) del -1,5%: en subsidios económicos, gastos de funcionamiento, especialmente salarios y transferencias a Provincias y menores gastos de capital (energía, transporte y vivienda). Un dato curioso es que el gasto en salarios del personal asciende a 530.928 millones de pesos, un 2,9% del PBI, mientras que los intereses netos de deuda ascienden a 596.065 millones de pesos, el 3,2% del PBI. Esos mayores intereses explican el déficit fiscal general para el 2019, equivalente al déficit financiero, ya que el déficit primario se prevé 0.
Importa considerar las exenciones tributarias, especialmente del impuesto a las ganancias, que suman 35.455,3 millones de pesos, el 0.19% del PBI, entre los cuales computan ganancias de Asociaciones Civiles, Fundaciones, Mutuales y Cooperativas por 19.020 millones de pesos, un 0,10% del PBI; por trabajadores en relación de dependencia de la Patagonia por 4.561,7 millones de pesos, un 0,02% del PBI; Jueces y funcionarios de los poderes judiciales de la Nación y provincias por 9.854,6%, el 0.05% del PBI. Lo que no se cobra por todos los impuestos, exenciones, alícuotas reducidas o reembolsos, alcanza a 312.898,8 millones de pesos, o el 1,70% del PBI.
El Programa de Inversiones Público y Privadas, PPP, establece una proyección cercana a los 10.000 millones de dólares entre 2018 y 2033 para una primera etapa de 6 corredores viales.
Deuda pública y Presupuesto de la Administración Pública Nacional (APN)
Las necesidades financieras se establecen en casi 39.000 millones de dólares y se explicita una necesidad de financiamiento no cubierto por 20.000 millones de dólares, equivalente a lo que trascendió que incrementaría la asistencia financiera del FMI, de 50.000 a 70.000 millones de dólares.
Se estima un stock de deuda pública por 315.698 millones de dólares a diciembre del 2018, pasando del 57,1% al 87,0% del PBI. Tal como señalamos, en enero podría superar el 100%.
A diciembre del 2019 se estima en 331.971 millones de dólares la deuda pública y con la hipótesis de estabilización de la economía y mejora macroeconómica se supone una reducción del porcentaje de deuda sobre el PBI. El supuesto es el máximo déficit financiero para 2019 (3,2%) y una reducción progresiva hacia el 2023.
Los recursos totales de la Administración Pública Nacional (APN) en 2019 alcanzarán los $3.424.476,2 millones (18,6% del PBI). El gasto público previsto en el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2019 asciende a $4.024.761,9 millones, que representa un incremento del 27,4% interanual. Se estima que el resultado primario sea deficitario en $7.297,7 millones, (-0,04% del PBI, 2,6% por debajo con respecto a 2018) y que el resultado financiero (resultado primario más intereses de la deuda netos de operaciones entre organismos de la Administración Nacional) alcance un déficit total de $600.285,7 millones (-3,26% del PBI).
Intereses netos tiene previsto un gasto de 593.016 millones de pesos, contra Gastos de funcionamiento del Estado Nacional por 547.294 millones de pesos, de los cuales en salarios de todo el personal asciende a 437.791 millones de pesos.
El debate del presupuesto 2019 y la política
La Ley de Presupuesto tiene que discutirse en comisiones de la Cámara de Diputados antes de ir al recinto para su media sanción y consideración en el Senado. Ello implica un debate político con oposiciones diversas, algunas más proclives a la negociación que otras. Entre los negociadores se puede incluir a los poderes ejecutivos más vinculados políticamente con el rumbo nacional, sean oficialistas u opositores. De hecho son escasos los gobernadores que manifestaron críticas sustanciales a la política nacional y a las orientaciones sobre el Presupuesto 2019, que incluye el acuerdo con el FMI, gran condicionante de la política económica a futuro.
Sin embargo y más allá del debate institucional, será importante el debate callejero derivado del conflicto social que incluye el paro nacional de 36 horas a cumplirse el lunes 24 y martes 25 de septiembre próximo. De hecho, las dos CTA y un conjunto de organizaciones sindicales de la CGT anuncian convocatorias a movilizaciones en los momentos de tratamiento del Presupuesto, sin perjuicio de lograr un espacio en el debate parlamentario para hacer escuchar la voz del movimiento sindical y popular. El conflicto social trasciende las previsiones presupuestarias y remiten a la situación de inflación y recesión que golpea duramente a los sectores de menores ingresos en la sociedad argentina.
La pretensión gubernamental, más allá de cualquier oposición y del conflicto social, que intentará reprimir, apunta a la aprobación antes del 30/11, momento de inicio de la Cumbre de Presidentes del G20. Se trata de una imagen de control político que Mauricio Macri, coordinador del G20 quiere ofrecer a los jefes políticos de los principales Estados y Organismos Internacionales del capitalismo mundial. Es un tributo al poder mundial para continuar en la brega por atraer inversores externos que sustenten la posibilidad del desarrollo capitalista en el territorio argentino.
En la coyuntura local, el tratamiento del Presupuesto 2019 condiciona las tensiones y proyecciones de la confrontación política, en momentos de aceleración de las disputas por los consensos electorales que definen el próximo ciclo constitucional entre 2019 y 2023 y en definitiva el rumbo de la política y el orden económico local para el mediano y largo plazo. Algo que no solo interesa en el país, sino con repercusión regional y mundial.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2018


[1] Mensaje del Poder Ejecutivo elevando el Proyecto del Presupuesto 2019 al Parlamento. En: https://www.minhacienda.gob.ar/onp/documentos/presutexto/proy2019/mensaje/mensaje2019.pdf (consultado el 22/9/2018)

Dolarización creciente de la economía en Argentina


La situación económica se agrava para la mayoría de la sociedad en la Argentina.
Un indicador importante deriva de un dólar por encima de los 40 pesos u oscilando en torno a ese precio, sin que nadie pueda asegurar que la divisa estadounidense llegó ya a su techo.
En rigor, esa cotización del dólar perjudica la condición de vida de la mayoría de la población, pero favorece a muy pocos y concentrados productores y exportadores junto a especuladores locales y externos que acumulan con operaciones en el mercado local.
No es cierto que la devaluación perjudique a todos por igual. Existe un núcleo de poder económico que con la corrección cambiaria sale enormemente beneficiado, con mejor rentabilidad e ingreso para acrecentar la acumulación de riqueza.
La devaluación resulta un mecanismo de transferencia de ingresos y riqueza hacia acreedores externos y grandes exportadores.
Un futuro promisorio
Variados “opinólogos” sobre economía y política, del gobierno y especialmente críticos por derecha, sostienen que ahora, con este dólar el país será más competitivo, lo que ofrecerá mejores condiciones al balance de pagos en el mediano plazo.
Argumentan que con este precio de la divisa se desestimula el turismo hacia el exterior y se favorece el turismo local, con sus secuelas en hotelería, gastronomía y producción local con impacto en el empleo y mejora de las cuentas externas.
En el mismo sentido sostienen la potencial recuperación de la producción local por encarecimiento de las importaciones, favoreciendo el empleo y la recuperación económica local en todo el territorio.
Se trataría de un futuro con menor déficit comercial y turístico, incluso su posible eliminación.
Antecedentes para pensar en esa consecuencia nos remite a la devaluación del 2002, que entre otras cuestiones generaron las condiciones de posibilidad para la salida de la gran recesión entre 1998 y 2002.
Desde lo propagandístico remite a un futuro promisorio. Ahora en la coyuntura, la devaluación incrementa la pobreza y caída de los ingresos populares, pero se constituye en plataforma de superación de la recesión en curso.
Se presenta a la devaluación como una necesidad del ajuste de la economía, en un rumbo de miseria presente y futuro prometedor, casi como promesa en campaña electoral.
Ajuste fiscal y presupuesto 2019
Claro que ese futuro promisorio requiere también de la eliminación del déficit fiscal, tema que se tramita en Washington con renovación del acuerdo de junio pasado con el FMI.
A cambio de acortar el plazo de los desembolsos del organismo internacional e incluso gestionar más fondos, el compromiso local es el ajuste sin anestesia para bajar el gasto público social.
Esa negociación en Washington tiene correlato en las búsquedas de consenso político en la Argentina para lograr antes de fin de año el presupuesto 2019 con déficit primario cero.
Los gobernadores de provincias son los primeros en la lista del ablande para el consenso del ajuste, ya que son receptores o no de fondos nacionales para asegurar sus propios fines políticos, incluso de reelecciones en el próximo evento electoral.
El presupuesto del ajuste en 2019 requiere de consenso legislativo, por lo que los poderes ejecutivos provinciales son inducidos por el gobierno nacional a generar acuerdos de legisladores representantes de las provincias para dotar de presupuesto a la Nación y al gobierno Macri.
Se trata de un presupuesto en sintonía con el acuerdo FMI en negociación y que avala la gestión Trump en su estrategia continental para revertir el ciclo “populista” en Nuestramérica.
La aprobación del presupuesto, más si se logra antes de la cumbre de Presidentes del G20 el 30/11 y 1/12, será evidencia de control político institucional para el shock de ajuste exigido por la lógica del poder mundial, más allá de las críticas locales al restablecimiento temporal de las retenciones a las exportaciones.
El sacrificio del presente y el rumbo de la dolarización
La carestía de la vida la sufren los sectores de menores ingresos, con una inflación de precios para agosto del orden del 3,9% y una proyección para septiembre que alcanzaría el 6%.
Son valores que escalan los precios para todo el 2018 en torno al 45%, contra las mejores paritarias logradas en torno al 25 o 28%, en clara pérdida de la capacidad de compra del salario y los ingresos populares.
El combo de inflación y recesión impacta regresivamente a salarios, jubilaciones y planes sociales, afectando a millones de personas de menores ingresos.
Los índices de precios se explican también y en parte por el cambio de la cotización del dólar, en una economía que ya está dolarizada, por lo menos en precios de los combustibles, en tarifas de servicios públicos o en negocios inmobiliarios.
Por lo tanto, la propuesta de dolarización o convertibilidad llegada desde un asesor de la Casa Blanca no resulta una propuesta extraviada, más allá de desmentidos oficiales desde el gobierno o del propio FMI.
El camino en curso apunta a la dolarización o si se quiere, a la perdida permanente y recurrente de soberanía monetaria, tal como sostienen y fundamentan opositores por derecha al propio gobierno.
Se destacan en ese sentido José Luis Espert o a Javier Milei con opiniones relativas a la exacerbación del ajuste e incluso la eliminación del BCRA para liberalizar el uso de las monedas entre la población.
Es una concepción de liberalización exacerbada con menos Estado y regulaciones para asegurar la total libertad del mercado.
¿Qué presente y qué futuro?
Muchos sostienen que esto no aguanta más, que todo explotará por el aire, con un diagnóstico apocalíptico y catastrofista.
Resulta más realista pensar que no hay límite para la pérdida de derechos (salud, educación, empleo, salario e ingresos) y el deterioro de las condiciones de vida si no se generan masivas resistencias y muy especialmente elementos para construir un imaginario alternativo con otra ecuación de beneficiarios y perjudicados.
La iniciativa del gobierno está en marcha y supone el presente de inflación y recesión, con ajuste en el gasto social por lo menos para el 2018 y buena parte del 2019, todo financiado desde el FMI y si se puede con recursos complementados por Estados amigos, caso de EEUU e incluso por el mercado financiero mundial.
El problema es la iniciativa política popular, no sola para enfrentar la estrategia en curso, sino para construir un nuevo proyecto productivo y político de sociedad diferente, con más derechos sociales y equitativa distribución del ingreso y la riqueza.
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2018

Argentina en shock de ajuste y devaluación. Inflación y recesión

NOTA: Artículo realizado para el Semanario Comunista “el Popular” Digital, No 439, 7 de setiembre /2018, 3a Época-Uruguay, en: file:///C:/Users/JULIO/Downloads/El%20Popular%20digital%20439%20(1).pdf (consultado el 7/9/2018)

La situación económica y política de Argentina se viene agravando en un año que puede terminar con una caída del 2 al 2,5% del PBI y una inflación de más del 40% anual.
Ambos datos impactan regresivamente sobre la desigual estructura socioeconómica del país. Es un proceso con pocos beneficiarios y millones de perjudicados entre los sectores de menores ingresos de la sociedad.
El resultado directo es una mayor concentración y centralización de la economía, que genera mejores condiciones para la profundización de la extranjerización económica y una inserción subordinada a la lógica mundial del capital en momentos de tensiones globales definidas por la guerra comercial desatada por EEUU.
Además, con la corrida cambiaria en etapas sucesivas, escalando desde mayo pasado, en estos días el dólar alcanzó la cotización de 40 pesos por dólar (17,50 en diciembre pasado), lo que motivó que el BCRA elevara la tasa de interés de referencia al 60% anual para competir, vía intereses, con la demanda de divisas.
Consolida así a la Argentina como una economía de especulación, que junto a la inflación y la consecuente recesión castiga a los sectores productivos de menor peso relativo y sin capacidad de defensa ante la dominación de las transnacionales y el gran capital local hegemónico.
Los grandes perjudicados son los perceptores de ingresos fijos: trabajadoras y trabajadores, activos y pasivos, regulares e irregulares más beneficiarios de planes sociales, los que se cuentan por millones.
Shock de ajuste
En ese marco, el Gobierno Macri acudió por segunda vez en tres meses al FMI para lograr sustento financiero a una política económica que en el discurso oficial abandona el “gradualismo” en el ajuste para construir un Shock de Ajuste, con déficit fiscal primario (antes del pago de intereses) del 0% del PBI en 2019 y lograr un superávit del 1% para el 2020,  anticipando metas establecidas en el memorándum suscripto con el FMI en Junio del 2018.
Con el shock de ajuste fiscal está previsto reducir el déficit entre 2018 y 2019 en 6.500 millones de dólares vía reducción del gasto y mejoras de ingresos vía inclusión de las retenciones a las exportaciones.[1]
Si se adiciona el superávit previsto del 1% para el 2020 remitimos a 11.700 millones de dólares en dos periodos.
Al mismo tiempo que está previsto un déficit fiscal primario de 2,6% para 2018, el déficit financiero alcanzará al 2,9%, motivado en elevados intereses de un endeudamiento externo que sostiene el funcionamiento de la economía argentina.
El déficit financiero se eleva en 2019 al 3,2%, de modo que si bien el déficit primario se propone reducir a 0, el financiero crecerá y con ello la hipoteca de un endeudamiento que supera los 150.000 millones de dólares en la gestión Macri desde diciembre del 2015.
Se trata de un ajuste fiscal que supone disminución del gasto público e instauración de retenciones a las exportaciones para mejoras en el ingreso fiscal.
Respecto del ahorro se afecta el gasto de capital; en subsidios económicos que se transfieren a usuarios y/o a Provincias (transporte y electricidad); baja de gastos operativos por congelamiento de ingresos de empleo estatal y bajas de salarios con relación a la evolución de la inflación; reducción de gastos corrientes del Estado, lo que en conjunto suma 1,5% del PBI.
Desde el mayor ingreso fiscal destaca la vuelta de las retenciones, aunque pesificadas y con carácter transitorio hasta el 2020.
En efecto, se aplican 4 pesos por dólar de exportaciones primarias y 3 pesos por dólar al resto de las exportaciones, con un impacto total de, 1,1% del PBI.
Son dos las cuestiones a destacar al respecto.
Una remite al fondo que supone restablecer retenciones a las exportaciones, cuando una de las primeras medidas de la gestión Macri fuel la eliminación de las retenciones y un cronograma de disminución de las retenciones a la soja.
Fue un compromiso con los sectores hegemónicos del agro, la industria y la minería, que ahora critican el restablecimiento de las mismas, aun pesificadas, porque conceptualmente resurge un fundamento rechazado hace ya una década en la gran crisis política del 2008, entre los grandes productores y exportadores del campo y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Otra cuestión es el cargo en pesos, que con la variabilidad del tipo de cambio podría rápidamente licuarse, aun cuando desde el punto de vista fiscal, al Estado le interesa el ingreso de pesos, ya que el gasto es mayoritariamente en pesos.
¿Qué significa todo esto?
El propio gobierno reconoce que crece y crecerá la pobreza en la Argentina, cuando la campaña electoral y el primer mensaje oficial al país suponían el compromiso de Pobreza Cero. Es una proposición que quedará muy lejos con el ajuste en curso.
La sola devaluación cambiaria, de 9 pesos en diciembre de 2015 a los 40 actuales, o la reciente duplicación de 20 pesos a 40 entre la corrida de mayo y sucesivas, sin límite predecible en el corto plazo, significa traslado a precios de la economía, especialmente en aquellos que afectan la canasta de consumo cotidiano y por ende con impacto entre sectores más empobrecidos: perceptores de salarios, jubilaciones o planes sociales, la mayoría de la sociedad.
Argentina dolarizó en estos años el precio de los combustibles y de las tarifas de servicios públicos, afectando la cadena de precios de buena parte de los consumos populares, especialmente alimentos y medicamentos.
Todo contribuye a alejar la capacidad de cobertura de necesidades sociales con los ingresos populares devaluados.
De hecho, el gran objetivo del capital hegemónico apuntaba a la reducción del costo laboral, algo que no pudo avanzar por vía legislativa ante la resistencia impuesta por el movimiento sindical y territorial de trabajadores, que en conjunto desplegaron iniciativas de confrontación y límite a los propósitos de reforma laboral regresiva, al estilo Brasil.
Sin embargo, con la devaluación cambiaria redujeron los salarios en dólares, mejorando la ecuación a favor de los inversores dolarizados que el gobierno aspira atraer para inversiones en energía, yacimiento Vaca Muerta de hidrocarburos no convencionales por ejemplo; o en comunicaciones y áreas de infraestructura.
Las negociaciones salariales paritarias han sido condicionadas en estos años, estableciendo techos por debajo de la inflación, lo que supone pérdida de ingresos salariales en la distribución funcional del ingreso.
Para este año el techo se había establecido en 15%, luego se flexibilizó a 20% y algunas organizaciones sindicales lograron actualizaciones del 26 al 28%, en un gran logro de lucha y organización. La realidad ahora desbordada de una pauta inflacionaria del orden del 40% esperado aleja cualquier recomposición salarial contra precios.
En el mensaje presidencial del lunes 3/9, no son sin cinismo, Macri señaló la imposibilidad de satisfacer la demanda salarial de los profesores universitarios, en paro desde el 6 de agosto, en el marco de un conflicto que ascendió a la toma de varios institutos universitarios y masivas movilizaciones callejeras de la comunidad universitaria más allá de la demanda corporativa de los docentes.
Con el deterioro de los ingresos populares como el principal efecto, se agudiza la perspectiva recesiva de la economía argentina. El propio INDEC informa que:
“La actividad de la industria manufacturera de julio de 2018 presenta una baja de 5,7% respecto al mismo mes del año 2017. En el acumulado de los primeros siete meses de 2018 en su conjunto, el estimador mensual industrial (EMI) alcanza el mismo nivel que en igual período del año anterior, por lo que registra una variación interanual de 0,0%.”[2]
El apoyo de EEUU y de Trump
Importa destacar el apoyo del poder económico y político mundial, del FMI y su principal accionista: EEUU y su inefable titular.
En junio pasado y con escaso tiempo de negociación, el FMI apoyó con un crédito inusual de 50.000 millones de dólares al gobierno argentino y por tres años.
Ya se desembolsaron 15.000 millones y se suponían desembolsos de 3.000 millones cada tres meses desde septiembre del 2018.
El FMI ya realizó la primera auditoría y desde ayer se renegocia el acuerdo en Washington.
Aun cuando resten semanas para la aprobación oficial, la Directora Gerente, Chrstiane Lagarde ya anticipó el acuerdo que consistiría en adelantar los aportes previstos para 2020 y 2021 antes de finalizar 2019 (fin de mandato Macri), a cambio del shock de ajuste antes comentado.
Por si había dudas, y aun creciendo el “riego país” a 739 puntos en la fecha, Donald Trump se comunicó telefónicamente con Macri para manifestarle su acuerdo con el rumbo económico y el liderazgo del Presidente de Argentina en la región latinoamericana, al tiempo que ratificó la presencia en la Cumbre del G20 (coordinado este año por Argentina) a realizarse en Buenos aires el 30/11 y el 1/12 próximos.
No hay dudas, el principal accionista del FMI dice que el organismo internacional debe facilitar los recursos necesarios para sostener al principal aliado político en la región.
El tema es que más allá de inversiones externas demoradas por el ciclo mundial de la economía, el poder mundial necesita del gobierno argentino en su apuesta al cambio de agenda en la región a favor de los intereses del gran capital.
La consideración es que el consenso electoral a un programa de derecha como el argentino, resulta más funcional que cualquier otro gobierno deslegitimado por origen golpista, caso del Brasil, en su prédica contra Venezuela o los mecanismos de integración alternativa que supieron destacarse hasta hace pocos años.
Es aun mayor el apoyo del poder mundial que el del bloque de poder local, ya que la burguesía exportadora recela del retorno de las retenciones, aunque estas sean en pesos. Puede pensarse que también temen por nuevas rondas de extranjerizaciones, también motivadas por la ventilación de casos de corrupción que involucran a firmas emblemáticas del poder económico local.
Los propios socios gubernamentales recelan de la forma de gestión, muy auto-centrada en el partido de Macri, el PRO, con relativo escaso papel en el Poder Ejecutivo de otros integrantes de la coalición de gobierno, CAMBIEMOS.
Se trata de un intento de nueva hegemonía en el sistema político de la Argentina, con un Presidente constitucional, que por primera vez en la historia con vigencia de la Constitución (1916) no es ni radical ni peronista. Es un intento que se inició con el voto en 2015, se afianzó en 2017 y pretende consolidar en 2019.
Ahí está la duda política de la coyuntura en el país y el interrogante es si Macri renueva para un nuevo periodo presidencial y recrea su estrategia de cambio en la hegemonía de la gestión política de la Argentina, modificando el bipartidismo histórico entre radicales y peronistas.
Existen ruidos en el poder político y el debate es quien administra el ciclo del capital en el país. Son problemas de la superestructura con base estructural de cambios en el poder sustancial del capitalismo local.
La protesta social
Tanto la situación de arrastre como el nuevo shock de ajuste alimentan el descontento, la protesta social y augura aumento del conflicto popular. Ya está anunciado un Paro nacional para el 25/9 de parte de la conducción de la CGT, que para las CTA, la Autónoma y la de los Trabajadores y algunos gremios de la CGT, se inicia el 24/9 con movilización callejera.
No se trata solo del impacto socioeconómico en la coyuntura, sino de confrontar con el proyecto estratégico del poder.
La ofensiva capitalistas en la Argentina se inició en el 75/76, en primer lugar contra los trabajadores y las trabajadoras, sus organizaciones representativas, sus derechos y sus ingresos; encontrando continuidad esencial en los gobiernos de la dictadura genocida en los 70/80 y en los años 90, recreando y profundizando el programa en el presente bajo el gobierno de Mauricio Macri.
No es menor la resistencia popular a la dictadura genocida y a los procesos de reestructuración neoliberal capitalista de los 90 y la actualidad, convocando a discutir la estrategia del movimiento obrero, popular y de la izquierda social y política más diversa para frenar el ajuste y la regresiva reestructuración en curso y habilitar un debate para el despliegue de políticas contra el neoliberalismo y el capitalismo.
Es un desafío para el movimiento popular local con impacto en la situación Nuestramericana para frenar la ofensiva imperialista y conservadora de las clases dominantes en toda la región latinoamericana y caribeña.
No se trata solo de un problema local, sino con capacidad de intervenir en la lucha de clases regional y mundial.
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2018



[1] Acciones para alcanzar el equilibrio fiscal. 3/9/2018. Información oficial del Ministerio de Hacienda, en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/presentacionmedidas20180903.pdf (consultada el 5/9/18)
[2] INDEC. Estimador mensual industrial, Julio de 2018, en: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/emi_09_18.pdf (consultado el 5/9/18)

Dos tendencias en pugna en la Argentina


La coyuntura se define en dos gruesas tendencias que disputan el consenso de la sociedad.
Una es la movilización popular por “derechos”, claramente expresado por la masiva movilización universitaria del pasado 30/8, pero también por la convocatoria de la CGT a paro nacional para el 25/9 y de las 2 CTAs y gremios de la CGT por 36 horas con movilización para el 24 y 25/9. Claro que en este sentido se incorpora la lucha por el derecho al aborto seguro y gratuito que protagonizó hace muy poco la marea verde.
Otra tendencia es la aplicación de un ajuste sin anestesia, explicitado el mismo jueves 30/8 con una cotización del dólar a 40 pesos y una tasa de interés de referencia del 60%, establecida por el BCRA. Sea presión del eufemístico mercado o decisión del gobierno Macri, esas medidas tienen beneficiarios concretos: grandes productores y exportadores y obvio, una gama muy diversa de especuladores locales y globales. El gobierno dice que atraviesa una tormenta y que hace lo mejor que puede, cuando el costo de estas medidas afectan a la mayoría de la sociedad, vía inflación o recesión.
¿Dónde está el consenso de la sociedad?
Macri, el PRO y Cambiemos construyeron consenso electoral en el 2015 y 2017; ahora disputan el 2019. Pareciera que no les resultará tan simple por el impacto de los efectos sociales que genera la situación económica, por lo que es cada vez más difícil a Macri y su equipo transitar lugares públicos sin recibir protestas de distinto calibre.
Ante la duda de repetir en el 2019 hay varios que se anotan para la sucesión, sin modificar el rumbo de la política económica o el modelo productivo y de desarrollo asentado en “vaca muerta más soja”. Todo claramente aceitado por el endeudamiento externo y el aval del poder mundial: FMI + Trump.
Estos proyectos políticos que se imaginan en la sucesión del 2019 quieren que Macri haga todo el trabajo sucio posible del ajuste sin anestesia. Vaya si la devaluación no supone bajar los salarios e ingresos populares cotizados en divisas. El presupuesto en pesos se licua con la nueva cotización de las divisas y genera mejores condiciones para el ingreso de capitales externos y el cumplimiento del acuerdo con el FMI en materia de achique del déficit fiscal primario.
Hay un consenso en el poder que se difunde vía medios de comunicación hasta el cansancio, relativo a que el problema es el déficit fiscal, y por lo tanto el acuerdo es el ajuste. El discurso se repite hasta el cansancio y muchas familias que votan y acuerdan con el gobierno piensan ahora en torno a la factura de gas o electricidad que reciben; o se sorprenden con los recurrentes aumentos de combustibles desde que estos están dolarizados.
El consenso en el poder construye el consenso cultural e ideológico en toda la sociedad, mediante los medios masivos de comunicación, siendo reiterado escuchar el interrogante: “¿si no aumentan los servicios públicos o el combustible, quién se hace cargo? Inmediatamente acompañado de: “No el Estado”. Por ende, el mensaje es que no queda otra que privatizar el costo en toda la sociedad y concentrar las ganancias en muy pocos.
Se trata de una construcción ideológica con varios problemas, desde el papel del Estado, sí o no relativo a que actividades o iniciativas, pero también respecto a: ¿energía para qué y para quién?, lo que implica discutir el costo local de la extracción de hidrocarburos y de la cadena de valor hasta llegar al consumo.
Por eso destaca la movilización universitaria o la marea verde, en tanto acciones diferentes, pero que disputan consenso social. Construyen cultura y son transversales a la política y la ideología hegemónica.
Es importante porque el conflicto de no inicio de las clases el 6/8 surgió como demanda de actualización salarial de los docentes y se proyectó como un debate relativo al presupuesto, a la ejecución presupuestaria y en definitiva al derecho a la Universidad pública.
La sociedad en su conjunto estuvo discutiendo en estas horas el sentido y necesidad de la Universidad Pública, claro que así como muchos se movilizan, otros mantienen la esencia del discurso hegemónico, que hace décadas batalla por el recorte de la Universidad Pública y la mercantilización de la educación en general.
Es un debate social y por eso, la tensión social se procesa en toda la sociedad, en el consenso al discurso de la inevitabilidad del ajuste u otro relativo a la defensa de derechos: al aborto seguro o a la educación pública, entre muchos, con el centro en los ingresos populares que satisfagan una canasta necesaria de bienes y servicios, hoy por encima de los 21.000 pesos mensuales.
Apoya Trump, EEUU y el FMI
No hay que subestimar los apoyos políticos foráneos. Hay gestión en estas horas desde el gobierno con el FMI para que los desembolsos del 2020 se anticipen al 2019, año electoral por cierto.
El hecho es que Argentina no tiene quién le preste y acude al prestamista de última instancia: el FMI, a una tasa menor de la que sugiere el acrecido riesgo país de la Argentina.
No es correcto el interrogante sobre impericia de gestión del gobierno, ya que más allá de ciertas cuestiones que le discute la propia derecha a Macri, lo que importa es la realidad de un ajuste que se ejecuta como si no hubiera alternativa.
¿Cuál es la respuesta esperable del FMI? Claramente de apoyo, mucho más con el respaldo de EEUU al gobierno Macri. En estas horas, Donald Trump ratificó su presencia para la Cumbre de Presidentes del G20 del 30/11 y 1/12 en Buenos Aires. Debe verse como un respaldo a un amigo que contribuye al cambio de la agenda latinoamericana.
En ese sentido, el cambio político del 2015 en Argentina favoreció la iniciativa política por el desarme de una estrategia alternativa de integración, caso de Unasur o la CELAC; el retiro de Ecuador del ALBA-TCP y las agresivas campañas contra gobiernos que no son funcionales a la estrategia sustantiva de EEUU.
Son apoyos que juegan en la lógica política y son parte del debate del poder local. Por ejemplo, con la devaluación mejoran los ingresos del sector gran exportador, por lo que se reabre una discusión entre ellos sobre la vuelta o no de las retenciones a las exportaciones.
Con un dólar a 40 el jueves, a 38 el viernes, o a lo que sea desde el lunes próximo, el ingreso por facturación de exportadores es gigantesco, por lo que algunos en el poder señalan que algo tienen que poner para no perder la totalidad, es decir, la primera experiencia constitucional de un gobierno de derecha, no radical ni peronista, que podría habilitar un nuevo tiempo político en la Argentina, más funcional con lo que ocurre en el mundo con empresarios en la gestión presidencial.
El apoyo político y financiero de Trump, EEUU y el FMI se disputa en la cotidianeidad, por eso es que la tensión es entre un rumbo u otro del consenso social.
¿Qué quiere la sociedad?
Es difícil de responder el interrogante, y en todo caso es una cuestión cultural relativa a que país pretende cada quién, con qué modelo productivo y de desarrollo, para satisfacer que necesidades;  derivadas del objetivo de la ganancia o de la ampliación de derechos.
Se trata de un debate necesario que a veces escamotea la urgencia de la cotidianeidad, pero que resulta inevitable para quienes pretenden instalar un proyecto político más allá de la gestión del capitalismo.
Buenos Aires, 1 de septiembre de 2018