Link para abrir el Libro Crisis del Capital (200772013)
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A QUIEN LE INTERESE LA VERSIÓN EN PAPEL PUEDEN CONSEGUIRLA EN LA SEDE DE LA FISYP, MONTEVIDEO 31, 2° PISO, CAPITAL FEDERAL.
Ajuste del salario mínimo
En dos cuotas se actualizará el salario mínimo según dispuso
el Consejo del Salario Mínimo, el Empleo y la Productividad. Un 14% en agosto y
otro 11% desde enero del próximo año, por lo que el acumulado hacia comienzos
del 2014 expresa el 25,2% publicitado como ajuste. Los precios se actualizarán
durante todo el año, más o menos en esos valores, y quienes perciban el mínimo,
lo harán luego de actualizados los precios. Los ingresos de los trabajadores
corren desde atrás a los precios.
En valores absolutos, de los $2.875 actuales, el ajuste
llevará el salario mínimo a $3.600 en enero del 2014. Tanto la CTA como la CGT solicitaban un
salario mínimo de $5.180 por mes, claro que ambas estuvieron excluidas de los
debates, a los que solo se invitó a las fracciones sindicales afines al
gobierno. Este monto resulta de un porcentaje de la canasta mínima de bienes y
servicios que se calcula en torno a los $8.600 mensuales, muy lejos de la línea
de pobreza o de indigencia que mide el INDEC.
Hace poco difundimos un informe de la Fisyp con datos de la
Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, con información al segundo trimestre
del 2012, es decir, referencias de hace un año, las que no se han modificado
sustancialmente. De allí surge que:
·
para 8.258.207 trabajadores en relación de
dependencia en la Argentina, es decir, asalariados registrados y no registrados,
se observa que el 38,2%, con salarios menores a $2.500 mensuales, unos
3.154.635 trabajadores perciben un ingreso promedio del orden de los $1.467 al
mes, que completan con otros $153 de actividades secundarias, totalizando un
ingreso mensual de $1.620. Son valores menores al salario mínimo vigente hasta
el presente, sin considerar la reciente actualización;
·
el 12,9% de los trabajadores percibía salarios entre
$2.500 y $3.000 al mes, son 1.065.309 trabajadores y obtienen un ingreso
promedio de $2.912 mensuales, al que adicionan $146 por ocupaciones
secundarias, sumando $3.058 al mes.
·
Sumando ambas categorías, las de menores
ingresos, se encuentra el 51,1% de los trabajadores, unos 4.219.944
trabajadores, con ingreso promedio menor a $3.000, valor inferior al nuevo
monto de salario mínimo.
·
La información reseña que aquellos trabajadores
que perciben ingresos mensuales entre $3.000 y $4.500 son el 24,7% del total,
unos 2.039.777 de personas, con ingresos promedio al mes por $3.834, a lo que
suman por actividades secundarias unos $215 por mes, totalizando unos $4.049
cada mes.
·
Finalmente, los que ingresan en promedio al mes
más de $4.500 representan el 24,2%, y son 1.998.486 trabajadores con ingresos
promedio de $7.048, y al que adicionan por actividades secundarias unos $274 en
promedio al mes, sumando por ambos conceptos unos $7.322.
Insistamos que son datos de hace un año y que cualquier actualización
que se haga, no modifica sustancialmente la referencia al deterioro del ingreso
de los trabajadores, más allá de cualquier actualización o cálculo que se
pretenda.
Una cuestión a insistir es que nuevamente se ningunean
consideraciones o debates sobre las otras cuestiones para lo que fue creado el
Consejo del Salario, es decir, el “empleo y la productividad”. La novedad
provino de la eximición del pago de ganancias al medio aguinaldo dispuesto por
el poder ejecutivo, ya que excede las funciones del Consejo.
Respecto del empleo, el trabajo informal, un 32%, no perfora
el piso de un tercio de los trabajadores en esa situación de precariedad y el
desempleo se mantiene en valores altos del 7,9%. El trabajo informal convive
con la precariedad en el empleo, la subocupación y la sobreocupación, todas formas
de expresión de la súper explotación de la fuerza de trabajo. Respecto de la
productividad, en términos generales ha sido apropiado como ingreso de los
empresarios más concentrados. En ese sentido se puede afirmar que las mejoras
de productividad no se socializan.
El salario mínimo es una referencia que debiera establecerse
antes de la realización de las negociaciones colectivas por salario y
condiciones de trabajo, aunque en la práctica se materializan a posteriori.
Siendo un valor de referencia, resulta útil compararlo con la capacidad de
compra del salario, algo complejo por la falta de credibilidad de las
estadísticas de evolución de los precios al consumidor que mide el INDEC. En el
mediano plazo, el valor de referencia del salario mínimo creció por encima de
los indicadores del INDEC, y a la par del promedio inflacionario determinado
por las pocas provincias que mantienen los registros de medición de precios,
diferenciándose del INDEC. Más difícil resulta evaluar el impacto real en la
capacidad de compra derivada del consumo cotidiano.
Vamos a insistir que en los ajustes, más allá de su magnitud
son bien recibidos por los perceptores, algo que vale para los anuncios del
salario mínimo o los ajustes previsionales. Sin embargo, la sensación de esos
perceptores es que los precios de los bienes y servicios de consumo cotidiano
se les escapan, en aquella alusión histórica de que “los salarios suben por las
escaleras y los precios por el ascensor”. La evolución del precio de la fuerza
de trabajo corre por detrás de un conjunto de precios que hacen al consumo
cotidiano del trabajador y su familia. Es una cuestión económica, sí, pero
sobre todo política, de quien define la apropiación del producto social del
trabajo. No es solo una cuestión de salario mínimo, sino del mínimo de ingreso
para satisfacer las necesidades en nuestro tiempo presente. Como siempre, se
trata de Economía y Política.
26
de julio de 2013
Japón en la disputa de Nuestramérica
(escrito a solicitud de Tiempo Argentino)
La crisis capitalista desatada desde el 2007 encontró a Japón
en desventaja a otros competidores globales, especialmente en la inserción
regional en Nuestramérica. Mientras Japón transitaba una larga recesión,
China logró colocarse como gran socio asiático
en la región, afectando la inserción japonesa, incluso el predominio histórico
de Europa y EEUU.
Desde fines del 2012, el gobierno japonés copió la estrategia
de la Reserva Federal de EEUU relativa a la emisión y estimulación del gasto
para el salvataje de empresas y bancos en problemas. Esa masa de moneda lanzada
al mercado y las bajas tasas de interés
en el capitalismo desarrollado favoreció la búsqueda de mercados y rentabilidad
en el mundo, con especial interés en levantar la baja de inserción en Latinoamérica.
Se trata de comercio e inversiones, principalmente en recursos naturales. Japón
es importador importante de los países asentados en el Pacífico, especialmente
Chile, México y Perú, y existe interés en diversificar sus vínculos vía
comercio e inversiones con Sudamérica, y con énfasis en Brasil y Argentina.
El problema para Sudamérica pasa por evitar la primarización
inducida por Japón vía convenios multilaterales con los países del área del
Pacífico, lo que supone discutir el lugar asignado a Latinoamérica como
proveedores de materias primas y recursos naturales según la división
internacional imperialista del trabajo. Existen intereses del capitalismo
japonés y la incógnita pasa por el desarrollo de relaciones externas que se
sustenten en un modelo productivo y de desarrollo sostenido desde la soberanía
nacional y la integración regional para satisfacer necesidades de los pueblos
de Nuestramérica.
Buenos
Aires, 15 de julio de 2013
Distribución del ingreso y la riqueza en Nuestramérica
(escrito para Tiempo Argentino, publicado el Domingo 21/7/2013)
No se puede considerar la
“distribución” sin procesar el modelo productivo y en consecuencia el de
desarrollo.
Con Marx aprendimos desde 1857
en su célebre “Introducción....” que “Una producción determina, pues, un
consumo, una distribución, un intercambio determinado, y rige igualmente las
relaciones recíprocas determinadas de esos distintos momentos.” Al tiempo que
considera que “son todos elementos de una totalidad”, el capitalismo.
Desde esa síntesis es que vale
preguntarse qué se produce y quién define esa producción en Nuestramérica para
pensar en términos de patrón de consumo, o de distribución del ingreso o de la
riqueza. La respuesta nos devuelve el papel hegemónico de las transnacionales
de origen europeo, estadounidense, asiáticas, o las mismas translatinas, y
claro, la subsunción de la naturaleza y la fuerza de trabajo en la región a la
demanda del régimen del capital más concentrado en el mundo.
La concentración de la riqueza
está confirmada en la apropiación de la producción social (distribución) de una
minoría de capitales externos a la región, confirmando la dependencia
comercial, tecnológica, financiera, productiva, y que incluye a la élite local
entre los principales millonarios del planeta, sea el mexicano Carlos Slim, el
brasileño Jorge Paulo Lemann, la chilena Iris Fontbona del Grupo Luksic, Luis
Carlos Sarmiento de Colombia, estos entre los 10 primeros de América Latina. En
Argentina los hermanos Bulgheroni, puesto 219 en el ranking mundial de Forbes
que incluye también a Eduardo Eurnekian,
María Inés de la Fuente Lacroze, Gregorio Pérez Companc, y Alberto Roemmers
entre los 1.000 multi millonarios globales.
Claro que la inserción
subordinada de la región en la producción y exportación de recursos naturales
como petróleo, gas, cobre, litio, minerales diversos, agua, tierra, alimentos,
biodiversidad, precios internacionales mediante genera importantes recursos
fiscales canalizados vía programas sociales para facilitar inclusión y los
consensos a los gobiernos según la CEPAL. Es cierto que existen diferencias en
las políticas sociales según la orientación de los gobiernos, pero aún no
afectan la esencia del régimen del capital.
16
de julio de 2013
Acuerdo entre YPF y CHEVRON
Sucedió lo que veníamos
anunciando desde la expropiación parcial de YPF, situación ésta que
oportunamente saludamos, pero en la que advertíamos se parecía privilegiar una
asociación para la dependencia con la Chevron.
La expropiación parecía a medida
de la petrolera estadounidense, la que fundó Rockefeller, y que ahora es
demandada por familias indígenas del Ecuador por 19.000 millones de dólares.
Denuncia motivada en la depredación de la naturaleza y la afectación de 30.000
personas en la Amazonía ecuatoriana, por explotación de hidrocarburos de la
Texaco (comprada por la Chevron) entre 1965 y 1990.
Fue sospechoso que EEUU no
criticara la expropiación de YPF, y ya se conocía el interés de Washington por
frenar cualquier intento de compra de YPF-Repsol por petroleras chinas. Es que
el petróleo es un insumo estratégico en cualquier parte del mundo, pero
especialmente en EEUU, donde se provocó la primera crisis petrolera,
energética, a comienzos de los 70´ y desatara la búsqueda de provisión petrolera
a cualquier costo, económico, social y natural. Es conocida la evolución
posterior de la sociedad mundial para asegurar la provisión de hidrocarburos al
mayor consumidor mundial: militarización, invasiones territoriales y afectación
de las soberanías de los países y pueblos del mundo, de Afganistán a Irak,
pasando por Libia y las eternas amenazas a Venezuela, para pensar solo en el
último tiempo. Todo ello es coherente con el estadounidense criminal accionar
sobre Cuba bloqueada. Si miramos hacia atrás encontramos el conflicto del medio
oriente que según comentarios generalizados olía a petróleo.
Crisis
energética y petrolera
La energía mundial tiene base en
los fósiles. Es muy lento el avance de fuentes alternativas de energía, y
claro, las petroleras tienen sus intereses en que esto no avance. Aun con 90%
de las reservas petroleras en manos de los Estados nacionales, las grandes y monopólicas
petroleras manejan la tecnología y se aseguran un negocio multimillonario, pese
al cenit alcanzado de reservas internacionales. Eso mueve al alza los precios,
con una demanda que no para y una oferta en franca disminución. Claro que esa
ecuación de precios favorece la extensión de la exploración y explotación, tal
como demostraron las producciones extra territoriales y ahora la
experimentación sobre los no convencionales, gas y petróleo atrapado en rocas
ubicadas en el subsuelo, a más de 1.000 y 4.000 metros de profundidad.
El productivismo siempre piensa
que la ciencia todo lo resuelve y así ensayan con nuevos materiales y
tecnología, no siempre calculando el costo humano y sobre la naturaleza. Es
común escuchar en estas horas, en defensa de la mega minería a cielo abierto y
de las petroleras, que toda industria contamina, y que es lógico que la
industrialización (para el bienestar del consumismo) genere “cierta”
contaminación, y agregan, a corregir. Por ello se justifican multas a todas las
petroleras, porque es imposible avanzar en la producción sin costo
contaminante. Recuerdo hacia 1992 el texto de John Galbraith “La cultura de la
satisfacción” que explica como los magnates de la producción global solo están
interesados en el devenir del bienestar de tres de sus propias generaciones,
incluyendo a hijos y nietos, desinteresándose del futuro de la humanidad y la
naturaleza. Solo les interesan sus ganancias, la acumulación y su reproducción
para la dominación y eternización del capitalismo.
Es Japón un país con tradición
de cuidado en el uso de la tecnología nuclear, ya que sus antecedentes fueron
Hiroshima y Nagasaki. Por ello es que asumieron tantas medidas de seguridad
sobre los emprendimientos nucleares. Sin embargo y pese a ello, esa previsión
fue superada por Fukushima en marzo del 2011, con explosiones y consecuencias
de radiación sobre el ambiente y la población. Es un ejemplo de que no alcanzan
las medidas de seguridad y que no resulta conveniente ensayar tecnologías
sospechadas sobre nuestras poblaciones y territorios. Vale la mención nuclear para
este caso sobre hidrocarburos no convencionales, donde la tecnología es la de
la fractura hidráulica o fracking, utilizada para explotar la roca en el
subsuelo mediante la inyección de toneladas de agua y arena combinada con un
cóctel de tóxicos que incluyen de 200 a 400 componentes químicos para favorecer
el accionar sobre las rocas que contienen el gas y el petróleo no convencional,
shale-gas y oil-gas.
Vale consignar que existen
estados estadounidenses que suspendieron el uso de esa tecnología mediante una
moratoria. En Europa estudian su regulación, y está prohibido en Francia y Bulgaria,
con restricciones en algunos otros países, y ya existen algunos municipios
argentinos que declararon sus territorios libres de fracking, en Río Negro, Mendoza
y Entre Ríos. En la medida en que se extienda el esclarecimiento sobre las
consecuencias de la aplicación del fracking, es factible que la protesta se
extienda. Muchos opositores solo critican la forma, que sea un decreto y no una
ley; que no se haya consultado previamente a los poderes neuquinos, pero muy
pocos manifiestan la agresión a la población y a los recursos naturales o
bienes comunitarios (o comunes). Por otra parte, no olvidemos que la
movilización del pueblo del Famatina y la solidaridad nacional lograda frenaron
el emprendimiento de la Osisko Mining Corporation, contrato cancelado a
comienzos de Julio del 2013 y que tenía vigencia otorgada por la Provincia de
La Rioja desde el 2011. No es menor detalle consignar que la movilización
popular definió la no realización del emprendimiento minero a cielo abierto.
Ahora cuando todos esperan el pronunciamiento del gobierno y legislatura
neuquina, propietario constitucional de los yacimientos, poco se considera la
protesta social, del pueblo mapuche y movimientos sociales y políticos que se
oponen al acuerdo entre YPF y Chevron respaldado en un decreto del Poder
Ejecutivo.
El tema es la crisis energética,
y eso es lo que hay que discutir. ¿Por qué hay crisis de la energía en el
mundo? ¿Qué lugar ocupa la Argentina en la misma? Muy pocos se atreven a
discutir el modelo productivo que dilapida en aras del consumismo las reservas
de hidrocarburos. En efecto, el productivismo y la obsolescencia programada hacen
inservibles prematuramente cuantiosos valores de uso. El objetivo es la
recreación constante del mercado capitalista, que subordina los valores de uso
a su contrario, los valores de cambio. Los hidrocarburos son recursos agotables
y el patrón de consumo es depredador y motivado en el tipo de producción a
escala global que se reproduce en todos los territorios. En nuestro país, sea
la producción agraria, minera, extractiva en general, o la industria y los
servicios promueven el uso intensivo de la energía fósil contribuyendo a la
crisis local y global. Un dato adicional relevante es el deterioro de la
capacidad de autoabastecimiento de combustible del país, con importaciones de
9.300 millones de dólares en 2011, aumentadas a 10.200 millones en 2012 y con
previsión de incrementarse un 30% para este 2013. Es que el modelo privatizador
de los 90´ destruyó la posibilidad de una gestión soberana de la exploración y
explotación de hidrocarburos.
¿Qué
se puede esperar de la política que subyace al acuerdo YPF-Chevron?
Está provocando mucha discusión,
y desde el gobierno se sostienen argumentos favorables a la explotación desde
la intervención de la petrolera de gestión estatal. Rápidamente viene a cuento
la negociación del Gobierno de Perón en 1955 con la California, sucursal de la
Stándar Oil, antecesora de la Chevron. O los acuerdos bajo el gobierno de Frondizi.
En el 55 había contradicción con la Constitución del 49 e incluso diputados oficialistas
como John William Cooke se manifestaron en contra, según recuerda Galasso. En
el 58 se iba a contramano de las concepciones previas en “Petróleo y Política”
y sus posicionamientos contra los contratos del 55. En ambos casos se fue a
contramano de la retórica previa. ¿Es asimilable a la actualidad? Sin duda, la
subordinación al modelo productivo y de desarrollo capitalista supone la
adecuación a los parámetros que define la acumulación capitalista en este
tiempo histórico. Ello significa producir en base a fósiles y con la tecnología
de época en manos de las corporaciones transnacionales, por caso la Chevron o
los que asuman la oportunidad de negocio que ofrece el decreto del poder
ejecutivo para la promoción de los hidrocarburos. Además, se vuelve a reiterar
la subordinación a tribunales externos ante litigios o controversias. Las
empresas podrán demandar fuera de la Argentina. Ya sabemos lo que ello
significa, ante 58 tratados bilaterales de defensa de las inversiones externas (tbi)
vigentes en el país.
Vale mencionar que en variadas
ocasiones hemos insistido en que Argentina necesita denunciar esos tbi, tanto
como retirarse del CIADI, ámbito al que acuden las empresas en contra de los
Estados y en el marco del Banco Mundial. Con el acuerdo con Chevron y los que
pueda venir se fortalece la institucionalidad de los 90 (los tbi) y se potencia
la dependencia petrolera y tecnológica, todo por atraer inversiones externas.
En este caso unos 1.240 millones de dólares, pero se anticipa que esa cuencia
requiere inversiones por 16.000 millones de dólares y en general para los
próximos años el plan de inversiones de YPF es de 37.500 millones de dólares.
Chevron es el comienzo de una asociación subordinada al capital petrolero
extranjero.
Otra cuestión destacable del
acuerdo es la posibilidad de exportar luego de 5 años, y no liquidar en el país
el 20% de la producción, siempre y cuando haya abastecimiento, y de no haberlo
se compensará a la empresa con referencia al precio internacional, que nadie
imagina con tendencia a la baja, especialmente por lo ya comentado del cenit de
reservas y la creciente demanda petrolera y gasífera. Como se puede apreciar,
las restricciones para hacerse de divisas no corren para las petroleras
inversoras según el nuevo régimen de promoción.
¿Se
puede hacer algo distinto?
Claro que sí, pero supone salir
de la lógica del modelo productivo de inserción subordinada y la promoción de
una estrategia compartida con países vecinos para encarar un trabajo de mediano
y largo plazo para reorientar la producción, no solo energética, sobre la base
de resolver en la región, y si se puede en el mundo, con criterio de soberanía
alimentaria, energética y financiera.
Cuando el movimiento del “pase
libre” sostuvo la gratuidad del transporte en Brasil, la respuesta fue que era
una demanda utópica, que incluso el boleto de transporte debía aumentarse.
Millones movilizados tiraron a la basura el incremento del ticket de transporte
y hoy existen ciudades que asumieron el transporte público gratuito. ¿Es
posible des-mercantilizar el transporte? Antes de las movilizaciones de junio
pasado en Brasil parecía un hecho imposible. La realidad demuestra que es
posible. La movilización pudo contra el aumento del transporte en el país
vecino e incluso en la gratuidad, del mismo modo que ocurrió con el Famatina o
contra la Meridien Gold en Esquel luego de un avasallador “NO a la mina” en la
consulta popular del 2003.
Como siempre es una cuestión de
voluntad popular. ¿Qué quiere el pueblo argentino? Solo la política puede
responder el interrogante. Muy pocos legisladores se pronuncian por la cuestión
de fondo, algunos desde hace años, con éxito relativo. El pueblo mapuche salió
a la calle. Hace años que los pueblos fumigados luchan contra el modelo sojero
y no siempre se los escucha. Las asambleas contra la mega minería protestan y
han logrado ciertos éxitos, pero no toda la población asume el legado y el
programa. La lucha contra el fracking recién comienza. Los trabajadores de la
energía, caso de la FeTERA en la CTA, y organizaciones sociales y culturales
como el MORENO y/o el Observatorio Petrolero Sur, entre otros, demandan por la soberanía
energética, contra el modelo productivo, la dependencia tecnológica y
especialmente el fracking. La CTA está en una campaña en defensa de los bienes
comunes, que puede extenderse más allá del país, máxime cuando YPF pretende
extender la asociación con las transnacionales para explorar y explotar
hidrocarburos no convencionales en Bolivia y Uruguay. Movilización y
articulación popular existe, y es aun insuficiente.
Es una cuestión de argumentos,
de ideas que deben poblar la discusión de fondo. No alcanza con la crítica
metodológica, se requiere ir al fondo, que para nosotros es el modelo
productivo y de desarrollo del capitalismo contemporáneo, en la Argentina y en
el mundo.
Buenos
Aires, 19 de julio de 2013
La cumbre del Mercosur y los desafíos para la región
La cuestión global, no sola
internacional, está en la discusión de la región sudamericana en estas horas de
cumbre de presidentes del Mercosur reunidos en Montevideo.
No es una cuestión de relaciones
entre los países, sino de estructura y jerarquía en el orden mundial
capitalista. Es que lo que acaba de hacerse evidente a la sociedad mundial es
el papel de EEUU en la orientación del sistema global.
Sea por el espionaje
estadounidense o por la agresión imperialista al presidente boliviano producida
la semana pasada, el antiimperialismo reaparece como desafío de época. No es
nueva la denuncia sobre el carácter imperialista de EEUU y la subordinación
europea, sin embargo, en estas horas se transformaron en hechos evidentes.
No todos los gobiernos de la
región acuerdan en la calificación de estos acontecimientos, aunque todos los
condenan, unos más enfáticamente que otros, es cierto. Esa diferencia está
asociada a la mayor subordinación de
cada uno de los países integrantes del Mercosur a la política de
liberalización empujada por el imperialismo y que se manifiesta en variedad de
acuerdos de libre comercio y tratados de defensa de las inversiones externas en
convenios bilaterales. Pero también a la subordinación de nuestros países a una
institucionalidad gestada por las principales potencias del capitalismo mundial
y el gran capital transnacional, caso del FMI, el Banco Mundial, el BID o la
OMC.
Dependencia
capitalista
El problema es la dependencia de
los países sudamericanos respecto del capitalismo hegemónico, y no solo por
definiciones más o menos afines a la política exterior de EEUU o Europa. Existe
dependencia comercial, sea por exportaciones o por importaciones, en una región
que profundiza la dependencia comercial por la venta de productos primarios, el
petróleo, el gas, el cobre, la tierra y sus productos a los países hegemónicos
del capitalismo global, pero también por la importación de bienes de producción
generados bajo licencia de transnacionales originadas en el capitalismo
desarrollado. Existe también dependencia tecnológica en toda la línea de
producción y servicios, más allá del comercio internacional, en el agro, la
industria, el comercio, la banca, el turismo y las comunicaciones. En ese plano
se confirma la dependencia financiera reforzada en décadas de liberación al
movimiento internacional de capitales, donde la deuda pública es solo una
parte, muy importante por cierto, de esa sumisión al régimen del capital.
El orden dependiente en el
capitalismo está presente en cada una de nuestras formaciones económicas y
sociales. La dependencia es un fenómeno externo e interno a nuestros países. La
dominación capitalista en cada uno de nuestros países actúa desde las
inversiones externas y la proyección al exterior de capitales originados en
nuestros países. A eso sumamos una institucionalidad regional y global
subordinada al interés de esos capitales transnacionales sin importar su
origen. La dependencia está modelada por la acumulación de capitales, con
tendencia a disputar el mercado global. Por eso, más allá de formulaciones
políticas más o menos críticas a EEUU o Europa, lo que se necesita analizar en
toda la región son los condicionantes estructurales (económicos, políticos,
sociales, culturales) y la capacidad para transformarlos. Es una aspiración en
las movilizaciones de ayer (los 80´y los 90´) y de hoy, las que gestaron la
condición de posibilidad para el cambio político en Sudamérica al comienzo del
Siglo XXI. Es algo que no siempre tienen en consideración los gobiernos,
limitados en su accionar al campo de “lo posible”, lo que supone negociar la
subordinación de un rumbo que termina afianzando la dependencia al capitalismo
hegemónico.
La reunión de presidentes de
países del Mercosur en Montevideo concentró los temas principales de la agenda
política y económica, más allá de la declaración final y los avances
institucionales que se materialicen, sea la inclusión como miembro pleno de
Bolivia, o de Guayana y Surinam como estados asociados, o la pendiente
situación paraguaya. No es un dato menor la presidencia pro témpore asumida por
Venezuela, ejercida por primera vez desde su inclusión como miembro pleno sin
el acuerdo de Paraguay. Pero más allá de las informaciones oficiales y las discusiones
explícitas de los funcionarios de gobiernos, los pueblos hablaron con
movilizaciones de trabajadores en Chile, Brasil y la Argentina, las que se
articulan con demandas extendidas en defensa de la naturaleza y los bienes
comunes como acaba de pronunciarse la CTA. Esas manifestaciones populares se
hicieron sentir en reuniones simultáneas de los movimientos populares
realizadas en Montevideo.
Desafíos
Por lo señalado se nos presentan
algunos interrogantes al respecto. ¿Cómo reacciona la región ante la evidente
política imperialista de EEUU y Europa? ¿Por qué seguir negociando tratados de
libre comercio entre la región y Europa? ¿Por qué continuar en ámbitos como el
CIADI en defensa de los inversores extranjeros? En rigor, el desafío pasa por
la denuncia de los convenios internacionales que vinculan a nuestros países con
una institucionalidad dominada por EEUU y a la que se asocia Europa. Solo como
ejemplo mencionemos la presidencia del FMI ejercida por europeos y del BM por
estadounidenses. Es una muestra de un orden surgido a fines de la segunda
guerra y que no se corresponde con nuestro tiempo. Enfrentar esa
institucionalidad supone cambios nacionales articulados regionalmente.
Somos conscientes que ello es
obstaculizado por procesos de integración subordinada que empujan las
trasnacionales, EEUU y Europa, como fue el ALCA, o el tratado en curso entre la
región latinoamericana, especialmente el Mercosur y Europa. Claro que ya
dijimos que la dependencia es también un fenómeno interno, que involucra a capitales
locales y a los gobiernos de la región, por lo cual, no alcanza con la denuncia
por acciones o iniciativas de España, Portugal, Italia, Francia o EEUU, y se
impone un accionar conjunto en defensa de la soberanía popular en una
perspectiva de integración alternativa. El no al Alca inspira la negativa a los
condicionantes internacionales que mencionamos, e inspira la necesaria
profundización de caminos enunciados en nuevos procesos de integración, los que
se afianzarán en tanto y en cuanto la participación popular movilizada defina
los cursos de acción.
No se trata de recordar
anteriores batallas, caso del ALCA, sino pensar en sus actualizaciones, tal el
caso de la Alianza del Pacífico o los múltiples acuerdos y tratados vigentes
para la seguridad jurídica de los inversores transnacionales. Todos ellos
conspiran contra cualquier discurso o pretensión de proyecto emancipador. Como
siempre, la palabra la tienen los pueblos, en tanto sujetos conscientes que
luchan contra la mercantilización de la educación, la salud, la energía, o el
transporte, en defensa de los bienes comunes, del salario e ingreso populares,
como del vivir bien o buen vivir re-significado de las culturas de los pueblos
originario y campesinos de Los Andes. Ahora que Bolivia se incorpora al
Mercosur como miembro pleno debemos asumir el desafío de la discusión del orden
capitalista vigente y la posibilidad del “vivir bien” para el conjunto de la
población.
12
de julio de 2013
El precio del pan en la discusión por la soberanía
La cuestión inflacionaria sigue siendo un problema en la
Argentina y afecta a los sectores sociales más empobrecidos. Uno de los precios
con más impacto social en la canasta de consumo cotidiano en estos días es el
del pan, que viene en alza producto del creciente precio de la principal
materia prima: el trigo.
El trigo aumenta por ley de oferta y demanda ante la menor
producción y también por razones especulativas denunciadas por el gobierno y
que anima la aplicación de la ley de abastecimiento. Son dos causas que remiten
al funcionamiento del capitalismo.
Por un lado el fenómeno de la escasez en el mercado derivado
de la menor producción de trigo. En ello existe responsabilidad de la
orientación seguida por la producción agraria de Argentina, de privilegio a la
soja en los últimos tiempos. Si a mediados de los años noventa eran
equiparables la producción sojera y triguera, con la autorización para producir
transgénicos, la soja se expandió de los 6 millones de toneladas a más de 20
millones en tres lustros, y el trigo se redujo a 3 millones. La soja es
producto de exportación y el trigo comparte la demanda tanto en el mercado
interno como del externo. El modelo productivo argentino favorece desde hace
tiempo la demanda del mercado mundial, sea para su producción agraria, minera e
incluso de las principales industrias, especialmente la de los automotores.
Por el otro, la especulación es favorecida por la tendencia
al alza del precio del trigo que motiva la retención de la producción triguera
todo lo que sea posible. Aunque se pretenda buscar motivaciones políticas en el
hecho, que pueden existir, lo real es que la lógica capitalista sustentada en
la maximización de la ganancia lleva a los propietarios de la cosecha de trigo
a postergar todo lo posible la liquidación de existencias del grano. Es sabida
la existencia de límites para la inversión rentable de capitales ociosos, con
lo cual, esos propietarios de granos optan por la especulación con la cosecha
ante la imposibilidad de compra de divisas al precio oficial u otras opciones
de valorización de sus capitales. Son las reglas del capitalismo normal.
Sea por una u otra razón, se verifica un impacto social
regresivo vía incremento del precio de la harina y del pan. No se trata del
único precio en discusión, pero sobresale por tratarse de un componente cotidiano
en la dieta de los argentinos.
La discusión se concentra desde el gobierno en la aplicación
de la ley de abastecimiento para inducir la venta de las existencias de trigo
en manos de los productores. También se actúa sobre los molinos harineros y se
promueven acuerdos de precios para contener el precio de la manufactura de harina
y pan. Desde los actores económicos del sector agrícola se demandan
modificaciones en la política de retenciones y otras medidas tendientes a
mejorar la rentabilidad de su actividad. Lo que no se discute desde ambas
posiciones es el modelo productivo y de desarrollo que resulta el motivo de las
tensiones actuales. ¿Qué debe producir la Argentina, cómo, con quién, de qué
manera y para qué mercado?
La
soberanía en discusión
Está claro que el pan es producto esencial a la hora de
pensar en términos de soberanía alimentaria, que constituye pieza fundamental
para organizar el modelo productivo local y de otros países de la región.
La cuestión de la soberanía tiene que destacarse en momentos
en que está puesta en el orden del día ante la agresión ejercida por algunos
países europeos al Presidente de Bolivia y que motiva el rechazo de los
gobiernos en la región.
Queremos introducir la idea que no solo debe rechazarse
políticamente el accionar imperialista contra EVO y Nuestramérica, sino bucear
en la esencialidad económica de la dominación colonial e imperial.
El imperialismo actúa del modo que lo hace sobre la base de
su dominación económica, política, militar y cultural. En la base está la
dominación del dólar y el euro, que imponen las transnacionales de la
alimentación y la biotecnología, estadounidenses y europeas, que son aquellas
que definen la orientación de la producción en nuestros países.
No hay expansión de la soja en Argentina y los países del
Mercosur, sin el paquete productivo que proveen Monsanto, Syngenta, Cargill,
Dreyfus y otros, del mismo modo que ocurre con la minería, en el petróleo, o en
las tendencias de ensamble que presenta el sector industrial más dinámico en el
país, especialmente las automotrices.
Por eso es que no alcanza con la ley de abastecimiento, más
allá de su juridicidad o constitucionalidad, o de los acuerdos de precios para
frenar el alza del precio del trigo, la harina y del pan.
Lo que tiene que discutirse y modificarse es el modelo
productivo y de desarrollo.
Europa discute con nuestra región un tratado de libre
comercio, del mismo modo que lo hace Europa con EEUU. Este último espía a
Europa y a todo el mundo. Aquellos hacen lo propio y ambos afectan los derechos
soberanos.
La respuesta que exige nuestro tiempo es por la soberanía en
toda su dimensión.
Es en defensa de la soberanía nacional, económica, política, cultural,
y con relación a la cuestión del pan, se trata de afirmar la voluntad por
ejercer la soberanía alimentaria evitando el manejo comercial.
Tal como venimos insistiendo se impone la
des-mercantilización, de la salud y la educación, del transporte y de la
energía, y claro, también del pan y los alimentos de la canasta popular.
5
de julio de 2013
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