Aunque no sea explícito el debate sobre medidas económicas concretas, es un hecho que en la campaña electoral de renovación legislativa de junio del 2009, el medio tiempo de la gestión de Cristina Fernández, se discute la política económica del gobierno en un marco de crisis de la economía mundial. Es una disputa por el voto y el consenso de la sociedad sobre el orden económico, cuando parece agotarse el ciclo de recuperación desarrollado desde el 2003.
Hay que recordar que el mapa político de la Argentina se modificó sustancialmente durante el 2008 a propósito de la discusión sobre el destino de la renta del suelo, especialmente en momentos de elevadísimos precios de los productos agrícolas de exportación, donde el país tiene evidentes ventajas comparativas. El ciclo pos convertibilidad, de crecimiento de la economía y el empleo, más allá de la calidad laboral y el volumen de los ingresos populares, parece haber llegado a su límite de expansión. El fantasma de la recesión de la economía mundial tiñe los pronósticos sobre una desaceleración de la economía de la Argentina. Lo que preocupa es un horizonte recesivo y por ello está en discusión la política macroeconómica, en materia fiscal, monetaria, cambiaria, de oferta y de demanda.
Es necesario mirar en la historia reciente para intentar extraer algunas enseñanzas. La recesión iniciada en 1998 estableció el final del crecimiento económico en tiempos de la convertibilidad y habilitó una disputa sobre el comando económico en el proceso de valorización local del capital. La disputa era entonces por el tipo de inserción mundial del capitalismo local. Por un lado se promovía desde el sector de la banca transnacional y los servicios públicos privatizados una creciente dolarización de la economía local para intentar atraer capitales externos vía préstamos o inversiones. Por el otro se auspiciaba una devaluación monetaria para alentar un modelo productivo para la exportación que aprovechara la capacidad ociosa instalada en la industria y las ventajas relativas de la producción primaria y agroindustrial. Ambos sectores y sus dinámicas de acumulación explican el crecimiento en la década del 90´ y el apoyo político a las reformas estructurales impulsadas por Cavallo y Menem. El agotamiento de las condiciones para la valorización puestas de manifiesto al inicio de la recesión desató la búsqueda de políticas económicas renovadas que terminaron imponiéndose con la cesación de pagos a fines del 2001 (Rodríguez Saá) y la devaluación monetaria a comienzos del 2002 (Duhalde), tareas que no se propuso el entonces gobierno de la Alianza bajo la administración De la Rúa. Ese es el marco del ciclo iniciado por Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
Ahora, parece repetirse la historia con la fractura política entre las clases dominantes ante los problemas objetivos que se presentan a la valorización del capital que supone una desaceleración de la economía y más aún si ello se transforma en recesión. El consenso hegemónico a la política macroeconómica está asociado en los últimos años a la capacidad de obtención de ganancias y a la acumulación de capitales, base de sustento del régimen del capital para la dominación social. El fin de un ciclo de expansión convoca a la disputa por el excedente y propicia las rupturas de consensos en el bloque social en el poder. Emerge así un debate sobre la macroeconomía necesaria. Entre otros temas se discute qué papel debe asumir el Estado para sostener la actividad económica, promover el empleo (bajo qué condiciones) y qué tipo de distribución del ingreso fomentar. No resulta lo mismo estatizar para luego privatizar, que encarar un proceso de creciente recuperación de la gestión económica por el sector público, incluso con participación popular de trabajadores y usuarios. Mucho menos potenciar la liberalización de la economía empujada por las transnacionales durante las últimas décadas. Tampoco puede igualarse el mantenimiento del empleo para un modelo productivo hegemonizado por el capital concentrado que una promoción del empleo y el trabajo bajo emprendimientos solidarios, autogestionados, en el camino sugerido oportunamente por las empresas recuperadas por sus trabajadores. Del mismo modo que no da lo mismo que la distribución primaria o funcional del ingreso favorezca al capital sobre el trabajo, o que se mantenga la inequidad de una distribución personal donde el 10% de mayores ingresos perciba 30 veces más que el 10% de los de abajo. La distribución resulta funcional a la modalidad de la producción, siendo esa la razón para explicar las dificultades para materializar la reiterada promesa de una distribución progresiva de los recursos. Los límites en la distribución primaria limitan luego los procesos secundarios vía asignación de fondos públicos, lo que genera importantes disputas por el presupuesto estatal.
El discurso electoral
Ante la presunción de fin de ciclo económico es que las distintas posiciones políticas en las elecciones se vuelcan por las diferentes opciones de desarrollo económico en el marco de la crisis capitalista en curso. Son pocos los ortodoxos que sustentan abiertamente el mensaje de la liberalización, aunque claro, critican la intervención estatal, especialmente si ello supone involucrar a representantes del Estado en la gestión empresaria, aún cuando los funcionarios designados sean amigables con el mundo de las empresas y el capitalismo. Es lo que ocurre luego de la estatización del sistema previsional. A los capitalistas no les gusta la interferencia estatal, pues los funcionarios pueden cambiar y por eso necesitan un discurso político crítico a toda intervención estatal. Es lo que acontece en el país y en otras latitudes ante la creciente participación pública para contener la contracción económica en curso.
Pensando en el bloque social en el poder, dos son las posiciones a sustentar y que necesitan materializarse en candidaturas y mensajes electorales. Existen posiciones que defienden la inserción internacional de la Argentina como proveedor de materias primas en el mercado mundial y otras que sostienen un perfil de desarrollo productivo exportador asociado a un mercado interno con capacidad de consumo, tal lo resultante de la política de reactivación implementada entre 2003 y 2007. Ambos sectores coinciden en el reclamo por la mejora del tipo de cambio y en la eliminación de las restricciones a las exportaciones, y claro, demandan correspondencia de los precios internacionales en el mercado interno, lo que significa un impacto negativo sobre el consumo de los sectores populares. Estos posicionamientos sostienen con matices el papel de los subsidios estatales a las empresas para limitar el impacto regresivo sobre los salarios y el empleo. No coinciden en la capacidad sectorial para sostener el superávit fiscal. En general es una discusión entre candidatos de una oposición por derecha y otros favorables al accionar del gobierno. La discusión desde el arco de la izquierda sostiene un discurso crítico sobre la política estatal en materia de organización de la producción y distribución primaria y secundaria del ingreso, largamente prometida y recurrentemente postergada. Este mensaje pretende instalar la discusión sobre la administración de los recursos naturales, especialmente cuando se anuncia el inicio de Pascua Lama, un emprendimiento binacional entre Chile y Argentina para la producción de oro a cielo abierto con importante uso de agua y cianuro, tal como anuncia la canadiense Barrrick Gold. La impugnación a la minería a cielo abierto es parte de una objeción a la sojización y primarización transnacionalizada de la economía en la Argentina.
Los comentados son algunos de los aspectos que pueden observarse en el debate electoral y que hacen a la organización presente y futura del orden económico local y el tipo de respuesta ante la crisis mundial del capitalismo. ¿Alcanza con discursos contra el neoliberalismo imperante desde los tiempos de la dictadura? Es un interrogante que nos lleva a pensar en propuestas más allá del capitalismo, tal como lo sugiere el presidente venezolano ante los varios acuerdos de cooperación tecnológica suscriptos con el gobierno de la Argentina para diversificar la producción del país caribeño, que involucra a institutos oficiales como el INTI y el INTA. Es parte del debate sobre el orden económico en la Argentina y el tipo de relaciones a fomentar. Es cierto que se ha producido una multiplicidad de vínculos económicos con el sistema mundial, favorecido por la especialización primaria exportadora del país, pero la crisis convoca a definir el privilegio de las relaciones internacionales. La misma Venezuela ha rechazado el ingreso de producción transgénica a su territorio, demandando una articulación productiva de beneficio mutuo de carácter alternativo, en una ecuación de intercambio de ventajas alimentarias y energéticas entre los países. Un abanico de candidatos promueve el restablecimiento de las relaciones con el establishment global, encarnado en el FMI, el sistema financiero global y los cónclaves internacionales hegemonizados por el poder global. Otros aspirantes al poder legislativo promueven la potencia de las relaciones con los vecinos y especialmente con el rumbo socialista definido por la revolución bolivariana, privilegiando así una desconexión de vínculos con aquellos países que definen el origen de la crisis en curso.
No son temas menores los suscitados, pues con el crecimiento de los precios internacionales de los productos agropecuarios en el último tiempo se habilitó la discusión sobre la apropiación de la renta extraordinaria y el impacto sobre los precios en el mercado interno. Aún con la baja sufrida por esos precios y su reciente repunte, se renueva la discusión sobre el modelo productivo y la distribución del ingreso, funcional al mismo. El tema tiene que ver con la seguridad alimentaria de la población local y regional, y el aporte de la Argentina para resolver el problema de alimentación de la población global. De lo contrario se confirmará al país como parte del eslabón de negocios del complejo biotecnológico que domina el negocio de la alimentación en el mundo. En particular, en la coyuntura, se asocia con la carne y el trigo, dos producciones tradicionales de la Argentina. La población argentina es la de mayor consumo per cápita de carne vacuna en el mundo, siendo parte sustancial de la dieta y la cultura alimentaria, especialmente de sectores de menores recursos. El consumo de carne vacuna está en 68 kg por año, contra 44 de EEUU ó 55 de Uruguay. Por su parte, la ingesta de sustitutos está muy alejada, con 26 kg anuales de pollo por persona; ó 6,2 kg de cerdo; y menos de 2 kilos de pescado. Lo cierto es que luego de un ciclo de crecimiento económico con recuperación del empleo, más allá del nivel de los salarios y las condiciones precarias de contratación, creció el consumo de carne en un marco descendente de la producción debido a otras opciones asumidas por los productores, privilegiando la extensión de la siembra, especialmente de soja. Existe presión de los productores y exportadores para eliminar las restricciones a la exportación y percibir en el mercado interno el precio pleno del mercado mundial. Presionan con la amenaza de la importación para abastecer el mercado interno. Más que importar carne, la Argentina tiene que discutir el modelo productivo que viene privilegiando la soja y el feed lot (producción a corral) con fortísima dependencia del capital externo en el manejo de los insumos y los montos de inversión necesarios para operar a gran escala. Con el trigo ocurre algo similar. Es parte del mismo problema. La siembra ha sido menor que la extensión record de los últimos años y eso se refleja en menores niveles de producción que afectan el abastecimiento del mercado interno.
Lo que se discute es el modelo productivo en el sector agrario e industrial, es decir, quién decide que producir, que exportar y como se abastece las necesidades del mercado local. Es lo que reclama el conflicto social para recuperar la capacidad de compra del salario, o por mejorar las condiciones de trabajo. Se discute la soberanía alimentaria de la población y su integración al sistema mundial. Están quienes presionan para recibir los beneficios del crecimiento de los precios internacionales, nuevamente en alza aunque no tengan el techo que alcanzaron durante el 2008 y pretenden apropiarlo privadamente. Distinto es lo que se sugiere en la creciente cooperación venezolana y Argentina, tal como resulta de los acuerdos suscriptos la semana pasada entre los presidentes de ambos países, donde instituciones de prestigio como el INTI y el INTA acrecientan la cooperación con la necesaria diversificación productiva de Venezuela. Aunque no sea parte del debate corriente en la campaña electoral, son asuntos que la sociedad necesita instalar en la agenda de discusión sobre el orden económico en la Argentina.
Buenos Aires, 17 de mayo de 2009
