El 25 de mayo es día
de fiesta y de lucha en la Argentina. Es fiesta porque se recupera la revolución
anticolonial de 1810, sus objetivos y reivindicaciones, las que continúan en
pie, por lo que también es día de lucha contra la sumisión contemporánea a la
dominación que ejercen corporaciones trasnacionales asociadas a poderosos grupos
locales.
La dominación
española fue combatida en 1810, como lo fue antes, en 1806/07 la invasión inglesa.
La dominación británica primero y luego estadounidense constituye la esencia
del rumbo civilizatorio asumido por las clases dominantes en la Argentina luego
de la gesta revolucionaria de mayo.
Argentina se
construyó como país capitalista bajo la dominación colonial e imperialista, por
lo que el desafío contemporáneo asume la triple confrontación como
anticapitalista, anticolonial y antiimperialista, bajo las nuevas condiciones
de lucha contra el racismo, la discriminación, la destrucción de la naturaleza
y el patriarcalismo.
Ese programa que
enunciamos viene siendo construido en múltiples experiencias de organización
popular a través del tiempo, con un momento de máxima acumulación de poder
popular hacia 1973. Como consecuencia de ello, la consigna que condensó la
situación fue “liberación o dependencia”, coincidente con la situación mundial y
experiencia de luchas y procesos populares construidos entre fines de los
sesenta y comienzos de los setenta. Remito al mayo francés, el cordobazo/rosariazo,
el levantamiento estudiantil mexicano, las luchas de los trabajadores italianos
o la primavera de Praga, hasta llegar al triunfo de Vietnam sobre EEUU. Toda
una época de acumulación de poder popular en el ámbito mundial.
Parecía que aquel 25
de mayo de 1973 argentino expresaba las tradiciones soberanas de lucha y podía
materializarse el ansiado proyecto independentista. Era un momento nacional en
correspondencia con un clima de época global, con especificidades más que interesantes
en Nuestramérica, con el despliegue del proyecto socialista cubano y la nueva experiencia
socialista por vía electoral en Chile.
La lucha social,
política y cultural de época era la condición de posibilidad para la
realización de variados proyectos, tal como imaginamos los protagonistas de la Universidad
para la Liberación que construíamos en 1973/74. Se asumía el legado de la
Reforma de 1918 y se potenciaba con una perspectiva emancipadora. Es algo que
recordamos estos días en Villa Mercedes, San Luis, a propósito de una jornada
que recuperaba los debates por el centenario de la Reforma de 1918 y que
organizara el Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz[1]. También
se manifestó ese clima de época en la legislación laboral de 1974, como
expresión jurídica de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores.
Ofensiva
del capital y papel del FMI
En esas condiciones,
la respuesta en Argentina y en el mundo fue la ofensiva del capital que en
términos ideológicos se conoce como el tiempo “neoliberal”, con el monetarismo ortodoxo
y reaccionario como bandera de vanguardia en materia de política económica y la
represión y el terrorismo de Estado como mecanismo para disciplinar la dinámica
del conflicto y la organización social para la transformación.
La ofensiva del
capital contra la acumulación popular de poder se inicia en 1975/76 (gobierno
constitucional primero y dictadura genocida luego), con importantes avances que
despliegan el proyecto aperturista vía endeudamiento externo, de promoción de
la iniciativa privada y desregulación estatal con privatizaciones en los 90 (menemismo
y Alianza) y que en la actualidad pretenden definir su consolidación.
En ese trayecto
existieron resistencias diversas e intentos de construir rumbos alternativos,
por lo cual, la ofensiva del capital no constituye un camino allanado y sin
tropiezos.
Con el acceso al
gobierno de Macri, vía consenso electoral, se pensó en que estaban dadas las
condiciones ideales para lograr el control social, la contención del conflicto
y la subordinación de la sociedad al objetivo de sustentación del orden del
capital, que subordina el todo a la lógica de la maximización de la ganancia.
Bajo esas condiciones
se instaló la agenda contra los derechos laborales y sociales e incluso los de
la naturaleza, aunque no sean estos reconocidos por la tradición local, tal
como ocurre con el nuevo constitucionalismo regional, casos de Bolivia y
Ecuador.
El programa del
gobierno Macri apostó a las inversiones externas para su materialización y
mientras estas llegaban al endeudamiento público externo.
La realidad mundial y
local imposibilita la lluvia de inversiones y resulta insostenible la magnitud
del reciente endeudamiento externo, por eso la necesidad de ampliar los
mecanismos de deuda local.
Hay límites objetivos
para el despliegue del programa “macrista” y por eso se acude al FMI, para
asociar al organismo internacional como fuente de presión para el ajuste y la
reestructuración regresiva del régimen jubilatorio y laboral.
Un tema relevante resulta
de la continuidad del conflicto social que disputa cotidianamente el consenso
de la sociedad sobre el presente y el futuro de la Argentina.
La respuesta
represiva cuenta con cierto respaldo social y eso sostiene la voluntad
gubernamental por despejar las calles de la protesta derivada de las nuevas condiciones
económicas sufridas en los ingresos deteriorados por el tarifazo y la inflación,
con la perspectiva de mayor ajuste en el gasto público social.
¿Es
posible sustentar otra política?
La lucha masiva contra
la dictadura arrancó el nuevo tiempo constitucional a fines de 1983, del mismo
modo que las protestas y la acumulación gestada entre 1998-2001 generaron las
condiciones para construir junto a otros procesos en la región una posibilidad
de desarrollo e integración con pretensión alternativa.
Es la sociedad y su
lucha la que genera las condiciones de posibilidad para el cambio de rumbo.
Por eso, luego del
triunfo electoral de medio turno en octubre del 2017 se creyó desde el gobierno
que había aval para sus proyectos reaccionarios de reforma previsional y
laboral.
Las luchas de
diciembre pasado acotaron la reforma previsional a una quita de ingresos por
modificaciones en la fórmula de actualización de ingresos previsionales y
frenaron los cambios a la legislación laboral. La movilización y organización
popular se hicieron visibles el 21F y ahora en la conmemoración del 25 de Mayo
bajo la consigna “La patria está en peligro” frente a la negociación del
gobierno con el FMI.
Ante la agudización
de una ofensiva por el ajuste, ya expresada en una inflación que se proyecta
más alta que la del 2017 y con la devaluación que supone una fuerte
transferencia de ingresos hacia los sectores más concentrados de la economía,
se acude al FMI para incrementar el chantaje sobre la población.
El recuerdo del papel
del FMI no es bueno y se asocia a pérdida de soberanía, por lo que la
recuperación del 25 de mayo recrea la discusión sobre las posibilidades de un
rumbo de autonomía y en ese sentido, lo primero que destaca es el rechazo a las
negociaciones con el organismo internacional.
Claro que luego viene
el interrogante sobre el qué hacer y en se sentido se impone discutir medidas
de emergencia y de fondo.
Entre las primeras,
las de emergencia, supone discutir los desequilibrios macroeconómicos en
función de modificar la ecuación de beneficiarios y perjudicados. Entre las
segundas, las de fondo, se requiere discutir el modelo productivo y de
desarrollo.
La emergencia induce
a combatir el déficit fiscal y externo para recuperar capacidad soberana de
decisión sobre el presente y el futuro con soberanía.
Supone ello discutir
más que el gasto, los ingresos fiscales, en un país donde las ganancias
elevadas de un pequeño sector de la economía explican el consumo suntuario que
consolida el déficit de turismo y la fuga de capitales.
Las retenciones a las
exportaciones suscitan en este sentido nuevos debates, del mismo modo que el
impuesto a la renta financiera y a los bienes personales y las ganancias. No
puede ser el IVA la principal fuente de recaudación estatal, que afecta proporcionalmente
en mayor medida a los sectores de menores ingresos.
Del lado del gasto se
mantiene la antigua demanda de investigar la deuda pública, externa e interna, y
mientras suspender los pagos, más aún con la inusitada suba de la deuda asumida
por el gobierno en estos dos primeros años de gestión.
En el fondo, lo que
sostenemos es la ampliación del consenso contra el ajuste, contra el FMI y con
ello crear las condiciones para otras medidas de política económica que
reviertan la ecuación de beneficiarios y perjudicados en la coyuntura, y desde
allí generar un debate sobre las cuestiones sustanciales relativas al modelo
productivo y de desarrollo, un tema ausente ante el drama de la cotidianeidad.
Buenos
Aires, 26 de mayo de 2018
