La economía está en debate en todo el mundo. Lo
que preocupa es la recesión en curso y el paro forzoso de la producción, con un
elevado porcentaje de población mundial en aislamiento. Las cuarentenas se
mantienen y amplían, con mucha discusión sobre el impacto en la salud y en la economía.
Ya hemos señalado en escritos anteriores que es
falso dividir salud de economía, e incluso se puede hablar de economía de la
salud o de la salud de la economía.
Una población con niveles adecuados de salud
está en mejores condiciones para habilitar unas relaciones económicas con
mayores posibilidades de satisfacer las necesidades humanas. Una actividad
económica que resuelva las crecientes e históricas necesidades de una población
mejora la salud de las personas.
La salud está asociada a equipamiento, infraestructura
edilicia, fármacos, estudios, análisis, investigaciones, ingresos del personal
de salud, todo lo que supone planeamiento científico, técnico y económico.
Sin embargo, la presión es fuerte desde el
poder económico para la reactivación de la producción, verificando que el
trabajo es el creador de la riqueza, de los bienes y servicios, del capital y
por ende de la ganancia y de la acumulación que resuelve en definitiva la
dominación.
Por eso, para sustentar la dominación actúan
los medios de información y comunicación, aún hasta el cansancio, con un mensaje
relativo a la necesidad de activar la economía y volver a la “normalidad”.
Una normalidad que exacerbó en estos años
gravísimas consecuencias sociales en materia de desigualdad, por ende, de
concentración del ingreso y de la riqueza y de extendida pobreza e indigencia;
con flexibilización salarial y laboral, afectando derechos sociales, sindicales
históricamente conquistados. No es solo un fenómeno local o regional. Es una
conclusión generalizada en el sistema mundial.
Exponente de esta posición de privilegio a
mantener la “normalidad” nos lleva a EEUU, ahora epicentro de la pandemia
COVID19. El efecto económico en pérdida de fuentes de empleo es alarmante.
La crónica señala que “4,4 millones de
trabajadores se han sumado en la última semana a pedir ayudas al gobierno
federal para afrontar su desempleo. El cierre de negocios debido a la crisis
sanitaria ha generado que uno de cada seis empleos sea destruido, algo que
podría empeorar con la llegada de mayo.” En la nota de France 24 se anuncia
bajo el título: “26 millones de personas solicitaron ayudas por desempleo en
EE. UU. por la crisis del Covid-19”[1].
El horizonte es de mayor gravedad que en la
crisis del 30, sostienen en la nota, en efecto, se indica que durante la gran
depresión “el paro en Estados Unidos estuvo en torno al 14%”, y el pronóstico
para todo el 2020 será del 20%. El último dato registrado para marzo es de 4,4%,
cuando para los 12 meses previos los valores oscilaron entre 3,5% y 3,7% para
cada mes.[2]
Los datos globales de la pandemia COVID19 son
alarmantes, con casi tres millones de contagiados y casi 200.000 fallecidos,
encabezado por EEUU con más de 900.000 infectados y más de 50.000 muertes,
lejos de China, el territorio que en origen se manifestó la epidemia, con menos
del 10% de infectados (83.900) y fallecidos (4.636) respecto a EEUU.
El caso es que China, quien desplegó la más
estricta cuarentena en los territorios con población afectada, aparece ahora
precedido por mayores casos de infección y muertes de otros 8 países, EEUU,
España, Italia, Francia, Reino Unido, Turquía e Irán.
Recesión, impacto
social y salida de la cuarentena
Interesa el tema, ya que el FMI en su reunión
de primavera anticipó una caída mundial de -3% para el 2020, con -5,9% para
EEUU, -7,1% para la Unión Europea y China creciendo al 1,2%[3].
Es cierto que el dato para China es muy bajo respecto de sus referencias para
las últimas décadas, igual indica un tiempo de recuperación, que lo aleja de las
perspectivas más agresivas de caída de la producción y de recesión mundial. Vale
confirmar con la información actualizada, cual es la realidad de la evolución
sanitaria y de la macroeconomía para todos los países.
Un asunto imprescindible para acercar conclusiones
sobre las respuestas ante la pandemia e incluso relativo a una situación de la
economía mundial que estaba desde antes en proceso de crecimiento pobre, con
desaceleración, que la COVID19 aceleró como explosión recesiva. Una recesión que
agrega consecuencias sociales graves en materia de empleo, pobreza y
marginación.
¿A cuánto llegará la pobreza o el desempleo en
cada país luego de la pandemia?
¿Cómo se modificarán las relaciones laborales,
a favor del empleo a domicilio o teletrabajo, el que se generaliza en ámbitos
tales como la educación?
¿Cuántos contratos laborales serán reformulados
a la baja en ingresos y deterioro de las condiciones laborales?
Interrogantes que imaginamos con respuestas
regresivas, no solo por lo que acontece en reducciones de ingresos salariales y
populares, sino producto de una ofensiva del capital contra el trabajo. Se
trata de medidas con ejecución continua desde la salida de la crisis de los
años 70 y que se han denominado “políticas neoliberales”, de apertura y
liberalización.
La pandemia es de final incierto, incluso y más
allá de la aparición de una vacuna, puede involucrar al ciclo del 2020/2021,
incluso más allá, por lo que es vital el debate sobre el ¿qué hacer con la
economía, la salud y la propia pandemia?
A la fecha, son los países más afectados
quienes minimizaron en origen el problema, que habilitaron debates diversos, e
incluso alimentan el debate en otros países, donde la opinión diletante
interviene sobre una falsa alternativa entre salud y economía.
No es un tema menor, ya que disputan el
consenso de la sociedad en la búsqueda de una “normalidad” que debe ser
discutida. La esencia de nuestra preocupación es la búsqueda de “otra
normalidad”, alternativa y contrapuesta al orden capitalista y a las relaciones
económicas sustentadas en la explotación de la fuerza de trabajo, el saqueo y la
destrucción de los bienes comunes.
El debate existe en la región latinoamericana y
caribeña, con las antípodas en el sur entre Brasil y la Argentina y una
situación intermedia es la que nos presenta México. En Brasil, desde el Estado
nacional se subestimó el tema desde el inicio, presentando contradicciones con los
poderes local, similar a lo acontecido en EEUU. En Argentina la prevención fue
temprana y con amplio acuerdo entre la oposición y el oficialismo, más allá de algunas
voces disonantes. En México hubo una respuesta intermedia, entre discurso oficial
de laxitud y concretas medidas
preventivas.
Los datos son alarmantes para Brasil con más de
54.000 casos y más de 3.700 muertes, para una población de más de 209 millones
de habitantes.
Para México, la referencia alude a casi 13.000
infectados y más de 1.200 muertes, con una población de 126 millones de personas.
En Argentina, son 3.600 casos, 179 muertes y 44 millones de población.
Cualquier comparación relativa a infectados o fallecidos respecto de la
población favorece conclusiones relativas a la prevención temprana.
Los datos y proyecciones de la situación
económica son graves para los tres más grandes países de la región. Según el
FMI, la región caerá -5,2% para todo el 2020, con Brasil cayendo un -5,3%,
Argentina un 5,7% y para México un -6,6%.[4]
Todos por encima de la media.
De nuevo, la cuestión sanitaria y la economía
como parte de un problema integral que nos lleva a discutir el Estado y las
políticas públicas, de salud, de producción y distribución, de bienes y servicios,
de ingresos y de riquezas.
El Estado y su
intervención en la economía
En ese sentido vale pensar las decisiones que
hoy se toman en el mundo. Argentina informa que destinará un 3% de su PBI para
atender la emergencia económica en curso, que es mucho respecto de otros
países, pero poco respecto al 7% de Alemania.
Ni hablar de los millones aportados por la
banca central de los principales países del capitalismo mundial, varias veces
superior a lo emitido en tiempos de la crisis 2007/2009.
El Banco Central Europeo (BCE) relajó las
disposiciones de calificación de bonos de los países miembros hasta septiembre
del 2021.[5]
Todo indica que en foco de la atención está la crisis italiana, tercera
potencia de la zona Euro, luego de Alemania y Francia.
Italia podría perder la calificación de “grado
de inversión” y pasar a ser considerado como un país de alto riesgo y con
elevado costo para una deuda en expansión, entre las más elevadas del mundo con
relación a su PBI.
Existe el temor de la fuga de capitales en
Italia, algo que Christine Lagarde, Presidenta del BCE conoce desde su anterior
responsabilidad como titular del FMI, con desembolsos a la Argentina por 44.100
millones de dólares que en su mayoría tuvieron destino de fuga.
Kristalina Georgieva informó que de los países
emergentes fugaron 100.000 millones de dólares en los dos primeros meses de la
COVID19. Es una señal de la búsqueda de seguridad de los capitales
especulativos, que en tiempo de pandemia continúan su propósito por la
ganancia.
Así como el BCE asigna 750.000 millones de
euros para favorecer la compra de deudas que incluyen bonos tóxicos, reiterando
una práctica de salvataje ya ensayada en el 2007-09, el FMI anuncia
disponibilidad de 1 billón de dólares para atender la emergencia. Entre el
Tesoro de EEUU y la Reserva Federal (FED) enuncian salvatajes por 8 billones de
dólares.
¿Quién duda de la intervención estatal para el
salvataje de las grandes empresas del orden capitalista y de la voluntad de las
principales autoridades de los Estados nacionales y las organizaciones supranacionales?
Solo los necios ideologizados del libre mercado
en tiempos de transnacionalización sostienen la ilusión de la no intervención
de los Estados. Claro, apoyados por los principales medios de propagación
ideológica que son los medios masivos de comunicación que difunden la presencia
de estos gurúes mesiánicos del liberalismo.
No solo es cuestión del COVID19, sino de los
problemas de arrastre de la desaceleración y la recesión ahora agudizada,
evidente con los precios a la baja del petróleo. Desde el máximo de 110 dólares
el barril en 2012, el precio bajó a 26,5 dólares en 2016 y escaló a 64 dólares
a fines del 2019, con oscilaciones relativas a la disputa del mercado entre los
principales países productores.
En ese marco se incluyen las negociaciones al interior
de la OPEP y de esta con Rusia en lo que se conoce como OPEP+. Son
negociaciones encaradas por los Estados, en representación de intereses de corporaciones
transnacionales y mediados por objetivos de estrategia global de los Estados
nacionales.
No es menor considerar que EEUU recuperó en
2015 su liderazgo mundial en la producción petrolera, lo que había resignado
desde la crisis de los años 70. Lo hizo con base en la producción de
hidrocarburos no convencionales y la tecnología de la fractura hidráulica
(fracking).
Esa producción de no convencionales necesita un
precio en torno a los 60 dólares el barril, por el elevado costo de
explotación, lo que se fue resolviendo con importantes subsidios estatales y
financiamiento de la banca estadounidense.
Curiosamente, el desplazado del podio
productivo fue Arabia Saudita, un aliado político de EEUU. La confrontación con
los precios fue evidente, con los árabes presionando vía producción y precios
definidos en la OPEP a afectar la posición de liderazgo de Washington.
Se complicó el tema con la aparición de la
OPEP+ que involucró como tercero en discordia a Rusia. Todo parecía haberse
arreglado hacia mediados de abril, en los acuerdos entre los gobiernos árabe y
ruso, cuando se precipitó la crisis de los precios futuros del WTI, el petróleo
de Texas.
El registro negativo de -37 dólares el barril
se presentó como una rareza nunca presentada en la lógica del capitalismo, para
acercar el precio del barril WTI a unos 17 dólares el barril, y el Brent a 26
dólares por barril.
La caída del precio internacional del petróleo
afecta a las petroleras, especialmente las estadounidense y aquellas que
aspiraban a la fuerte acumulación vía hidrocarburos no convencionales, caso de la
Argentina con su yacimiento de Vaca Muerta.
Al bajar el precio del petróleo pierden
rentabilidad las inversiones y con ello el peligro de quiebras e impacto en el sistema
bancario, especialmente en EEUU. Ni hablar de la pérdida de expectativas
fuertemente instalada en buena parte de la política argentina, que imaginó un
fuerte desembarco de inversiones desde el acuerdo secreto entre YPF y Chevron suscripto
en 2013.
El Estado interviene entonces en el salvataje
en el amplio espectro del capitalismo. Más allá de especificidades, la
intervención ocurre entre los desarrollados, sea en EEUU, Europa o Japón; en
China o en cualquier territorio, más allá del mayor o menor volumen de gasto
público, o políticas expansivas o de austeridad esgrimidas oportunamente. En
todos los territorios interviene el Estado, con mayor o menor capacidad y volumen
de inyección de dinero.
Desde la crisis de 1930 que el Estado “capitalista”
interviene en la economía para resolver, aun transitoriamente, los problemas
derivados de las recurrentes crisis del sistema. El objetivo se centra en
asegurar la lógica productiva para la generación de ganancias y la acumulación
de capitales.
La transición
necesaria
En todo caso, solo resta decir que lo que se
requiere es discutir qué cambios políticos se necesitan para modificar el carácter
del Estado para asumir un programa de transición desde el capitalismo a otra
forma de organizar el orden socio económico.
La transición al socialismo se constituyó en
objeto de estudio desde las primeras voluntades de confrontación con el orden
capitalista. Resulta un tema de permanente estudio e interés desde la
emergencia de la Revolución Rusa en 1917 e incluso desde antes con el intento
de la Comuna de París en 1871. Si se quiere el tema estuvo en las
consideraciones de los socialistas utópicos, Owen, Fourier o Saint Simón,
quienes pensaron e intentaron formas alternativas de organización económica de
la sociedad.
Sigue siendo una asignatura pendiente el debate
de la transición, contenida en textos varios, pero también en prácticas de políticas
estatales de quienes promueven la perspectiva anticapitalista y por el socialismo,
caso de Cuba en nuestra región. Pero es también patrimonio de experiencias de autogestión
desplegadas en procesos de la economía popular.
¿Es posible alentar desde el Estado de transición
estas experiencias autogestionarias como forma de pensar la superación de la
recesión actual, incluso en pleno desarrollo de la cuarentena? Claro que ello
supone pensar la constitución de un Estado para la transición.
Solo desde allí se puede pensar en transformar
el modelo agrario de producción de commodities para la exportación en otro
sustentado en la agricultura familiar, comunitaria para un proyecto de soberanía
alimentaria. El modelo del agro-negocio de exportación favorece a su vez la
especulación financiera que se activa recurrentemente en países sujetos a la
lógica especulativa, caso de la Argentina.
Lo mismo vale para pensar en materia
energética, cuando es evidente la crisis del petróleo y el imaginario de salvación
en inversores externos. La producción de convencionales con destino al aliento
de una producción local en tiempos de restricciones y baja de las relaciones de
intercambio en el mundo, hacen pensar en la potencia de una lógica política
asentada en la soberanía energética para una reactivación que promueva otra “normalidad”
con la que especula el sector dominante del capital.
Sin dudas que eso requiere una profunda
transformación del régimen de financiamiento, presidido en la Argentina por una
legislación establecida en 1977, tiempo de dictadura genocida. Esa legislación
fue fundamental para habilitar el mecanismo del endeudamiento que fortaleció la
dependencia y subordinación del país a la lógica especulativo del capital
ficticio.
Romper con esa legislación y la inserción
financiera subordinada impone suspender los pagos de la deuda pública del país,
acción a desarrollar con una investigación de la misma que evidencie el carácter
ilegitimo, ilegal y odioso de gran parte de la misma. Esos fondos liberados
para una política alternativa, acompañada de una reforma tributaria progresiva
que recaiga sobre las grandes fortunas, puede habilitar la viabilidad de un
Estado de la transición que comienza su gesta en tiempos de pandemia.
Buenos Aires, 25 de abril
de 2020
[1] France 24, del 24 de abril
2020, en: https://www.france24.com/es/20200423-eeuu-desempleo-crisis-covid19-coronavirus
(consultado el 25/04/2020)
[2] Expansión/Datos Macro.com,
en: https://datosmacro.expansion.com/paro/usa?sc=LAB-
(consultado el 25/04/2020)
[3] FMI. Informe de Perspectivas
de la Economía Mundial, de abril 2020, en: https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
(consultado el 25/04/2020)
[4] FMI. Informe citado sobre
Perspectivas de la Economía Mundial.
[5] BCE, en: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200422_1~95e0f62a2b.en.html (consultado el 25/04/2020)
