El poder busca consenso electoral para aplicar el ajuste


Macri, el PRO y Cambiemos consiguieron consenso electoral en 2015 y 2017, con lo cual sustentaron el programa de ajuste en curso, con deterioro creciente de todas las variables económicas y sociales. Por eso, al tiempo que crece el desempleo, la pobreza y la desigualdad, junto a la concentración económica y la extranjerización, aparece el agotamiento en el consenso a la política oficial.
La inflación y la recesión son una realidad para definir el rumbo de la dominación, con impacto regresivo en la sociedad, impactando fuertemente en quienes perciben los menores ingresos y que constituyen la mayoría de la población. Son realidad porque son procesos deliberados en la disputa del poder. La recesión es provocada por el gobierno, para ajustar, aunque se le escape el tema precios. Estos aumentan como parte de la disputa entre fijadores de precios para ver quien acumula más riqueza socialmente generada. No solo hay distribución regresiva del ingreso entre el capital y el trabajo, sino que opera también una disputa por la renta entre los propios empresarios.
En ese cuadro, en estos días se agravó la situación, con nuevas alzas del tipo de cambio, con un dólar a 47 pesos, o un riesgo país cercano a los 1000 puntos, evidenciando la imposibilidad de pago de la deuda externa acrecida durante estos años en unos 185.000 millones de dólares. Todo puede seguir aumentando. El dólar no tiene techo y mientras alto cotice más fácil será el logro por sostener el déficit cero de las cuentas públicas, e incluso buscar el superávit exigido por la ortodoxia. El riesgo país es la presión internacional para acelerar el ajuste y las regresivas reformas laborales, previsionales y tributarias. La deuda seguirá refinanciándose tanto como se quiera, a cambio de nuevas rondas de ajustes. Los acreedores externos, más que cobrar, pretenden condicionar el cambio reaccionario.
Estas devaluaciones de la moneda son palmaria demostración del ejercicio del ajuste y se traslada a los precios, más allá de los “precios esenciales”, apenas 64 productos sobre una base de miles necesarios en el abastecimiento cotidiano. Algunos se sorprenden por la evolución de tal o cual variable, cuando todas y cada una de ellas son variantes del ajuste buscado por el poder económico y político, local y mundial. Ese conjunto de bienes y servicios del universo cotidiano de consumo sufren modificaciones en sus precios y afectan la vida diaria por la carestía. Solo a modo de ejemplo podemos verificar como las petroleras ya anuncian un 5% de incremento de los combustibles para mayo, y a no dudar, eso se transfiere a precio.
Sobre esta realidad y para intentar frenar la volatilidad cambiaria, la tasa de interés establecida desde el BCRA vuelve a superar el 70% (71,87% para las LELIQ del 26/4 según el BCRA) y persevera en un costo usurario para cualquier proyecto familiar, productivo o de desarrollo. Lo concreto es el estímulo a la especulación financiera para los pocos en capacidad de invertir excedentes en la timba de las finanzas. De hecho, basta observar el movimiento del saldo de las reservas internacionales para verificar que los ingresos de divisas desembolsados por el FMI o por liquidación de exportaciones favorecen la fuga de capitales. Si el 9/4 había 77.481 millones de dólares de Reservas internacionales, dos semanas después, el 24/4 quedaban 72.330 millones de dólares.
¡¡¡Son 5.151 millones de dólares menos en dos semanas!!! Después argumentan que en el país no hay recursos disponibles para inversiones productivas, ¡¡¡increíble, pero real!!! No a todos les va mal. Esos miles de millones se acreditaron en algunas cuentas, seguramente en el exterior o en activos externos, lo que incluye las cajas de seguridad.
Tan dura es la realidad económica y social que ahora se duda del mantenimiento del consenso electoral a la propuesta del oficialismo para gestionar otro periodo de gobierno y consolidar el cambio (reaccionario) del orden vigente. Crece el descontento social e incluso la protesta, que incluye un Paro Nacional con movilización para el próximo 30/4. Por eso, desde el mismo poder económico concentrado y extranjerizado se proponen adecuaciones en la oferta electoral de renovación presidencial, incluyendo hipótesis que demandan la abstención de la candidatura del presidente Macri. Aunque ello no ocurra, vale consignar la presión a Macri y su entorno más estrecho para acelerar los cambios que el poder demanda. Insistamos: reformas laborales, previsionales e impositivas.
El poder reconoce que, ante la baja de la consideración social al aporte del gobierno, ya no alcanza con el ajuste en desarrollo, ya que se necesita del consenso electoral para avanzar más allá de la contención del gasto público y promover reformas estructurales (laborales, previsionales y tributarias) para hacer rentable la inversión capitalista. Es una exigencia del capitalismo de época y no solo para la Argentina. Se trata de un programa que es hegemónico en el sistema mundial actual y que solo tiene resistencias nacionalizadas en función de la histórica organización social y popular en cada territorio.
Queda claro que en la Argentina no han podido torcer el brazo, aún, del movimiento sindical y social para realizar las reaccionarias reformas que requieren, pese a complicidades de organizaciones sindicales y sociales que retardan protestas y movilizaciones de confrontación con la estrategia del poder. Destacan suscripciones a la baja de convenios colectivos, caso de los petroleros en el sur patagónico para avanzar con las inversiones en Vaca Muerta, pero no pueden trasladarlo a otros sectores y territorios. Si alguien consulta por el conflicto energético cordobés, más allá de la pretendida privatización de la empresa pública (EPEC), lo que hay es una fuerte presión ´para modificar el histórico convenio colectivo de Luz y Fuerza de los tiempos de Agustín Tosco.
El objetivo del poder pasa por disciplinar a las organizaciones populares que retardan la adecuación estructural del capitalismo local a las demandas de la hegemonía neoliberal construida desde la política pública en las últimas cuatro décadas. El capitalismo, local y mundial ya no puede funcionar bajo las lógicas reformistas del Estado benefactor o su variante devaluada aplicada en nuestra región entre los 50 y los 70 del siglo pasado. Por eso el neoliberalismo ensayado bajo las dictaduras del Cono Sur entre 1973 y 1976, generalizadas luego en el capitalismo mundial en los 80 y 90, viene por más, que no es otra cosa que revertir derechos conquistados por más de un siglo. Insistamos, no es solo una cuestión nacional, es global.
La onda temporal pasa por la reestructuración regresiva de las relaciones laborales con precariedad del empleo, menos seguridad social y baja de salarios; pero también con la reforma del Estado vía privatizaciones, desregulación y nueva funcionalidad del Estado para sostener la demanda de ganancias y acumulación capitalista. Por eso no servía ni sirve para el poder la integración no subordinada en la lógica del ALBA, la CELAC e incluso Unasur. Estas dos últimas, aun conteniendo a regímenes de orientación contradictoria, no incluían la presencia de EEUU y Canadá, discutiendo así la hegemonía imperialista para la región.
En síntesis, el ajuste avanza con la política oficial consensuada y avalada por una oposición institucional complaciente, sin espacio por ahora para profundizar en líneas de intervención directa en cambios estructurales por la subsistencia de un movimiento popular en la resistencia. Este obstáculo es el que hay que remover, aducen desde el poder. La disputa electoral interviene en esa dirección, ya que el que gane deberá confrontar el mayoritario apoyo conseguido en las urnas con una lógica en sentido inverso de crítica, protesta y búsqueda de alternativas que satisfagan necesidades populares ampliadas. Esa contradicción no se resuelve en el mercado, sino que será producto de fuertes iniciativas enfrentadas, entre el bloque del poder y los sectores afectados por la política hegemónica, lo que incluye la represión crecientemente explícita.
La batalla es política y se busca hacer funcionar el orden económico en tiempos de brutal ofensiva del capital. Algunos intelectuales, como Joseph Stiglitz, Nobel de Economía 2001, y otros economistas críticos de la ortodoxia cree que es posible volver a la política económica de hace 4 décadas, restableciendo un orden entre mercado y sociedad, ilusionando con una lógica que asocia democracia con capitalismo. Es bueno discutir esa tesis para pensar si es posible encontrar solución a las necesidades sociales y de la propia naturaleza en el marco del capitalismo.
El socialismo no tiene buena prensa, pero su búsqueda sigue siendo un faro que ilumina el presente y el futuro, por lo que a veces nos entusiasma indagar sobre la posibilidad de construir nuevas propuestas políticas, que rompan el tablero de lo previsible y se presente una propuesta en contra y más allá de la lógica del capital. Ello supondría romper la fragmentación de una izquierda amplia, más allá de partidos, que articule a grupos políticos, sociales, a personalidades y a diferentes trayectorias históricas que anidan en una perspectiva crítica al capitalismo y horizonte socialista. Puede parecer un sueño, pero en la víspera del día internacional de los trabajadores y las trabajadoras bien vale anteponer un deseo por hacer realidad de la utopía en tanto objetivo que nos permita caminar para inducir una lógica de transformación social.
Buenos Aires, 28 de abril de 2019

Medidas económicas para disputar consenso electoral y continuar con el plan de fondo


Antes de la “Semana Santa”, el gobierno argentino lanzó un paquete de medidas económicas[1] orientadas a contener a sus votantes, y si se puede, ampliar el consenso electoral para la renovación del ciclo de Macri en la gestión presidencial. Se trata de medidas de impacto político, más que económico.
La conclusión política señalada no es una novedad, ya que se reitera hasta el cansancio en todos los análisis y comentarios sobre los anuncios de estos días. Solo el gobierno imagina desde su relato económico, algunas posibilidades propagandísticas respecto de las medidas dispuestas. Lo que importa es transitar lo más rápido posible hacia las elecciones de agosto a octubre/noviembre, con la imagen de que algo se está haciendo para resolver el fenómeno de la inflación.
¿Alcanzará para ganar las elecciones? Puede que sí o que no, pero se elude el debate de fondo sobre el modelo productivo y los condicionantes instalados sobre la base del acuerdo con el FMI y el avance del agro negocios y los nuevos rumbos de la producción y exportación de hidrocarburos no convencionales, todo en el marco del aliento a la especulación financiera, la concentración y extranjerización de la economía local.
Entre los anuncios está el acuerdo de precios, de un poco más de 60 productos esenciales para la vida cotidiana, difundido como un “acuerdo de caballeros”. Increíble pero real, ya que no hay estructura oficial para controlar la efectividad de la medida. Todo lo que suene a control estatal está afuera de la ideología y la política del gobierno, por lo que en estos años de gobierno desarmaron toda organización de control. ¿Cómo controlarán ahora?
Todo se limita al “acuerdo” con formadores de precios, los que, precavidos, aumentaron antes de difundir los precios estabilizados hasta las elecciones de renovación presidencial. La mención a la caballerosidad de los fijadores de precios recuerda a Pugliese, ministro de Economía de Alfonsín cuando señaló que él había hablado al corazón de los empresarios y le contestaron con el bolsillo.  Recordemos que el capital no tiene sentimientos, sino objetivos de lucro.
Además del acuerdo de precios, se suspendieron los incrementos tarifarios del orden nacional, por lo que se acrecientan los subsidios a costo del conjunto de la sociedad. Ello supone mayor ajuste fiscal para consolidar el déficit fiscal cero, oportunamente acordado con el FMI.  Entre otras cuestiones, se ofrecen préstamos diversos, todo con fondos de la ANSES, además de facilidades de pagos de deuda con la AFIP.
Si se pretendía recuperar el consumo, ¿no era más sencillo poner dinero en el bolsillo de jubilados y jubiladas, tanto como a beneficiarios de planes sociales y a los trabajadores y trabajadoras de menores ingresos? Ocurre que solo se pretende dar la imagen de la preocupación por la carestía de la vida. Para ser enfático, no se pretenden soluciones reales que estimulen el consumo popular y mucho menos intervenir en la distribución progresiva del ingreso y la riqueza. Todo es maquillaje con fines electorales.
Junto al poder ejecutivo también hubo anuncios del BCRA[2], congelando el techo de la zona de intervención cambiaria en 51,45 pesos por dólar, por encima de lo cual se venden todos los dólares que se demanden. Además, hasta junio no se tendrá en cuenta la base de la brecha de no intervención, insinuando que el dólar puede bajar de precio en el corto plazo (39,75) y el Banco Central no saldrá a comprar divisas.
Lo que afirma el BCRA es que la devaluación está asegurada hacia fin de año, gracias a los fondos desembolsados por el FMI y unas reservas internacionales que superan los 77.000 millones de dólares, suficientes para aguantar en el corto plazo una corrida contra el peso. Lo anunciado por el BCRA induce operaciones financieras en pesos y trata de desestimular la demanda de dólares. Existe el convencimiento que, si se contiene el tipo de cambio, el dato en sí mismo contribuirá a potenciar el consenso electoral para un nuevo turno de Macri, el PRO y Cambiemos.
Iniciativa política electoral y críticas por derecha
Convengamos que se trata de una iniciativa política, con escaso impacto en la economía, aun cuando algunos sectores podrían beneficiarse con el abastecimiento de ciertos productos y como beneficiarios de crédito, pese a la excesiva tasa de interés, donde el crédito barato ronda el 50%, difícil de soportar por los sectores de menores ingresos.
Es común escuchar críticas al gobierno por inútil en materia de política económica. El argumento alude a la incapacidad en cuestión económica y a la ausencia de un programa. Son argumentos que provienen de sectores críticos por derecha. Aludo a los ultra-liberales, autodefinidos como “libertarios”, incluso como “anarco-liberales”, Espert, Milei o Giacomini. En el mismo sentido opinan ortodoxos de anteriores ajustes, caso de López Murphy, Carlos Rodríguez, u oficialistas críticos como Melconian o Santángelo.
Para estos, algunos en campaña, el ajuste y la reestructuración debe ser una política de shock y, por ende, critican el “gradualismo” y la “inutilidad” del gobierno. Proponen un ajuste y reformas estructurales sin anestesia, acudiendo incluso a proposiciones autoritarias como el “voto calificado” o a eliminar directamente el Estado, responsabilizando a la “política” en su conjunto. Quieren ya la reforma laboral y previsional, eliminado derechos laborales, sociales, individuales y colectivos, incluso, si fuera posible, hacer desaparecer las organizaciones sindicales y sociales. No es una crítica al clientelismo o a la corrupción sindical u organizacional del viejo modelo sindical, sino a toda forma de expresión social organizada en defensa de derechos de las clases subalternas.
Las reformas estructurales son necesarias, reclaman, para el desembarque de las ansiadas inversiones en los sectores que ofrecen elevados volúmenes de ganancias, caso del agro negocio con cosecha récord o la nueva Meca de Vaca Muerta para la producción y exportación de hidrocarburos no convencionales, y de trasfondo, como siempre, la deuda y la especulación financiera. En rigor, no es un discurso nuevo. Es el mensaje hegemónico con antecedentes en la dictadura genocida, en los 90 y ahora, con los matices de instrumentos, sea el terrorismo de Estado, la convertibilidad, desregulaciones y las privatizaciones, pero siempre en la perspectiva de las reformas regresivas: a) de las relaciones laborales, b) del cambio de función del Estado y, c) la subordinación a la lógica hegemónica de la transnacionalización.
Puede repetir Macri, o no, pero quedará el condicionante estructural de la regresividad esencial construida en el proceso 1975/76 hasta nuestros días, con los matices y retardos de procesos sociales y políticos sustentados en organización y acumulación social sustentadas en las resistencias a la dictadura o al menemismo, y que recientemente, de la mano y el vínculo con la región latinoamericana y caribeña devolvieron un imaginario de independencia, soberanía y perspectiva liberadora.
Esto último puede ser el punto de partida para presentar en sociedad una propuesta atractiva para transitar un rumbo a contramano de la lógica de la ganancia, pero esa es otra historia que está más allá de la dinámica electoral en curso.
Buenos Aires, 20 de abril de 2019


[1] Los ministros Dujovne, Stanley y Sica explicaron las medidas que adoptó el Gobierno, en: https://www.casarosada.gob.ar/slider-principal/45228-los-ministros-dujovne-stanley-y-sica-explicaron-las-medidas-que-adopto-el-gobierno (consultado el 20/04/2019)
[2] Informe de Política Monetaria, abril 2019, en: http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/Presentacion-IPOM-abril-2019.pdf (consultado el 20/04/2019)

Descontento, protesta y amenazas con el “cuco”


La inflación y la recesión golpean fuerte en la mayoría de la sociedad argentina y crece la protesta por el impacto económico, lo que motiva iniciativas para implementar políticas económicas impensadas en el oficialismo. Es que por vez primera suena la alarma de merma en el consenso electoral que dificulta los planes reeleccionistas. La “economía” empieza a intervenir en las opciones electorales de los votantes y peleigra la reelección de Macri.
Apareció ahora la intención de extender el programa de “precios cuidados” o considerar “acuerdos de precios” con principales cadenas de producción y comercialización, tanto como nuevas líneas de crédito con los fondos de ANSES, los de la seguridad social. Son medidas en las que la ideología liberal oficial no acuerda, pero se imponen ante el descontento creciente que reproduce la prensa, incluso la que puede ser considerada amiga. Algo hay que hacer, sostienen.
Queda claro que es una respuesta de tipo política para mantener las expectativas de consenso electoral en sectores que hoy tienen dudas en sustentar un nuevo periodo de Macri, el PRO y Cambiemos.
Las medidas no están dirigidas al núcleo duro de consenso ideológico, a quienes nada les debe satisfacer medidas “intervencionistas” como las mencionadas. Apuntan a disputar el consenso de una franja del nuevo y creciente descontento por el impacto social de la política económica. De implementarse durarían hasta las elecciones, luego, otra vez el ajuste sin anestesia, pero con el consenso de los votos.
Explícitamente el Jefe de Gabinete y en variadas ocasiones el Presidente han denostado cualquier mecanismo visibilizado como intervencionista, claro que al mismo tiempo impulsan una fuerte intervención del Estado en el establecimiento de la tasa de interés o en la suba de las tarifas de servicios públicos. Buena parte de la suba de precios en la actualidad se deriva de la intervención del Estado, caso de las autorizaciones en la suba de precios a pre-pagas, petroleras, o simplemente el cronograma de aumento de tarifas o la política monetaria y suba de tasas de interés.
Las opiniones críticas relativas al intervencionismo estatal son por lo tanto de tipo ideológico. El Estado siempre interviene, la discusión es a favor de quién. No hay dudas que el gobierno favorece a un núcleo reducido de beneficiarios en el ámbito de la especulación, la banca y el mercado de capitales, los grandes productores y exportadores y las empresas privatizadas de servicios públicos.
El nuevo problema para el gobierno y sus asociados es el crecimiento del descontento, que podría, dicho en potencial, entorpecer los planes reeleccionistas a fin de este año. Avisados del tema, la campaña en curso remite al “cuco”, que no es otra cosa que el retorno del “populismo”.
No solo el gobierno instala la cuestión, sino que también se procesa entre radicales y peronistas, incluidos los que imaginan que pueden desplazar de la primera magistratura a Macri desde fines del 2019. Remito a Lavagna, Massa, Urtubey, Pichetto, Lousteau entre varios de los que disputan la gestión del modelo. Por su parte, los aludidos como populistas pocas pistas otorgan sobre lo que harían desde el gobierno.
Así las cosas, ya no se discuten temas concretos relativos a cómo resolver las necesidades de la población, sino a una opción imaginaria entre el país populista o el moderno y liberal sustentado desde la fuerza en el gobierno, sin opciones para pensar e ir más allá de esas variantes.
La dificultad de la opción es que todos los indicadores sociales o variables en consideración, tales como la pobreza, el desempleo, la carestía de la vida, e incluso el riesgo país que mide el poder mundial, registran guarismos peores en el presente que en el denostado pasado inmediato adjudicado al populismo. Vamos a insistir que no apostamos al populismo, aun cuando queremos desmitificar la falsa opción presentada desde el poder.
Mucho se trabajó mediáticamente al “cuco”, con el populismo, Venezuela, o el socialismo, ejemplificado en Cuba o el fracaso de la URSS. No se trata de la defensa a libro cerrado de esas experiencias, o de gobiernos locales anteriores, denominados populistas, sino la posibilidad de pensar que no hay un solo camino para el presente y el futuro del país y del mundo.
Repican que el único camino posible es el actual, con el FMI detrás y por cierto el contexto del programa liberal que sustentan gobiernos de la derecha latinoamericana, obviando la tradición autoritaria y la corrupción que las sustenta junto a un regresivo impacto social en calidad de vida.
El descontento no supone la protesta en la misma dimensión, aunque ya tiene fecha el paro nacional para el 30 de abril, convocado desde un arco sindical y social diverso que no involucra explícitamente a la cúpula de la CGT.
La fecha de la protesta es previa al Primero de Mayo y resulta simbólica la conmemoración del día internacional de los trabajadores y las trabajadoras ante la ofensiva abierta contra los derechos sindicales, individuales y colectivos, patrón verificable en todo el mundo, muy especialmente con la demanda de reaccionarias reformas laborales, previsionales e impositivas.
Asistimos a un tiempo de revancha para el capital, en contra los derechos conquistados en décadas de lucha y organización del movimiento sindical y social por décadas.
Ofensiva capitalista contra el trabajo. ¿Se puede transitar otro rumbo?
Desde la OIT en su centenario, el propio gobierno y las patronales se instaló hace un tiempo un debate relativo al “futuro del trabajo”, engañoso mecanismo para disfrazar la ofensiva del capital contra los derechos de trabajadoras y trabajadores.
El trabajo es una actividad humana que transforma la realidad, la naturaleza y al propio ser humano; es un dato de la historia y no puede concebirse el futuro sin el aporte del trabajo. No hay futuro sin el aporte del trabajo vivo de las trabajadoras y los trabajadores del mundo.
Los clásicos de la Economía Política, en el origen de la disciplina científica que intentaba explicar el capitalismo sostuvieron que el CAPITAL es Trabajo acumulado. Qué decir hoy sobre el desarrollo tecnológico, la innovación, la robótica o la inteligencia artificial, sino que son creaciones del trabajo humano acumulado.
Si esos adelantos técnicos y científicos hoy son utilizadas por los propietarios de medios de producción, los empresarios de mayor acumulación de capitales, da cuenta de la privatización concentrada del aporte social universal de trabajadoras y trabajadores de todo el mundo a través de la historia.
El trabajo es fuente del valor, y como recordamos, fuente creadora del capital, por ende, de la ganancia, la acumulación y la dominación capitalista. Esta tríada derivada de la ganancia afecta la calidad de vida de la mayoría de la sociedad: las trabajadoras y los trabajadores. No se trata de un tema local, sino mundial y derivado de las relaciones capitalistas de producción.
Son razones suficientes para defender el derecho de las trabajadoras y trabajadores a la apropiación social de una riqueza que se apropia privada y concentradamente por unos pocos, generando condiciones de desigualdad insostenibles, que en la propia estadística oficial en la Argentina señala que el 10% más enriquecido por ingresos en el país percibe 20 veces más que el 10% más empobrecido. Por lo dicho es que el 32% de la población argentina percibe ingresos por debajo de la pobreza y ya no alcanza con estar empleado para no ser pobre, exacerbado con más de un tercio de trabajadoras y trabajadores en situación irregular de empleo.
No solo las trabajadoras y trabajadores son las y los generadores de la riqueza y del capital, sino que la impunidad empresaria, aceptada por la ineficacia del control estatal impide que más de un tercio de la población trabajadora tenga acceso a la seguridad social.
Sobre esta base se sustenta el chantaje del acuerdo del gobierno argentino con el FMI que demandan reaccionarias reformas laborales, previsionales e impositivas. Es más, el FMI convoca a seguir con el rumbo actual de política económica e induce a la oposición a sustentarlo a futuro. Son condicionantes para desarmar derechos individuales, sociales y sindicales conquistados en una larga historia de organización sindical y social.
Por eso el paro nacional, como forma de canalizar organizadamente la protesta y darle cauce al descontento. Algunos se interrogan si el paro cambia algo, y en ese sentido, se trata de una acción colectiva que motiva la discusión sobre los rumbos posibles de acción, si solo alcanza con esperar las elecciones o si el debate del rumbo a seguir se precipita en la demanda social ampliada motorizada por acciones de movilización y organización del descontento. No tienen razón los que niegan la acción colectiva y el paro como una de sus formas, válido para las condiciones actuales y también en la historia reciente con otros gobiernos. El movimiento se construye andando y la historia de la lucha de clases no se detiene.
Varias veces hemos sostenido que la política es más que las instituciones y el momento de su conformación vía elecciones. Es algo que los medios de comunicación y el debate en redes tiene asumido, por lo que la acción de calles también contribuye a sostener un debate político sobre qué hacer en el país. Los paros son necesarios ahora, tal como lo fueron previamente, porque constituyen acciones constitutivas de sujetos autónomos de partidos, gobiernos y patronales, con reivindicaciones programáticas y, en definitiva, estrategia del movimiento obrero y popular, imprescindible en este tiempo histórico.
Hay que modificar el rumbo de la intervención estatal y frenar el financiamiento del programa en curso, lo que supone la anulación del acuerdo con el FMI, una gigantesca hipoteca a corto y mediano plazo, con las obligaciones de allí emanadas que promueven mayor recesión desde el objetivo por déficit fiscal cero y el compromiso de no emisión. No alcanzará con renegociar las condiciones del acuerdo con el Fondo, se necesita la anulación. Para eso se requiere mayor movilización y paros como parte de la lucha y organización popular, como ayer y mañana para fortalecer la demanda popular.
El ajuste fiscal y la política cambiaria y monetaria de allí emanada establece tasas de usura que han comprometido en los últimos seis meses, solo en intereses de títulos (leliq) unos 200.000 millones de pesos, equivalentes a unos 4.500 millones de dólares. Son recursos que bien podrían haberse utilizado para financiar una política alternativa, para resolver empleo y ampliación de la producción con vistas a satisfacer necesidades de la población. Es un mecanismo para desangrar al país, para transferir al exterior riqueza socialmente generada en el país.
Ante el descontento y la protesta resulta necesario pensar en alternativas, descalificando la posibilidad de la crítica por derecha de los ortodoxos liberales que pretenden exacerbar el ajuste y la regresiva reestructuración, tanto como la reaparición de propuestas por la dolarización, caso de Cavallo, quien sostuvo la oportunidad para dolarizar salarios y jubilaciones. Una propuesta destinada a consolidar la pérdida de poder adquisitivo de la población que percibe ingresos fijos, cuando por efecto de sucesivas devaluaciones y dolarizaciones de precios, la ganancia del sector más concentrado estuvo asegurada.
La dolarización apuntada exacerba la dependencia económica y financiera y está a contramano del rumbo soberano necesario que la realidad exige en el presente. Tampoco alcanza con la crítica a la política actual sin establecer los mecanismos de política alternativa con base en la defensa soberana de los intereses de la mayoría de la población y por otro orden socioeconómico.
No basta con el descontento y aún con la protesta; es momento para instalar una discusión sobre otro rumbo para la economía, la sociedad y el Estado, con un horizonte centrado en satisfacer necesidades y terminar con la lógica liberal que privilegia la ganancia, la acumulación y la dominación capitalista.
Buenos Aires, 13 de abril de 2019

El FMI sostiene al gobierno Macri y condiciona el futuro


El Directorio del FMI autorizó un nuevo desembolso por 10.870 millones de dólares que ingresarán a las cuentas argentinas en la próxima semana y desde 15 de abril se autoriza se utilicen 60 millones de dólares diarios y hasta 9.600 millones de dólares hasta fin de año para contener la evolución del dólar, que hoy se acerca a los 45 pesos y con perspectivas al alza.[1]
La argumentación del organismo internacional es que las políticas aplicadas están “dando frutos”, muy curioso ante el regresivo impacto sobre vastos sectores de la población que sufren la inflación y la recesión. Sobre la inflación señalan que es decepcionante su evolución, y sobre la recesión destacan que siempre que llovió paró y, por ende, esperan recuperación antes de finalizado el año.
Se trata de un saludo a la bandera, auto justificando el propio accionar del FMI, para continuar con el ajuste y la reestructuración. Es un mensaje de único camino posible, dirigido al oficialismo y a cualquier oposición en condiciones de gobernar; pero también a inversores internacionales, enfatizando que el país se encamina en una dirección orientada a favorecer la obtención de ganancias, por lo que recuerdan las necesarias reformas estructurales de contenido reaccionario.
Ya suman 38.900 millones de dólares desde el primer desembolso en junio del 2018, según informa el propio FMI. El monto deberá sumarse a los 307.000 millones de dólares de la deuda pública de la Argentina, lo que representa un 95,4% del PBI, según informa el Ministerio de Hacienda. El monto total del préstamo acordado con el FMI alcanza los 56.600 millones de dólares, de los cuales el 90% se entregarían antes de fin de año y solo una pequeña porción bajo la nueva gestión. Hacia el 2004 la deuda pública bruta representó el 118% del PBI, tal como explicita  la estadística oficial.[2]
Ese porcentaje bajó hasta 38,9% en 2011 (política de des-endeudamiento) y desde entonces viene subiendo, alcanzando el 52,6% en 2015, último dato para el gobierno de Cristina Fernández; luego escala bajo el gobierno de Mauricio Macri al 53,3% en 2016; 57,1% en 2017 y al 95,4% en 2018. Un guarismo que parece no tener límite. El 2018 fue el año de la corrida cambiaria y la mega devaluación que llevó la cotización de 20 pesos a 40 por dólar.
¿Cómo interpretar el acontecimiento de asociación Macri-FMI?
Hay que señalar que la política económica de la Argentina se sostiene con el apoyo financiero del FMI, especialmente por decisión política del socio hegemónico: EEUU y el gobierno Trump.
Trump necesitaba de un gobierno sudamericano con consenso electoral para su política exterior en la región, para aislar a Venezuela y redefinir las relaciones interamericanas, consolidando la hegemonía estadounidense en la región.
Es una premisa la hegemonía en territorio americano, para la discusión y disputa mundial en tiempos de tensiones económicas, políticas y militares, especialmente con China y sus aliados. La cuestión se afianzó con la irrupción de Bolsonaro en el Gobierno de Brasil.
La presencia de un nuevo gobierno en México desequilibra los propósitos de la política exterior de EEUU, pero con gobiernos afines en Argentina y Brasil, sumados a las administraciones derechistas en Chile, Colombia o Perú, se afianza una iniciativa política de profundización de la subordinación de la región al poder estadounidense.
El costo a pagar con una eventual cesación de pagos no es lo importante, incluso si la hipoteca se termina ejecutando contra bienes comunes, sean los hidrocarburos no convencionales o el litio. No sería la primera vez que se canjea deuda por bienes. En su momento (años 80) se ofreció capitalizar la deuda contra el capital público, efectivizado con las privatizaciones en los 90´. Algo similar supuso la cancelación de las deudas británicas con la incorporación al patrimonio público de los ferrocarriles otrora ingleses.
Enfatizamos en estos argumentos políticos en la relación de la Argentina con el FMI y EEUU, porque existen análisis técnicos que subestiman el dato del apoyo de Donald Trump al Gobierno Macri, señalando que Argentina no podrá devolver su deuda. El aumento del riesgo país por encima de los 700 puntos les estaría dando la razón. En ese marco de impago de la deuda, imaginan un proceso de renegociación con el Fondo luego de las elecciones de renovación presidencial, lo que solo ocurrirá si se continúa con las cuestiones esenciales, que van más allá de lo específico económico.
Hay fuertes argumentos de un próximo default de la deuda, asentado en carácter impagable de la deuda de la Argentina. Lo que se omite es que mientras exista el apoyo político financiero de EEUU y el FMI, el oficialismo tiene la opción de superar con éxito la elección de octubre y encarar un nuevo ciclo de gobierno, un segundo periodo. Incluso, el propio Fondo señaló que no tendría inconveniente en continuar la asistencia con otro gobierno, claro que en el supuesto que se cumplan los términos y objetivos del acuerdo por el ajuste y la reestructuración, laboral, previsional e impositiva.
Varios funcionarios de gobierno sostienen que un periodo no alcanza para resolver los problemas del país, los que se sufren por las políticas económicas asumidas en los últimos 70 años previos a la asunción de Macri, entre 1945 y 2015. Omiten en ese trayecto los años de gobiernos surgidos de golpes de Estado e incluso periodos constitucionales con rumbos afines a los del presente, especialmente las experiencias de la dictadura genocida y los años 90 con Menem y De la Rúa.
El objetivo gubernamental en desplegar en un periodo, y si pueden, continuarlo, apunta a continuar deteriorando la capacidad de negociación por derechos de los de abajo y así construir condiciones de posibilidad para la generación de ganancias y acumulación de capitales del núcleo local de la dominación capitalista.
La deuda condiciona el futuro cercano
La situación social y económica es mala para la mayoría de la sociedad y así lo explicitan los indicadores oficiales en materia de inflación y recesión, pobreza y desempleo, pero no puede obviarse que se intenta disimular con la gigantesca asistencia del FMI, de lo contrario todo sería peor. Al mismo tiempo, esos fondos contribuyen a potenciar la salida de capitales y la apropiación de cuantiosas ganancias en muy pocos sectores de la especulación, con tasas de interés cercanas al 70%.
Queda claro que el acuerdo con el FMI juega para la acumulación de ganancias y de poder. La deuda es un mecanismo que favorece la transferencia de riqueza social al sector más concentrado de la economía, al tiempo que potencia la tendencia a la dolarización y extranjerización de la economía, propiciando la concentración de la riqueza socialmente generada en muy pocas manos.
Mientras se tira la pelota para adelante, desembolsos del FMI mediante, muy pocos hacen grandes negocios y las consecuencias del impacto de la inflación y la recesión las sufre la mayoría empobrecida. Eso motiva que se acreciente el descontento social y se manifieste en protestas masivas que no terminan de galvanizar una propuesta de rumbo económico alternativo. He ahí un problema a resolver.
En las movilizaciones, visible claramente el pasado 4/4, coexisten distintas miradas políticas sobre el rumbo a seguir. Las motivaciones de la cúpula de la CGT y sus simpatías político-electorales no convergen con las que anidan en otros sectores movilizados, caso del moyanismo, las CTAs, la Corriente Federal u otras expresiones de los movimientos sociales. Incluso entre estos no hay necesariamente convergencia, aun cuando una parte muy importante imagina un futuro gobierno dirigido por el kirchnerismo. Para la cúpula de la CGT, el compromiso pasa más por el peronismo no K. En rigor, la dispersión política también se expresa dentro de los movilizados entre quienes apuestan a una salida electoral y aquellos que pretenden mayor nivel de organización y lucha para inducir salidas más radicalizadas de la coyuntura, caso de la demanda demorada por un paro nacional, reivindicación sustentadas por las izquierdas partidarias, sociales y sindicales.
Quienes apuestan a la salida electoral para reproducir condiciones de años anteriores subestiman las nuevas realidades del desarrollo capitalista, efectivizadas con los cambios de rumbo en la región y en el mundo. No habrá en 2020 las condiciones económicas que favorecieron el proceso de distribución del ingreso, tanto por condiciones internas como externas. No hay boom de inversiones sobre los países de América Latina y el Caribe, no siendo por ello solo un problema de la Argentina; ni existe un boom de las commodities y materias primas. Son condiciones que restringen en el marco del capitalismo procesos de distribución del ingreso o más aún, de la riqueza. Por eso hace falta explicitar que se pretende hacer en política económica más allá de la crítica al ajuste, que además de gobierno, sustenta la parte de la oposición que facilitó la legislación, entre ellas, las pautas presupuestarias.
Ante la ausencia de alternativa política electoral que defina un rumbo que entusiasme a la mayoría perjudicada con estas políticas, lo que emerge es el descontento, e incluso la despolitización de una parte de la sociedad, que no percibe como la “política” podría resolver sus problemas cotidianos. Si es así, podría crecer el desinterés y con ello el ausentismo electoral, consolidando una votación de los núcleos duros de adhesión a las identidades políticas en disputa, con final abierto entre las novedades de nuestro tiempo: kirchnerismo y macrismo. No queda claro que terceras opciones cristalicen en proyectos que puedan intervenir en la disputa por ingresar a la segunda vuelta.
Pero, más allá de cualquier especulación el interrogante es que hará el próximo gobierno con el condicionante del fuerte endeudamiento y el monitoreo del FMI con sede en el BCRA.
Queda clara la opción oficialista por acelerar las políticas actuales, agravando la situación de la mayoría empobrecida, por lo que aparece con fuerza el objetivo que pretende impedir un nuevo mandato del PRO-Cambiemos, lo que habilita la discusión sobre el quehacer de un gobierno que pretenda enfrentar el condicionante del FMI, que no puede quedarse en la renegociación para cancelar la deuda.
Resulta obvio que una confrontación con el condicionante de la deuda y el FMI tendrá costos, como los tiene cualquier país que intenta avanzar por un camino crítico al hegemónico, más aún si pretendiera un proceso de emancipación. Son debates necesarios que no aparecen aun en el debate político electoral, especialmente cuando no sabemos quiénes encabezarán las opciones para la disputa del próximo gobierno.
Mientras se constituye un debate de fondo sobre el programa electoral y sus candidaturas, surge la necesidad de politizar y radicalizar la demanda social y contribuir a disputar el discurso y el que hacer desde ahora para condicionar el ajuste y la reestructuración y más aún si se piensa en cambios para un nuevo gobierno desde diciembre. Una de las lecciones de la última etapa en Nuestra América, fue que estos gobiernos desmovilizaron a las organizaciones populares y con ello restaron capacidad de acción para confrontar al poder.
El paro nacional aparece como una demanda que crece, con el afán de instalar la discusión sobre el presente y el futuro en toda la sociedad. Será la capacidad de acción social masiva la que podrá modificar el condicionante que hoy hipoteca el futuro. La deuda condiciona, pero más puede condicionar la masiva acción colectiva, especialmente si ello conlleva la articulación de un proyecto que reinstale una propuesta centrada en la suspensión de los pagos previa investigación de la deuda y la fuga de capitales, que en tanto se apliquen requerirá inmediatamente acelerar procesos y políticas que discutan el modelo de producción y de desarrollo en su conjunto.
La discusión es quien condiciona a quien, si condiciona la deuda y el acuerdo del gobierno con el FMI, o la sociedad movilizada construye otro condicionante en la defensa de los derechos y la soberanía.
Buenos Aires, 6 de abril de 2019


[1] FMI. El Directorio Ejecutivo del FMI concluye la tercera revisión en el marco del Acuerdo Stand-By a favor de Argentina, aprueba desembolso de USD 10.800 millones, en: https://www.imf.org/es/News/Articles/2019/04/05/pr19107-argentina-imf-executive-board-completes-third-review-under-argentinas-stand-by-arrangement (consultado el 6/4/2019)