La creciente insatisfacción
social ante múltiples medidas de ajuste contra los trabajadores y la mayoría de
la población, apuró anuncios del gobierno Macri sobre modificaciones al mínimo
no imponible del impuesto a las ganancias.
Una reivindicación de larga data
en el país y que motivó importantes movilizaciones en los últimos años,
incluidos varios paros nacionales, arrancando compromisos de campaña de todos
los candidatos con posibilidades de gobernar.
La insatisfacción se asocia a
las restricciones en los ingresos populares por encarecimiento de precios, y
eso que aún no impacta el aumento de las tarifas eléctricas.
Pero la desconformidad proviene también
de la gigantesca transferencia de ingresos hacia los sectores más concentrados
de la economía, derivados de la devaluación continua, con un dólar a más de 15
pesos y sin techo previsible, aun cuando el BCRA tuvo que vender 40 millones de
dólares para evitar un alza mayor.
La gota que rebalsó la copa fue
la eliminación de las retenciones a las exportaciones mineras, beneficiando a
las grandes empresas transnacionales asociadas al saqueo y la depredación de
los bienes comunes. Agravado con la difusión de la medida en San Juan, cuando
aún está latente en la memoria social el derrame tóxico de septiembre pasado sobre
las aguas del río de una provincia que sufre por escases de agua.
Hasta sectores asociados al
gobierno señalaron la incongruencia entre este beneficio a las mineras y la postergación
de medidas contra la inequidad por el mantenimiento del impuesto a las
ganancias sobre los trabajadores.
El gobierno pretendía discutir desde
marzo en el Parlamento el tema del impuesto a las ganancias y el impacto sobre los
asalariados. Era una cuestión de mediano plazo, pero el clima de inconformidad en
el marco del inicio de las negociaciones colectivas por el salario, aceleró los
tiempos de la actualización del mínimo no imponible.
Anuncios
en la disputa del consenso
La iniciativa política en la
disputa del consenso social mueve al gobierno, no hay duda, y por eso separa
del INDEC a una funcionaria que pretendía organizar un trabajo profesional,
haciendo evidente que la “política” (autoritaria) se impone también en esta
etapa sobre la seriedad y la profesionalización de la información estadística.
Necesitan un dato ahora, sin
importar el grado de rigurosidad del mismo, sin gran diferencia que lo
argumentado hacia el 2006/7 y el desarme del sistema estadístico de la
Argentina hasta el presente.
Por eso se imponen ahora los
cambios anunciados en el impuesto a las ganancias, y es parte de lo que
demandan los dirigentes sindicales más cercanos al gobierno y que son
privilegiados a la hora del dialogo con las autoridades. Estos sindicalistas son
expresión de organizaciones que nuclean a parte importante de los trabajadores
de mayores ingresos, y por ende sujetos del impuesto a las ganancias.
El Presidente dice que el
anuncio es solo “un primer paso” para contentar a quienes demandan actualizaciones
de las exenciones y al reducir la imposición sobre los asalariados, se puede
mejorar la capacidad de compra de ellos y sus familias.
La realidad es que la
actualización está muy lejos de lo que se había sugerido, pues los 30.000 pesos
mensuales de mínimo no imponible son relativos al ingreso bruto de los
trabajadores. Por lo que los ingresos netos eximidos de pago al impuesto son por
25.000 pesos mensuales al trabajador con cargas de familia y 18.880 para el
soltero sin hijos.
Son cifras importantes en una
franja minoritaria para un promedio salarial que ronda poco más de 7.000 pesos
al mes, pero menos de lo reclamado.
Al ser un impuesto que actúa
sobre ingresos anuales, la medida es retroactiva a enero 2016 y se eliminan
todas las disposiciones que habían servido de parche desde el 2013, por lo que
algunos pagarán menos impuesto, y otros, que antes no tributaban, ahora podrán
ser sujetos del tributo.
En el imaginario de la discusión
previa se aludía a una eximición desde los 30.000 pesos mensuales netos.
No se modifican las escalas ni
está prevista una actualización regular de estos nuevos valores del mínimo no
imponible, con el argumento que eso requiere ser modificado por ley y que se
llevará al Parlamento para su discusión.
Claro que ni hablar de la
eliminación del impuesto a las ganancias para los trabajadores, argumento
sustentado de que los salarios no son ganancia, sino el pago a la venta de la
fuerza de trabajo.
Mucho menos en tiempos de
déficit fiscal y que la medida anunciada supone una merma de recaudación.
Disminución que parcialmente será compensada por el mayor consumo que genere
entre los que se beneficien con estos nuevos mínimos.
Claro que no todo irá al consumo
y una parte puede derivarse hacia la especulación, inducida por altas tasas de
interés y la regular variación al alza de la divisa estadounidense.
Compensaciones
insuficientes
Los grandes beneficios de la
política económica de Macri apuntan a satisfacer el programa del capital más
concentrado y en ese marco, se ofrecen solo compensaciones parciales e insuficientes
a los sectores de ingresos fijos.
Vale adicionar que los anuncios
se quedan cortos por no incluir a los trabajadores por cuenta propia, que son
parte de la informalización del empleo en los últimos años.
Lo que sí se incluye es la
actualización de las asignaciones familiares para compensar a sectores de
menores ingresos y que no son sujetos del impuesto a las ganancias.
Estos anuncios intervienen para
facilitar a la baja la negociación de las paritarias por actualización de salarios,
que una vez producida dejarán desactualizadas las correcciones ahora informadas
por la AFIP y el gobierno.
El reclamo de fondo por la
eliminación del impuesto al salario, equiparado a las ganancias, es un tema
actual y constituye parte esencial del programa de reivindicaciones
democráticas del movimiento sindical.
Claro que el propósito de Macri
es contener la conflictividad y ganar consenso para su política, aun cuando el
privilegio sea servir al objetivo central del programa de los capitales más
concentrados.
Por eso las compensaciones, aun
limitadas y parciales, suponen algunos ingresos mayores para una franja de
trabajadores.
Pero junto a la disputa del
consenso, se promueve el protocolo de la represión a la movilización popular, dispositivo
que goza de apoyo de la sociedad, en parte motorizado ideológicamente desde los
medios de información y comunicación. El consenso se disputa y manipula.
El mensaje gubernamental es
claro: se asegura un determinado sentido de la política, para la concentración
y la dominación del gran capital, con compensaciones limitadas; y ante la
conflictividad, se ejerce la represión y la criminalización de la protesta.
En rigor, no solo interviene la iniciativa
del gobierno o la del poder económico, sino también la que se ejerce desde
otros sectores sociales y políticos, con otros sentidos y para otros objetivos.
Como siempre, lo que interesa
discernir es quien terminará definiendo el sentido común.
Buenos
Aires, 19 de febrero de 2016
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