La corrupción está instalada como eje de la
información que definen los principales medios de comunicación. Es una estrategia
funcional a la concentración económica y del poder, ya que el acento está en la
corrupción anterior mientras se vela la del presente, en clara manipulación informativa.
Los objetivos son políticos y económicos de cara al presente mediato.
Desde el punto de vista político impedir que se retome
cualquier gobierno con intento de disputa de derechos en 2019 y desde lo
económico confirmar un rumbo favorable a una lógica de privilegio de las
ganancias concentradas en la cúpula del poder global. En este aspecto económico,
los empresarios involucrados pueden terminar enajenando sus empresas ante las restricciones
que pudieran sobrevenir, incluso fuera de la Argentina.
¿Existen capitales locales para esas operaciones, o el
solo hecho de pensarlo resulta en mayores niveles de concentración y
extranjerización de capitales en la Argentina?
Por eso el operativo es a dos puntas, a consolidar el
intento de una nueva hegemonía política modificando la tradición histórica del
país con gobiernos radicales y peronistas, salvo dictaduras, hasta 2015 y con
ello, convalidar un rumbo económico de inserción subordinada en el sistema
capitalista mundial, lo que supone mayor concentración y extranjerización
económica.
Lo dicho no excluye el rechazo a toda forma de
corrupción, la que debe ser combatida con todo rigor, en una mirada hacia atrás
de largo aliento, pero también del presente. Entendiendo a la corrupción tanto
el que la percibe como quien la otorga. La corrupción es un acuerdo de partes,
no interviene uno solo.
Al mismo tiempo, pensar en el desafío de época para
superar las identidades partidarias tradicionales como problema, no solo del
poder, sino también del amplio abanico del arco social definido en lo popular.
La política asumida por millones de participantes en
luchas por la ampliación de los derechos humanos (especialmente del movimiento
de mujeres), individuales y colectivos, mayoritariamente protagonizado por jóvenes,
nos remite a la imprescindible creación de nuevas identidades populares para
disputar la representación social de los de abajo.
Conflicto creciente
demanda políticas alternativas
Sin embargo, pese a la manipulación mediática, la
realidad social se impone con variadas manifestaciones.
Una remite a la lucha universitaria, iniciada el 6/8
pasado como no inicio de clases, decisión convalidada por una mayoría interesante
de docentes y a la que se suma de manera importante el conjunto de la comunidad
universitaria: estudiantes, graduados y autoridades.
Vale mencionar que no existe acuerdo total de cómo
avanzar en el tema entre las organizaciones sindicales representativas.
Lo determinante en este tiempo y no solo para este
caso, no parece pasar por los dirigentes, sino por la voluntad de los
trabajadores y trabajadoras junto a la capacidad para instalar socialmente el
asunto.
Es algo que se está logrando con la Universidad
itinerante, con clases públicas y manifestaciones masivas fuera de las propias
sedes universitarias.
Masivas movilizaciones en solidaridad con el reclamo
universitario se dieron en estos días, especialmente en principales ciudades
con tradición universitaria y de lucha, casos de Rosario o Córdoba y varias
otras ciudades.
Son iniciativas asumidas como procesos de construcción
de una movilización programada para el 30/8 en la ciudad de Buenos Aires,
condensando el reclamo federal no solo por recomposición salarial docente.
En rigor, el conflicto incluye la crítica a la
disminución del presupuesto universitario para este año, de más de 3.000 millones
de pesos, y además, la sub ejecución de ese presupuesto asignado a la baja.
La protesta es por los salarios, la baja del
presupuesto y la sub ejecución de lo asignado, en una clara confrontación
contra la política oficial.
Una política que tiene complicidad de todos los
poderes del Estado y que es parte de un objetivo de largo aliento por cambiar
la tradición del derecho a la educación por la educación como servicio o
mercancía que se compra y se vende en el mercado.
En efecto, desde los 60 del siglo pasado cuando se
inició el estímulo a las Universidades privadas, no ha cesado la promoción de
una política privatizadora, estimulado en los tiempos de ampliación de una
deliberada privatización a escala global, entre otras cuestiones, de la
educación.
Se valida la orientación en los 90 y ahora con el
argumento de que los pobres no acceden a los estudios universitarios y por
ende, aquellos que si “llegan a la pública” deben pagarla.
La demanda es contra la política gubernamental y en
defensa del derecho a la educación, que se hermana con otros conflictos, caso
de la lucha contra la privatización de la empresa provincial de energía en
Córdoba.
En efecto, la multitudinaria movilización cordobesa en
defensa de la EPEC estatal y los reclamos universitarios unificaron la
reivindicación y extendió el horizonte de la disputa del consenso por otra
política asentada en el derecho a la educación o en el derecho a la energía.
La energía y la sociedad estuvieron en el centro de la
atención del Congreso realizado en Mar del Plata este 24 y 25/8, por la
Federación de Trabajadores de la Energía, FeTERA, organización de base de la
CTA Autónoma.
En el cónclave marplatense se analizó la necesidad de
avanzar en la generalización de las demandas sociales para modificar el cuadro
de situación económica que se descarga vía inflación y recesión sobre la
mayoría de la población.
La declaración relativa a la situación nacional promueve
el impulso a un paro nacional de 36 horas a convocar por todas las centrales
sindicales y a instalar la lucha por la demanda de la soberanía energética.
Tanto la educación o la energía como derecho, es parte
de una lógica contenida en los 21 puntos programáticos difundidos luego del
multitudinario acto de Frente Nacional Multisectorial 21F, convocado el pasado
16/8 en el mini estadio de Atlanta.
Allí convergieron 825 organizaciones reunidas en 28
multisectoriales en todo el territorio nacional que confluyeron en un Congreso
Federal para ofrecer un programa con propuestas alternativas para abordar la defensa
de los ingresos populares; una concepción extendida de derechos; al rechazo al
acuerdo con el FMI; y una inserción mundial privilegiando la Patria Grande.
La conciencia social está
en disputa
Nuestro relato apunta a discutir la eficacia de la
estrategia comunicacional del poder.
El debate social no transita solamente por la agenda
instalada por los principales multimedios, sino por la capacidad de intervenir
de las trabajadoras, los trabajadores, en actividad o pasivos, y por el
conjunto de la sociedad.
Sostenemos el argumento más allá de lo que pueda
pensarse de algunas/os o muchas/os de los dirigentes de las organizaciones
sociales, políticas y sindicales que procesan este debate crítico sobre la
realidad y el que hacer para modificarlo. La dinámica social en el conflicto es
la clave para interpretar el devenir, claro que de manera dialéctica con los
proyectos políticos en pugna.
En los próximos días se debatirá el Presupuesto 2019, convalidando
el ajuste suscripto en el acuerdo con el FMI. Ese proyecto solo se aprueba si
logra conformidad parlamentaria, por lo que confirmamos que la crítica no es
solo al poder ejecutivo, sino extensivo al legislativo y en asociación a lo
relatado con respecto a la corrupción, también involucra al poder judicial y al
de los medios de comunicación.
La realidad económica nos la devuelve la data oficial,
con caída de la producción agraria e industrial, más el comercio, con lo que se
define el dato de junio del 2018 de una baja del -6,7% respecto al mismo mes
del año anterior y del -1,3% respecto al mes de mayo del 2018.
Ese dato que confirma la recesión económica se suma a
la cruda realidad de incrementos de precios que define la estanflación,
estancamiento más inflación, con costos sobre la mayoría social de menores
ingresos.
La discusión como siempre es quien vence a quien y
como vemos es lucha política, económica y de ideas sobre el presente y el futuro.
De un lado el poder instituido desde sus diversos
destacamentos, y desde el otro, una fragmentación de proyectos políticos que
intenta ser superado por una amalgama de esfuerzos unitarios de contenido
federal, caso de la Multisectorial 21F, para habilitar condiciones de una
disputa con horizonte de ampliación de derechos. Fue la enseñanza que dejaron
otras luchas vigentes, como mencionamos, por ampliación de los derechos de las
mujeres en un marco de generalización de derechos humanos en sentido integral.
Solo el consenso social para un modelo alternativo
hará posible el éxito de cualquier reivindicación concreta, de lo contrario, el
mapa del conflicto será contenido en luchas corporativas que fragmentan la
protesta social sin rumbo compartido.
La propuesta de Paro Nacional de 36 horas con
movilización convocado por las centrales sindicales en septiembre suena en ese
sentido, habilitando una profunda discusión sobre el programa necesario a
sustentar masivamente.
Confirmamos así nuestra tesis relativa al necesario
debate económico, político, cultural, de ideas. No alcanza con consignas o
etiquetas. No está resuelto el enigma de como mejor disputar el destino, salvo
la unidad de acción que en el marco de un debate programático encuentre los consensos
necesarios para la confrontación con la hegemonía actuante avalada por el FMI.
Buenos Aires, 25 de agosto
de 2018
