Casi en simultáneo con la aprobación, la semana
pasada, de la inconstitucional reforma a la legislación de riesgos del trabajo,
un instrumento solicitado por la Unión Industrial Argentina (UIA) y votado por
el oficialismo y la algarabía del PRO (Partido de derecha que gobierna la
Ciudad de Buenos Aires) en la Cámara de diputados, el gobierno anuncia cambios
en el mercado de capitales, más precisamente, una reforma de la Ley de Oferta
pública, que rige desde 1968.
Si los cambios de la “ley corta” de riesgos del
trabajo, que afecta los intereses de los trabajadores, eliminando la doble vía
(indemnización por accidente o enfermedad, más acción judicial resarcitoria)
significa una señal favorable a los empresarios; los cambios en el mercado de
capitales sugieren mayor participación estatal en el financiamiento del
capitalismo en el país. En el análisis de la noticia o de la política puede
pensarse en algo así como una medida a favor del mercado, y otra de orientación
pro estatal.
El
mercado de capitales y la acumulación capitalista
Debe recordarse para el caso cuál era el objetivo
del régimen legal de 1968, imposible de disociar respecto del propósito
sustentado por la dictadura del General Onganía desde el golpe de 1966.
La finalidad de la política económica estaba
orientada a modificar sustancialmente el patrón de acumulación derivado de la
industrialización sustitutiva de importaciones (ISI) promovida desde los años
30´.
Ese propósito de modificación del orden económico
social fue demorado una década como consecuencia de la resistencia de los
trabajadores, dos rosariazos mediados por el Cordobazo en 1969, y variadas
puebladas que se sucedieron en esos tiempos y habilitaron la corta experiencia por
la liberación nacional y social contra la dependencia capitalista durante 1973,
y que culminó con el rodrigazo a mediados de 1975 y el terrorismo de Estado
desde marzo de 1976.
El objetivo de reestructuración de la economía, el
Estado y la sociedad del golpe del 66 recién fue realidad una década después,
con Martínez de Hoz y sus colaboradores inspirados en la escuela monetarista de
la Universidad de Chicago en EEUU. Sus consecuencias aún se hacen sentir en
nuestros días, entre otras cuestiones con la institucionalización de la legislación financiera y el régimen de
inversiones externas, instrumentos legales asociados al desarrollo del mercado
de capitales y la inserción subordinada de la Argentina en el capitalismo
mundial.
La función del mercado de capitales apunta a
generar las mejores condiciones para la captación de recursos por el sector empresarial
de la economía. Además del sector bancario, que oscilaba entre
nacionalizaciones (1946 y 1963) y desnacionalizaciones (1955 y 1966) de los
depósitos, se buscaba en 1968 estimular la tradicional actividad bursátil.
Una actualización importante y relativa al mercado
de capitales se produjo en 1994, con la reforma previsional. Eran tiempo de la
ofensiva neoliberal, del capital contra el trabajo. Eran los tiempos en que el
equipo de la dictadura genocida destacaba la labor del gobierno constitucional
en los 90´. El motivo esgrimido por Cavallo y Menem apuntaba a que sean los
trabajadores con sus aportes y retenciones los que generaran una masa de
financiamiento para la promoción de la iniciativa privada.
Así surgieron las AFJP, que no tuvieron el
monopolio de la actividad por imperio de la lucha de trabajadores activos y
pasivos, quienes arrancaron la convivencia del sistema de reparto con el régimen
privado de capitalización. Este fue estatizado en 2009, en plena crisis de
bolsas y bancos en el mundo.
Vale mencionar que aún con la estatización, esos
fondos previsionales aportados por los trabajadores son utilizados para
estimular el mercado de capitales en la Argentina. Se estima que un 14% de los
fondos previsionales están orientados en el financiamiento del sector productivo
privado.
Los
cambios que se vienen
Ahora se anuncian cambios que apuntan a mayor
participación del Estado en el contralor de las actividades asociados al
mercado de valores. Es una iniciativa convergente con similar accionar en el
sistema mundial luego de la crisis iniciada entre 2007 y 2008, la que afectó la
valorización de títulos y acciones en el sistema capitalista.
En el sistema capitalista, especialmente entre los
países más desarrollados, se impone la creciente intervención estatal para
estimular el nivel de actividad económica, que se encuentra menguado por
impacto de la crisis mundial.
Los anuncios del poder ejecutivo apuntan en el
sentido de ampliar las facultades de la Comisión Nacional de Valores (C.N.V.) y
restringir los “beneficios” fiscales y de contralor en manos de la Bolsa.
La respuesta de disconformidad de los “mercados”
se hizo notar con tendencias a la baja de las cotizaciones y con sospechas
sobre la afectación del “libre mercado” que resulta de la intervención pública,
como si fuera posible la libertad de mercado en condiciones de monopolio y
transnacionalización de la economía.
Los anuncios sugieren modificar la auto regulación
vigente en el mercado de valores; la regulación estatal y el fin del secreto
bursátil; la ampliación de los operadores que puedan actuar como “agentes de
bolsa”, hasta ahora concentrados en muy pocos representantes con una millonaria
inversión; y el cambio del carácter jurídico de la Bolsa de Comercio que
pasaría a constituirse como una sociedad anónima y perdería así las exenciones
impositivas vigentes por su calidad de entidad sin fin de lucro.
Todo ello está acompañado por nuevas regulaciones
en el mercado del seguro. Se promueve la formación de un Fondo para inversiones
productivas y de infraestructura que surge de orientar un 10% de los fondos
administrados por las compañías de seguros, sea por las ART (entre 5 y 20% del
total de sus carteras de seguros), los seguros de vida y retiro (entre el 12 y
el 30% de las respectivas carteras), o los seguros generales y el reaseguro
(entre el 10 y el 20% de cada cartera).
La expectativa apunta a consolidar hacia mediados
del 2013 un valor del orden de los 7.000 millones de pesos para destinarlos a
proyectos productivos y de infraestructura, elegibles por una comisión de
funcionarios del poder ejecutivo.
Estas medidas intentan incidir sobre el nivel de
actividad económica, y continúan el rumbo de utilización de los fondos
previsionales administrados por el ANSES. Existen inversiones productivas de
los fondos previsionales por unos 30.000 millones de pesos, sobre un total de
215.000 millones de pesos. En el mismo sentido actúa la obligación a los bancos
para destinar un 5% de los depósitos para préstamos a pequeñas y medianas
industrias. La idea es completar la presión sobre las aseguradoras para destinar
una décima parte de unos 70.000 millones de pesos que existen en seguros, los
que intentan valorizarse invirtiendo en títulos públicos, plazos fijos, fondos
comunes de inversión, obligaciones negociables, acciones y ahora en proyectos
productivos e infraestructura.
Son anuncios para mantener en actividad y con
crecimiento al régimen capitalista de producción en el país, el que se
encuentra afectado en la coyuntura por la desaceleración del presente año.
Por ello, más allá del sentido de los cambios y
los temores que genera entre especuladores e impunes inversores asociados a la
evasión y elusión impositiva, los interrogantes de las medidas anticipadas
remiten a qué tipo de producción es la que se debe promover, realizada por
quiénes y con qué fin. Es algo que no debe quedar librado a las fuerzas del
mercado, aún con mayor regulación estatal.
Buenos
Aires, 29 de octubre de 2012
