El gobierno de Mauricio Macri en Argentina es una opción por la ganancia

Desde el 10/12/2015 y por primera vez en la historia constitucional de la Argentina gobierna un partido con programa explícitamente de derecha, que busca reorientar la política exterior del país hacia las demandas liberalizadoras del capital concentrado transnacional.

La afirmación se sustenta en las medidas desplegadas en 60 días de gobierno. En primer lugar una devaluación de más del 40% y que coloca el tipo de cambio actual en 15 pesos argentinos por dólar estadounidense, e inmediatamente eliminó retenciones a las exportaciones agrarias, aunque con la soja las redujo en 5%; haciendo lo mismo con retenciones a exportaciones industriales (especialmente la industria automotriz), y en estos días hizo extensivo a las exportaciones mineras.

Devaluación monetaria y disminución y eliminación de retenciones suponen una transferencia fabulosa de ingresos al reducido núcleo de grandes productores y exportadores de sectores transnacionalizados.

La condición de posibilidad de ese conjunto de medidas deviene del intento de normalizar la inserción de Argentina en el sistema financiero mundial, por lo cual se iniciaron gestiones con los holdouts (fondos buitres) de la deuda externa ante la justicia de EEUU, lo que supone nuevos y gravosos incrementos del stock de deuda y mayores compromisos futuros por cancelación de intereses y capitales adeudados.

En ese marco se recibió un préstamo de 5.000 millones de dólares de un conjunto de 7 bancos transnacionales: HSBC, JPMorgan, Santander, cada uno con 1.000 millones de dólares; el Deustche Bank, Citibank, BBVA y UBS con 500 millones cada uno. Pese a ello, se siguen perdiendo reservas internacionales por la constante fuga de capitales.

No solo se trata de medidas pro empresas y sus ganancias, sino que la intencionalidad de política económica apunta a disminuir la escalada de precios con “metas de inflación” que aplica el BCRA que en dos meses contrajo en 52.000 millones de pesos la base monetaria, un equivalente de casi 3.500 millones de dólares. Se trata de una política monetaria asociada a otra de ingresos que apunta a la disminución salarial, pretendiendo disciplinar al movimiento sindical a negociaciones salariales por debajo del 30% con una inflación estimada que puede escalar hacia el 40% en el año 2016.

La presión a la baja salarial está acompañada de masivas cesantías en el Estado (se estiman más de 20.000 en estos días) y similares en el sector privado, donde reina la impunidad de las patronales. Se pretende reducir el costo laboral y disminuir el gasto social en general, y en personal en particular. Todo acompañado de represión y criminalización de la protesta social.

Aun con las garantías ofrecidas en Davos, en el Foro Económico Mundial, sobre las potencialidades de inversión en la Argentina, el momento internacional no favorece las expectativas del gobierno Macri por lograr una avalancha de inversiones externas.

Es más, la industria automotriz anuncia en estos días cuantiosas suspensiones de trabajadores, caso de la Volkswagen y la FIAT, ante la disminución de la demanda internacional, especialmente desde Brasil. Argentina exporta más del 70% de los automóviles armados en el país, principalmente al país vecino.

Las compensaciones a los sectores populares son mínimas, aun cuando el gobierno sostiene una propuesta de eliminación de la pobreza en la conclusión del gobierno en 2019. Es un intento de manipular a la sociedad, con una realidad que agudiza la regresividad de la distribución del ingreso y de la riqueza, pretendiendo restaurar la capacidad de hacer funcionar al capitalismo en la Argentina, lo que supone definirse por las ganancias empresarias.

El 24 de febrero está convocada una huelga nacional de los trabajadores del Estado, acompañado por la solidaridad de varias centrales sindicales. Es un punto de partida de una dinámica de conflicto social en un país donde pese a la precariedad laboral, existe una importante tradición de organización sindical y territorial de los trabajadores.