El
Estado capitalista gestionado por Macri facilitó créditos vía Banco de la Nación
Argentina (BNA) por más de 18.000 millones de pesos al grupo Vicentin que, en
diciembre 2019 con el cambio de gobierno, denunció “estrés financiero” ante
deudas acumuladas en el país y en el exterior por más de 99.000 millones de
pesos. Traducido en lenguaje sencillo, dificultades del grupo Vicentin para
cancelar sus deudas, con bancos locales y extranjeros; con proveedores
diversos, especialmente miles de productores que entregan su materia prima para
la industrialización y exportación al Grupo; incluso accionistas y agencias de
recaudación del Estado, como Aduana y DGI. La estafa empezaba a hacerse
pública.
Lo
que ocurrió es una cesación de pagos, que no escandaliza a los “privatistas”,
tal y como se preocupan cuando es al revés, caso del Estado sustentando un
default de su deuda con privados. La gran preocupación del poder económico es
que el país no suspenda los pagos de deuda, mucho menos que se la investigue. Por
eso ejerce una fuerte presión para ceder y acordar con los acreedores,
otorgarles los “endulzantes” que estos solicitan, aún con un gran costo que va en
desmedro de insatisfechas necesidades sociales. Al contrario, si el default es
privado, para los defensores del mercado, el Estado no debe inmiscuirse, salvo
subsidiando, aun cuando un banco oficial haya sido una pieza imprescindible
para garantizar la estafa de imposible cancelación. Es más, seguramente agregaran
que, ante las dificultades de la entidad financiera, esta debería privatizarse
por ineficiencia.
Más
curioso aún resulta, cuando los empresarios explican que el tema que complicó
la situación fueron las elecciones primarias que anticiparon un cambio de
gobierno en la Argentina. Es insólito, pero eso sostienen, con lo que los
responsables serían los votantes, que al no elegir lo que la empresa quería, se
les dificultaron los negocios. ¿Acaso, de haber continuado Macri no habría
habido problemas económicos en Vicentin? Claro, en el imaginario empresario se incluía
la canilla financiera abierta de la banca pública y la fantasía del apoyo
internacional, en similar situación que la esperada lluvia de inversiones por
el macrismo que nunca llegó. El argumento pone de manifiesto el carácter inescindible
entre economía y política que siempre hemos sustentado, que para el caso en
cuestión hace evidente el sentido del Estado capitalista al servicio del
capital. Un Estado que gestiona créditos del mercado mundial para financiar el
capitalismo local, a costa de la sociedad y que ahora negocia para pagar el préstamo
del FMI y las inversiones especulativas de los Fondos de Inversión.
Resulta
evidente que el default de Vicentin tiene un elevado costo para sus
trabajadoras y trabajadores con incertidumbre sobre el presente y futuro
cercano, para los pequeños y medianos proveedores de la firma, para la banca pública
y las agencias de recaudación, que en la lógica del mercado debían esperar que
alguna otra empresa (por las dimensiones de los negocios imaginamos extranjera)
la absorba y luego, quizá, restablecer los negocios para atender las
obligaciones. Son argumentos dentro de una lógica que imagina al mercado resolviendo
todo por sí mismo. Claro que esa lógica de mercado incluyó la previa decisión
estatal de prestarle al grupo empresario una gigantesca e impagable cifra que, por
ahora, de no mediar intervención pública, tenía destino en la cuenta de pérdidas
del BNA. Del mismo modo imaginan cumplir, sin investigar, con una deuda pública
sospechada de ilegal, ilegitima y odiosa.
El anuncio oficial de expropiación genera debates
sustantivos
A
seis meses del estrés aducido por Vicentin y la convocatoria de acreedores, el
Presidente de la Argentina anunció la “intervención” de la empresa por parte del
poder ejecutivo, la “expropiación” por medio de una ley a discutir en el
Congreso Nacional, y un nuevo rumbo en política productiva agraria orientado
por la “soberanía alimentaria”. Se habilitó entonces un debate trascendente.
La respuesta
del sector privado concentrado en empresas y cámaras empresarias fue inmediata y
crítica, de desaprobación, con un rotundo no al “estatismo”, incluso
desmereciendo la alusión al rumbo soberano de la producción agraria. Resulta
interesante el desinterés del “sector privado” por criticar la estafa del grupo
empresario, que incluye la evasión y elusión fiscal, muy bien estudiado por el
grupo rosarino MATE[1],
sin ninguna preocupación por la investigación de esas deudas. Queda pendiente aún
la calificación del delito incurrido por los responsables de la gestión empresarial
ante los entes de recaudación y las autoridades monetarias y del comercio
exterior, e incluso de quienes favorecieron desde la banca pública los
incobrables préstamos. ¿Quién y porqué se facilitó el endeudamiento desde el
BNA y otros bancos oficiales? ¿Qué destino tuvieron los recursos? ¿Se orientaron
esos fondos a la actividad específica de la empresa o se destinaron a otros
fines? Son interrogantes similares que nos hacemos ante la estafa de la deuda
pública y por eso impulsamos la auditoria de la deuda con participación
popular, al tiempo que se demanda se suspendan los pagos.
Toda
la argumentación del poder económico se concentra críticamente en la
intervención estatal, que insistamos, excluye la previa al momento del
financiamiento del BNA, el principal banco del sistema financiero local. Es
una lógica de poder, sustentada con el aporte de medios de comunicación que
actúan en la disputa del consenso social. Puede parecer ilógico que sectores sociales
objetivamente perjudicados por el accionar delictivo empresarial actúen en
sustento de las posiciones esgrimidas por el poder, sin embargo, es un
resultado de la lucha ideológica que afirma un rumbo reaccionario en buena
parte de la región y del mundo. No es menor el impacto ideológico de una
subjetividad individualista y a contramano de la satisfacción social de
necesidades, construida por casi medio siglo. A no sorprenderse por caceroleos
a favor de la propiedad privada del núcleo concentrado del poder.
Desde
el gobierno se insiste que se trata de “rescatar” la empresa, las fuentes de
trabajo directas e indirectas, tanto como asegurar el papel de exportador y
receptor de divisas. No queda claro entonces, como sostener el modelo productivo
del agro-negocio de exportación al que se asocia la empresa con la propuesta de
avanzar en el rumbo de la soberanía alimentaria. Esta última es una categoría
sustentada por el movimiento campesino a fines del Siglo XX, en confrontación
con el concepto de seguridad alimentaria, que remite a la posibilidad de
atender la alimentación de la población sin discutir el modelo productivo. Por
el contario, la soberanía alimentaria sustenta un debate relativo a qué
producir, cómo producir, distribuir e incluso que tipo de consumo es necesario
estimular. Con la seguridad alimentaria no hay problema en un destino
mayoritario de exportación de la producción, ni en la subordinación a la lógica
de las trasnacionales que definen el paquete tecnológico. Tampoco preocupa el
despoblamiento de las zonas rurales o su contaminación vía fumigaciones o
difusión de químicos diversos. El privilegio pasa por el rinde y la ganancia,
por encima de la salud y el deterioro del suelo, las aguas o el medio ambiente.
Por
eso aludimos a la importancia del debate sobre la soberanía alimentaria y el
cambio del modelo del agro-negocio. No debe extrañar la estafa empresaria en
una lógica de mercado con el Estado a su servicio. ¿Es posible cambiar el
modelo productivo y el Estado? Desde luego, lo que supone acudir a objetivos de
transformación de las formas de organización de la producción y las relaciones
socioeconómicas, base de sustentación del objetivo por la soberanía
alimentaria. Se sepa o no, la categoría es antagónica con la lógica del orden capitalista,
por lo que en sí misma la propuesta solo funcionará si existe la decisión de
confrontar con el poder e iniciar un proceso de transición hacia otra lógica de
organización social de la economía.
Ese
es el debate que se habilitó en estas horas y que anima la discusión por el
presente y el futuro. No es solo el tratamiento de qué hacer con la deuda de una
empresa, o si se quiere con la deuda pública, sino de identificar qué tipo de
Estado y de Sociedad es la que se pretende construir.
Buenos Aires, 13 de junio de 2020
[1] Cómo funciona la compleja
operatoria con la que muchas grandes agroexportadoras evitan el pago de
impuestos en el país. Entrevista a Sergio Arelovich, docente de la Universidad
Nacional de Rosario, asesor de la Federación de Trabajadores del Complejo
Industrial Oleaginoso y experto en seguimiento de mecanismos de triangulación.
Infobae del 2/05/2020, en: https://www.infobae.com/economia/2020/03/02/como-funciona-la-compleja-operatoria-con-la-que-muchas-grandes-agroexportadoras-evitan-el-pago-de-impuestos-en-el-pais/
(consultado el 13/06/2020)
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