Antes
de la “Semana Santa”, el gobierno argentino lanzó un paquete de medidas económicas[1] orientadas
a contener a sus votantes, y si se puede, ampliar el consenso electoral para la
renovación del ciclo de Macri en la gestión presidencial. Se trata de medidas
de impacto político, más que económico.
La
conclusión política señalada no es una novedad, ya que se reitera hasta el
cansancio en todos los análisis y comentarios sobre los anuncios de estos días.
Solo el gobierno imagina desde su relato económico, algunas posibilidades
propagandísticas respecto de las medidas dispuestas. Lo que importa es
transitar lo más rápido posible hacia las elecciones de agosto a octubre/noviembre,
con la imagen de que algo se está haciendo para resolver el fenómeno de la
inflación.
¿Alcanzará
para ganar las elecciones? Puede que sí o que no, pero se elude el debate de
fondo sobre el modelo productivo y los condicionantes instalados sobre la base
del acuerdo con el FMI y el avance del agro negocios y los nuevos rumbos de la
producción y exportación de hidrocarburos no convencionales, todo en el marco
del aliento a la especulación financiera, la concentración y extranjerización
de la economía local.
Entre
los anuncios está el acuerdo de precios, de un poco más de 60 productos
esenciales para la vida cotidiana, difundido como un “acuerdo de caballeros”. Increíble
pero real, ya que no hay estructura oficial para controlar la efectividad de la
medida. Todo lo que suene a control estatal está afuera de la ideología y la
política del gobierno, por lo que en estos años de gobierno desarmaron toda
organización de control. ¿Cómo controlarán ahora?
Todo
se limita al “acuerdo” con formadores de precios, los que, precavidos,
aumentaron antes de difundir los precios estabilizados hasta las elecciones de
renovación presidencial. La mención a la caballerosidad de los fijadores de
precios recuerda a Pugliese, ministro de Economía de Alfonsín cuando señaló que
él había hablado al corazón de los empresarios y le contestaron con el
bolsillo. Recordemos que el capital no
tiene sentimientos, sino objetivos de lucro.
Además
del acuerdo de precios, se suspendieron los incrementos tarifarios del orden
nacional, por lo que se acrecientan los subsidios a costo del conjunto de la
sociedad. Ello supone mayor ajuste fiscal para consolidar el déficit fiscal
cero, oportunamente acordado con el FMI. Entre otras cuestiones, se ofrecen préstamos
diversos, todo con fondos de la ANSES, además de facilidades de pagos de deuda
con la AFIP.
Si se
pretendía recuperar el consumo, ¿no era más sencillo poner dinero en el
bolsillo de jubilados y jubiladas, tanto como a beneficiarios de planes
sociales y a los trabajadores y trabajadoras de menores ingresos? Ocurre que
solo se pretende dar la imagen de la preocupación por la carestía de la vida.
Para ser enfático, no se pretenden soluciones reales que estimulen el consumo
popular y mucho menos intervenir en la distribución progresiva del ingreso y la
riqueza. Todo es maquillaje con fines electorales.
Junto
al poder ejecutivo también hubo anuncios del BCRA[2],
congelando el techo de la zona de intervención cambiaria en 51,45 pesos por
dólar, por encima de lo cual se venden todos los dólares que se demanden.
Además, hasta junio no se tendrá en cuenta la base de la brecha de no
intervención, insinuando que el dólar puede bajar de precio en el corto plazo
(39,75) y el Banco Central no saldrá a comprar divisas.
Lo
que afirma el BCRA es que la devaluación está asegurada hacia fin de año,
gracias a los fondos desembolsados por el FMI y unas reservas internacionales
que superan los 77.000 millones de dólares, suficientes para aguantar en el
corto plazo una corrida contra el peso. Lo anunciado por el BCRA induce operaciones
financieras en pesos y trata de desestimular la demanda de dólares. Existe el
convencimiento que, si se contiene el tipo de cambio, el dato en sí mismo
contribuirá a potenciar el consenso electoral para un nuevo turno de Macri, el
PRO y Cambiemos.
Iniciativa política electoral y críticas por derecha
Convengamos
que se trata de una iniciativa política, con escaso impacto en la economía, aun
cuando algunos sectores podrían beneficiarse con el abastecimiento de ciertos
productos y como beneficiarios de crédito, pese a la excesiva tasa de interés,
donde el crédito barato ronda el 50%, difícil de soportar por los sectores de menores
ingresos.
Es
común escuchar críticas al gobierno por inútil en materia de política económica.
El argumento alude a la incapacidad en cuestión económica y a la ausencia de un
programa. Son argumentos que provienen de sectores críticos por derecha. Aludo
a los ultra-liberales, autodefinidos como “libertarios”, incluso como “anarco-liberales”,
Espert, Milei o Giacomini. En el mismo sentido opinan ortodoxos de anteriores
ajustes, caso de López Murphy, Carlos Rodríguez, u oficialistas críticos como
Melconian o Santángelo.
Para
estos, algunos en campaña, el ajuste y la reestructuración debe ser una
política de shock y, por ende, critican el “gradualismo” y la “inutilidad” del
gobierno. Proponen un ajuste y reformas estructurales sin anestesia, acudiendo
incluso a proposiciones autoritarias como el “voto calificado” o a eliminar
directamente el Estado, responsabilizando a la “política” en su conjunto.
Quieren ya la reforma laboral y previsional, eliminado derechos laborales, sociales,
individuales y colectivos, incluso, si fuera posible, hacer desaparecer las
organizaciones sindicales y sociales. No es una crítica al clientelismo o a la
corrupción sindical u organizacional del viejo modelo sindical, sino a toda
forma de expresión social organizada en defensa de derechos de las clases
subalternas.
Las
reformas estructurales son necesarias, reclaman, para el desembarque de las
ansiadas inversiones en los sectores que ofrecen elevados volúmenes de ganancias,
caso del agro negocio con cosecha récord o la nueva Meca de Vaca Muerta para la
producción y exportación de hidrocarburos no convencionales, y de trasfondo, como
siempre, la deuda y la especulación financiera. En rigor, no es un discurso nuevo.
Es el mensaje hegemónico con antecedentes en la dictadura genocida, en los 90 y
ahora, con los matices de instrumentos, sea el terrorismo de Estado, la
convertibilidad, desregulaciones y las privatizaciones, pero siempre en la
perspectiva de las reformas regresivas: a) de las relaciones laborales, b) del
cambio de función del Estado y, c) la subordinación a la lógica hegemónica de
la transnacionalización.
Puede
repetir Macri, o no, pero quedará el condicionante estructural de la
regresividad esencial construida en el proceso 1975/76 hasta nuestros días, con
los matices y retardos de procesos sociales y políticos sustentados en organización
y acumulación social sustentadas en las resistencias a la dictadura o al
menemismo, y que recientemente, de la mano y el vínculo con la región
latinoamericana y caribeña devolvieron un imaginario de independencia,
soberanía y perspectiva liberadora.
Esto
último puede ser el punto de partida para presentar en sociedad una propuesta
atractiva para transitar un rumbo a contramano de la lógica de la ganancia,
pero esa es otra historia que está más allá de la dinámica electoral en curso.
Buenos Aires, 20 de abril de 2019
[1] Los ministros Dujovne,
Stanley y Sica explicaron las medidas que adoptó el Gobierno, en: https://www.casarosada.gob.ar/slider-principal/45228-los-ministros-dujovne-stanley-y-sica-explicaron-las-medidas-que-adopto-el-gobierno
(consultado el 20/04/2019)
[2] Informe de Política Monetaria,
abril 2019, en: http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/Presentacion-IPOM-abril-2019.pdf
(consultado el 20/04/2019)
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