La
inflación y la recesión golpean fuerte en la mayoría de la sociedad argentina y
crece la protesta por el impacto económico, lo que motiva iniciativas para
implementar políticas económicas impensadas en el oficialismo. Es que por vez
primera suena la alarma de merma en el consenso electoral que dificulta los
planes reeleccionistas. La “economía” empieza a intervenir en las opciones
electorales de los votantes y peleigra la reelección de Macri.
Apareció
ahora la intención de extender el programa de “precios cuidados” o considerar
“acuerdos de precios” con principales cadenas de producción y comercialización,
tanto como nuevas líneas de crédito con los fondos de ANSES, los de la
seguridad social. Son medidas en las que la ideología liberal oficial no
acuerda, pero se imponen ante el descontento creciente que reproduce la prensa,
incluso la que puede ser considerada amiga. Algo hay que hacer, sostienen.
Queda
claro que es una respuesta de tipo política para mantener las expectativas de
consenso electoral en sectores que hoy tienen dudas en sustentar un nuevo
periodo de Macri, el PRO y Cambiemos.
Las
medidas no están dirigidas al núcleo duro de consenso ideológico, a quienes
nada les debe satisfacer medidas “intervencionistas” como las mencionadas.
Apuntan a disputar el consenso de una franja del nuevo y creciente descontento
por el impacto social de la política económica. De implementarse durarían hasta
las elecciones, luego, otra vez el ajuste sin anestesia, pero con el consenso
de los votos.
Explícitamente
el Jefe de Gabinete y en variadas ocasiones el Presidente han denostado
cualquier mecanismo visibilizado como intervencionista, claro que al mismo
tiempo impulsan una fuerte intervención del Estado en el establecimiento de la
tasa de interés o en la suba de las tarifas de servicios públicos. Buena parte
de la suba de precios en la actualidad se deriva de la intervención del Estado,
caso de las autorizaciones en la suba de precios a pre-pagas, petroleras, o
simplemente el cronograma de aumento de tarifas o la política monetaria y suba
de tasas de interés.
Las
opiniones críticas relativas al intervencionismo estatal son por lo tanto de
tipo ideológico. El Estado siempre interviene, la discusión es a favor de
quién. No hay dudas que el gobierno favorece a un núcleo reducido de
beneficiarios en el ámbito de la especulación, la banca y el mercado de
capitales, los grandes productores y exportadores y las empresas privatizadas
de servicios públicos.
El
nuevo problema para el gobierno y sus asociados es el crecimiento del
descontento, que podría, dicho en potencial, entorpecer los planes
reeleccionistas a fin de este año. Avisados del tema, la campaña en curso
remite al “cuco”, que no es otra cosa que el retorno del “populismo”.
No
solo el gobierno instala la cuestión, sino que también se procesa entre
radicales y peronistas, incluidos los que imaginan que pueden desplazar de la
primera magistratura a Macri desde fines del 2019. Remito a Lavagna, Massa,
Urtubey, Pichetto, Lousteau entre varios de los que disputan la gestión del
modelo. Por su parte, los aludidos como populistas pocas pistas otorgan sobre
lo que harían desde el gobierno.
Así
las cosas, ya no se discuten temas concretos relativos a cómo resolver las
necesidades de la población, sino a una opción imaginaria entre el país
populista o el moderno y liberal sustentado desde la fuerza en el gobierno, sin
opciones para pensar e ir más allá de esas variantes.
La
dificultad de la opción es que todos los indicadores sociales o variables en
consideración, tales como la pobreza, el desempleo, la carestía de la vida, e
incluso el riesgo país que mide el poder mundial, registran guarismos peores en
el presente que en el denostado pasado inmediato adjudicado al populismo. Vamos
a insistir que no apostamos al populismo, aun cuando queremos desmitificar la
falsa opción presentada desde el poder.
Mucho
se trabajó mediáticamente al “cuco”, con el populismo, Venezuela, o el socialismo,
ejemplificado en Cuba o el fracaso de la URSS. No se trata de la defensa a libro
cerrado de esas experiencias, o de gobiernos locales anteriores, denominados
populistas, sino la posibilidad de pensar que no hay un solo camino para el
presente y el futuro del país y del mundo.
Repican
que el único camino posible es el actual, con el FMI detrás y por cierto el
contexto del programa liberal que sustentan gobiernos de la derecha
latinoamericana, obviando la tradición autoritaria y la corrupción que las
sustenta junto a un regresivo impacto social en calidad de vida.
El
descontento no supone la protesta en la misma dimensión, aunque ya tiene fecha
el paro nacional para el 30 de abril, convocado desde un arco sindical y social
diverso que no involucra explícitamente a la cúpula de la CGT.
La
fecha de la protesta es previa al Primero de Mayo y resulta simbólica la
conmemoración del día internacional de los trabajadores y las trabajadoras ante
la ofensiva abierta contra los derechos sindicales, individuales y colectivos,
patrón verificable en todo el mundo, muy especialmente con la demanda de
reaccionarias reformas laborales, previsionales e impositivas.
Asistimos
a un tiempo de revancha para el capital, en contra los derechos conquistados en
décadas de lucha y organización del movimiento sindical y social por décadas.
Ofensiva capitalista contra el trabajo. ¿Se puede
transitar otro rumbo?
Desde
la OIT en su centenario, el propio gobierno y las patronales se instaló hace un
tiempo un debate relativo al “futuro del trabajo”, engañoso mecanismo para
disfrazar la ofensiva del capital contra los derechos de trabajadoras y
trabajadores.
El
trabajo es una actividad humana que transforma la realidad, la naturaleza y al
propio ser humano; es un dato de la historia y no puede concebirse el futuro
sin el aporte del trabajo. No hay futuro sin el aporte del trabajo vivo de las
trabajadoras y los trabajadores del mundo.
Los
clásicos de la Economía Política, en el origen de la disciplina científica que
intentaba explicar el capitalismo sostuvieron que el CAPITAL es Trabajo
acumulado. Qué decir hoy sobre el desarrollo tecnológico, la innovación, la
robótica o la inteligencia artificial, sino que son creaciones del trabajo
humano acumulado.
Si
esos adelantos técnicos y científicos hoy son utilizadas por los propietarios
de medios de producción, los empresarios de mayor acumulación de capitales, da
cuenta de la privatización concentrada del aporte social universal de
trabajadoras y trabajadores de todo el mundo a través de la historia.
El trabajo
es fuente del valor, y como recordamos, fuente creadora del capital, por ende,
de la ganancia, la acumulación y la dominación capitalista. Esta tríada
derivada de la ganancia afecta la calidad de vida de la mayoría de la sociedad:
las trabajadoras y los trabajadores. No se trata de un tema local, sino mundial
y derivado de las relaciones capitalistas de producción.
Son
razones suficientes para defender el derecho de las trabajadoras y trabajadores
a la apropiación social de una riqueza que se apropia privada y
concentradamente por unos pocos, generando condiciones de desigualdad
insostenibles, que en la propia estadística oficial en la Argentina señala que
el 10% más enriquecido por ingresos en el país percibe 20 veces más que el 10% más
empobrecido. Por lo dicho es que el 32% de la población argentina percibe
ingresos por debajo de la pobreza y ya no alcanza con estar empleado para no
ser pobre, exacerbado con más de un tercio de trabajadoras y trabajadores en
situación irregular de empleo.
No
solo las trabajadoras y trabajadores son las y los generadores de la riqueza y
del capital, sino que la impunidad empresaria, aceptada por la ineficacia del
control estatal impide que más de un tercio de la población trabajadora tenga
acceso a la seguridad social.
Sobre
esta base se sustenta el chantaje del acuerdo del gobierno argentino con el FMI
que demandan reaccionarias reformas laborales, previsionales e impositivas. Es
más, el FMI convoca a seguir con el rumbo actual de política económica e induce
a la oposición a sustentarlo a futuro. Son condicionantes para desarmar derechos
individuales, sociales y sindicales conquistados en una larga historia de
organización sindical y social.
Por
eso el paro nacional, como forma de canalizar organizadamente la protesta y
darle cauce al descontento. Algunos se interrogan si el paro cambia algo, y en
ese sentido, se trata de una acción colectiva que motiva la discusión sobre los
rumbos posibles de acción, si solo alcanza con esperar las elecciones o si el
debate del rumbo a seguir se precipita en la demanda social ampliada motorizada
por acciones de movilización y organización del descontento. No tienen razón los
que niegan la acción colectiva y el paro como una de sus formas, válido para
las condiciones actuales y también en la historia reciente con otros gobiernos.
El movimiento se construye andando y la historia de la lucha de clases no se
detiene.
Varias
veces hemos sostenido que la política es más que las instituciones y el momento
de su conformación vía elecciones. Es algo que los medios de comunicación y el
debate en redes tiene asumido, por lo que la acción de calles también
contribuye a sostener un debate político sobre qué hacer en el país. Los paros
son necesarios ahora, tal como lo fueron previamente, porque constituyen
acciones constitutivas de sujetos autónomos de partidos, gobiernos y patronales,
con reivindicaciones programáticas y, en definitiva, estrategia del movimiento
obrero y popular, imprescindible en este tiempo histórico.
Hay
que modificar el rumbo de la intervención estatal y frenar el financiamiento
del programa en curso, lo que supone la anulación del acuerdo con el FMI, una
gigantesca hipoteca a corto y mediano plazo, con las obligaciones de allí
emanadas que promueven mayor recesión desde el objetivo por déficit fiscal cero
y el compromiso de no emisión. No alcanzará con renegociar las condiciones del
acuerdo con el Fondo, se necesita la anulación. Para eso se requiere mayor
movilización y paros como parte de la lucha y organización popular, como ayer y
mañana para fortalecer la demanda popular.
El
ajuste fiscal y la política cambiaria y monetaria de allí emanada establece
tasas de usura que han comprometido en los últimos seis meses, solo en
intereses de títulos (leliq) unos 200.000 millones de pesos, equivalentes a
unos 4.500 millones de dólares. Son recursos que bien podrían haberse utilizado
para financiar una política alternativa, para resolver empleo y ampliación de
la producción con vistas a satisfacer necesidades de la población. Es un
mecanismo para desangrar al país, para transferir al exterior riqueza
socialmente generada en el país.
Ante
el descontento y la protesta resulta necesario pensar en alternativas,
descalificando la posibilidad de la crítica por derecha de los ortodoxos
liberales que pretenden exacerbar el ajuste y la regresiva reestructuración,
tanto como la reaparición de propuestas por la dolarización, caso de Cavallo,
quien sostuvo la oportunidad para dolarizar salarios y jubilaciones. Una
propuesta destinada a consolidar la pérdida de poder adquisitivo de la
población que percibe ingresos fijos, cuando por efecto de sucesivas
devaluaciones y dolarizaciones de precios, la ganancia del sector más
concentrado estuvo asegurada.
La
dolarización apuntada exacerba la dependencia económica y financiera y está a
contramano del rumbo soberano necesario que la realidad exige en el presente.
Tampoco alcanza con la crítica a la política actual sin establecer los
mecanismos de política alternativa con base en la defensa soberana de los
intereses de la mayoría de la población y por otro orden socioeconómico.
No
basta con el descontento y aún con la protesta; es momento para instalar una
discusión sobre otro rumbo para la economía, la sociedad y el Estado, con un
horizonte centrado en satisfacer necesidades y terminar con la lógica liberal
que privilegia la ganancia, la acumulación y la dominación capitalista.
Buenos Aires, 13 de abril de 2019
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