Conflicto social, recesión y proyecto político

El conflicto social es visible contra el aumento de las tarifas de servicios públicos y denunciando el ajuste derivado de la inflación, las suspensiones y cesantías en un marco recesivo de la economía y más profunda en el sector industrial.

Precisamente en el día de la industria, el 2/9, mientras algunos grandes exportadores demandan al gobierno nuevas devaluaciones de la moneda para ganar competitividad; las CTA y algunos gremios de la CGT salieron masivamente a la calle al cierre de la Marcha Federal. Entre otros, las y los trabajadores docentes estaban de paro. La movilización obrera  reivindicaba por los ingresos de activos y pasivos, contra los renovados intentos de reformas laborales y orientando sus reclamos en varias direcciones.

Primero, contra el gobierno, que más allá de la discusión entre el sector ortodoxo en el BCRA y el heterodoxo en Hacienda, insiste en una política de reducción del costo salarial y laboral para mejorar la rentabilidad de las empresas. Pretenden así motivar la radicación de inversiones externas, algo que intenta en estas horas el propio Macri en la reunión del G20 en China, o en la próxima edición de un cónclave en Buenos Aires del Club de Davos para el 12 de septiembre.

Segundo, en un mensaje hacia la CGT y el movimiento sindical para construir un paro nacional y evidenciar ante la sociedad la desigual carga de la situación económica entre una mayoría empobrecida y una minoría privilegiada con las medidas económicas asumidas desde el inicio de la gestión Macri: devaluaciones, reducciones y eliminaciones de retenciones, cancelación de deudas externas y asunción de nuevo y costoso endeudamiento público de la Nación y las provincias.

Al mismo tiempo que se sucedía la protesta sindical, el gobierno recibía a la CGT unificada y sin más remedio, ante la masiva movilización, se anunciaba el pronto dialogo gubernamental con las CTA. Queda demostrado que la libertad y democracia sindical solo se logra con organización y lucha extendida.

Bajar el costo de producción y la conflictividad para atraer inversiones

La estrategia oficial se concentra en arrimar inversiones externas para activar la economía Argentina y para eso, además de seducir a capitales externos busca reducir el costo de producción para esos inversores. Por lo que la clave está en reducir el costo laboral, entre los que destaca el salario.

En ese marco, el poder mundial demanda eliminar el conflicto social y sindical que obstaculiza el proceso de producción y valorización de los capitales.

Para el caso de los inversores en energía, la movilización contra los tarifazos es un impedimento para radicar sus inversiones ante las dudas que genera el conflicto a la hora de remesar eventuales futuras ganancias. La situación es problemática para el gobierno por no tener plan alternativo a la oferta hacia inversores externos.

No es distinta la situación en otros sectores de la economía, en donde los inversores exigen disciplina social para traer sus capitales como inversiones. Por ello, disciplinar al movimiento obrero y popular resulta esencial para los inversores externos y por eso el gobierno privilegió el diálogo con la CGT, en el imaginario que solo la tradicional organización sindical estaba en condiciones de paralizar el país.

Es un grave error de evaluación del gobierno sobre  la situación social y sindical en el país. Argentina tiene una larga tradición de protesta social y de organización sindical, que pese a variados esfuerzos de las clases dominantes, los gobiernos y la burocracia sindical negociadora, sobrevive una vocación clasista que se recrea en cada proceso histórico.

Se trata de una dinámica que desafía a construir programas específicos que puedan dar cuenta de reivindicaciones populares amplísimas, más allá de lo coyuntural, y construir una propuesta de país con otra ecuación de beneficiarios y perjudicados, recreando propuestas de liberación e independencia en un marco de integración no subordinada a la lógica de las transnacionales y los países capitalistas hegemónicos.

Todo ello requiere del ensayo social e intelectual derivado de la más amplia unidad de acción.

Unidad de acción y propuesta política

La movilización de la Marcha Federal convocó a un arco político y social amplio que obliga al gobierno a tomar nota de sectores con capacidad de convocatoria. El comentario es válido también para la CGT y otras organizaciones sindicales y sociales que no acompañaron la necesaria protesta demandada por una parte importante de los trabajadores.

Algunos dirigentes y organizaciones sindicales no movilizaron porque descreen de quienes que no levantaron la voz y la protesta contra políticas antipopulares de los últimos años, sean las devaluaciones, la inflación escamoteada por el INDEC, o la consolidación de un modelo productivo y de desarrollo que profundizó la dependencia en tiempos de los gobiernos kirchneristas. Argumentan que el kirchnerismo busca legitimarse en la protesta para crear condiciones de posibilidad de retorno al gobierno, convalidado por la consigna “vamos a volver”. Vale mencionar que la Marcha fue lanzado en el inicio por la CTA de los Trabajadores, afín a los gobiernos K.

Otros sectores, especialmente vinculados a la izquierda partidaria, se movilizaron con críticas a los organizadores kirchneristas, pero impulsando la protesta con sus propias consignas y propuestas en coincidencia con el sentimiento de un amplio sector de la sociedad afectada por las restricciones de la recesión y el ajuste de la política oficial.

La CTA Autónoma adhirió a la convocatoria, acompañando seccionales que marcharon desde el interior del país; para otorgar cobertura con su personería a organizaciones en paro; y con la convicción de empujar la más amplia unidad de acción desde la coherencia de la crítica al modelo hegemónico en el gobierno anterior y profundizado en la actualidad. La intencionalidad apunta a cimentar condiciones para la realización de un paro nacional que constituya al movimiento obrero en protagonista de la disputa política local.

Esa coherencia política legitima el mensaje desde el escenario principal en el acto de cierre de la Marcha y habilita una amplísima discusión, más allá de las tensiones al interior de la CTA Autónoma. Es algo que ocurrió esta semana en un debate de Micheli con Yofra, el secretario general de la Federación de aceiteros y el Pollo Sobrero, dirigente de los ferroviarios, quienes se comprometieron en profundizar la discusión desde el pensamiento crítico entre dirigentes y militantes sindicales para construir alternativa popular.

Debates necesarios para construir alternativa política popular

Se equivocan los que no protagonizan la experiencia de movilización y protesta popular. Con esa actitud reniegan del debate necesario con los sectores kirchneristas, la izquierda partidaria y el amplio espectro en que se organiza el movimiento popular en un contexto de lucha contra el proyecto gubernamental y de las clases dominantes. Es más, profundizan el desencuentro y posponen la necesaria construcción de síntesis política.

Es un dato a resaltar que aún falta un balance crítico de los movimientos kirchneristas sobre los años de los gobiernos K, lo que no invalida la unidad de acción en la coyuntura del gobierno Macri y en contra del interés del arco político oficialista por aplicar el programa de máxima del gran capital: la liberalización de la economía.

También es cierto que la unidad de acción facilita los debates y críticas sobre posiciones asumidas.

Los sectores kirchneristas insisten en defender las políticas activas de recuperación del empleo desde 2002 y entre otras, la extensión de las negociaciones paritarias, tanto como una parte de la política de recuperación de los derechos humanos y cierto alineamiento internacional con la región latinoamericana y caribeña, con la intensión de expresar la voluntad de volver a gobernar. Al hacerlo ocultan otras facetas que definen lo esencial del modelo productivo y de desarrollo que impide una perspectiva liberadora.

Es un dato de la realidad la existencia de una diversidad de visiones en el movimiento popular sobre lo que ocurrió en la Argentina luego de la crisis del 2001. Convengamos que esa multiplicidad de diagnósticos demora la síntesis política para organizar un proyecto político popular con perspectiva de gobernar y transformar la realidad, por lo que la unidad de acción es la premisa a transitar para construir proyecto político liberador.

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2016