El gobierno anunció el
incremento de tarifas de electricidad, con impacto muy destacado en la zona
metropolitana. Se presenta como una medida para la igualación del precio en el
ámbito nacional, para resolver el problema de rentabilidad de las empresas y al
mismo tiempo reducir el déficit fiscal que generan los subsidios.
Junto al aumento de tarifas
comunican una tarifa social para el sector de menores ingresos, a costa del
Estado, cuando debiera ser a costo de las empresas.
Es claro que ello supone una
importante discusión sobre el modelo energético construido en la Argentina
luego de las privatizaciones de los noventa.
No haber modificado la política
energética tiene los costos actuales en materia de tarifazos.
Menor
consumo y mayor inflación
La medida tiene doble impacto en
la mayoría de la población.
Por un lado disminuye la
capacidad de gasto hacia otros destinos, ya que habrá que cancelar las facturas
actualizadas a valores siderales, del orden del 500%, o más.
Por otro lado, quienes puedan
trasladar a precios ese mayor costo de la electricidad, lo harán, encareciendo
los precios en un momento de aceleración inflacionaria, restringiendo aún más la
capacidad de consumo de la mayoría de la población de menores ingresos.
Es un tema delicado y largamente
anunciado. Fue tema de la campaña electoral y por eso no debe sorprender.
Las empresas del sector
eléctrico venían reclamando la actualización tarifaria y coincidían con los
gobernantes actuales en cambiar subsidios por precio a absorber directamente
por los usuarios.
El
programa del poder
Una vez más las reivindicaciones
empresarias son resueltas por el Gobierno Macri.
Se demandó devaluación; eliminación
de las restricciones para operar en el mercado de cambios (cepo); quita y/o
baja de retenciones; ajuste fiscal afectando el gasto social y en personal;
tarifazo; y el gobierno cumplió.
Todo lo solicitado va siendo
acordado. El poder satisfecho.
Así lo hizo saber esta semana la
cúpula de los empresarios más concentrados de la Argentina, de visita en la
Casa Rosada, la Asociación Empresaria Argentina.
La AEA reúne a los principales
dueños y ejecutivos de las más grandes empresas que actúan en el mercado local:
Techint, Arcor, Fiat, Bagó, Roggio, Irsa, Aceitera Deheza, Cartellone, los
Grobo, el Santander, Clarín, La Nación, entre muchos otros. Algo así como la
crema de las clases dominantes.
En la próxima semana comenzaran
las negociaciones con los hold-outs o “fondos buitres” para negociar “en serio”
el pago de la deuda reclamada en la sentencia del Juez estadounidense.
Al mismo tiempo, podrá
materializarse el préstamo colectivo por 6.000 millones de dólares de un pool
de bancos transnacionales, que al tiempo que acrecienta las reservas
internacionales, ofrece una señal de seguridad en el cumplimiento de las
acreencias externas. Es la seguridad para el poder económico de adentro y de
afuera.
El
ajuste en acción
Mientras tanto continúan las
cesantías en el Estado y en el sector privado, con réplicas muy importantes del
movimiento de trabajadores, que marcan los límites a la ofensiva contra el
empleo y el salario.
No resulta sencillo para el
gobierno pasar por encima de derechos laborales conquistados.
Los estudios sobre precios y
salarios circulan entre las direcciones sindicales preparándose para las
negociaciones colectivas, donde la discusión docente aparece en primer lugar.
Si el gobierno pretende colocar
su objetivo inflacionario del 20 a 25%, se encuentra con un INDEC que
oficializa la evolución de precios según marca los institutos de la Ciudad de
Buenos Aires o la Provincia de San Luis.
En ningún caso las proyecciones
de demanda salarial bajan de 30 a 40%, incluso 45%, sin hablar del impacto del
aumento tarifario.
Para colmo, los trabajadores de
ATE del INDEC presentaron una actualización del informe de febrero del 2015
sobre ¿CUANTO DEBIERA SER NUESTRO SALARIO COMO MÍNIMO?
La propuesta es a diciembre del
2015 y señalan que “para un Hogar constituido por una pareja con dos hijos
menores es de $15.677,40”.
Adicionemos a eso la inflación
de enero, el tarifazo sobre electricidad y la continuidad del traslado a
precios de la devaluación, con lo cual, la disputa por la distribución del
ingreso augura un tiempo de conflictividad social creciente.
Asunción,
29 de enero de 2016
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