Los ministros de agricultura de los países que integran el G20[1], y representantes de organismos multilaterales[2], se reunieron en Buenos Aires el 19 y 20 de mayo.
Protagonizaron el debate a puertas cerradas, lo que en sí mismo es discutible y condenable, entre otros, Bruno Le Maire (Ministro de agricultura de Francia); Ken Ash, (directorio de comercio y Agricultura de la OCDE.); Jorge Mayer (UNCTAD); Patricia Pollard (Tesoro de EE.UU.); Michel Houdebine (Ministerio de Finanzas de Francia); Brendan Bayley (Representante de Inglaterra en Commodities); David Hallam (FAO); Vera Songwe y Michel Kerk (Banco Mundial); Luiz Pereira Da Silva (Vicepresidente de Banco Central de Brasil); José Manuel Silva Rodríguez (Director de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural de la Unión Europea); e Hiroshi Nakaso (Banco de Japón). Por Argentina encabezó Amado Boudou, Ministro de Economía, Julián Domínguez, Ministro de agricultura, y otros funcionarios vinculados al sector agrario.
El asunto en discusión se concentró en la volatilidad y precios de las materias primas, especialmente los alimentos. El encuentro fue preparatorio de la cumbre de ministros de economía y finanzas que anteceden a la reunión de jefes de Estado en Noviembre. Se propusieron discutir sobre el ciclo productivo agrícola, la oferta y la demanda, como la regulación de los mercados financieros asociados con la especulación en alimentos. Los países centrales abogan por controlar y limitar el ascenso de los precios, mientras que los países productores pretenden mantener el ciclo favorable en la coyuntura de los términos de intercambio. Argentina, país anfitrión resultó una de las voces de mayor presión en este sentido, junto a Brasil y otros que se verían afectados en sus ingresos por exportaciones si bajaran los precios internacionales de sus producciones. La argumentación de estos países, más que limitar los precios, aboga por un incremento de la producción agraria en función del incremento de la demanda mundial, precisamente en el sur del mundo. El razonamiento es a la baja de los precios vía aumento de la oferta y no a la regulación, cuerpo de ideas que sintonizan con la hegemonía liberalizadora en el pensamiento económico mayoritario.
Revolución agraria y hambre en el mundo
El fenómeno en discusión es la volatilidad de los precios de las comodities, aunque la esencia del problema alude al modelo productivo y de desarrollo contemporáneo, pues al tiempo que se procesa una revolución agraria de nuevo tipo, que en la Argentina supone una cosecha récord de 100 millones de toneladas, la realidad es el mantenimiento alarmante del hambre y la miseria a escala mundial. Según la FAO son 1.020 millones los hambrientos del mundo a fines del 2009, y recientemente el Banco Mundial denunció 44 millones de nuevos empobrecidos a comienzos del 2011 derivado del crecimiento de los precios internacionales de la alimentación. Tanto la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el G20, advirtieron este año sobre los "riesgos de motines" por el hambre. El ministro francés de Agricultura, Bruno Le Maire, coincidió con Jacques Diouf, director general de la FAO al señalar que "Existe un riesgo real de motines por hambre".
En rigor, existen países demandantes de alimentos y preocupados por el encarecimiento, que afecta la calidad de vida de los sectores sociales más desprotegidos y vulnerables. China y la India, donde reside el 33% de la población mundial, con grandes bolsones de pobres y hambrientos, son grandes compradores de alimentos y demandantes de recursos naturales, que en la coyuntura se encuentran favorecidos por la expansión de sus economías. La liquidez generada por sus exportaciones les permite, por ahora, hacer frente a precios en alza que intentan morigerar invirtiendo en el ciclo productivo, comprando tierras y participando en la producción y distribución, especialmente China. Es un proceso verificable y creciente en la región latinoamericana. Egipto encendió la mecha de las rebeliones en los países árabes, precisamente por el incremento del precio del trigo, la harina y el pan. Cuba estimula una renovación de su modelo económico en el plano agrario para sustituir importaciones alimentarias. Haití desarmó su producción arrocera por importaciones baratas en tiempos de auge neoliberal, sufriendo ahora las consecuencias del desarme productivo local, algo a tener en cuenta en todo territorio. Estos países son un ejemplo, en Asia, África o América Latina, de un impacto diferenciado por el encarecimiento de los alimentos. Distinto ocurre en los países productores que pretenden ser favorecidos por la elevada demanda de la producción y el crecimiento de los precios. Es el caso de los países del Mercosur, el reinado de la soja transgénica. No solo es una cuestión de balance comercial favorable, sino de crecientes recursos fiscales necesarios para políticas sociales y de cancelación de la deuda externa pública. En definitiva, los alimentos incentivan el proceso inflacionario a escala global.
Pero no es solo un tema de oferta y demanda de alimentos. Influye en la escalada de precios la situación de crisis mundial de la economía capitalista, con fortísimo déficit fiscal de EEUU y un endeudamiento externo público del 100% del PBI estadounidense, que afecta a su moneda y a las relaciones del país hegemónico con el resto del mundo. Hay volatilidad de precios de los alimentos, pero en un marco de crisis fenomenal del capitalismo y especialmente de EEUU, aunque también de Europa y Japón. Los principales países capitalistas sienten en carne propia los efectos de una prolongada y profunda crisis que no encuentra final en el corto plazo, sino a costa de un gigantesco ajuste sobre los trabajadores y sectores sociales más vulnerables y desfavorecidos en sus países. La respuesta estadounidense, de desvalorización del dólar estimula inversiones especulativas en las comodities, alimentos, minerales, etc. A todo ello debe agregarse la crisis energética que desvía producción agraria para la generación de biocombustibles, potenciando la escasez relativa de alimentos.
La situación es de encerrona, ya que existe hambre en el mundo, al tiempo que se incrementa la capacidad de producir alimentos, de derivar producción agraria a la generación de energía, al tiempo que se estimula la especulación financiera con esa producción material como soporte. El problema es el modelo de acumulación de capitales resultante de la liberalización de las economías que viene ocurriendo desde hace más de tres décadas. La presión de los capitales hegemónicos, transnacionales, apunta a la liberalización de los mercados para resolver la ecuación central del capital, la ganancia y sus consecuencias en acrecentamiento de la riqueza y la dominación, el poder. El modelo productivo contemporáneo tiene gran capacidad para generar riqueza concentrada, siendo su contrapartida el hambre y el empobrecimiento.
No es una cuestión de contabilidad nacional, de países beneficiados o perjudicados según sean vendedores o compradores de alimentos, sino que se trata de un problema civilizatorio que discute la calidad y soberanía alimentaria de la población mundial. Es un tema a discutir por la sociedad en su conjunto y no es un dato alentador el carácter de debate a “puertas cerradas que escamotea las argumentaciones.
¿Qué acordaron en el seminario?
Muy poco es lo que puede esperarse de una discusión que no sale de la lógica del modelo productivo liberalizador predominante en la institucionalidad nacional y global presente en el cónclave. No hubo acuerdo con la aplicación de topes a los precios, tal como sugería en la previa el gobierno francés. El tema seguirá en un nuevo encuentro, en París entre el 21 y 23 de junio próximo. Los protagonistas hicieron votos de fe contra el “proteccionismo” que supone limitar precios, y abogaron por la “libertad de mercado”, cuyas consecuencias conocemos sobradamente, especialmente en su efecto negativo hacia los sectores sociales de menores recursos.
Las autoridades argentinas enfatizaron la necesidad de estimular la oferta de alimentos, que motivó al ministro de agricultura de la Argentina señalar que entre Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina se producen “300 millones de toneladas, y estamos en condiciones de garantizar la alimentación a 1200 millones de personas del planeta”, habilitando una discusión sobre la distribución de esa riqueza social, ya que resulta discutible el “nosotros” de la invocación ministerial. ¿Quién es el dueño de la producción de alimentos en los países del Mercosur? ¿Quién se apropia de la renta agraria en nuestros países? ¿Cuánto queda como recurso fiscal contra ganancias netas de inversores y propietarios? ¿Cuánto se apropia los dueños de la tecnología necesaria para asegurar el ciclo productivo y de transporte y distribución? Es cierto que buena parte de la argumentación contraponía la producción a la especulación financiera, pero es necesario también discutir los beneficiaros perjudicados del modelo de producción y distribución, más allá de la lógica condenable de la especulación con alimentos.
En este sentido, el ministro francés dijo que "el mercado financiero de agricultura tiene una dimensión 15 veces mayor al mercado de bienes físicos. El 90% del mercado en Chicago está compuesto de jugadores que son fondos especulativos, que no tiene nada que ver con los mercados agrícolas. Estos son los desafíos en especulación financiera", por lo que se impone la regulación. En el cierre del encuentro, Boudou destacó que el “foco del análisis estuvo puesto en disminuir la volatilidad de los precios”, de regular los mercados financieros y derivados, además de incrementar la oferta de alimentos a través de la transferencia de tecnología y del aumento de la frontera agrícola, para darle sustentabilidad a largo plazo, destacando que "el peor perjuicio es la volatilidad en el mercado de comodities, y no la suba de los precios", convocando a estudiar los “vínculos economía real y de los mercados financieros" y lograr una "solución para evitar lo que pasó con las hipotecas (de baja calidad) de los Estados Unidos. Si no regulamos los mercados de derivados, podría pasar lo que pasó con la burbuja hipotecaria”.
En síntesis, en la reunión se decidió estimular la inversión en agricultura para aumentar la oferta; lograr la transparencia en los mercados agrícolas con mayor información, para que haya menos especulación; el diseño de mecanismos de acción para sortear una crisis alimentaria; darle un tratamiento a la volatilidad de precios; y, por último, se insistió en la necesidad de regular, sí, los mercados financieros asociados a la volatilidad en el precio de comodities. Los acuerdos son formulaciones genéricas, diplomáticas, para frenar los debates previos asociados al establecimiento de precios límites y sin mucha capacidad para ser instrumentados en el corto plazo.
Por un lado se puede constatar que cada país termina impulsando la política nacional más funcional a su ciclo político y social, pero por otro, existe gran incertidumbre en el sistema mundial, por las dificultades no resueltas en los principales países. Hay que destacar en este sentido la crisis fiscal y de endeudamiento de EEUU, la crisis europea, no solo de la periferia griega, portuguesa o española, sino de los bancos acreedores (alemanes y franceses) de una gigantesca e impagable deuda pública en esos países con problemas. A todo ello adicionemos las incertidumbres generadas en el FMI, articulador en el último tiempo de propuestas de salvataje, ajuste mediante, y que ahora entren en estado de zozobra por la acefalia de liderazgo derivada de la renuncia de Dominique Strauss Kahn por el escándalo de su conducta delictiva.
Las asignaturas pendientes
El carácter cerrado de las reuniones quita transparencia al debate de un tema de interés global. Hace falta democratizar la discusión sobre la cuestión alimentaria, especialmente cuando involucra a millones de insatisfechos en todo el mundo.
Lo que debe discutirse es el modelo productivo, no solo la distribución de la riqueza alimentaria. La inteligencia humana potencia la capacidad de producción y reproducción de la vida, sin embargo, el resultado del orden capitalista define la apropiación privada de esa revolución productiva en muy pocas manos, las corporaciones transnacionales de la alimentación y la biotecnología.
No se trata solo de “volatilidad” en los precios de las comodities, ni siquiera de expansión de la frontera agrícola, sino de resolver la situación en términos de soberanía alimentaria, lo que supone discutir la tierra, el agua, los bienes comunes o naturales y el orden social, para privilegiar la calidad de vida de toda la población y no solo el beneficio capitalista, el de los inversores, locales o globales.
[1] Unión Europea, Estados unidos, Canadá, Japón, Alemania, Reino Unido, Italia, Francia y Rusia, Corea del Sur, Argentina, Australia, Brasil, China, India, Indonesia, México, Arabia Saudita, Sudáfrica y Turquía.
[2] Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Mundial (BM), de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), de la OCDE, FAO, ONU y OEA.
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