La Corte Suprema de Justicia
validó por mayoría el 2x1 (beneficio a genocidas condenados por delitos de lesa
humanidad), habilitando la libertad de los condenados por sus responsabilidades
en el genocidio. Es obvio que una parte de la sociedad avala la disposición y
que al mismo tiempo existe un amplio rechazo social y político.
En rigor, se vuelve a tensar a
la sociedad en torno al “juicio histórico”, no solo el “juicio legal”, sobre
los acontecimientos suscitados hace más de 4 décadas y que involucraron a
militares, a civiles, a religiosos y muy especialmente a sectores económicos
que se beneficiaron con los cambios estructurales acaecidos desde entonces y
que sustentan aun hoy la impunidad de beneficiarios y ejecutores.
Remito a cambios que fueron
profundizados en distintos momentos en estos años, bajo administraciones
constitucionales, tanto en los 90´ como en la actualidad y por eso nos convoca
a repensar la relación entre terrorismo de Estado, orden económico y coyuntura.
La obcecada decisión de
disciplinar el conflicto social y sindical, negando actualización salarial por
la diferencia entre la inflación y los acuerdos de parte en 2016 y obviando la
proyección reiterada del desajuste entre ambos aspectos para el 2017, da cuenta
de una continuidad esencial entre el propósito de aquellos años de plomo y el
presente.
Ofensiva
contra trabajadoras y trabajadores
En 1975/76 y los años siguientes
se instaló un propósito que con matices se proyecta a nuestros días. Se trataba
de disminuir el costo de producción afectando los ingresos salariales para
inducir una mejora en la tasa y masa de ganancias del sector más concentrado de
la economía.
Más allá de relativas
recomposiciones en ciertos momentos de estos 42 años, la tendencia principal,
en sentido histórico es una menor participación del salario en la distribución
funcional y personal del ingreso, agravada con el cambio del papel del Estado
que deterioró su función social destinada a asegurar derechos de educación,
salud, empleo, etc.
Los cambios estructurales en el
orden económico social enunciados en el programa económico de la dictadura
genocida se materializaron en un proceso continuo que nos trae al presente, insistamos,
más allá de relativas discontinuidades o atenuaciones en este tiempo histórico.
Por eso, cada vez que se puede,
el sistema político responde al mandato de las clases dominantes y persiste en
el rumbo estratégico para debilitar a los trabajadores y trabajadoras en la
relación con las patronales.
No debe sorprender la actitud
contra los docentes en todos los niveles, incluso en estas horas la presión
sobre el sindicato y los trabajadores del sector lechero para atender el
financiamiento de una empresa como SANCOR en crisis.
Disciplinar social, sindical y
políticamente es imprescindible para abrir paso al programa de máxima del
sector hegemónico en la economía local y por eso la intervención del Gobierno
ante el conflicto, negando paritarias, aplicando cuando se puede el protocolo
de seguridad y una fuerte iniciativa ideológica y propagandística para deslegitimar
las demandas salariales y laborales.
Necesitan explicitar la
estrategia para convencer a potenciales inversores que demandan desarticular un
elevado nivel de sindicalización que existe en Argentina, con relación a lo que
acontece en la mayoría de los países del mundo. Recordemos que hace ya unos
años, las patronales y varios Estados nacionales empujan en la reunión anual de
la OIT la eliminación del derecho a huelga.
Lo que se pretende desde los
tiempos del terrorismo de Estado apunta a desarticular la organización sindical
en el país y su trayectoria histórica plural de conflicto y “paro general”, no
necesariamente usual en otros territorios, incluso por debilidad o complicidad
de las direcciones sindicales. Sin ir lejos se puede recuperar la historia
reciente y verificar que el último paro nacional debió ser arrancado ante la
escasa convicción de la dirigencia tradicional.
El
poder detrás del poder
Los poderes del Estado, en
consenso unánime o con matices retoman el sentido histórico del plan
reaccionario de 1975/76, cuyos resultados son el crecimiento de la desigualdad,
lo que supone creciente enriquecimiento de pocos y empobrecimiento de muchos.
Los últimos datos oficiales nos hablan de 30,3% de pobres por ingresos y que
para menores de 14 años alcanza al 45% de la infancia.
Junto a ello se destaca la
extranjerización de la producción que tributa a una acumulación mundializada
definida por las transnacionales en las distintas actividades de la economía
local.
Vale destacar que la desigualdad
es simultánea a la dependencia de la Argentina, la que se consolida con las
relaciones subordinadas al curso restaurador que supone la ofensiva
liberalizadora en estas horas en todo el continente y en el mundo.
Los integrantes de la Corte
Suprema fueron propuestos por el Poder Ejecutivo y designados por el Poder
Legislativo, lo que afirma el carácter republicano del orden capitalista en el
país.
Pretendo llamar la atención de
una lógica subyacente en la decisión del máximo tribunal del Poder Judicial,
coherente con la búsqueda del poder “real”, detrás de las formas de la
democracia electiva e institucional (constitucional).
Con la reforma judicial en
curso, con antecedentes desde el comienzo de la Dictadura genocida se busca
otorgar “seguridad jurídica” a los inversores, el poder detrás del poder, a
contramano de la seguridad social masiva que inspira una concepción solidaria
de derechos humanos integrales para toda la sociedad.
Esa seguridad supone la
impunidad con los dueños del poder y aquellos sectores que fueron o son
funcionales para la ejecución del plan del poder sustantivo.
Resulta imprescindible denunciar
el fallo de la Corte y bregar para su revocación, al tiempo que se profundiza
la promoción de los juicios y el castigo a todos los responsables del genocidio
y la regresiva reestructuración económica y social operada desde 1975/76, lo
que supone discutir el modelo productivo y de desarrollo construido desde
entonces con la secuela de beneficiarios y perjudicados.
Buenos
Aires, 5 de mayo de 2017
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