Pasados siete meses del gobierno
Macri se verifica la suba de precios y una inflación que asciende por encima de
la capacidad recaudadora del Estado, agravando el déficit fiscal y promoviendo un
mayor ajuste que se descarga sobre la población de menores ingresos.
La lógica es el descontento social
extendido y por eso las movilizaciones, antes contra los despidos y
suspensiones (que continúan), y ahora contra el incremento de tarifas, que
escalaron esta semana en un “ruidazo” en diferentes ciudades de todo el país.
Como siempre, se adujeron motivaciones políticas a la movida, y realmente la
tiene, ya que toda manifestación pública es política. La movilización expresa
la voluntad de una parte de la población, lo mismo que algunos otros opinan,
también políticamente, que hay que esperar a que la política oficial
fructifique.
En este sentido bien vale
recorrer la historia cercana de la inflación, ya que si el INDEC falseaba las
cifras y señalaba para mayo del 2015 una evolución de precios del 1%, el
promedio de las mediciones particulares indicaban un 2,1%, un indicador que
busca ansiosamente el gobierno para cumplir con su imposible objetivo del 25%
establecido para este 2016 y que ahora señala un 17% para el 2017.
Insistamos, el objetivo de
evolución de los precios del gobierno Macri coincide con la inflación medida
por las consultoras a mayo del año pasado, confirmando que no resuelve los
problemas que denunciaba en su momento con el escamoteo de datos del INDEC.
Resulta que iban a combatir la inflación del 2% mensual que ellos medían y ahora
buscan contener la inflación en 2% como el ideal para este año.
El diagnóstico ortodoxo gubernamental
culpabiliza el ascenso de los precios a la emisión monetaria y por eso provocó
desde el BCRA una dura política de restricción monetaria. Subió la tasa de
interés pagadas en Letras del Banco Central, LEBAC a 35 días, ahora al 30%, con
picos en este tiempo del 38%, encareciendo el crédito, promoviendo la
especulación con títulos y compitiendo con el tipo de cambio que está contenido
en torno a los 15 pesos por dólar luego de la devaluación de diciembre 2015.
La hipótesis del gobierno era
que los precios habían escalado a noviembre del 2015 con la referencia del
dólar paralelo, blue o ilegal a 15 pesos por un dólar, con lo cual, el “sinceramiento”
que imaginaban con la devaluación no se trasladaría a precios.
¿Qué ocurrió? La realidad nos demuestra
subas de precios desde diciembre del 2015 de 5,2%, según las consultoras
privadas (el INDEC había dejado de informar), y una continuidad inflacionaria desde
entonces, que osciló entre 3,15% y 4,95%.
Ahora, con mediciones oficiales del
INDEC los datos señalan un 4,2% para mayo y 3,1% para Junio, que promueve una
inflación para todo el año superior al 40%. De continuar esta tendencia a la
baja de los precios, resultado de la recesión y el ajuste provocado por el
gobierno Macri, llegaríamos al objetivo del 2% mensual.
Enfaticemos que se trata de un
objetivo que es similar al punto de partida de la inflación criticada hacia
mayo del pasado año. De hecho, hemos vuelto al punto de partida pero agravando
la situación recesiva y deteriorando la capacidad adquisitiva de la mayoría de
la población y encima, vuelven a escucharse voces de atraso cambiario, ya que
la inflación de precios se habría comido la devaluación de diciembre.
Recaudación
y papel del Estado
El impacto de las medidas de política
económica del gobierno es lesivo para la recaudación fiscal.
Los datos de la AFIP dicen que
la recaudación del último mes creció un 27,5% respecto del mismo mes del pasado
año, pero el problema es que la inflación anualizada alcanza al 45,7% y por lo
tanto, se verifica una merma de los recursos fiscales para atender las
necesidades presupuestarias.
Ante la situación fiscal
resultante, la lógica oficialista es el ajuste, condicionado por obligaciones
que jamás son puestas en duda, caso de las cancelaciones de los compromisos de
deuda. La deuda con la sociedad crece mientras se cancela la contraída, sin
investigaciones, con los acreedores externos.
Desde la oposición política, el
actual gobierno sostenía que había que bajar la presión fiscal vía eliminación
de las retenciones y al mismo tiempo terminar con los subsidios a las tarifas.
La ejecución sin anestesia de ese programa culmina en el desfinanciamiento del
Estado actual y un desorden descomunal en materia de tarifas, que por ahora
escamotea el tema de fondo que es el modelo energético de privatización
construido desde los años 90´.
El fenómeno que dispara las
movilizaciones contra el tarifazo es la imposibilidad de pagar de gran parte de
la población, cuyos ingresos han sido afectados por la política económica en
curso, pero no incluye, salvo excepciones una discusión a fondo sobre la
política energética necesaria.
La concepción prevalente desde
los 90´ es la mercantilización de la energía y por eso la continuidad de
operadores foráneos, con subsidios estatales o sin ellos, y un Estado
favoreciendo vía regulaciones y ausencias de control sobre régimen de inversión
u otros compromisos de las empresas, o con subsidios, o compras amañadas como
hoy se denuncian respecto de la adquisición de Gas a Shell vía Chile.
Para superar la concepción
mercantil sobre la energía, se necesita generar conciencia sobre el “derecho a
la energía”, lo que supone una disputa más allá de las tarifas y asociada a la
lucha por la des-mercantilización de la economía, lo que supone una perspectiva
de acumulación de poder popular para construir otra política, con otros beneficiarios.
Como vemos, no se trata de hacer
participar al Estado o al Mercado, sino que en tanto relaciones sociales
expresadas por ambas categorías, lo que interesa es al servicio de quién y para
qué proyecto interviene el Estado.
En definitiva, el Estado capitalista
promueve el Mercado capitalista. Por eso tiene que pensarse y construirse un
rumbo transicional para superar al capitalismo, sin lo cual, el debate Estado
versus Mercado no tiene sentido, ya que se elude la cuestión de fondo que
define el orden económico, social, político y cultural del régimen del capital..
En
síntesis
La solución ofrecida era
devaluación, quita de retenciones, de subsidios y que el mercado reordene.
Todo indica que vuelven las
presiones para otra devaluación y el BCRA se preocupa que el tipo de cambio no
se retrase más, con lo cual hacen lo que criticaban: interviene el Estado en el
mercado.
Con la eliminación o disminución
de retenciones se produjo una gigantesca transferencia de ingresos a grandes empresarios
productores y exportadores, del agro, la minería y la industria, en desmedro
del conjunto social.
Al eliminar subsidios y trasladarlos
a precios generaron protestas que llegaron a la justicia y habilita un tiempo
de tensiones y disputas para satisfacer la demanda de las empresas por precios
que aseguren alta rentabilidad, o de los usuarios que deberán radicalizar sus
protestas y demandas para intervenir en la discusión sobre el modelo
energético.
Las respuestas propagandísticas del
PRO y CAMBIEMOS en campaña electoral, y ahora en el gobierno, no resultan
soluciones para la sociedad y solo satisfacen la aspiración de ganancias de
sectores hegemónicos del capitalismo local.
El problema a desentrañar es
precisamente el orden capitalista y por eso, para que la política popular pueda
tener éxito requiere de luchas con perspectivas más allá del orden capitalista.
Todo un desafío para la sociedad y el movimiento popular.
Buenos
Aires, 16 de julio de 2016
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