El Parlamento de la Argentina autorizó
al gobierno de Mauricio Macri a tomar deuda pública por 12.500 millones de
dólares para el pago a los inversores holdouts, entre los que destacan los
fondos buitre. Sin embargo, el Ministro de Economía, Alfonso Prat Gay salió a
colocar bonos de la deuda por la suma de 15.000 millones de dólares.
En rigor, los acuerdos
negociados a cancelar en las próximas horas podrían alcanzar entre los 8.000 y
los 10.500 millones de dólares. Todavía resta para cancelar toda la deuda en
cesación de pagos. Aun así, el poder ejecutivo demanda deuda por la totalidad
de lo autorizado, resultado de un acuerdo entre parlamentarios del oficialismo
y de la oposición, incluidos legisladores del espacio kirchnerista.
Queda claro que ese amplio
espectro político se niega a la auditoria de la deuda. Se perdió la ocasión de
hacerlo con la bicameral dispuesta por la ley de pago soberano entre 2014 y
2015 y no se asumen las investigaciones judiciales, especialmente la sentencia
de junio del 2002, derivada de la causa impulsada por Alejandro Olmos sobre la
deuda en tiempos de la dictadura. En esa sentencia se prueba el carácter
fraudulento de la deuda.
La diferencia entre lo que se
abonará y el máximo autorizado engordará por un tiempo las reservas
internacionales, con un oneroso costo financiero, hasta tanto se negocie con el
conjunto de acreedores que explican la continuidad del default iniciado en
2001. Claro que también podrá crecer litigios de quienes ingresaron a los
canjes del 2005 y 2010 y se ven perjudicados por las nuevas ofertas de pago a
especuladores y buitres,
Igual, los 2.500 millones de
dólares más allá de la autorización por 12.500 millones de dólares del “partido
de la deuda” serán aplicados a financiar el enorme déficit fiscal, problema que
comparten las provincias y la Nación.
Vale mencionar sobre el partido
de la deuda, un bloque político, que siendo opositores u oficialistas siempre
acuerdan privilegiar a los acreedores externos por sobre la deuda social con
millones de argentinos. Pueden discutir sobre diferentes aspectos, pero en lo
esencial cumplen con su papel funcional a los objetivos de las clases
dominantes.
En rigor, el camino del
endeudamiento público asumido hipoteca al pueblo argentino y aleja posibilidades
de satisfacer necesidades con recursos fiscales, los que se orientarán a
satisfacer la cancelación de intereses. Es una situación que se acompañará de
renovaciones recurrentes de los vencimientos de capital para reincidir en el
cuento de nunca acabar con una deuda vieja que se recompone con nuevo
endeudamiento. La deuda pública obliga a pagos futuros, imposibilitando
demandas de millones de argentinos, por salud, educación, empleo, salarios,
jubilaciones, y otros derechos.
Nuevo
negociado por deuda
Casi 27 millones de dólares se
pagarán en comisión para 7 bancos transnacionales: J P Morgan, HSBC, Deustche
Bank, Santander, Citigroup, BBVA y UBS que colocan los 15.000 millones de
dólares desde la próxima semana. Los primeros cuatro actúan en el armado del
negociado, definiendo las características de los bonos. Los otros tres se suman
como colocadores en el ámbito mundial.
Casi siempre se menciona a los
fondos buitre como los grandes beneficiarios del negociado en cuestión, sin
embargo, sin la banca sería imposible la circulación de papeles de la deuda de
los diferentes países. El Sistema financiero mundial festeja la orientación de los
recursos públicos de la Argentina hacia acreedores en default, pero también por
una nueva oportunidad de rentabilidad bancaria en tiempos de crisis
capitalista.
El FMI, cabeza del sistema
financiero mundial, celebra los acontecimientos y se apresta a desembarcar en
el país para auditar las cuentas nacionales e intervenir sin mediaciones en la
formulación de políticas de Estado.
La tasa de interés que alegra al
equipo económico, a los profesionales de la deuda y a la prensa afín es usuraria,
entre el 7 y algo más del 8%, cuando otros países de la región se endeudan a
tasas entre el 4 y 5%. Festejan la reducción de tasas superiores a dos dígitos,
obviando que siendo Argentina un recurrente pagador de deuda, el riesgo país se
mantiene elevado.
El paquete de bonos a ofrecer en
estos días para pagar vieja deuda nos hipoteca con títulos a 5, 10 y 15 años,
lo que supone el compromiso de destinar parte importante del trabajo social
local al pago de intereses y la recurrente renovación del capital.
Violencia
de la deuda
Se trata de una gigantesca bola
de nieve que se acumula en un ciclo de deuda pública iniciado con el terrorismo
de Estado hace cuatro décadas y que se proyecta por años.
La deuda tiene que ser
investigada, y mientras suspender los pagos. Hay que seguir argumentando a
favor de la investigación de la deuda pública y la suspensión de los pagos.
Algunos preguntan si eso es posible y nosotros decimos que sí, que se puede y
se debe, ya que el pueblo no es deudor, sino acreedor de una deuda varias veces
cancelada.
Fue la deuda uno de los
mecanismos para favorecer la libre circulación de capitales, que junto al libre
comercio, constituyen hoy la esencia del programa de los capitales más
concentrados.
En el origen está la violencia
de la deuda en tiempos de dictadura cívico militar y la afectación de los
derechos humanos, y hoy como ayer continúan violentados los derechos de la
mayoría de la población.
Buenos
Aires, 15 de abril de 2016
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