El ajuste económico está en
marcha, y a caballo del cambio de gobierno los precios suben y afectan a la
mayoría de menores ingresos. Hay responsabilidad de los que se van y de los que
vienen.
La mitad de los trabajadores
perciben menos de 6.500 pesos mensuales y junto a la mayoría de jubilados y
pensionados, como los perceptores de beneficios sociales son los principales
perjudicados por el cambio de precios relativos. Son millones de personas,
cerca de la mitad de la población.
No todo ocurre en estos días o
en esta semana. A fines de noviembre, luego del balotaje subieron los
combustibles, una medida largamente acordada entre los expendedores y el
ministerio de economía, en un cronograma que se inició a comienzos del 2015.
Más allá de lo programado, el
impacto se siente en este último aumento, que vino acompañando de los anuncios del
nuevo gobierno de la unificación del tipo de cambio, lo que en definitiva es una
devaluación. La incógnita es el volumen de la misma. El aumento de combustible
es motorizador de otros incrementos.
Esos aumentos inflacionarios son
el marco político coyuntural para que se disparen un conjunto de precios de la
canasta de consumo cotidiano, entre otros los alimentos y medicamentos.
La gran incógnita apunta a
cuanto sumará finalmente la inflación del 2015, con aceleración en noviembre y
diciembre, y como dijimos, a cuanto se disparará el precio de las divisas.
A la par de la suba de precios,
los ingresos populares se mantienen congelados y dan cuenta del desigual impacto
en la vida cotidiana que genera la situación económica en el presente y el futuro
cercano. Sin duda, será un antecedente a considerar cuando se inicien las
discusiones paritarias para las actualizaciones de los salarios.
Por eso se solicita en estos
días un bono de fin de año en compensación y se demanda la no inclusión del
medio aguinaldo para las retenciones de ganancias.
Inversiones
y ganancias
Lo que está ocurriendo es una
recomposición de las utilidades de los sectores empresarios en condiciones de
establecer precios, a costa de la capacidad de compra de la mayoría de la
población.
Es el piso sobre el que se
piensa partir para un futuro acuerdo de precios y salarios, o pacto social gestado
desde el Estado entre empresarios y trabajadores. Ese pacto social es lo que
les adelantó en estos días el futuro ministro de trabajo de Macri a los
dirigentes de las centrales sindicales, a cambio de algunas resoluciones que
demandan las conducciones sindicales, especialmente relativas a la
actualización del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y respecto
de acreencias de recursos para las organizaciones sindicales por obras
sociales.
Es un dato de la realidad que
las remarcaciones señalan un punto de partida diferenciado en el proceso de
negociaciones futuras. Las patronales ya tienen su colchón, que podrán
incrementar incluso luego de conocidas las primeras medidas del nuevo gobierno,
principalmente el nivel de la devaluación monetaria.
La lógica empresaria reconoce la
necesidad de recuperar condiciones de rentabilidad y eso requiere nuevas rondas
de redistribución regresiva del ingreso personal. Se trata de lograr un menor
peso de los salarios en la distribución de la renta nacional.
Si la lógica de política
económica de estos años se presentaba como de estímulo al consumo, no solo
consumo popular, sino también de lujo, tal como el turismo externo o la compra
de automotores, incluso importados; en la próxima etapa se coincide desde el
gobierno y el poder económico que el eje es la inversión.
La ecuación macroeconómica se
concentra en: a) el consumo; b) la inversión; y c) el saldo del comercio exterior.
El diagnóstico coincidente del poder económico en la Argentina y el gobierno
entrante está en la necesidad de expandir las inversiones, algo que también
promovía el gobierno saliente.
No hay mejor estímulo para el
inversor que el aseguro de alta rentabilidad, y en la esencia de la
rentabilidad y su volumen está la magnitud explotación de la fuerza de trabajo.
Visita de la OIT
Por eso se buscan condiciones
para limitar la demanda salarial y laboral luego de años de convenciones
colectivas. Más aún, se busca contener el conflicto y por eso visitará la
Argentina Guy Ryder, titular de la OIT, invitado por la Unión Industrial
Argentina, UIA.
Es que el objetivo de la UIA, a
días de inaugurado el nuevo ciclo presidencial apunta a instalar la agenda de
discusión de la OIT, que en estos años sustenta la demanda empresaria por
restringir, y si se puede, eliminar el derecho de huelga.
Claro que estamos en Argentina,
con fuerte tradición de huelga y organización de los trabajadores, algo que no
siempre consideran análisis políticos o académicos.
La conflictividad es un dato de
la realidad argentina y por eso, para que el plan funcione, desde el gobierno
se busca sostenimiento financiero mientras se acomoda en la gestión de
gobierno. Es un asunto delicado porque supone una fuerte apuesta al endeudamiento
externo de la Argentina.
El gobierno Macri no duda en
lograr nuevos fondos de deuda externa que le permitan atender el gasto fiscal a
fin de este año. Lo considera necesario para asentarse, disputar consenso y
relanzar el objetivo de máxima por una restauración conservadora que rechaza el
pueblo argentino.
La gran incógnita es si el
gobierno Macri estabiliza e incrementa el consenso electoral en consenso social
para sus objetivos de fondo, o si se estimula una propuesta e iniciativa
política popular que discuta el ajuste en curso e imagine la disputa por un
orden social, económico y político alternativo, de contenido anticapitalista.
Buenos
Aires, 4 de diciembre de 2015
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