Todavía se discute por el paro del pasado 31 de marzo y su
capacidad de intervenir políticamente en un año electoral, que es por ahora de
resultado incierto en el ámbito nacional e incluso en algunas provincias y
municipios.
El conflicto no solo tuvo reivindicaciones económicas, sino
que al discutir la política económica y especialmente la tributaria, se pusieron
en tensión algunas cuestiones claves del orden económico y habilita un debate
sobre el rumbo futuro más allá de la disputa por la gestión estatal, lo que
incluye el balance de la economía en Argentina luego de la crisis del 2001/02. Por
ello es que los proyectos de país en discusión trascienden el escenario electoral
y se miden en el conflicto social.
En estos días se puso en discusión la política fiscal y quién
financia al Estado capitalista, especialmente cuando se difunde que los
asalariados contribuyen con el 50% de la recaudación del impuesto a las
ganancias, en un régimen tributario regresivo donde el IVA sigue siendo la
principal fuente de financiamiento. Entre el IVA y Ganancias se concentra más
del 50% de la recaudación tributaria, con especial afectación del ingreso de
los trabajadores activos y pasivos y la mayoría de la población más empobrecida.
Más allá de variadas valoraciones sobre el paro, la discusión facilitó acercar
información a la sociedad sobre las distorsiones impositivas en el país, con
eje en quién debe sostener la política social o las inequidades del capitalismo
local.
Las apelaciones a la solidaridad entre los propios trabajadores
contrastan con ganancias empresarias abultadas pese a la desaceleración de la
economía, y en condiciones en que el negocio especulativo y financiero continúa
exento del impuesto a las ganancias en discusión, por lo que sobresale que la
reforma tributaria es una asignatura pendiente, incluyendo la coparticipación
federal, irresuelta pese a que la reformada Constitución de 1994 mandataba un
acuerdo que lleva casi dos décadas de retraso.
Entre los temas que se discuten aparece la política de
ingresos y la inflación, es decir, precios y salarios, tanto como las
mediciones estadísticas y la necesaria normalización del INDEC. Del mismo modo
que se sustentan diferentes posiciones relativas a la política cambiaria,
monetaria, financiera y de inserción internacional. En el fondo se discute el
modelo productivo y de desarrollo, los principales beneficiarios y perjudicados
en el orden económico. Por eso, además de disputar ingresos, en el paro se
generalizan reivindicaciones que demandan cambios en la política económica y se
cruzan con peticiones contrarias por más liberalizaciones de la economía que
sustentan sectores hegemónicos de la economía, con clara decisión de no
resignar posiciones de poder en la apropiación del ingreso y la riqueza. En ese
marco deben inscribirse las presiones por una mayor liberalización y avances en
tratados de libre de comercio, como los cumplimientos de tratados bilaterales
de inversión que someten a la Argentina a litigios en tribunales externos, caso
de la justicia de EEUU y las demandas de inversores especulativos, los fondos
buitres.
Un dato relevante en esta discusión sobre economía y política
es la modificación del ciclo económico, que ya no es de crecimiento, y no solo
en Argentina, sino en la región, con serias preocupaciones en el presente y
futuro cercano de Brasil, cuyo desempeño económico interesa más allá de lo que
ocurra en su territorio y el impacto en su población. La economía está en
discusión en el mundo, en la región y claro que también en nuestro país. La
crisis de la economía mundial se despliega desde el 2007/8 sin mostrar
horizonte cercano de superación y la respuesta ortodoxa de ajuste y
reestructuración reaccionaria y regresiva reaparece recurrentemente en variados
discursos locales. Suenan a restauraciones de políticas hegemónicas en los años
noventa y reabren debates sobre el límite de lo posible a lo realizado en la
“pos crisis” del 2001/2 en la Argentina y en la región. ¿Se puede ir más allá
de lo realizada en focalizadas políticas sociales masivas? ¿Es posible la
reforma tributaria progresiva? ¿Puede modificarse la legislación financiera
legada por la dictadura?
El clima de restauración y/o cambio se visibiliza en
iniciativas políticas diversas en toda la región, por lo que no solo existe
iniciativa política en términos de gobierno y oposición, sino entre intereses
económicos encontrados entre las clases dominantes y las subalternas. Es algo
que queda claramente expresado en las negociaciones paritarias en curso y a
desarrollarse y en nuevas rondas de conflictos socioeconómicos con base en la
distribución del ingreso y de la riqueza. Se conoció esta semana la reapertura
de la paritaria de los docentes universitarios, que habían anunciado una semana
de paro en abril. Conflicto y negociación aparecen asociados. Entre los organizadores
del paro del 31 de marzo se anticiparon nuevas y mayores medidas de fuerza si
no hay diálogo o se cambian algunas orientaciones económicas que afectan la
capacidad de gasto del salario.
Nuestra reflexión apunta a señalar que el conflicto social es
parte sustancial del debate político. Que no solo hay clima de elecciones y
discusión sobre quien gobernará el país o las provincias, sino también la
capacidad de intervenir social y políticamente desde el conflicto. No solo el
voto define la institucionalidad democrática y queda claro que la
conflictividad social es una forma esencial de intervenir en la política.
Buenos
Aires, 3 de abril de 2015
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