La justicia inglesa falló contra
la sentencia del Juez Griesa que afecta a los bonistas con títulos argentinos
emitidos bajo ley británica. La resolución señala que esos bonos no deben ser
incluidos en la disposición judicial de EEUU, que impide los titulares de esos
títulos acreditar en sus cuentas el depósito que Argentina realizó a fines de
junio, los que siguen inmovilizados en un Banco en Nueva York.
El Juez Griesa había dispuesto
un bloqueo de fondos por más de 500 millones de dólares depositados por
Argentina en el Banco Mellon de Nueva York en junio del 2014. En ese depósito
bloqueado se incluyen 255 millones de euros en bonos de legislación inglesa,
por lo que esos inversores, entre los más conocidos el especulador húngaro George
Soros, demandaron al banco estadounidense ante la justicia inglesa, quien les
otorga razón.
Sin embargo, la disposición
judicial del Reino Unido no resuelve la demanda de los bonistas que exigen sean
depositados los fondos en sus cuentas. Es en definitiva lo que les interesa a
Soros y otros especuladores que demandaron ante la justicia de Inglaterra por
verse perjudicados por el fallo y el bloqueo de fondos realizado por Griesa.
La resolución final sigue en
manos del juez neoyorkino, quien debe disponer en última instancia si valida el
fallo londinense, sin perjuicio de que el proceso judicial escale a instancias
superiores en Inglaterra. En su momento Griesa facilitó la liquidación de
fondos de títulos emitios bajo la legislación argentina, por eso existe
suspenso ante la resolución británica.
Puede pensarse que la Argentina
está sometida a una disputa entre el sistema judicial de las dos grandes
potencias capitalistas desde el Siglo XVIII hasta el presente, y difícilmente haya
beneficio para la Argentina, Ya que los buitres rondan la lógica imperialista.
Pero, más allá de las
especulaciones sobre quien gana en esa disputa legal en los grandes centros del
capitalismo mundial, Nueva York o Londres, lo concreto es que Argentina terminará
pagando deuda y afectando recursos fiscales demandados por amplios sectores
sociales que también demandan derechos insatisfechos.
Los bonistas de legislación
inglesa enfrentan a la justicia estadounidense y ambas argumentan en beneficio
de inversores y especuladores contra recursos públicos de la Argentina que
también reclaman insatisfechas
necesidades en el país.
Este conflicto de intereses hace
necesario avanzar en la auditoria e investigación de la deuda pública argentina
establecido en la ley de pago soberano de septiembre del 2014. Y claro,
mientras se investiga, se impone la suspensión de los pagos de deuda.
Investigación
de la deuda
Vale considerar el debate
jurídico, Londres vs Nueva York, sobre la deuda local, cuando la noticia del
momento es la discusión sobre la deuda de Grecia.
Lo que se discute es la presión por
continuar el ajuste antipopular que reclama la troika de las autoridades de la
Unión Europea, el Banco Central de Europa y el FMI, con Alemania detrás, contra
la propuesta del nuevo gobierno griego de renegociación mediada por la
investigación de una deuda que se hace impagable.
Detrás de todo está el gran
negocio del sistema bancario y financiero, gran beneficiario del elevado
endeudamiento público de Grecia desde la emergencia de la crisis en 2008. Todo
el esfuerzo de política económica se centró en el salvataje de la banca alemana
y francesa, principales perjudicados por la situación de falencia al comienzo
de la crisis. Por eso es que la auditoría de la deuda, una investigación a
fondo pondría en evidencia a la burocracia gubernamental de Grecia, de Europa,
y del sistema financiero mundial contra la miseria descargada sobre el pueblo
griego.
Es interesante en ese sentido
hacer el paralelo con la Argentina y más allá de la discusión sobre el peso de
la deuda argentina respecto del PBI, el desendeudamiento, o la presión de los
fondos buitres y la justicia de EEUU o de Inglaterra, pensar en la necesidad de
auditar la deuda. Existe una disposición legal al respecto que no se cumple.
La auditoría de la deuda pondría
en evidencia el fraude que ya tuvo sentencia judicial en junio del 2000 ante la
demanda de Alejandro Olmos contra el endeudamiento de tiempos de la dictadura. Una
investigación también estimulará la aceleración de otros procesos judiciales
iniciados a posteriori y que afectan sucesivas renegociaciones de deuda, las que comprometieron recursos fiscales en contra
de resolver amplias necesidades sociales y beneficiaron a la especulación y al
sistema financiero mundial.
Vale mencionar que Argentina es
quizá uno de los países de mayor investigación de la deuda en la Justicia y sin
efecto concreto. Ahora existe una ley que manda investigar la deuda desde el
inicio de la dictadura en 1976 y que no existen excusas para su
materialización. Muchas veces se adujo que las sucesivas renegociaciones
validaban la ilegitima deuda y sin embargo, se impuso por ley la investigación,
que ahora ya no es solo una demanda de una parte de la sociedad sino una
incumplida disposición legal.
La discusión griega es la
oportunidad para asociar procesos de investigación de la deuda, en Grecia y en
Argentina para que no solo sea noticia la Justicia de EEUU o del Reino Unido,
sino la impugnación de los pueblos a la usura y la especulación financiera.
Buenos
Aires, 14 de febrero de 2015
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