Las cartas están echadas en la disputa económica, es decir,
por los ingresos y la riqueza, y cada cual atiende su juego en el presente y se
posiciona a futuro en la perspectiva del recambio del turno presidencial a
fines del 2015.
Se discute la política económica de hoy y de mañana, tanto
como el orden económico, la producción y la distribución, los beneficiarios y
los perjudicados.
Es una cuestión social y política, por lo que actúan
movimientos y partidos mediados por la institucionalidad cultural y mediática.
Se disputa el sentido común de la sociedad: la hegemonía.
Gobierno
El gobierno pretende sortear el momento con varios frentes
abiertos en el orden externo y local.
Con los de afuera se privilegia la discusión con la justicia
estadounidense y los fondos buitres, lo que le impide cerrar su objetivo de
retornar al mercado mundial de crédito y atraer inversiones externas,
especialmente dirigidas al sector energético, con déficit estructural e
importante superior a los 10.000 millones de dólares anuales y que incide en
los desequilibrios macroeconómicos y en la escalada de los precios locales.
En razón de ello se explica parte del debate hacia adentro y
en la intención de contener la escalada de precios acude a correcciones a la
ley de abastecimiento para verificar precios y la cadena de valor, recogiendo
lógicamente la crítica del poder económico local, impune en el establecimiento
de los precios que sufren los sectores de ingresos fijos.
Mientras se define la situación externa derivada de la deuda se
sostiene una iniciativa política con una prédica crítica al orden imperialista
en la disputa del consenso social, acompañando propuestas legislativas que
adecuan la agenda a la nueva situación, por lo que se impulsa la ley de pago
soberano y las modificaciones a la legislación sobre abastecimiento, inoperante
hasta ahora pese a su sanción desde 1974.
Empresas
y poder económico
Si el gobierno se juega desde ahora y hacia el fin de mandato
en 2015 la herencia de una política económica sostenida en tres turnos
presidenciales, el poder económico hace visible sus reivindicaciones con la
crítica a toda regulación económica y presiona para una inserción plena en la
lógica de la liberalización económica mundial, aun profundizando el carácter subordinado
de la economía local.
Queda claro en la presión por nuevas y recurrentes
depreciaciones de la moneda local y ganar no tanto en competitividad sino en
formas de apropiación de una cuota mayor de la renta nacional generada desde el
trabajo social en el país.
Por eso se escamotea la comercialización de la cosecha o se
presiona al BCRA para liberar divisas a precio oficial para cancelar
importaciones para el ensamble de productos fabriles en el país.
El sector financiero a su manera, vía bancos, bolsas, seguros
o intermediación especulativa de activos disputa al alza la cotización de las
divisas.
Así, el poder económico agrario, industrial o financiero
condiciona con su accionar y demandas al gobierno actual y al futuro emergente
de la renovación en el 2015.
El objetivo apunta a consolidar la institucionalidad
liberalizadora lograda en tiempos de la dictadura y el menemismo, confirmando
la irreversibilidad de un modelo productivo con privilegio en la soja, la mega
minería y la industria de ensamble. Recordemos además, que todo ello fue
posible con el endeudamiento público y la legislación de entidades financieras
y de inversiones externas sobrevivientes de los años de la dictadura genocida.
Trabajadores
Los trabajadores también se expresan. El paro general del 27
y 28 de agosto pasado se hizo sentir más allá de la cuantificación que se
realice.
Es un hecho político que pone en juego las demandas de
amplios sectores afectados por la desaceleración económica y la recesión
productiva, expresada en cesantías y suspensiones.
Las reivindicaciones levantadas en el paro fueron varias, con
epicentro en el salario y los ingresos populares.
Se sostiene como cuestión de fondo que los ingresos populares
no alcanzan para satisfacer las necesidades cotidianas del trabajador y su
familia, estimada en el orden de los 10.000 pesos y un salario promedio que
apenas ronda los 6.000 pesos mensuales, con un mínimo vital y móvil de 3.600
pesos y que se acercará en los próximos días a 4.860 pesos (35% de
actualización) luego de reunido el “Consejo del Salario”, pero que solo expresa
una referencia, puesto que son muchos los trabajadores que perciben ingresos
inferiores a ese monto, especialmente en los Estados municipales.
Peor es la situación si consideramos a los trabajadores
pasivos, con una mayoría en la mínima de 2.757 pesos mensuales y que en
septiembre alcanzará los 3.231, monto que apenas cubrirá un tercio de la
canasta de bienes y servicios para satisfacer la vida cotidiana.
En ese marco se inscribe la demanda de actualización del
mínimo no imponible del impuesto a las ganancias que afecta a un millón de
trabajadores.
Pero no se trata solamente de ingresos, sino que se discute
la recesión y la respuesta patronal de suspensiones y despidos, por lo que la
movilización llevó al Parlamento la demanda de una legislación que clausure la
posibilidad de suspensiones y despidos.
Las ganancias acumuladas en estos años permitirían soportar
los efectos de la recesión en curso, claro que eso supone pensar en un Estado
capitalista con disposición a restringir la lógica de la ganancia.
El solo hecho de empujar la demanda de restricción a las
ganancias supone pensar en propuestas anti capitalistas, resistidas por las
patronales y sus burocracias legislativas, judiciales, en el poder ejecutivo y
en los medios de comunicación a su servicio.
La suspensión de la deuda y la auditoría de la misma formaron
parte de los reclamos de algunas de las organizaciones movilizadas por el paro,
tal el caso de la CTA que lidera la convocatoria a una campaña popular en
demanda por una salida alternativa a la cuestión de la deuda pública, que
recurrentemente vuelve al debate de la economía y la política en el país.
El
cuadro general: recesión, empleos y precios
La recesión y el incremento de los precios, entre ellos de
las divisas, son un dato de la realidad y tiene impacto regresivo en la
distribución del ingreso y en el empleo.
En el horizonte cercano no se ven correcciones importantes de
política económica que reviertan estructuralmente la situación. En el marco del
desarrollo capitalista no alcanza con inversiones públicas ni ampliación del
gasto estatal, asuntos que empuja el gobierno en los últimos tiempos, aun con
límites por la situación fiscal y financiera.
Por ello, el gobierno sigue en la búsqueda de conseguir capitales
externos, vía inversiones o préstamos, algo que aparece difícil ante la
conflictividad externa derivada de la sentencia Griesa.
Sin embargo, la presencia por estos días del titular de YPF
por Malasia y China para acercar divisas en la explotación de hidrocarburos no
convencionales y la visita urgente del Ministro de Economía a Brasil para activar la producción y venta de
automotores a ese país (principal comprador) están encaminadas a intentar
resolver el cuello de botella del sector externo. Brasil también está
preocupado desde que acumula dos trimestres de caída del PIB, o sea, también
entró en recesión.
De lo que se trata es de facilitar la ampliación de la
producción vía estímulo a inversiones del capital externo, ya que existen
límites a la inversión privada de capital local, más interesada incluso en la
fuga de capitales que en organizar un ciclo de reproducción ampliada en el
país, confirmando la lógica especulativa y dependiente del funcionamiento del
capitalismo en la Argentina y el parasitismo de su burguesía local.
No solo existen trabas por falta de inversiones, sino que la
disputa por los dólares, entre gobierno y empresarios adiciona complicaciones
al ciclo productivo dependiente de las fábricas de ensamble o armaduría.
Para que funcione la industria local hacen falta cuantiosas
importaciones de partes e insumos importados y por eso, mientras no llegan
divisas para abultar reservas, las importaciones para la industria siguen
frenadas y los principales fabricantes denuncian deudas con proveedores superiores
a los 4.000 millones de dólares por importación de partes.
No está prevista en el corto o mediano plazo una
reestructuración industrial que apunte a la producción local vía sustitución de
importaciones. Es algo que quedó claro con la importación de materiales ferroviarios
cuando existía en el país la capacidad histórica para su producción.
¿Qué
pronóstico? ¿Qué hacer?
El pronóstico es de continuidad esencial del cuadro depresivo
y con crecimiento de precios y afectación a sectores de menores ingresos,
agravado con la destrucción de más de 400.000 puestos de trabajo en el primer
semestre del 2014 según informó el INDEC.
Todo indica que se acabó el proceso de recuperación de la
economía con ampliación del empleo, especialmente desplegado entre 2002 y 2008,
duramente afectado en 2009 y que pareció recuperarse entre 2010 y 2012, para
congelarse y deteriorarse entre 2013 y 2014.
El problema radica en que el empleo creció de la mano del
sector menos dinámico de la economía, con atraso tecnológico, orientado al
mercado interno y no expuesto a la competencia internacional. El sector más
dinámico, moderno y competitivo internacionalmente viene perdiendo empleo en el
último tiempo, es el caso de las automotrices.
No se visualiza una mayor demanda de empleo en el corto
plazo, por lo que el efecto sobre el empleo seguirá siendo importante y las
condiciones de funcionamiento del orden capitalista no presentan soluciones
para las expectativas de los trabajadores.
Esa es la importancia del programa anticapitalista a
sustentar desde los trabajadores, siendo algo que supera las fidelidades
políticas en la coyuntura y aparece como desafío para la clase obrera en la
actualidad.
Desde el punto de vista económico la ecuación es salario
contra ganancia y no parece que la burguesía, especialmente la más concentrada
esté dispuesta a resignar beneficios cuantiosos acumulados en la década.
La única manera de resolver la ecuación proviene de medidas
de política económica, entre las cuáles sobresale el aumento del mínimo no
imponible del impuesto a las ganancias, o su eliminación directa, lo que podría
asociarse a una reforma impositiva para gravar al capital financiero y a las
grandes fortunas, algo que no aparece en la agenda del gobierno.
También podría profundizarse una línea de acción contra las empresas
en crisis, para la recuperación por el Estado y sus trabajadores en un marco de
discusión y modificación del modelo productivo y de desarrollo.
En el mismo sentido apuntamos a la nacionalización del
comercio exterior o de la banca, imprescindible para frenar la fuga de
capitales y la subordinación a la lógica especulativa del capitalismo
contemporáneo.
Insistamos en que la resolución de este conjunto de problemas
requiere la lucha con el régimen del capital en su etapa imperialista y de
transnacionalización creciente.
¿Qué
presión pesará más?
La presión del poder económico para una devaluación es
importante. Remito al accionar del sector agrario (especialmente grandes
productores y exportadores, particularmente de soja) y también sectores
fabriles asociados a la exportación (automotores, electrónica y
electrodomésticos).
En el mismo sentido actúa la presión especulativa del sector
financiero, lo que se expresa en las negociaciones del dólar ilegal con impacto
en el conjunto de otras divisas.
Desde el gobierno se sostenía que no iba a devaluar y las
presiones se abrieron paso en enero del 2014.
Ahora se sumó en sentido contra hegemónico la presión de los
trabajadores con el paro nacional del 27 y 28 de agosto.
El interrogante es cuál de las presiones pesará más. La
agenda en discusión en el gobierno es más cercana a la del poder que a la de
los trabajadores, con lo cual puede pensarse que las mini devaluaciones que
llevaron al dólar de 8 pesos a 8,42 desde enero a agosto, pueden profundizarse
en cuenta gotas, o con una mega devaluación reproduciendo la lógica de inicio
de este 2014. El impacto regresivo sobre los trabajadores y sus familias será
gigantesco.
Resulta imprescindible acrecentar la iniciativa política de
los trabajadores, no solo por evidenciar la agenda de demandas económicas, sino
para intervenir en la disputa política de la Argentina.
Buenos
Aires, 29 de agosto de 2014
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