Culminó el primer semestre y Buenos Aires, la
Provincia más grande de la Argentina, puso de manifiesto la crítica situación
fiscal, ya que el gobierno provincial decidió abonar el medio aguinaldo en
cuatro cuotas consecutivas, sin diferenciar niveles de ingresos, y cancelar
deuda a acreedores diversos con bonos de la deuda pública provincial.
Una de las características de política económica
en la década ha sido el superávit fiscal del Estado nacional y las provincias.
El caso bonaerense hace visible un problema que ya venían expresando otros
estados provinciales y que afecta al fisco nacional. En esta ocasión, la Nación
tuvo que asistir financieramente a la Provincia, aún cuando la cifra no alcanzó
para resolver el pago completo del medio aguinaldo, y motivó el pago en cuotas
a los trabajadores estatales.
La respuesta de los estatales, profesionales y
trabajadores de la salud, de la justicia, y otras dependencias públicas se
movilizaron en todo el territorio provincial reclamando el pago unificado y
denunciando una política de ajuste sobre los ingresos de los trabajadores
estatales.
Vale consignar la importancia de la cuestión
salarial en Buenos Aires, el distrito de la Argentina con la mayor cantidad de
empleo público provincial, lo que representa casi un 1/3 del total de los
estatales provinciales. Siendo la Provincia con mayor cantidad absoluta de
trabajadores estatales es uno de los Estados provinciales con menor densidad de
trabajadores por habitantes, situación que comparte con Santa Fe y Córdoba,
siendo las tres provincias las que concentran la mayor cantidad de población en
la Argentina.
Son datos para pensar, sea el papel del Estado y
la cantidad necesaria de trabajadores para un efectivo y satisfactorio
cumplimiento del derecho a la educación, a la salud, a la seguridad, al
entretenimiento o la cultura; tanto como el papel del empleo estatal en las
provincias de menor densidad poblacional para disminuir el desempleo o
subempleo y contener el conflicto social. Esto último es válido, especialmente
cuando constatamos la diferencia salarial en los distintos niveles del Estado,
reduciéndose en la medida que se desciende desde el ámbito nacional al
provincial, y de éste al municipal. El promedio del salario de los estatales
nacionales duplica al de los
trabajadores de los Estados provinciales, los que al mismo tiempo duplican el
ingreso de los trabajadores municipales, evidenciando un desequilibrio
inequitativo, asociado a una des-jerarquización de ingresos de los trabajadores
en el ámbito de las Provincias y de las localidades del interior del país.
El gobierno nacional intenta despegarse de la
gestión del Estado Bonaerense y responsabiliza al gobernador Scioli, quedando
claro que se asiste a un nuevo capítulo de la crisis política en el núcleo
hegemónico del gobierno ampliado (Nación + Provincias). Parte de la crisis se
procesa en la justicia, con un fallo contra el gobierno en primera instancia,
que exige el pago completo del medio aguinaldo. Habrá que ver como sigue el
tema en segunda instancia y más allá.
El capítulo anterior de la crisis en el núcleo
hegemónico se procesó con Moyano y la actual conducción de la CGT, esperándose
una nueva fragmentación de la Central mayoritaria.
Ahora, el conflicto es entre el gobierno nacional
y el provincial, como sucesión de una historia que discute hegemonía política
sobre la administración del orden económico, político y social.
Reaparecen
los condicionantes institucionales del 90´
Detrás de la crisis fiscal se encuentran los fenómenos
estructurales que condicionan el funcionamiento del capitalismo en la
Argentina.
Por un lado, la reforma del Estado, heredada de la
década del 90, donde la descentralización, uno de los ejes del decálogo del
Consenso de Washington, agranda la responsabilidad fiscal de los Estados
provinciales por el gasto transferido desde la Nación. Al mismo tiempo se
generaron condiciones para la dependencia financiera de las provincias a la
nación, algo visible en la coyuntura.
Por otro lado se destaca el papel de la deuda
pública en el privilegio del gasto público nacional, condenando a los
trabajadores estatales y al gasto social a ser variables de ajuste estructural.
En efecto, al mismo tiempo que se comunicaba la imposibilidad de la Nación y la
Provincia de Buenos Aires para cumplir con el pago a los empleados públicos y a
los proveedores, el Directorio del Banco Central de la República Argentina
aprobó la afectación de 4.165 millones de dólares de las reservas
internacionales para cancelar deuda pública en el tercer trimestre del 2012
(Julio a Septiembre).
A los trabajadores bonaerenses se les cancela el
medio aguinaldo en cuatro cuotas (dos en
el mes de julio del 15% cada una, otra en agosto por un 30%, y el resto en
septiembre), mientras que a otros acreedores (de la deuda pública) se les
cancela al contado, dando fe de un “Estado buen pagador”.
Curiosamente, con los trabajadores movilizados en
protesta por el “ajuste”, el mismo día, el BCRA resolvía destinar 1.597
millones de dólares para atender vencimientos con organismos internacionales, y
2.568 millones de dólares para cancelar deuda con acreedores privados, incluido
el Boden 2012, con vencimiento en agosto próximo.
La crisis del 2001 sigue pagándose en detrimento
del ingreso de los trabajadores y afectando la calidad de vida de los sectores
de menores recursos.
La medida adoptada por el BCRA supone satisfacer
mayoritariamente a acreedores externos de la deuda pública, sean los organismos
internacionales, o los tenedores extranjeros de los títulos en cuestión.
Esos fondos salen del BCRA contra documentos de
pagos a futuro por la tesorería nacional, y se suman a otros títulos emitidos
oportunamente. Las reservas internacionales rondan los 46.500 millones de
dólares, compuestos crecientemente por deuda del Estado Nacional, cuyos
vencimientos se escalonan en los próximos periodos de gobierno después del 2015.
Como vemos, la cuestión se desencadena por las
reformas estructurales, con la base de los años 90´, descentralización estatal
y endeudamiento externo.
Con la descentralización de personal sin
transferir fuentes de ingresos suficientes, el resultado fue el deterioro de
los ingresos de los estatales provinciales, que son la mayoría del empleo
público en la Argentina. Un Estado con salarios deteriorados contribuye
seriamente en boicotear la calidad, eficiencia y compromiso del trabajador en
un proyecto público, es decir, asumido por el conjunto de la población.
El peso de la deuda y los pagos de intereses y
servicios de la misma es clara demostración que el proyecto público presente de
“desendeudamiento” favorece a los acreedores externos, parte del núcleo del
poder en la Argentina. A éstos se suman las transnacionales de la mega minería,
la soja y el agro negocio, y las transnacionales de la producción y los
servicios, a quienes se invita regularmente a invertir en el país, claro que a
cambio de satisfacer sus objetivos de importantes ganancias, retaceadas en
estos tiempos de crisis del capitalismo mundial.
El
camino del ajuste desemboca en crisis
En síntesis, la crisis fiscal, a la que se suman
los problemas comerciales y que ponen de manifiesto las dificultades para
sostener el superávit del comercio exterior y las restricciones a la compra de
dólares, hablan del límite a dos aspectos centrales de la bonanza económica de
estos años: el superávit fiscal y comercial en paralelo. Una vez más, el
problema pretende resolverse con ajuste en el ingreso de los trabajadores. La
respuesta se manifiesta en protestas diversas y aún desarticuladas
políticamente.
El desafío se concentra en la construcción de una
alternativa política que pueda expresar la diversidad de protestas y de formas
organizativas que surgen en la coyuntura, sean los estatales bonaerenses en la
calle por el medio aguinaldo, los judiciales por la porcentualidad en sus
ingresos, los trabajadores de la construcción que el sur demandan ser
equiparados a los petroleros; o las protestas de los pueblos fumigados, las
poblaciones contra la mega minería a cielo abierto, y múltiples otras formas y
demandas de crítica y confrontación de una sociedad no escuchada y en creciente
proceso de organización y manifestación de sus demandas, intereses y sueños.
Todo ello constituye la base de un proyecto a
discutir para organizar la sociedad sobre la base de la satisfacción de las
necesidades de la mayoría. Una lógica diferenciada de la de la ganancia que hoy
preside el desarrollo económico en el país y en el mundo.
La crisis global del capitalismo en la
contemporaneidad convoca a cambios, los que se procesan nacional y
regionalmente en función de la historia de los pueblos. Es evidente que en la
crisis actual se manifiesta la agresividad del poder de las clases dominantes,
evidenciado en estos días en Paraguay y en las amenazas crecientes sobre el
proceso boliviano.
En la Argentina también se sienten las presiones y
acciones de las clases dominantes. Así como la movilización popular en la
rebelión del 2001 creó las condiciones para el cambio y en la Argentina ya no
se pudo ganar institucionalmente con el discurso neoliberal, en la actualidad,
será también la movilización social la que genere las condiciones de emergencia
de un proyecto político alternativo.
7
de julio de 2012
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