El anuncio de constituir un Fondo del bicentenario para el desendeudamiento y la estabilidad realizado en cadena nacional por el Ministro de Economía y la Presidente el pasado 14-12-09 constituye una clara señal del gobierno al poder económico mundial sobre la voluntad de cancelar vencimientos en el corto plazo (2010).
La decisión se mantiene en línea con las cancelaciones de deuda llevadas a cabo con los Organismos Financieros Internacionales, expresada con el pago anticipado al FMI en 2006 por 9.500 millones de dólares (recordado en la alocución de Cristina Fernández) y con la manifestación del gobierno de Néstor Kirchner quién señaló recién asumido que su gestión no era la “del gobierno del default”. La voluntad de pago estuvo desde 2003 y por eso el canje de deuda en cesación de pagos en mayo del 2005 y la reapertura del mismo con la reciente suspensión de la “ley cerrojo” que permite anticipar ofrecimientos de canje a los acreedores para el comienzo del 2010 por unos 30.000 millones de dólares (capital e intereses reclamados por los holdouts).
Puede interpretarse que ante dudas de inversores internacionales sobre la evolución de los recursos fiscales para hacer frente a pagos de la deuda pública, con vencimientos del orden de los 13.000 millones de dólares para el próximo año, la Argentina garantiza buena parte de las cancelaciones con reservas internacionales. El Fondo del bicentenario se constituyó por 6.579 millones de dólares, un 50% de los vencimientos previstos para el 2010. No significa que el Fondo se utilice, pero ante falta de recursos propios del Estado nacional, se acudirá a cancelar deuda con el Fondo integrado por reservas internacionales excedentes.
La estimación del Ministro es que la base monetaria se cubre con 30.000 millones de dólares de las reservas internacionales y por lo tanto, los 17.000 millones restantes, que completan los más de 47.000 millones en stock de reservas son “excedentes”. De este modo, se justifica que solo un 1/3 se destina al Fondo. Ello podría llevar a reclamar el uso de las restantes reservas excedentarias para garantizar otros destinos, por ejemplo en la promoción de producciones regionales, de cooperativas, de empresas recuperadas o emprendimientos asociativos de carácter popular, incluso asociados a la intervención económica del Estado municipal, provincial o nacional. También podrían constituirse como Fondo de financiamiento en el marco del Banco del Sur, demorado en su inicio de operatoria, o en la constitución de fondos de financiamiento que hagan parte de una “nueva arquitectura financiera” en línea con los compromisos asumidos entre algunos gobiernos de la región.
Al tipo de cambio de la fecha, el Fondo alcanza a los 25.132 millones de pesos, más del doble de los recursos anuales destinados a la Asignación de menores en la pobreza, cuyo costo se estima en un poco más de 10.000 millones de pesos. La comparación sirve para valorar los privilegios en materia de deuda interna y externa para la política económica.
La realidad es que el país, integrante del G20, necesita reinsertarse en el sistema financiero del capitalismo global y cumplir con los lineamientos definidos por el cónclave de presidentes. El G20 asigna principal papel al FMI en el restablecimiento del funcionamiento del sistema financiero mundial en crisis, al tiempo que alienta la liberalización de la economía mundial, requiriendo la normalización de la cadena de pagos, incumplida hasta hoy por la Argentina. Ello supone, además de cancelar los vencimientos regularizados para el 2010, arreglar con el Club de Paris por unos 6.700 millones de dólares y con los holdouts por unos 30.000 millones de dólares.
El país entró en cesación de pagos a fines del 2001 y comenzó a normalizar su situación con los acreedores en 2005. Ahora busca los caminos para cerrar el capítulo del default y reinsertarse como socio previsible en el concierto capitalista contemporáneo. Aspira así a ser nuevamente sujeto de crédito internacional a tasas de mercado (entre el 4 y el 6%) y alejarse de las tasas del orden del 15% de los últimos préstamos logrados. La medida asumida por el Estado serviría para reducir el costo del dinero demandado por el Estado y por el sector privado, colocando en evidencia la funcionalidad estatal al interés privado, en un momento de búsqueda de rentabilidad perdida por la crisis capitalista.
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2009
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