Ajuste con represión convoca a reagrupar
Una semana de gobierno Milei y se confirma el pronóstico, de ajuste y represión. El ministro de economía, Luis Caputo, anunció su “paquete de urgencia”, primera exposición de un Plan de reestructuración regresiva del capitalismo local. Enseguida, la ministra de seguridad, Patricia Bullrich presentó en sociedad el “protocolo anti-piquetes”, un estatuto para la represión”.
Ambas cuestiones estuvieron en el discurso de asunción presidencial el 10/12, remitiendo al mensaje ajustador y que el que no cumpla con la ley (corte de calles o rutas, por ejemplo) será reprimido, “todo dentro de la ley, nada fuera de ella”.
No hay novedad, en todo caso, precisiones y letra chica de la reestructuración reaccionaria.
Lo primero concreto fue la devaluación, del 50% (de 400 a 800 pesos por dólar), lo que supone un costo más elevado de los dólares, si antes hacían falta 366 pesos, ahora se requieren 800, casi un 120% de incremento.
Como sabemos, la devaluación es un mecanismo de transferencia de ingresos, de quienes perciben ingresos en pesos al sector dolarizado, especialmente grandes productores y exportadores. Eran los que pedían las devaluaciones, y que las obtenían de manera parcial, caso de los “soja I, II y III”, y otras parecidas, incluso la devaluación pos-primaria, realizadas por el gobierno saliente del Frente de Todos.
El objetivo de la devaluación apunta a consolidar el modelo exportador, al tiempo que encarece las importaciones. Ambas cuestiones son funcionales a un objetivo de promover la RECESIÓN de la economía para favorecer la baja inflacionaria.
La lógica es privilegiar la producción para el mercado mundial, del complejo agro-ganadero de exportación, del incremento de la producción minera y de hidrocarburos, consolidando la primarización de la producción y las exportaciones.
El mercado interno no se privilegia y por ende se espera que se “enfríe” la economía, y que la recesión suponga cierres de empresas, despidos o cesantías, suspensiones y junto a ello la disminución del consumo por afectación de los ingresos populares, sean salarios, jubilaciones o planes sociales, inclusos las ganancias aminoradas de sectores pequeños y medianos del comercio y la industria local.
Milei aludió a la “estanflación”, que de hecho acontece desde hace una década. Más que estancamiento se asistirá a una caída de la producción, a una recesión inducida por la política pública.
La devaluación y la recesión están en el eje de la política antiinflacionaria del gobierno Milei. En ese marco hay que ver el ajuste fiscal, definido por Caputo como el principal problema de la suba de precios.
Es una lógica conceptual monetarista y por eso la solución pasa por el “ajuste”, mejorando los ingresos en 2,2% y reduciendo el gasto en 2,9% para alcanzar el déficit cero en 2024. En estos datos está el mentado 5% de ahorro fiscal para equilibrar las cuentas nacionales.
Más impuestos, cuando había prometido “cortarse los brazos” antes de aumentar tributos; y menos gastos, que en su mayoría afectan a la clase trabajadora, incluyendo allí incremento de tarifas, reducción de asignaciones a provincias y aspectos relativos a ingresos del personal estatal y no renovación de contratos.
La sola prórroga del presupuesto del 2023 para el próximo año, con actualizaciones arbitrarias del poder ejecutivo, pone en discusión el funcionamiento de variados ámbitos, especialmente las Universidades públicas, que podrían empezar a tener problemas de funcionamiento en el primer trimestre y ser inducidas a financiarse vía mecanismos de privatización para mantener abiertas sus puertas.
Un dato relevante es que se anunciaba un ajuste a la “casta”, a la “política”, y Milei acaba de confirmar que las medidas en curso suponen “un 60 por ciento en los políticos” y “otro 40 por ciento en el sector privado”, escamoteando que los principales perjudicados son los sectores de menores ingresos.
Se trata de un duro ajuste, sin anestesia, avalado por el consenso electoral y la impunidad de un balance relativo a la herencia inflacionaria del gobierno anterior.
Es un argumento que sirvió para ganar las elecciones, que contactó con la población que no veía satisfacer sus necesidades con la política previa y que compartía la narrativa de ingresos privilegiados de gobernantes y representantes políticos de la “democracia liberal”, la realmente existente.
La crítica al gobierno de Fernández y al de Macri es el que habilitó la propuesta de ajuste y refundación (reestructuración) del orden económico, social y político del capitalismo local.
Esa refundación se asocia con la Argentina del centenario (1910), antes de la Ley Sáenz Peña y el gobierno electo con voto universal (de varones). Es un tiempo de importante expansión económica, pero también de resistencia y organización obrera y popular, por eso el “estado de sitio”. Bonanza económica para el poder concentrado y represión a las clases subalternas.
Ahora se pretende lo mismo, un gran ajuste para poner las cuentas en orden, equilibrar el presupuesto de ingresos y gastos y al mismo tiempo avanzar en una reestructuración a fondo, a realizarse con leyes, las que se tratarán en sesiones extraordinarias desde enero próximo.
Mientras, desde el BCRA, el socio de Caputo en la “consultora”, Bausilis, dispuso la creación del BOPREAL Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre. Nombre pomposo que explicita la estatización de una deuda privada
El vencimiento del bono será en octubre del 2027. Se contrata entregando pesos y se recibirán dólares. Es al mismo tiempo un mecanismo de absorción de pesos. La AFIP auditará los reclamos y se estiman una emisión de 30.000 millones de dólares. Un gran un privilegio para grandes importadores, en donde se presume auto-préstamos con casas matrices.
El cambio Milei supone una reestructuración regresiva del capitalismo local, mirado con sumo interés en el mundo, ya que las derechas emergentes lo son ante la crisis contemporánea del capitalismo.
La respuesta neoliberal a la crisis de los 60/70 se construyó con el ensayo reaccionario de Chile en 1973, seguido de las genocidas dictaduras del cono sur, lo que fu luego asumido en el capitalismo desarrollado de las manos de Thatcher y Reagan.
Eso entró en crisis en el 2007/09 y por eso las tendencias al desorden o al combate a la mundialización con las sanciones unilaterales, lo que provoca reorganizaciones políticas para el logro de los objetivos del régimen del capital.
La radicalidad de Milei, que se diferencia del “nacionalismo” de otras experiencias de ultraderecha, pueden asumirse como un nuevo ensayo que con consenso social introduzca perspectivas de restauración de poder concentrado, sin las ataduras que supone la experiencia de la democracia liberal.
Por eso las apelaciones a funcionar bajo decretos sostenidos en el acuerdo social ampliado al obtenido en elecciones, algo que aún está por verse. Tanto como el temprano protocolo que anticipa la represión e intenta desmovilizar el reclamo social ante la agresión del paquete ajustador.
La derecha local y global se reagrupa en torno al gobierno Milei, evidente en las visitas a su asunción, especialmente el enviado de EEUU y la OTAN, Zelensky. Las próximas visitas de funcionarios estadounidenses y el explícito apoyo del FMI dan muestras de consensos políticos del establishment global.
El desafío está en la izquierda y el movimiento popular, que requiere un reagrupamiento que supere la experiencia que habilitó el camino de las experiencias gubernamentales por derecha, ayer Macri y hoy Milei.
No pasa la solución por reconstruir la misma experiencia fallida de los últimos años, sin confrontar con la lógica capitalista, sino la de avanzar en un proceso de articulación diversa, de tradiciones políticas y experiencias con perspectiva de confrontar, no solo contra el ajuste y la reestructuración regresiva, sino de ir mas allá, por un nuevo bloque de poder que dispute al régimen del capital la reorganización de la sociedad argentina.
Buenos Aires, 16 de diciembre del 2023
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