Argentina
tiene desde el 10/12 pasado un nuevo Gobierno por imperio de la voluntad
electoral mayoritaria. En el inicio de la gestión se escucharon de Alberto
Fernández fuertes críticas al gobierno anterior de Mauricio Macri, señalando una
perspectiva de rumbo diferenciado de la política económica, de contenido “anti
neoliberal”, algo que empieza a definirse en las primeras horas de la nueva administración.
Esto genera expectativas esperanzadas en la mayoría social afectada por la política
del anterior gobierno y que sustentaron las motivaciones electorales para el
cambio de la gestión. Al mismo tiempo, el poder económico presiona para no
perder posiciones, privilegios, ni ganancias o condiciones para la acumulación
de capitales.
Las
primeras declaraciones de Martín Guzmán como Ministro de Economía, tratando de
interpretar el sentido del voto mayoritario de la sociedad, apuntan a combatir la
recesión y las extendidas negativas consecuencias sociales. Indicó que “La
tarea que me encomienda el Presidente es trabajar para frenar la caída, para
tranquilizar a la economía argentina y sentar las bases de un proceso de
desarrollo que sea sostenible y por supuesto que sea con inclusión social”[1] Agrega
en su primer mensaje que “Está claro que lo que venimos a hacer es resolver lo
que es una muy profunda crisis económica y social. La situación hoy es de
extrema fragilidad.” Respecto de la deuda señala en ese mensaje que “Para poder
pagar hay que tener capacidad de pago y para eso la economía se tiene que
recuperar. Queremos tener una relación constructiva con todos los acreedores,
con los privados y con el FMI, entendiendo que acá hay un problema y que
tenemos que resolverlo para que todos se beneficien y para que los acreedores
puedan cobrar”.
No
hay duda, según estas declaraciones, de una correlación entre crecimiento económico
con inclusión social para poder atender en el futuro el problema del
endeudamiento. La gran incógnita es como se resolverá la cuestión en concreto.
La presión social por resolver lo económico social tiene una fuerza en contrario
para resolver las aspiraciones de los acreedores de la deuda. Es una contradicción
irreconciliable e incluso muy difícil para afrontar una negociación que
favorezca el objetivo de inclusión social. ¿Es posible en algún momento atender
la demanda de los acreedores? El interrogante no es retórico y supone un debate
a fondo, incluso si es posible solo contenerse en una prédica anti neoliberal.
Deuda y urgencias
En
el mensaje presidencial inaugural se anunció que no habrá presupuesto 2020
hasta tanto no se resuelva la renegociación del endeudamiento público con el
FMI y los acreedores privados. Así, la deuda aparece entonces como un gran
condicionante de la nueva gestión de gobierno. No es sustentable la deuda bajo
las condiciones actuales y, por ende, nada puede calibrarse a futuro hasta que
no quede claro a cuánto ascenderán y desde cuando los compromisos a cancelar con
los acreedores externos. También existe la hipótesis que ni con postergación de
pagos y años de gracias se pueda solventar el endeudamiento, en buena parte
calificado como “deuda odiosa”, tanto por el deudor que tomó el préstamo a
sabiendas que jamás podría cancelar, como que el acreedor era también consciente
de la situación de impago futuro.
Resulta
interesante seguir al detalle el problema de la deuda pública. Hubo
vencimientos en divisas y en pesos en la primera semana de gestión, los que se “honraron”,
estimándose que ocurrirá lo mismo con los que restan en el 2019 y siguientes
inmediatos del 2020. Aludimos a unos compromisos futuros para el 2020 por unos
35.000 millones de dólares más otro tanto equivalente en pesos, los que podrían
resolverse con emisión de pesos, mal que les pese a los monetaristas, pero no ocurre
así con los vencimientos en divisas. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse la
cancelación de vencimientos, no solo por agotamiento de divisas, sino por la
presión social de atender insatisfechas demandas populares?
Una
de las hipótesis que se consideraba antes de la asunción del Presidente y del
Gabinete, apuntaba a la posibilidad de la suspensión de los pagos, capital e
intereses, por un par de años, o más. El tema era abonado con declaraciones
relativas al “virtual default” de la Argentina, asunto considerado en un documento
presentado por Martín Guzmán en el ámbito de Naciones Unidas en noviembre
pasado. Allí se sostenía la dialéctica entre el crecimiento económico y la
suspensión de los pagos por la deuda, a resolver en un rápido acuerdo entre la
asunción presidencial en diciembre y marzo próximo, algo así como una renegociación
de pagos en 90 días, bajo el imaginario de aceptación de un diagnóstico de
fracaso del plan del FMI con el gobierno de Macri. El FMI y el socio principal,
EEUU, dicen que favorecerán la negociación, aun cuando dudemos que la
burocracia del Fondo aceptará su incompetencia al otorgar un préstamo impagable,
e intentará negociar desde sus posiciones de poder.
Martín
Guzmán actúa ahora como Ministro de Economía y los antecedentes académicos
constituyen una referencia y no necesariamente se compadecen con una política
estatal. Todo indica que la deuda seguirá cancelándose con recursos fiscales o
de reservas internacionales, mientras se procesa la negociación con los
acreedores privados y el FMI. La hipótesis puede apuntar que las demandas
internas pueden resolverse con emisión, aun cuando Guzmán sostuvo que eso
podría afectar los equilibrios macroeconómicos. No hay posibilidad de seguir
pagando deuda en dólares y satisfacer la enorme demanda social insatisfecha.
¿Habrá
default con suspensión unilateral o aceptación de plazos importantes de gracia por
los acreedores, aun antes de renovar las cancelaciones de la deuda?
Claro
que, sin perjuicio del condicionante de la deuda, la urgencia a resolver
deviene de los problemas socioeconómicos generados por la política económica de
estos años y que se concentran en la situación alimentaria y de pobreza, de
empleo, de precios y de ingresos de una parte considerable de la empobrecida
sociedad argentina. Por eso, el trabajo al inicio de la gestión se presenta en
dos direcciones. Una apunta a resolver la urgencia derivada de la pobreza y la
otra, también imperiosa, de renegociar los vencimientos de la deuda, que
imaginamos en sintonía con estudios previos del Ministro y declaraciones en el mismo
sentido del Presidente Alberto Fernández. ¿Podrán atender ambas demandas? La
respuesta supone un gran desafío desde la política que el oficialismo pueda
consensuar ante la demanda social o de los acreedores de la deuda pública.
Presiones cruzadas
Las
respuestas a las primeras declaraciones del oficialismo muestran el juego y los
intereses de sectores contrapuestos, todos desde las expectativas esperanzadas,
que son contradictorias.
Unos,
desde el poder pretenden y aprueban la reactivación económica pensando en
fortalecer la capacidad de obtener ganancias y acumular capital, por lo que
observan con atención las señales en materia fiscal, más precisamente que no
aumente la presión fiscal sobre el capital, la renta o las ganancias, incluso
abren el paraguas de la crítica ante el aumento o reposición de retenciones. En
la cuestión monetaria sostienen el sentido común impuesto de la restricción a
la emisión como mecanismo privilegiado de contención inflacionaria, omitiendo
sus responsabilidades en el establecimiento de los precios. Observan con
esperanza la posibilidad del crédito que actuará en la activación del consumo y
el mercado interno, especialmente un impacto favorable en la tendencia a la
baja de las tasas de interés. Con mesura, o no tanto, seguirán apostando con
presiones a las reformas laborales y previsionales contenidas en el acuerdo con
el FMI, todo con el fin de favorecer inversiones externas e inserción del
capital local en el orden capitalista mundial.
Otros,
la gran mayoría afectada por las antipopulares políticas de la era Macri,
tienen expectativas por inmediatas soluciones en materia de alimentación,
satisfacción de derechos postergados, empleo e ingreso para resolver con
premura cuantiosos problemas económico sociales. La baja de los precios y una
tendencia a la baja de la inflación se inscribe en este sentido. Existe una
gran demanda para que se resuelva la condonación de los intereses derivados del
gran endeudamiento privado por el encarecimiento de las tarifas y las elevadas
tasas confiscatorias de préstamos o tarjetas. Es un problema de familias y de
instituciones sociales populares e incluso innumerables emprendimientos micro y
de pequeños y medianos empresarios y productores. La pobreza cercana al 40%; la
mitad de la población trabajadora con problemas de empleo o ingresos salariales
disminuidos, e incluso jubiladas y jubilados, no solo los de la mínima que son
mayoría, son parte de una multitud que espera respuestas concretas antes de fin
de año, que bajen los precios, más allá de cualquier perspectiva de mediano
plazo que pueda discutirse en un Consejo Económico y Social.
Son
intereses contradictorios que animan y potencian la conflictividad social en la
disputa por el ingreso y la riqueza, más aún con una inflación para el año superior
al 50%, que expresa la lucha por la apropiación de la riqueza social. Son los
pocos con poder los que pueden satisfacer sus aspiraciones en un marco de alta
inflación. La mayoría pierde ante los límites para defender sus derechos e
ingresos. Los jubilados y las jubiladas pretenden mejorar sus alicaídos
ingresos y el poder económico pretende des-indexar los ingresos previsionales y
achatar aún más la pirámide de esos ingresos previsionales. Al mismo tiempo
interviene el poder global, presionando para un alineamiento de la Argentina
con las necesidades del gran capital y sostener el modelo productivo del agro-negocio
y la potencialidad de la energía sustentada en hidrocarburos no convencionales,
caso del yacimiento Vaca Muerta. El pago de la deuda se incluye entre estas
demandas del poder.
Necesidad de transitar otro camino
Estos
últimos aspectos del modelo productivo y de desarrollo interesan porque son la
fuente de ingresos de divisas, necesarios de acumular en la lógica del poder
para la cancelación de la deuda. El interrogante de muchos es si se puede salir
del condicionante de la deuda, lo que supondría acelerar los pasos de una
investigación vía auditoría integral de la misma, con participación popular, no
solo sobre montos y vencimientos, sino sobre responsables y beneficiarios de
cada una de las operaciones realizadas. Claro que mientras se investiga, los
pagos deben suspenderse, algo que ahora aparece sujeto a la renegociación.
La importancia
de suspender pagos apunta a la liberación de fondos para aplicar a modificar
sustancialmente el modelo productivo y de desarrollo, con otras consideraciones
sobre el qué hacer en materia de producción, con quienes hacerlo y cómo
encararlo. No solo relativo a la producción, sino a la distribución del
producto social del trabajo. Es cierto que ello requiere de profundos cambios,
que el poder económico resistirá, pero que son imprescindibles para discutir la
potencialidad de superación de una situación que se define por la fragilidad de
las condiciones de vida de la mayoría de la sociedad.
Ello
supone colocar las prioridades por delante, en un sentido estratégico que
define la opción de la deuda o la satisfacción de derechos conculcados. Cada
vez que se paga la deuda se restan recursos aplicables a otros destinos, no
solo para atender necesidades insatisfechas, sino para estimular nuevas formas
de organización de la actividad económica, más pensadas para resolver problemas
socio económicos de la cotidianeidad que la lógica de la acumulación de las
ganancias que explica el orden capitalista.
Un
nuevo gobierno asumió en la Argentina, con enormes perspectivas de abandonar el
camino que define la ideología de las políticas neoliberales. El interrogante
es si se puede ir a contramano del neoliberalismo, concepción hegemónica del
capitalismo contemporáneo, sin afectar al propio régimen del capital. Mientras
resolvemos la incógnita, las iniciativas confrontadas de los intereses en pugna
en el país pueden ir resolviendo en el camino quien prevalece sobre quién. En
definitiva, es la política en acción, en pugna, en lucha de clases, la que
terminará definiendo el rumbo de la nueva gestión de gobierno en la Argentina.
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2019
[1] Ministerio de Economía, en: https://www.argentina.gob.ar/noticias/martin-guzman-la-tarea-que-me-encomienda-el-presidente-es-trabajar-para-frenar-la-caida
(consultado el 13/12/2019)
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