Hace
tiempo que los sectores hegemónicos de la economía y la política claman por la
REFORMA laboral, o la previsional, o incluso una tributaria, ya que argumentan
sobre esta última que la presión fiscal es muy elevada para el sector inversor y,
por ende, dicen, se desestimulan las inversiones, y que curioso, es el mismo
argumento para modificar la legislación laboral y previsional.
Respecto
de los impuestos, nada explican con relación a la merma de ingresos impositivos
y con qué recursos ellos serán reemplazados para sustentar las necesidades
presupuestarias y satisfacer derechos consagrados. En rigor, ocultan que, a
menor recaudación, la lógica inmediata supone la reducción del gasto público. Dan
por sentado que hay que achicar el Estado, es lo que les gusta decir y
escuchar, y ojo con que alguien venga con alguna idea diferente.
Claro
que podemos imaginar qué tipo de gasto público es el que se apunta para la
reducción. Recordemos que es gasto el pago de intereses de la deuda pública,
tanto como los salarios abonados por el Estado. Son gastos los subsidios a las
empresas, como la afectación de recursos al derecho a la salud o a la
educación.
¿Cuáles
gastos se recortarían en caso de disminuir la presión impositiva o al reducir
la percepción de tributos? Seguro no serán los intereses de la impagable deuda
ni los subsidios a los empresarios. Ni siquiera hablamos del carácter regresivo
del régimen tributario, en general asentado en impuestos al consumo que afectan
a los sectores de menores ingresos de una manera más que proporcional al efecto
sobre personas de altos ingresos.
En
ese sentido, ni hablar de la aplicación del impuesto a las ganancias a los
asalariados, que por definición no perciben ganancias, sino que el salario es
la remuneración por la venta de la fuerza de trabajo. La ganancia es la
retribución al factor productivo “capital”, es decir, al propietario de los
medios de producción. Esas precisiones se omiten a la hora de la discusión.
Reformas
Está
legitimado el discurso de la REFORMA, insistamos, laboral, previsional o
tributaria. Basta que alguien discuta la necesidad de otras dimensiones de la
reforma para que les caigan encima con infinidad de improperios y
descalificaciones.
Hace
poco, Juan Grabois, dirigente político y social, sostuvo la demanda por la “reforma
agraria”, como mecanismo para atender la emergencia alimentaria existente en el
país. Del mismo modo, en otros ámbitos del movimiento territorial popular se reclama
por una “reforma urbana”, al servicio de las necesidades de vivienda popular,
familiar, y en defensa del hábitat en contra del negocio inmobiliario y la especulación.
La
agresividad de la respuesta gubernamental y del poder territorial a Grabois no
se hizo esperar. No solo del sector agrario (Sociedad Rural Argentina, SRA),
sino también industrial, es decir, los dueños más concentrados del poder
económico en la Argentina.
El
Ministro de agricultura y antes presidente de la SRA, Luis Etchevehere le contestó
descalificadoramente y en defensa de la propiedad privada. Se produjo un debate
interesante en las redes sociales, pero sin síntesis posible, entre los
defensores de la propiedad privada (con voz ampliada en los principales medios
de comunicación) y quienes sustentan variantes de reforma agraria.
Los argumentos
anticomunistas brotaron a flor de piel para defender el modelo del agro negocio
en curso, en tanto mecanismo de atracción de divisas en la coyuntura, las que
se apropian privadamente. Nada por cierto sobre los “pueblos fumigados” o los
cambios culturales en el modo de vida cotidiano por el despoblamiento rural que
conlleva las nuevas formas de producción bajo dominio de las transnacionales de
la alimentación y la biogenética.
El
titular de la Fiat Chrysler Argentina (FCA), Cristiano Ratazzi descalificó la
propuesta por decirse desde un lugar “lejano al poder”, o sea impensable e
irrealizable. Habrá que hacerle caso y acumular más poder popular para hacer
efectivas reformas en el sentido que demanda la sociedad excluida y explotada.
No
se concibe la realidad si no es desde la propiedad privada y el orden
capitalista. Señalan que esas ideas “comunistas” atrasan, que eso fracasó, como
si el capitalismo fuera un “éxito”, o incluso las ideas liberales no fueran más
antiguas que el ideario marxista. El ideario clásico sustentado en escuelas de
pensamiento anteriores, datan del Siglo XVII y XVIII, y los neo-clásicos son
contemporáneos a la “crítica de la economía política” formulada por Carlos
Marx.
¿Qué
dirán si la propuesta fuera una reforma financiera? Una reforma que termine con
el régimen financiero inaugurado en 1977 y vigente en el presente con la Ley de
Entidades Financiera impulsada por Martínez de Hoz en tiempos de la genocida
dictadura. Una medida “revolucionaria”, la más revolucionara dijo el
terrateniente devenido en Ministro de la Dictadura y homenajeado en un salón de
la SRA en Palermo.
No solo
hay que modificar la legislación, sino la política financiera, la de las tasas actuales
al 85%, o todos los mecanismos de la especulación en curso, que no es nueva y
remite a una cultura de especulación sembrada en los 70´, abonada en los 90´ y
recreada con fuerza en el cuatrienio macrista.
En
rigor, la dimensión de la reforma financiera remite al crucial problema del
endeudamiento público y el acuerdo con el FMI. Algunos hablan de renegociar y
es bueno interrogarse sobre las posibilidades de rechazar el acuerdo con el
Fondo, exigiendo una investigación en profundidad sobre la deuda en su
conjunto, la nueva desde fines del 2015, pero también la histórica desde
mediados de 1975.
¿Por
qué habrá que dejar sentada la legalidad de un acuerdo que no contempla ni las
formas del organismo internacional, ni respeta las normas bancarias relativas a
no exponer a una entidad de préstamos ante un acreedor con imposibilidad de
cancelación de deudas?
Reivindicar las reformas con perspectivas de
revolución
Dirán
que atrasamos quienes sustentamos ese punto de vista por “otras reformas”, y los
críticos aconsejarán desmentir y/o alejarse de estas posiciones a quienes
disputan el gobierno, ya que no pueden sostener a los actuales “liberales” y,
por ende, pretenden disciplinar al gobierno por llegar. Quieren dictarle el
cómo pensar y cuáles son los límites de las reformas posibles o funcionales al
poder.
Es
triste que algunos convencidos del cambio de gobierno, no los que abandonan el
barco (esos son oportunistas), clamen en el mismo sentido y descrean de las
viejas reformas: la universitaria, la agraria, entre otras muchas de contenido
progresista, e incluso en aquella vieja dinámica de reforma y revolución.
La
reforma agraria fue consigna y bandera de organizaciones rurales y populares,
que ahora se asocian a la demanda por soberanía alimentaria, lo que podría
converger con la reforma energética para la soberanía y el derecho a la
energía; o con la reforma financiera para la soberanía en el manejo de los
dineros de la sociedad.
No
se trata de pianta votos, sino de quienes sustentamos una perspectiva
reformista ´para hacer avanzar un orden de cambios profundos, la forma de
mentar a la revolución.
Algunos
interrogan si es posible razonar en este sentido y bien vale consultar sobre el
contenido del reciente voto en las PASO, impensado hasta hace muy poco. Lo que
parece imposible proponer deviene de un razonamiento estrecho que establece los
límites de lo posible en coincidencia con las expectativas del poder.
Con
tal de no hacer olas solo imaginan que se puede hacer lo que te dejan hacer, lo
que se instala como sentido común desde las clases dominantes, y por eso, no se
termina de debatir en términos de lo que hay que hacer. Por eso queremos
debatir sobre la REFORMA.
En
definitiva, todo queda en solo proponer aquello que se piensa que puede ser
aceptado por los que mandan, salvo quienes se animan a ir más allá en la
crítica y la propuesta de un imaginario que realmente apunte a resolver la insatisfecha
demanda social.
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2019
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