El arranque económico de la
Argentina en 2017 muestra signos de preocupación en la continuidad del alza de
precios y tarifas, junto al mantenimiento de la recesión productiva con impacto
en la persistencia del desempleo, suspensiones y afectación del ingreso
popular.
La situación exacerba las
protestas sociales y el conflicto presente y futuro, con las CTA embarcadas en
definir de común acuerdo un conjunto de reivindicaciones como contenido de un plan
de unidad de acción a refrendar por más de un millar de delegados de todo el
país. En simultáneo, la CGT se bajó del diálogo con el gobierno y empresarios
para convocar a una movilización en marzo y próximo paro general.
Precios
“transparentes”
En febrero comenzó el operativo “precios
transparentes” que suponía una baja de 15 a 20% en los precios de contado,
según la expectativa de la Secretaría de Comercio de la Nación. La realidad
está siendo muy distinta y como la historia demuestra, los precios en general no
tienden a bajar una vez que alcanzan un cierto nivel.
Pocos precios disminuyeron y no
en los porcentuales imaginados por los funcionarios del gobierno. La mayoría de
los precios se mantuvieron e incluso se incrementaron, y ni hablar de la
disparada de los precios financiados en cuotas.
Se pensó en estimular el consumo
y con la decisión asumida puede afectarse aún más la retracción en el consumo.
El encarecimiento del financiamiento desestimula las compras a plazo, y el
mantenimiento o suba de precios al contado coexiste con el menor poder
adquisitivo del ingreso popular, de hecho, la mayoría de la población.
Así, la realidad impone la
continuidad de una tendencia al bajo consumo que recrea las condiciones de
persistencia de la recesión en la coyuntura y afecta la perspectiva de
recuperación económica para para el 2017.
Tarifas
eléctricas
Se anunciaron aumentos en las
tarifas eléctricas en el área metropolitana, Ciudad de Buenos Aires y el
conurbano, pero impactará en todo el país por los costos en origen trasladados a
la cadena de generación, transporte y distribución.
Sostiene el Ministro Aranguren
que aún con estas subas del 61 al 148% entre febrero y abril, no se cubre el
costo y por ende, los aumentos volverán sucesivamente hasta que los precios
sobrepasen el costo y aseguren niveles de ganancias que justifiquen la
inversión privada.
La lógica de mercado se impone
por encima de cualquier consideración al “derecho a la energía” que sustentan
organizaciones sindicales como la Federación de Trabajadores de la Energía,
FeTERA en la CTA Autónoma, y variadas organizaciones que promueven los derechos
sociales al abastecimiento energético.
El aumento de tarifas eléctricas
es parte de la asociación entre la impunidad empresarial y la lógica política
del gobierno Macri.
Las empresas pretenden bajar
salarios y aumentar precios y tarifas. Son medidas contra los trabajadores y
los usuarios, especialmente los de menores ingresos.
Es una lógica que privilegia la
ganancia de las empresas para atraer inversiones al sector energético. Es algo
que queda claro en el conflicto entre la multinacional EDEA S.A. y el Sindicato
de Luz y Fuerza de Mar del Plata.
La organización de trabajadores
objeta el accionar integral de la empresa transnacional a costa de los propios
trabajadores y trabajadoras y el conjunto de usuarios del servicio de
electricidad.
En rigor, desde las
privatizaciones energéticas en los 90´ del siglo pasado existe una concepción
de la energía como mercancía, que compran en el mercado los que tienen
suficiente dinero. Por ello, hace falta instalar en el sentido común otra
concepción que supone la lucha por el derecho a la energía. Resulta una premisa
conceptual para impedir la agresión a los derechos laborales de las/os
trabajadoras/es de la energía y al “derecho a la energía” del conjunto de la
sociedad.
Actualización
salarial
Aumentos de precios y tarifas
explican el deterioro de la capacidad de ingresos populares y habilita
expectativas por las discusiones paritarias entre trabajadores y empresarios.
Es la base para pensar todas las
actualizaciones de ingresos de los sectores más empobrecidos, ya que las
jubilaciones se ajustan con base a estas actualizaciones negociadas en
paritarias, y los planes sociales acompañan limitadamente las actualizaciones
salariales.
Como siempre ocurre, los
docentes anticipan el debate y está asociado al comienzo o no de las clases,
pero también en escena se presenta el conflicto con los bancarios ante el
desconocimiento por parte del Ministerio de Trabajo del acuerdo suscripto entre
las cámaras empresarias y los sindicatos.
El gobierno nacional pretende
desentenderse de las demandas de un piso salarial nacional docente y descarga
la negociación sobre las provincias. Estas requieren asistencia financiera
nacional ante los límites del déficit fiscal provincial y nacional.
Todo augura conflicto, tal como
se expresó en las movilizaciones docentes de este jueves 2 de febrero. En
realidad, la protesta no es solo salarial, sino que apunta al derecho a la
educación, afectado por el proyecto de reforma educativa de privatización de la
educación en el rumbo definido por la lógica mercantilista de carácter neoliberal.
Los bancarios tienen el aval de la
justicia y sostienen la reivindicación de los acuerdos suscriptos con protestas
ante la restricción del Ministro de Trabajo.
Es la protesta explícita la
forma que tienen las/os trabajadoras/es para defenderse de la creciente inflación
de precios y tarifas. Con esa base de movilización y sensibilización a la
sociedad es que ingresan a la discusión paritaria y anticipa la escalada del
conflicto sindical y social.
Desde el gobierno se imaginan un
límite de actualización salarial entre el 17 y 18%, cuando el propio BCRA
mantiene elevadas tasas de interés (24,75%) en las licitaciones de letras,
LEBAC. La entidad monetaria explica que su decisión se sustenta en la
continuidad de las expectativas inflacionarias para el 2017. Estas expectativas
materializadas afectan especialmente a los sectores de menores ingresos.
La respuesta es la lucha social
extendida por la distribución del ingreso, máxime cuando se estima para 2016 una
pérdida de los ingresos populares promedio del 10% de la capacidad de compra.
Ese es el piso a adicionar a la inflación esperada del 2017, probablemente
superior al 20%.
Para imaginar el piso de
recomposición salarial deben adicionarse ambos valores, el 10% resignado en
2016 y el valor esperado de aumento de precios para el 2017, no menor al 20%.
De ahí surge un piso del 30%
para la actualización de ingresos, que si se pretende mejorar, la demanda
estará más cercana al 35% o más, según sea la correlación de fuerzas en la
contradicción entre el trabajo y el capital.
Conflicto
sindical y social
Claro que resulta impensable que
esa lógica argumental sea aceptada por el gobierno o la impunidad empresaria,
lo que aventura protestas y conflictividad creciente para intentar afirmar
derechos sociales conculcados.
La tradición de movilización
sindical en la Argentina con los anuncios de las CTA y ahora de la CGT, puede
habilitar un escenario de mayor conflictividad en un año electoral, donde el
gobierno disputa consenso a su proyecto, por lo que califica de medidas
políticas a esas manifestaciones de protesta.
Es verdad, toda protesta asume carácter
político, en tanto es parte de la disputa del ingreso, antesala para discutir
la distribución de la riqueza, altamente concentrada en nuestro país y en el
mundo.
Buenos
Aires, 3 de febrero de 2017
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