Los datos del crecimiento
argentino desde el 2002 se explican en buena parte por la expansión de la
producción sostenida en alza de los precios internacionales de los productos
primarios de exportación y el efecto de la modernización derivada de las
inversiones externas de años anteriores en los sectores más dinámicos del
sector industrial, especialmente el extranjerizado sector automotriz. Es un
rumbo que define la dependencia de la Argentina al orden capitalista en tiempos
de transnacionalización.
Ahora existe la preocupación de
la desaceleración productiva y la ausencia de divisas para sostener una diversidad
de problemas económicos y se generan propuestas de política económica que
profundizan el rumbo de la dependencia de un modelo productivo de inserción
transnacionalizada que alimenta un patrón consumista para el desarrollo.
Los precios internacionales ya
no presentan la tendencia ascendente de los últimos años y en el blog del FMI sobre
temas económicos de América Latina se sostiene que “Luego de una década de
crecimiento excepcional, los precios de los commodities tocaron techo a
mediados de 2011. Aunque siguen elevados, los precios han caído algo y esto le
puede quitar brillo a las perspectivas económicas de América Latina.”[1]
En el citado artículo y para la
Argentina se destacan precios a futuro entre 2014 y 2019 más parecidos a los
expresados entre 1970 y 2001 que a los del 2002 a 2011. En ese marco se destaca
la retención de la producción en los campos y silobolsas a la espera de nuevas
devaluaciones que compensen la caída de precios de venta. Es un debate sobre el
carácter privado o social del producto agrario, entre los que los mantienen con
fines especulativos y el Estado necesitado del ingreso de divisas. Un debate
adicional es el uso estatal de las divisas, disputadas por los acreedores de
deuda, los importadores y la sociedad con diversidad de demandas socio
económicas.
La desaceleración golpea en el
sector industrial, especialmente en la industria del automotor, con quienes el
gobierno negocia liberación de divisas para importación de partes y facilitar
la producción y comercialización de automotores ante la caída del consumo y la
afectación del empleo. Las automotrices denuncian deudas millonarias por
importaciones de unidades terminadas, insumos y partes componentes que explicitan
el carácter dependiente y subordinado del sector automotriz a la dinámica
transnacional impuesta por las terminales del automotor. Para la Argentina y según
un artículo del diario Página 12[2] “El año pasado las
terminales registraron un rojo comercial de 4 mil millones de dólares, se
acumulan 33 mil millones desde 2003.” En ese contexto desde el oficialismo se
impulsa el consumo individual del transporte automotor.
No solo las automotrices
mantienen ese perfil subordinado de la industria local, más orientada a la
armaduría con dependencia de insumos y partes que a la fabricación de los
tiempos de la industrialización con sustitución de importaciones. El componente
nacional de los autos armados en el país apenas alcanza el 25%, menor a lo que
registra el sector automotor del Brasil. La burguesía local más que “nacional”
confirma su carácter de burguesía importadora, compradora, dependiente y
subordinada a la lógica de la transnacionalización de la economía, con lo cual
resulta imposible asignarle ninguna posibilidad de articular un proyecto
nacional y menos liderarlo con perspectiva para la emancipación. Eso impone la
discusión sobre el modelo productivo en curso, la necesidad de su
transformación y especialmente sobre los sujetos económicos y políticos para
liderar un proceso de producción primario e industrial para la independencia y
la satisfacción soberana de las necesidades populares.
Política
económica en debate
En esas condiciones se transita
la disputa por la orientación de la política económica y la burguesía empuja la
devaluación y variadas formas de subsidios para mejorar la rentabilidad de las
empresas. En ese sentido apuntan las flexibilizaciones al encaje bancario
logradas por la banca para favorecer la venta con tarjetas en 12 cuotas sin
intereses y sostener el alicaído consumo. Por su parte, los trabajadores desde
el conflicto social intentan morigerar el impacto regresivo de las condiciones
de desaceleración y recesión agravadas por una evolución de los precios que
oscila entre el 30 y el 40% según sea la proyección oficial o de otras
mediciones de precios. Vale considerar que no alcanza con luchas defensivas
sobre reivindicaciones democráticas, especialmente el ingreso popular y se
requiere constituirse como sujeto en lucha por un programa de transformaciones
que alejen al país de la dependencia, y por ello, programa anti capitalista y
antiimperialista.
La aprobación de un nuevo canje
de deuda bajo la denominación de “pago soberano” de la nueva ley sostenida con
el voto oficialista y legisladores de cercanía habilita un compás de espera en
la discusión con los bonistas no ingresados a los canjes 2005 y 2010, con
capítulos próximos a fines de septiembre ante un nuevo vencimiento por 200
millones de dólares; la expectativa por la decisión de la Cámara de apelaciones
de Nueva York ante la restricción sobre los 539 millones de dólares depositados
en junio en el Banco Mellon de Nueva York; y los avatares hasta fin de año y el
vencimiento de la cláusula RUFO. La oposición sistémica delegó el costo
potencial de la ley de nueva renegociación en el oficialismo, más dispuesta a
facilitar el pago y la reinserción en el mercado financiero mundial, por lo que
la crítica fue contenido en el seno del Parlamento y no se manifestó en
movilizaciones, algo a lo que recurre el movimiento popular bajo la consigna
“suspensión de pagos e investigación de la deuda”. En ese ámbito no satisface
la conformación de la comisión bicameral investigadora de la deuda con 180 días
de plazo para pronunciarse, pues además de las consideraciones del límite
temporal para investigar, la efectividad de la medida supone la participación
social más allá del parlamento y la suspensión de pagos por la totalidad de la
deuda y liberar recursos para fines alternativos.
En la nueva legislación se
mantiene la prórroga de jurisdicción, ahora con Francia, como si los países
capitalistas desarrollados de Europa garantizaran la soberanía negada en otros
tribunales extra-nacionales. En el mismo sentido, más allá de las buenas
intenciones de cambios en la esfera mundial, poco se puede esperar de la ONU en
materia de soberanía por la cuestión de la deuda, especialmente ante la
hegemonía del capital expresado en los organismos internacionales.
No se trata de proponer
inmovilidad de política exterior, sino de precisar los ámbitos de iniciativa
para un cambio de la correlación de fuerzas a escala mundial y para generar
nuevas relaciones internacionales, más proclives en el orden regional y con agenda
precisa, especialmente en materia financiera y productiva. Ello supone avances
en la conformación de un Banco del Sur para una producción alternativa en
alimentos y energía, dos sectores importantes de las condiciones productivas en
América Latina. No se trata de ser pesimistas sobre el accionar de la
institucionalidad mundial, sino de los límites que el poder del capital impone,
más proclive a impulsar mecanismos de liberalización de la economía que un
orden global favorable a los más vulnerables y necesitados.
El cambio del orden mundial
requiere de proyectos que apunten a la ruptura de la dominación capitalista en
el ámbito local-nacional y local-regional. Por eso es que fracasa todo intento
de nueva arquitectura del poder financiero o económico y convoca a iniciativas
sociales y política de confrontación con el orden establecido, que en materia
de deuda pública sigue remitiendo a una renovada consigna por el No Pago y
claro que no alcanza con no pagar, por eso es que se necesita superar los
límites del modelo productivo que impone el capital transnacional.
Buenos
Aires, 13 de septiembre de 2014
[1]
Bertrand Gruss. América Latina: Creciendo sin la locomotora de los commodities.
En:
[2] Javier
Lewkowicz. Medidas diseñadas para calentar los motores. http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-255248-2014-09-13.html
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