La deuda pública es un gran condicionante


El endeudamiento público creció de manera alarmante durante el gobierno macrista entre 2015 y 2019. Es un tema recurrente desde tiempos de la dictadura genocida y en los noventa, momentos de fuerte crecimiento de la dependencia financiera del país. El propio Macri acaba de reconocer el asunto cuando señala: “Yo les decía, cuidado que yo conozco los mercados. Un día no te prestan más plata y nos vamos a ir a la mierda. Ellos me decían ´no, seguí´”.[1]
¿Qué pensar de estas declaraciones? ¿No era que Macri conducía el mejor equipo en años? ¿Quién conducía, el Presidente o sus Ministros o funcionarios? Aunque pretenda exculparse, el ex Presidente es el principal responsable de una hipoteca que condiciona la política económica, no solo en el presente, sino por muchos años. La deuda es un mecanismo económico de potenciación de los lazos de la dependencia de la Argentina respecto de la hegemonía transnacional en curso del sistema mundial capitalista. Es la hipoteca que favoreció en las últimas décadas las privatizaciones del capital público y la tendencia a una mayor extranjerización de la economía local.
Ahora se discute la renegociación de la deuda con el FMI y con los acreedores privados. Es un tema nacional que también involucra a las provincias. La Provincia de Buenos Aires convocó a sus acreedores a renegociar vencimientos por 250 millones de dólares, como anticipo de renovadas convocatorias que se generalizaran desde el Estado nacional y los Estados provinciales. La cuestión no solo preocupa en el país, sino que involucra a variados personajes e instituciones de un sistema financiero y económico mundial con preocupante presente, con temores de nuevos estallidos de la burbuja financiera. En este sentido intervino Kristalina Giorgieva en su mensaje del 17 de enero pasado, recordando las similitudes con la situación previa a la crisis de 1930.[2]
La deuda pública es impagable, especialmente la asumida en moneda extranjera, y aunque no se mencione la trágica palabra, la Argentina está virtualmente en default (estado de cesación de pagos). No hay aun incumplimientos explícitos, por eso no se habla de default y si de “re-perfilamiento”, pero lo concreto es que no alcanzan las divisas que el país puede obtener para cancelar vencimientos de deuda asumida en moneda extranjera.
Convengamos que hay vencimientos en pesos y otros en divisas. Los primeros se podrían resolver con emisión monetaria o incluso con esfuerzos fiscales de superávit, criterio tan caro a los ajustadores de la corriente principal (liberales de distinta calaña…) en materia económica. Los segundos solo se cancelan con “renovaciones incrementadas del principal o los intereses”, difícil de lograr en la coyuntura; utilizando recursos de reservas internacionales, los que no alcanzan a satisfacer el monto total de las obligaciones aun cuando ya se aprobaron utilizar más de 4.500 millones de dólares según la Ley de solidaridad…; o con el superávit comercial, que está por debajo de las necesidades financieras para cancelar deuda.
Consenso político para suspender y auditar
Se trata de un tema complejo la cuestión de la deuda y qué hacer, lo que acumula mucha letra y opinión en los medios de comunicación, que requiere de consideraciones precisas para la toma de decisiones, que no afecten seriamente las condiciones de vida de la mayoría de una población abrumada por la inflación, la recesión y el deterioro por empobrecimiento de más de un tercio de los habitantes de la Argentina.
Remitimos a un tema político por excelencia que demanda decisiones que deben asumirse por mayoría más allá de la institucionalidad expresada en los poderes del Estado. Lo que se requiere son soluciones que supongan un consenso ampliado en la sociedad para superar un asunto que se arrastra desde tiempos de la genocida dictadura de 1976. No alcanza con la grieta que remite a “pagar o no pagar”, sino a pensar en lo que se propone por un abanico de organizaciones sociales, políticas y personalidades, desde hace mucho tiempo que apunta a “suspender pagos, investigar o auditar, y luego decidir”.
Algunos sostienen la utopía de las disposiciones en ese sentido, sin embargo, lo utópico es creer que la deuda puede ser sostenible. Tampoco vale subordinarse a lógicas de Estado o del partido en el gobierno. La decisión que se asuma trasciende la identidad con el gobierno de turno. Pensar con autonomía puede ayudar a la toma de decisiones y mejorar el vínculo del gobierno con la sociedad.
No se trata solo de investigar-auditar la deuda, sino que se debe esclarecer quienes son los acreedores y las condiciones de los contratos de la deuda, en muchos de los cuales, y de manera creciente se cedió soberanía jurídica, involucrando tribunales extranjeros que habilita el accionar de acreedores especulativos, los llamados “buitres”, que compran a bajo precio y luego pretenden hacerse del 100% de la deuda. Importan los acreedores porque entre otros existen organismos nacionales, caso de títulos de la deuda en poder del Fondo de Sustentabilidad que gestiona el ANSES, o el BCRA o entidades públicas como el Banco de la Nación. También interesa sindicar a los responsables por asumir tamaña hipoteca, para terminar con la impunidad desde la gestión pública con recursos y compromisos que afectan al conjunto de la sociedad.
Las decisiones que se asuman por la deuda de la Administración Central, que eso es lo que se negocia por estas horas en EEUU, en cabeza del Ministro de Economía Martín Guzmán, impactará sobre la diversidad de la deuda exigible por acreedores a los Estados provinciales, e incluso al sector privado de la economía. Los acreedores no solo son tenedores externos de los títulos de la deuda, sino también residentes locales, entre ellos organismos de la importancia de los mencionados ANSES, Banco Central de la República Argentina o BNA. Es un tema a diferenciar y tener en cuenta a la hora de pensar los efectos de cualquiera de las decisiones que se asuman.
Como señalamos, un problema acrecentado en estos años es la cesión de soberanía jurídica, algo que se arrastra desde tiempos de la dictadura genocida. La propia ley de “sostenibilidad de la deuda externa”, en tratamiento parlamentario por estas horas, replica la fórmula favorable a la jurisdicción extranjera. Queda claro que el tratamiento sobre el que hacer con la deuda supone diferenciar jurisdicción local de la externa.
FMI
Un tema delicado lo constituye la relación con el FMI. La Argentina asumió vínculo con el organismo desde 1957 y ahora ostenta el mayor crédito otorgado en la historia del Fondo. El debate con el FMI es preocupante a partir de las mayores cancelaciones que ocurrirán desde 2021, pero supone definiciones políticas que trascienden lo local y que tienen que ser consideradas como parte del debate de inserción internacional del país.
En rigor, existe un debate mundial sobre el FMI y la propia arquitectura financiera del sistema mundial, muy animado en años recientes en debates sustanciados en la UNASUR, la CELAC y con vistas a crear un Banco del Sur, incluso canalizando recursos de reservas internacionales de los países integrantes de esos proyectos para estimular desarrollos productivos alternativos.
Discutir con el FMI supone ampliar la discusión al conjunto del entramado financiero del orden mundial, incluyendo al Banco Mundial, al BID, la CAF y otros ámbitos con los que la Argentina mantiene acuerdos de préstamos, con los que nunca se estuvo en default. El debate trasciende la relación entre deudor y acreedor, para discutir más de fondo los porqués del préstamo, para descubrir las razones políticas de una operación a sabiendas imposible de sustentarse económicamente y por ende “odiosa”.
Muchos afirman que el carácter odioso de una deuda remite a gobiernos de facto, no constitucionales, por lo que niegan la calificación odiosa a la deuda actual. Es odiosa cuando no sirve a los intereses del país y tanto acreedor como deudor son conscientes de la incapacidad de devolución del préstamo. Tanto el FMI, con el poder estadounidense atrás de la decisión eran conscientes que se trataba de un apoyo político a un gobierno que sostenía la política exterior de injerencia en la región, especialmente orientada hacia Venezuela y la disposición sobre sus reservas de petróleo.
Hace falta una campaña nacional e internacional para explicar el carácter odioso de la deuda argentina con el FMI y en ese marco discutir la legalidad e ilegalidad del conjunto de la deuda que avalaba el sí del FMI. No es una tarea solo del gobierno o de las instituciones del poder del Estado, más allá de la mención de la Constitución Nacional a que el tema de la deuda lo debe “arreglar” el poder legislativo. Es una tarea del conjunto social y que requiere de un gran debate más allá de las fronteras nacionales.
Argentina tiene historia con relación al FMI y a la deuda pública y externa, a la cesación de pagos y a las renegociaciones, por lo que el debate debe ser ampliado al conjunto de la sociedad. Es una cuestión de poder que trasciende las cuentas públicas. Es una cuestión de soberanía que puede ayudar al debate mundial sobre el orden vigente ante las expectativas de asistencia a un nuevo tiempo de estallido de la burbuja con las secuelas sociales que ello genera.
Por eso, en lo concreto tiene sentido la campaña por la suspensión de los pagos e investigación de la deuda con participación popular. La profundidad del tema deuda amerita se amplíe la discusión y se involucre a la mayor cantidad de personas, del país y del exterior. La movilización social masiva en Mendoza discutió hace poco desde el interés popular al poder institucional, evidenciado la importancia del poder constituyente cuando asume características. En materia de endeudamiento y por la gravedad del tema, resulta imprescindible el pronunciamiento del soberano.
Buenos Aires, 26 de enero de 2020

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