El producto es igual al ingreso, pero los precios en alza y los salarios en baja dan cuenta de la inequidad en la distribución

 

La inflación preocupa en la Argentina y empieza a aparecer como problema en otros países, especialmente en EEUU.

El registro mensual de la inflación en el país sudamericano equivale a la proyección anual del norteamericano, pero la suba de precios, manifestación de la inflación, supone un problema para la parte mayoritaria de la sociedad que percibe menores ingresos, aquí, allá y donde sea.

Los manuales de economía explican la igualdad entre producto (o valor agregado) e ingreso, entre el flujo real de bienes y servicios, y el flujo nominal, el dinero que se usa para retribuir a los factores de la producción: Tierra, Capital y Trabajo.

El producto no incluye a los medios de producción, solo al valor agregado, que en términos de distribución son la remuneración a la propiedad de la fuerza de trabajo(salarios) y a la propiedad de los medios de producción (ganancias diversas o rentas).

Por eso, con aumento o reducción del “producto”, importa considerar como se distribuye el resultado en materia de “ingresos” de los factores de la producción: renta, ganancia o salario. Los precios expresan la valorización del producto, por lo que la reducción de salarios supone el incremento de la ganancia (incluida las rentas) y viceversa.

En la coyuntura argentina se discute la suba del precio de la carne, hoy por encima del promedio de los alimentos y del conjunto de precios medidos por la estadística oficial. No siempre ocurre así, pero es lo que motiva hoy el conflicto entre las grandes centrales empresarias del agro versus el gobierno, el lockout del campo. La motivación de la respuesta empresaria es la suspensión temporal por 30 días de las exportaciones dispuesta por el gobierno. La réplica del lockout en la comercialización de la carne acontece mientras transcurre la negociación, en un intento de flexibilizar la política oficial y la respuesta empresaria.

El problema es la suba del precio de la carne, la suba de los alimentos y/o de los bienes y servicios de la canasta de consumo, junto a la realidad de una menor capacidad de compra de la mayoría de la población que percibe ingresos fijos. Este debiera ser el problema central en la discusión. Aludimos a los asalariados en relación de dependencia o no, con seguridad social o flexibilizados, precarizados, o simplemente aquellos que obtienen ingresos por trabajos circunstanciales (changas); tanto como jubilados/as, o beneficiarios/as de planes sociales.

Son los perjudicados por el alza de los precios. El “ingreso” se distribuye al conjunto social, es decir, también a los propietarios de medios de producción. Entre estos, a los pocos que monopolizan la gran propiedad de la tierra, o aquellos que concentran como propiedad privada, lo principal de las instalaciones, máquinas, herramientas, materiales y materias primas, elementos necesarios para encarar el proceso de producción. Estos propietarios perciben rentas o ganancias.

Por esto, más allá de la inflación, el crecimiento o la recesión, el “producto” se distribuye como rentas, ganancias o salarios. La renta es del suelo, petrolera, gasífera, financiera; como la ganancia es industrial o comercial, evidenciando dos fuentes de ingresos derivadas de la propiedad de los medios de producción, o de la fuerza de trabajo.

El problema esencial hoy es la suba de precios, sí, pero, sobre todo, la baja de los ingresos populares. Lo que existe es inequidad en la distribución del ingreso, confirmando una tendencia a la desigualdad socioeconómica. La canasta básica total para una familia de 5 integrantes, según el INDEC, requiere de 66.217 pesos al mes.[1]

Pensando en una jornada laboral de 8 horas diarias y por 21 días al mes, se requeriría una retribución del orden de los 395 pesos por hora. Otro cálculo sencillo podría ser el equivalente entre una hora de trabajo y un kg de carne, que podría, según el corte, elevarse a 450/600 pesos por hora. Así calculado, el salario mínimo debiera oscilar entre lo necesario para cubrir la canasta total del INDEC, más de 66.000 pesos y unos 100.000 pesos mensuales. Valores alejados del salario o la jubilación mínima y ni hablar de los planes sociales. Incluso lejos del promedio de los ingresos populares.

¿Quién se defiende de la inflación o le gana a la suba de los precios?

Se defienden los que perciben ingresos superiores, en general los grandes propietarios de los medios de producción. Incluso, aquellos que perciben ingresos fijos que están muy por encima del promedio de los salarios, los gerentes y elencos gerenciales de las grandes empresas.

El aumento de la producción puede favorecer la discusión sobre la apropiación equitativa de los ingresos, aunque no siempre, mientras que la disminución, la recesión, exacerba la lucha por la apropiación de quienes dominan el orden económico desde la propiedad de los medios de producción. Por eso abominan de cualquier política económica que restrinja la apropiación de ganancias o rentas, entre ellas las retenciones.

Un tema adicional a considerar es el destino de la producción de carne o de alimentos, algo que interviene en la distribución del ingreso y en el impacto inflacionario. Es que la exportación porta un precio que es apropiado por el último eslabón de la cadena comercial y productiva, no siempre asociado al productor en origen del bien exportado. El resultado de la exportación es apropiado por el gran acopiador y exportador y no socializa en el colectivo necesario para su producción. Por eso, el precio internacional, ahora en alza, como las commodities en general, supone una defensa en los ingresos de esos grandes productores y exportadores en desmedro del conjunto que produce la riqueza social, incluso en contra de pequeños y medianos empresarios que participan de la cadena de valor de la carne u otras producciones.

Es cierto que existe una menor ingesta de carne vacuna en Argentina. Hay razones culturales en el cambio de la dieta de la población. Por ello, el menor consumo de carnes remite, por ende, a los menores ingresos de la mayoría de la población que percibe ingresos fijos, pero también a razones culturales. Por la misma razón se puede explicar la mayor ingesta de carne vacuna de la población en China. No solo hay razones culturales en el cambio de la dieta alimentaria del gigante asiático, sino también un crecimiento de los ingresos de la población, derivados a su vez de la expansión del producto.

Ese cambio en la dieta o la mejora en la distribución del ingreso es resultado de un objetivo de política económica. La política económica, sea para favorecer un orden social o para modificarlo, es lo que importa, y en general, es lo que no se debate. ¿Por qué en China puede existir una mayor propensión social al consumo de carne vacuna y no en la Argentina? Incluso, para el debate y en términos relativos, que sería lo adecuado, allá o acá.

Un importante comprador de carne argentina es China, país que planifica su economía y el cambio de la dieta alimentaria de su población. Como nadie en el mundo, China ha contribuido a mejorar el ingreso per cápita en su territorio y contribuido globalmente a disminuir la pobreza, se piense lo que se piense en materia política, económica, o cultural, del modelo productivo y de desarrollo chino.

Ese gran comprador estimula la suba de precios de la carne o de la soja, entre otros bienes. En ese marco, los vendedores desde la Argentina o de cualquier país, pretenden cobrar en el mercado interno el precio internacional, en las condiciones de la demanda actual. Por eso sube el precio de las carnes en el mercado local y afecta a los sectores sociales empobrecidos con pérdidas relativas en sus ingresos.

Por eso, defenderse de la inflación supone discutir el modelo productivo y de desarrollo. No se trata de no vender al mercado mundial, sino de planificar la producción y su distribución, en el mercado mundial y en el local, asociado a definiciones estratégicas. La carne y el trigo son esenciales en la dinámica cultural del consumo local, no así de la soja. Por ellos es que se requieren definiciones específicas sobre cada uno de los procesos productivos y de circulación de bienes y servicios, lo que incluye la planificación de la distribución del ingreso y de la riqueza.

¿Bajarán los precios con la suspensión temporaria de las exportaciones de carne vacuna? Difícil responder, y en rigor, habilitó una nueva ronda de negociaciones que no modifican la cuestión de fondo, que remite al régimen de propiedad y dominación. Las patronales pretenden el precio internacional en las ventas locales, y si no, lo más que puedan. La política gubernamental disputa el consenso, en un año electoral de medio turno presidencial. La esencial que remite al modelo productivo y de desarrollo aparece escamoteado en el debate público.

Resulta adecuado defender la vinculación del país con el mercado mundial, pero desde la premisa necesaria de satisfacer la demanda local en una proporción adecuada al tipo de inserción internacional y perspectiva de civilización pretendida. Hace falta un consenso extendido sobre qué producir y para quién, sea en el mercado local o mundial, lo que debe resultar de un debate ampliado en el conjunto social.

Más allá de la inflación

Las retenciones no debieran estar en el eje de las discusiones, sino la necesaria reflexión sobre qué tipo de relaciones económicas se requieren para la sociedad en nuestro tiempo. Igual que las retenciones, el escamoteado debate sobre los tributos tiene el mismo sentido.

¿Quién debe financiar el gasto público y con qué objeto? Los empresarios, especialmente los grandes, tienen como objetivo la ganancia, la que se logra al mayor precio posible y evitando toda contribución al sostenimiento del Estado.

El precio es el “fenómeno” por el que disputan ingresos, y en “esencia”, detrás de los precios está el “valor”. Ese valor, o esa producción de valores está subordinada en el capitalismo a la inversión en origen. Inversiones realizadas con el objetivo de “ganar y acumular”, con el propósito en última instancia de “dominar” y reproducir la lógica capitalista. Al inicio está el dinero acumulado, que comienza un ciclo productivo desde la propiedad de los medios de producción en la contratación de fuerza de trabajo y la creación de más valor (plusvalor o plusvalía). Ese plusvalor es fuente de los ingresos de los propietarios de la tierra, las instalaciones, las maquinarias, los materiales, las herramientas, etc. El objetivo final pasa por las ganancias, la acumulación y la dominación.

La ganancia es ingreso, como la renta del suelo. Ganancia y renta es plusvalía transfigurada, como el interés o la renta financiera. El gran debate es el origen de esa renta, que en la escuela clásica y en la crítica de Marx se concentra en el trabajo como generador de la riqueza, en el trabajo social en general, no solo producto del trabajo directo en la producción de carne, o de soja. Es que buena del trabajo industrial o de servicios es necesario para esas producciones, incluso con poca contratación de fuerza laboral. Entre otros aspectos, aludo a la producción de computadoras, de tecnología, de la química, de las redes e interconexiones de la era digital, entre muchas formas del trabajo social que son necesarias para producir autos, alimentos, o productos de la fantasía, el arte, la literatura, la música o cualquier forma de producción social.

De hecho, lo concreto hoy es la tendencia al crecimiento de los ingresos por renta. Renta financiera y del suelo como eje del capitalismo actual, en donde esa renta proviene de la plusvalía o trabajo no pagado, no solo en un país, sino en el capitalismo mundial.

Volviendo a la inflación, la corriente hegemónica sostiene que los precios suben por la elevada emisión monetaria, omitiendo que el dinero no solo se emite para transacciones, sino también para atesorar o especular, compra de divisas o bonos incluidos. En la coyuntura, el precio de las divisas está contenido y entonces no se puede explicar la inflación por la emisión, cuando parte de esta tiene destino en la especulación más allá del proceso de circulación mercantil. Hace falta discutir estos temas más allá del precio tal o cual, porque lo que se discute es el proceso de producción y circulación, los beneficiarios y perjudicados, y que tipo de Estado se requiere para resolver los problemas de la cotidianeidad de una mayoría empobrecida.

Además, en momentos donde la emergencia sanitaria muta hacia una catástrofe agigantada por la miseria del orden económico, la situación se descarga con crueldad sobre la mayoría empobrecida de la sociedad. En vísperas de la revolución de mayo de 1810 vuelve a demandarse un grito de libertad para una vida adecuada a los tiempos en este transcurrir del primer tercio del Siglo XXI.

Buenos Aires, 24 de mayo de 2021

 

Comparaciones odiosas

 

La emergencia sanitaria por el COVID 19 nos trae sorpresas. El tema no se resuelve aun iniciado el proceso de vacunación y claro, la concentración de las vacunas en los pocos países de gran capacidad económica demora la posibilidad de inmunización de la población mundial.

El tema se agrava en la región latinoamericana y caribeña, una de las más afectadas, que con el 8% de la población planetaria acumula entre 25% y 30% de contagios y fallecimientos, con movilidad de perjuicio en términos relativos.

Brasil es el país de la región más afectado en términos absolutos y por mucho tiempo, Perú encabezó a los afectados por millón de habitante.

Las nuevas oleadas de afectación modifican el mapa de la situación y países que aparecían afuera del radar del virus, sienten el impacto de un modo agresivo y emergen a la cabeza del problema.

Solo a modo de ejemplo veamos la reciente información relativa a contagios y muertes en la región[1]. Uruguay aparece con el mayor impacto de incidencia por muerte COVID19 en las últimas dos semanas, seguido por Paraguay, Argentina, Colombia y Brasil, en ese orden.

Es curioso, porque la política oficial brasileña es “negacionista” del fenómeno pandemia, Argentina aparece preocupado desde el inicio y Uruguay parecía en principio no afectado.

La realidad de la pandemia modifica el tablero y aquellos que parecían inmunes soportan ahora el flagelo, caso uruguayo y quienes profesaban la prevención, Argentina, superan en casos por millón de habitantes al “negacionismo” brasileño.

Por eso aludimos a comparaciones odiosas, de un fenómeno que es global y que no distingue fronteras, solo transitoriamente alguno está mejor que otros.

Las distintas olas de contagios y derivas en fallecidos se convirtieron en un problema de larga duración. Iniciado el fenómeno a fines del 2019, para marzo 2020 fue declarado pandemia. A más de un año y analizando el impacto sanitario y económico, la situación, según varios organismos internacionales, se prolongará casi por un lustro. El horizonte de superación es el 2024 y hay que ver.

Primero se manifestó el virus en China, y aún existen quienes pretenden responsabilizar al país asiático por desencadenar la emergencia sanitaria, pero rápidamente se universalizó, afectando seriamente a Europa y luego a EEUU. En ese trayecto emergió la zona latinoamericana y caribeña como concentración de casos y más recientemente la India.

De poco sirvieron las comparaciones, e incluso China, territorio de origen, aparece hoy con las mejores respuestas integrales de combate al virus y la India, el otro superpoblado país del planeta surge como el territorio de concentración con mayor cantidad de contagios diarios desde la aparición del coronavirus.

Problema mundial de época

Se trata de un problema mundial atravesado por la convergencia múltiple de una crisis civilizatoria. El virus está asociado al modelo productivo del capitalismo contemporáneo, que en el último medio siglo mundializó las relaciones sociales de producción.

La proletarización avanzó en los territorios de mayor población, especialmente China y la India, con un tercio de la población mundial. El primero es territorio de inicio de la manifestación pandémica y el segundo concentra hoy la atención por la magnitud de afectadas/os.

Al mismo tiempo, esas relaciones económicas se expandieron mundialmente extendiendo la iniciativa privada, a contramano del medio siglo previo (1930-1980) que venía privilegiando la intervención estatal con ampliación de derechos sociales.

La privatización de la vida cotidiana afectó derechos sociales adquiridos, especialmente en la salud y la educación. La mercantilización de la vida cotidiana incluye la innovación y el desarrollo científico y tecnológico que en el caso de la “propiedad intelectual” exacerba el individualismo y la búsqueda de rentabilidad privada.

En rigor, si existe algo social es la cultura humana que atraviesa la cotidianeidad. Se adquiere la cualidad humana de modo social. No existe humanidad ni sociedad, por ejemplo, sin lenguaje, más allá de la diversidad de idiomas.

Se trata de un accionar colectivo, social, donde la experiencia humana organiza en la historia la dimensión de lo común, que hoy se manifiesta en la universalización del capitalismo y la propiedad privada, como forma específica de la historia de la humanidad.

En el antecedente está la “no propiedad privada” o si se quiere, la posesión en comunidad, como espejo de un futuro que niegue la negación. A la posesión territorial de los pueblos originarios por siglos, le sucedió la apropiación privada extendida a las relaciones sociales en toda su magnitud con el resultado que hoy sufre la humanidad. Es lo que debemos negar hoy.

Asistimos a un problema global, la pandemia, como parte de otros inconvenientes que sufre la sociedad, como la situación de hambre de casi 900 millones de personas cuando existe producción primaria para abastecer necesidades de 12.000 millones de personas, siendo unos 7.500 los habitantes del planeta.

Es que, ante la crisis energética, buena parte de esa producción se destina a satisfacer el hambre de las máquinas y equipos, antes que la de las personas. Por eso el cambio climático es un derivado directo del modelo productivo y de desarrollo, que cruza la dimensión alimentaria, energética, ambiental, económica, financiera, cultural y política. Una integralidad que aborda al conjunto de la civilización contemporánea.

Hace falta un cambio cultural, que supongo un retorno a lo común, a lo comunitario, en contra y más allá del individualismo construido por siglos.

No se trata de ver qué país gestiona mejor la pandemia, sino como la sociedad confronta el fenómeno pandémico con la esencia del orden social que se manifiesta en esta agresión a la vida de la humanidad y de la propia Naturaleza.

Buenos Aires, 19 de mayo de 2021

Las retenciones en la distribución del ingreso (Una versión publicada en BAE, en: https://www.baenegocios.com/columnistas/Las-retenciones-en-la-distribucion-del-ingreso-20210518-0190.html

 

Reaparece la discusión sobre las retenciones a las exportaciones de bienes, ahora a propósito de la suspensión por 30 días de las ventas de carne al exterior. Si la medida no tiene resultados inmediatos podría acudirse al alza de las retenciones. El fenómeno es la suba de los precios, con la carne por encima de los alimentos y de estos sobre el promedio general.

Además, la carne es un consumo importante en la dieta cotidiana de la familia argentina que, en baja en los últimos tiempos por cambios culturales de la ingesta alimentaria, se agrava por la reducción de los salarios e ingresos populares, jubilaciones y beneficios sociales.

Favorecer el consumo popular de la carne es lo que motiva el anuncio de la suspensión de las exportaciones y el aviso que podrían aumentarse las retenciones.

La respuesta anunciada es el lockout de las centrales empresarias que representan a los propietarios de medidos de producción del agro en la argentina, los que perciben los beneficios del modelo asociado al agro negocio de exportación.

En esencia, lo que se discute es quien se apropia del trabajo social, en rigor, no solo del sector primario, sino del generado por el conjunto del aparato productivo, especialmente en un momento de la economía mundial donde crecen los precios de los productos exportados por el país.

Los propietarios de la tierra y demás medios de producción sostienen que el bien producido les pertenece y por ende son destinatarios finales del ingreso por ventas a precios internacionales, que también pretenden lograr en las ventas en el mercado local.

Existe una circunstancia especial y se deriva del gran comprador de carne que es China en pleno proceso expansivo de sus compras internacionales para satisfacer la demanda de consumo de su población. Eso interviene en la suba de los precios, sin perjuicio de los insumos necesarios para producir carne, como suba de tarifas, combustibles, etc.

Sin embargo, no solo hace falta capital, medios de producción, para producir, sino y especialmente fuerza de trabajo. Por eso, desde el origen de la ciencia, la economía política definió la ley del valor-trabajo como fuente del valor y con ello, de los precios.

De ahí proviene la explicación teórica de la lucha por la apropiación del ingreso entre propietarios de medios de producción y los de la fuerza de trabajo, denominada la puja distributiva. El Estado intenta mediar en esa puja y por eso aparecen las herramientas de recaudación, entre ellas, impuestos y retenciones.

Se discute si es una medida política, y sí, lo es, en tanto se intenta morigerar la capacidad de apropiar ingresos por el propietario del capital. La vía de las retenciones o los tributos constituye un mecanismo de redistribución social de una ventaja que otorga la propiedad. Claro que también podría ser la inversa y por eso el reclamo de los inversores por reducir la presión impositiva.

¿Podría existir alguna otra herramienta? En otros tiempos se ensayaron las Juntas Reguladoras, lo que supone la intervención estatal en la mediación entre la producción y la circulación local y mundial. Pero también se pueden ensayar nuevas formas de organización de la producción para privilegiar el consumo de la población, especialmente si se trata de alimentos en un país con la mitad de su gente bajo la pobreza.

Buenos Aires, 18 de mayo de 2021

Nota publicada en Página12 ¿Vuelve la inflación en EEUU? en: https://www.pagina12.com.ar/342243-vuelve-la-inflacion-a-los-ee-uu

 Enlace a la Nota en el sitio de Página12 en: https://www.pagina12.com.ar/342243-vuelve-la-inflacion-a-los-ee-uu 

¿Vuelve la inflación a EEUU?

Por Julio C. Gambina[1]

Saltó la vos de alarma con el registro de suba de precios para abril del presente año. El dato informado es del 0,8% mensual, que anualizado supone una aceleración de precios al 4,2%. Una alarma se enciende, aunque es un resultado previsible que la Reserva Federal (FED) viene anunciando desde agosto del 2020, cuando su titular, Jerome Powell, anunció el fin de una política de cuatro décadas de combate a la “estanflación”. Esa política, inaugurada en la gestión de Ronald Reagan, iniciaba el tiempo de las políticas neoliberales en EEUU, y de hecho en el ámbito mundial, especialmente con la ruptura de la bipolaridad al comienzo de la década del 90. La FED anticipaba la crisis de las políticas neoliberales que hoy se reconocen en los diagnósticos de los organismos internacionales y los principales analistas de la economía mundial.

Junto con la inflación, la gran preocupación en la FED es el “el empleo”, que viene muy por detrás del rebote económico de la segunda mitad del 2020 y del 2021. Podemos leer en el sitio de la FED una opinión autorizada señalando que “…después de observar los detalles del decepcionante informe de empleo del viernes, las perspectivas a corto plazo para el mercado laboral parecen ser más inciertas que las perspectivas para la actividad económica. El empleo permanece 8.2 millones por debajo de su pico pre pandémico, y la tasa de desempleo real ajustada por participación está más cerca del 8.9…”. Sostiene el directivo de la FED que “Al ritmo reciente de aumento de la nómina (aproximadamente 500.000 por mes durante los últimos tres meses), se necesitaría hasta agosto de 2022 para restaurar el empleo a su nivel anterior a la pandemia.” Destaca que “Las lecturas sobre la inflación año tras año han aumentado recientemente y es probable que aumenten algo más antes de moderarse a finales de este año.” Agrega que la FED sostiene el objetivo del 2%, reconociendo la volatilidad en el mediano plazo hacia el 2023.[2]

Al mismo tiempo, a comienzos de mes, el titular de la FED señaló: “Si bien la recuperación está cobrando fuerza, ha sido más lenta para quienes tienen trabajos peor pagados: casi el 20 por ciento de los trabajadores que estaban en el cuartil de ingresos más bajo en febrero de 2020 no estaban empleados un año después, en comparación con el 6 por ciento de los trabajadores en el cuartil más alto.” Luego anticipa resultados de una investigación en curso, enfatizando que “…para los adultos en edad productiva sin una licenciatura, el 20 por ciento registró despidos en 2020 frente al 12 por ciento de los trabajadores con educación universitaria.” Agrega que “más del 20 por ciento de los trabajadores negros e hispanos en edad de trabajar fueron despedidos en comparación con el 14 por ciento de los trabajadores blancos durante el mismo período.” En el discurso señala el mayor perjuicio para las pymes con propietarios de origen asiático, negros e hispanos; destacando el mayor perjuicio para las mujeres negras e hispanas.[3]

La presión inflacionaria en EEUU hace previsible la suba de las tasas de interés, algo que preocupa a los países endeudados, pero también a las empresas y familias más allá de ese país, ya que los préstamos fueron obtenidos a tasas variables. Hay que verificar que, en simultáneo a la pandemia, la deuda de países, familias y empresas creció de manera importante y los cambios en la situación económica estadounidense afecta a una creciente población fuertemente endeudada en el mundo. Con la suba de precios se debilita el dólar y el proceso de valorización financiera de las empresas tecnológicas, a la cabeza de los beneficios y la valorización de capitales en el mercado global. El impacto afecta al mercado financiero y enciende alarmas sobre potenciales explosiones de la burbuja financiera sostenida con inmensa emisión monetaria y de deuda pública de los principales países del capitalismo desarrollado. Al tiempo que se debilita el dólar, suben los precios internacionales de las materias primas, caso del trigo, la soja, el maíz, o el petróleo, lo que es leído con entusiasmo por los países productores y exportadores, claro que al mismo tiempo alimenta ingresos concentrados con destino especulativo en el ahorro de divisas, induciendo nuevas burbujas y estimulando procesos inflacionarios que se propagan en el ámbito mundial.

Buenos Aires, 13 de mayo de 2021



[1] Doctor en ciencias Sociales de la UBA. Profesor titular de Economía Política en la UNR. Integra la Junta Directiva de la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Economía Política y Pensamiento Crítico, SEPLA

[2] Richard H. Clarida, Vicepresidente de la FED. “Perspectivas económicas y política monetaria de EE. UU.”, 12 de mayo de 2021. En el "Simposio Internacional NABE: Una Visión de la Economía Post COVID", Washington, DC (vía webcast), en: https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/clarida20210512a.htm

[3] Jerome H. Powell, Presidente de la FED. En la "Conferencia de Economía Justa de 2021" patrocinada por la Coalición Nacional de Reinversión Comunitaria, Washington, DC (vía webcast), 03 de mayo de 2021, en: https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/powell20210503a.htm


Lenguaje e ideología en Economía Política

 

Es normal que el lenguaje vaya cambiando, incluso que a ciertos procesos se los vuelva a nominar, según la hegemonía o el interés de cada momento.

De hecho, la disciplina científica, surgió como Economía Política para luego mutar con la eliminación del apellido, más cercana a definir una técnica de negocios que una ciencia social.

Allá por los 50/70 del siglo pasado se instaló un debate en torno a la categoría asignada a los países que no definían el rumbo del orden económico.

Se discutía el “desarrollo”, más precisamente el “desarrollo capitalista”, en confrontación con las nuevas expectativas inspiradas en la revolución rusa y el surgimiento del bloque socialista luego de 1945.

En el fondo, luego de la segunda guerra y hacia mitad del siglo, instalada la bipolaridad del sistema mundial, aparecerá una caracterización que situaba a los países dentro de un mundo o de otro, incluso en una tercera posición, que se orientaba hacia el primero o el segundo mundo. Hoy perdió sentido la nominación por el “tercer mundo”.

América Latina y el Caribe fue territorio de privilegio de esas discusiones, especialmente con la emergencia de la revolución cubana desde 1959. Es un proceso que también aparecerá en Asia con la revolución china de 1949 y en África, especialmente bajo el fenómeno de la descolonización.

El debate se concentraba en si eran países “atrasados”, “subdesarrollados”, “en vías de desarrollo”, “en desarrollo” o “dependientes”. Detrás de esas nominaciones se desplegaban concepciones teóricas.

No era lo mismo en la teoría del desarrollo, superar la situación siguiendo las recetas de los países “desarrollados”, sustentadas por Rostow y su “modelo de crecimiento”; que encarar otra estrategia para satisfacer las necesidades históricas de los pueblos.

Es más, parte del debate se centrará en que crecimiento no es lo mismo que desarrollo y se habilitarán nuevas categorías, como la del “desarrollo integrado”, que además del crecimiento suponía satisfacción de necesidades sociales integrales para el conjunto de la población.

Se trataba de una propuesta convergente con una lógica keynesiana de resolver la demanda de inversoras/es (ganancias) y de trabajadoras/es (salarios), propuesta favorecida por el Estado del bienestar (seguridad social y gratuidad en salud, educación y otros derechos).

Rostow promoverá su modelo de crecimiento, inspirador de la lógica desarrollista del capitalismo atrasado, siguiendo el ejemplo superador de etapas históricas por las que había transcurrido la historia económica de los países capitalistas avanzados.

La crítica no se hizo esperar y desde diferentes corrientes de pensamiento confrontaron la tesis sustentada.

Por un lado, se destaca la tesis del estructuralismo, desde la CEPAL, liderada por Raúl Prebisch y la concepción de Centro y Periferia, en el sentido que unos existen por la razón de la forma de existencia de los otros.

Desde otro lugar, los teóricos de la dependencia, que en sus variantes y en polémica sostenían que aún con dependencia podía existir desarrollo capitalista (Fernando Henrique Cardoso, Enzo Faletto) y quienes fundamentaban desde el marxismo que el capitalismo perpetuaba la condición de la dependencia (Theotonio dos Santos, Vania Bambirra, Rui Mauro Marini, Orlando Caputo, entre otros).

Las distintas caracterizaciones suponían estrategias sobre el devenir, en el marco del capitalismo o en contra y más allá del régimen del capital. Eran los debates de los 60/70 con cierto trasfondo de conflicto social y lucha relativa al orden social en cada país, en la región y en el mundo.

Neoliberales y emergentes

Aquel tiempo trocó en la ofensiva capitalista inaugurada con las dictaduras genocidas de los setenta. Con ellas se inauguró la época del neoliberalismo y el aliento a la libre circulación y al movimiento de capitales internacionales. La transnacionalización es la nota del momento histórico contemporáneo.

El lenguaje cambió y ya no se discutirá en la clave de los 50/70, sino que aparecerá la categoría de “países emergentes”.

Se trata de una denominación, por lo menos confusa, definida por grandes inversores internacionales. Para ellos, estos países emergen como destino de las inversiones internacionales. La ganancia del inversor está en el centro de la preocupación.

Así, entre los principales emergentes figuraran China, India, Brasil; países con numerosa población empobrecida y salarios bajos; baratos para la radicación de inversiones productivas.

Las estadísticas señalan que con las “modernizaciones” del último medio siglo, la orientación de las inversiones directas privilegiaron aquellos países (mercados) que emergían.

Por eso creció mucho y se industrializo China, hasta ser recientemente calificada como primera productora fabril mundial; disputando hegemonía a EEUU, quien sigue siendo potencia hegemónica en el sistema mundial por el peso del dólar, el poder militar e ideológico, vía Hollywood o de las nuevas plataformas del entretenimiento, entre ellas, Netflix.

Antes se decía país atrasado, subdesarrollado, en desarrollo, o dependiente; todo un debate entre los 50 y los 70; con consecuencias más que interesantes relativas a estrategias subordinadas al imperialismo, o alternativas, incluso insurgentes.

Lo que definía las estrategias políticas eran la continuidad bajo el desarrollo capitalista o la posibilidad de la independencia y un desarrollo alternativo al capitalismo.

En el presente, bajo la denominación de “emergentes”, todo se reduce a la captación de inversores externos, lo que requiere ofrecer ventajas a esos inversores. Los inversores buscan reducir el costo de producción, especialmente el laboral. Por ello la presión en curso por reformas laborales o previsionales.

Definir como emergentes a los países, supone reducirlos a captores de capitales en busca de rentabilidad. Es un endulzante, no solo del lenguaje; sino una licuación de una caracterización histórica para superar la dependencia y el capitalismo, que aleja cualquier perspectiva de emancipación.

Buenos Aires, 15 de mayo de 2021

¿Qué política económica para la Argentina?

Está abierta la interna del frente en el gobierno, nada menos que en el área de la economía. Se discute al ministro, pero especialmente la política económica, el qué hacer, con las tarifas, con la deuda y las reservas, con la inflación, la pobreza y la desigualdad. Incluso, el problema está en cómo seguir y si privilegiar la disputa del consenso de los sectores populares o acordar con el poder, en especial con el FMI. De hecho, la oposición mayoritaria, de derecha (macrista), también cuestiona la orientación, del mismo modo y en el mismo sentido que los sectores más concentrados del poder económico. Estos protestaron oportunamente por el impuesto a las grandes fortunas y obvio, pusieron el grito en el cielo y opusieron resistencia en las calles cuando reaparecieron las retenciones al comercio exterior o cuando se habló de expropiar a Vicentin.

También comienza a subir la voz de la crítica social por el impacto regresivo del ajuste sobre los ingresos populares (salarios, jubilaciones, planes sociales) en un marco de suba de precios muy alejado de la contención ilusoria del presupuesto oficial. Lo real es que el consenso popular tambalea ante expectativas no satisfechas, más aún con organizaciones sindicales y sociales que contienen la conflictividad. Es el caso de la insuficiente actualización del salario mínimo vital y móvil, muy alejado de las necesidades de ingresos adecuados, y avalado por las centrales sindicales asociadas al proyecto gobernante. Pero también en la inducción a no movilizarse a organizaciones populares que demandan alimentos o ingresos, con el argumento de la pandemia. Hay una importante presión por incrementar el “gasto covid” ante la continuidad de la emergencia sanitaria y económica.

Se trata de un debate interesante que remite a la continuidad estructural del orden económico social o a su transformación, que no solo alude a la distribución del ingreso o de la riqueza, sino a la reestructuración de las relaciones sociales de producción, afectando el régimen de propiedad de los medios de producción y del poder. La discusión trasciende las motivaciones al interior del gobierno y las oposiciones diversas, y aparece como una necesidad política social en tiempos de emergencia sanitaria, económica, incluso civilizatoria que afecta a la humanidad. Nuestro tiempo convoca a recrear expectativas por soluciones de la vida social y natural, amenazadas por el régimen de explotación y saqueo con eje en la ganancia y la acumulación para la dominación de pocas/os sobre muchas/os. Al mismo tiempo, la perspectiva debe trascender lo inmediato reivindicativo y convoca a pensar sobre lo estructural del orden económico y social.

La palabra ministerial al comienzo de la gestión era “tranquilizar la economía”, lo que suponía “arreglar” en principio el problema de la deuda pública y la concentración de vencimientos hacia el 2023. De ningún modo resolverlo, sino negociarlo, o sea, postergar los vencimientos hasta después del mandato. Un tema dificultado ahora, especialmente con el FMI, indispuesto a resignar condicionamientos y plazos de recupero de su “odioso” préstamo del 2018, nada menos que por 45.000 millones de dólares. La negociación se imaginaba para generar condiciones que contuvieran la inflación elevada y retomar la senda del crecimiento económico. Claro que no se trataba de modificar estructuralmente el modelo productivo y de desarrollo históricamente construido en las últimas décadas. Ni la inflación ni el crecimiento está resuelto, menos la satisfacción de necesidades postergadas de sectores vulnerables, que involucra a la mitad de la población.

No solo por efecto de la pandemia, la “tranquilidad” no solo se esfumó, sino que desapareció del léxico ministerial, que ahora recibe fuego de la propia trinchera oficial. Hay rebote de la economía, sí, pero insuficiente para recuperar la caída económica del 2020 y lo acumulado en tres de los cuatro años del gobierno Macri. Además, la perspectiva a futuro supone una ralentización de la evolución económica, en rigor, un diagnóstico de los organismos internacionales para la economía local, regional y mundial. Por eso preocupa la situación de pobreza que sufre la mitad de la población, agravada para los menores. No llama la atención y resulta lógico ese resultado luego de caída de los ingresos populares, la precariedad laboral incentivada por el “trabajo remoto” o “a distancia”, lo que agrava la condición laboral de pobres y especialmente de las mujeres.

Alimentos y empleo como prioridad

Es grave la evolución de los precios, especialmente sobre alimentos, motorizado por la suba de los precios internacionales de exportación, ahora del maíz, pero muy especialmente por la disputa de poder y apropiación de riqueza socialmente generada de las transnacionales que dominan el modelo productivo del agro negocio de exportación. Toda la estructura de poder es base sustancial del aumento de precios en el país. No se logra contener la voracidad del poder económico en tanto no se modifica una política que consolida un modelo de producción que inserta de manera subordinada a la Argentina en la lógica de la transnacionalización y la extranjerización. Los grandes perdedores se consolidan entre la mayoría de la población empobrecida, la que transfiere de manera recurrente ingresos a la cúpula concentrada del empresariado privado.

La necesidad política apunta a una orientación a contramano de la lógica estructural construida desde 1975/76, que explica el orden económico actual de la sociedad argentina. La deuda pública es un eje condicionante en ese sentido, por lo que, sin denunciar el carácter ilegal, ilegitimo y odioso, especialmente de aquella contraída con el FMI, será imposible superar las trabas existentes que impiden soluciones sociales extendidas. Por eso debe impulsarse la suspensión de los pagos de la deuda al tiempo que se organiza una auditoria con participación popular para dictaminar sobre la legitimidad o no de la deuda. Es una asignatura pendiente del tiempo constitucional, que nunca abordó a fondo el problema y solo atinó a postergar soluciones, y con ello, sostener una continuidad en la cancelación de intereses y capitales, restando capacidad de atender la necesidad social.

Ese es el punto de partida, y en simultáneo, se debe encarar una solución al problema del hambre, con fuentes de empleo y mecanismos autogestionarios de producción y circulación, con acceso a la tierra y a la necesaria asistencia tecnológica y financiera para modificar sustancialmente el modelo productivo. Se requieren propuestas de fondo, a contramano de una lógica económica que profundiza la desigualdad y por ello, desandar lo construido por décadas y levantar una propuesta de soberanía, alimentaria, energética, financiera, con privilegio a resolver las insatisfacciones sociales. En ese camino se debió aprovechar el vencimiento de la licitación del río Paraná, mal llamado “hidrovía”, como punta de partida de una reestructuración productiva que ponga fin a las privatizaciones de los noventa del siglo pasado y repiense el modo de producción en el país.

Se trata de revertir una lógica productiva construida en el último cuarto del siglo XX, Consenso de Washington mediante en los noventa, y recreado en parte importante de la conciencia social como “sentido común”, desarrollado desde los medios de comunicación. Hay que atender el fenómeno que explica en todo el ámbito mundial el crecimiento de la propuesta política de la derecha.

La polémica de estas horas atraviesa al frente en el gobierno y más allá, en el marco de pandemia, de la crisis ambiental y una sensación que “algo debe cambiarse” para no agotar la vida social y natural, con el eje en resolver las más amplias necesidades sociales de la población. Hace falta un debate sobre el rumbo, con precisión de objetivos socioeconómicos para frenar el retroceso social construido por décadas. En definitiva, un proceso de construcción de política y subjetividad de carácter alternativo.

Buenos Aires, 8 de mayo de 2021

¿Quién debe financiar al Estado?

 

El presidente de EEUU habilitó un debate sobre el financiamiento del Estado al presentar en el Congreso de su país el "Plan de Familias Estadounidenses", con un costo de 1,8 billones de dólares.

La salud y la educación aparecen privilegiados en el discurso, tanto como la recuperación del empleo. Aunque vale señalar que todo se argumenta en función de retomar el liderazgo mundial, desafiado por China, por lo que importa el crecimiento económico, el restablecimiento del empleo y la capacidad de acción del Estado estadounidense.

Por ello, discutir el financiamiento estatal resulta estratégico, especialmente si se analizan los objetivos de cada Estado Nación.

Resulta de interés leer con detenimiento el discurso sobre el estado de la Nación ante el Congreso, a 100 días de su mandato, porque Biden explicita la crisis heredada, no solo por el COVID, y el problema que supone para EEUU la amenaza sobre el liderazgo internacional.

En ese marco es que pone en primer lugar la disputa del consenso interno de la población para intentar recomponer el imaginario colectivo que le permita a EEUU disputar la primacía mundial.

Por eso, existe un mensaje directo hacia China, pero también hacia Rusia, Irán o Corea y con ello, la justificación del gasto y el despliegue militar, tanto como el involucramiento del país en los debates contemporáneos, especialmente el cambio climático.

Si para Trump la consigna el “América Primero”, para Biden es “EEUU está de vuelta”. La pretensión imperial se desnuda con toda crudeza en el discurso presidencial ante el Congreso.

Todos esos propósitos requieren de financiamiento y no solo se trata de cheques para alimentos o alquiler, jardines maternales, escuelas, universidades o hospitales, sino para sustentar la hegemonía en el sistema mundial.

El interrogante es la fuente del financiamiento, y aun cuando es conocido el crecimiento de la emisión monetaria y de la deuda pública, Biden se concentró en el régimen tributario.

Señaló que “podemos hacerlo sin aumentar el déficit”, que no impondrá “ningún aumento de impuestos a las personas que ganan menos de 400.000 dólares. Pero es hora de que las empresas estadounidenses y el 1 % más acaudalado de los estadounidenses empiecen a pagar su parte justa. Sólo su parte justa.”[1]

Es una definición contundente en réplica al discurso y práctica de reducción de impuestos a los más ricos instaurado por la gestión republicana de Trump.

Al mismo tiempo denunció la elevada evasión impositiva del capital más concentrado, indicando que “Un estudio reciente muestra que 55 de las mayores corporaciones del país no pagaron impuestos federales el año pasado. Esas 55 corporaciones obtuvieron más de 40.000 millones de dólares de ganancias.”

El mensaje denuncia la evasión de impuestos en “paraísos fiscales en Suiza, Bermudas y las Islas Caimán”, obviando, claro está, los propios instalados en territorio estadounidense.

Desde esa argumentación sustentó la necesidad de “reformar el impuesto de sociedades para que paguen lo que les corresponde y ayuden a pagar las inversiones públicas”. Para ello se propone elevar la carga tributaria del “1 % de los estadounidenses más acaudalados, los que ganan más de 400.000 dólares o más, hasta donde estaba cuando George W. Bush era presidente, cuando empezó, el 39,6 %.”

Agregó que “sólo vamos a afectar a tres décimos del 1 % de todos los estadounidenses.”

Polemizó con el relato que enuncia que con la baja de impuestos a los más ricos se “generaría un gran crecimiento económico”, para luego enfatizar que ello desfinanció al Estado agravando el déficit fiscal y solo sirvió para “una enorme ganancia inesperada para las corporaciones estadounidenses y los que están en la cima.”

Ejemplificó sus dichos con la referencia de que “los directores ejecutivos ganan 320 veces lo que gana el trabajador medio de su empresa”, cuando antes estaba por debajo de 100. Señaló que “La pandemia sólo ha empeorado las cosas. 20 millones de estadounidenses perdieron su empleo” y en contrapartida “650 personas aumentaron su riqueza en más de 1 billón de dólares durante esta pandemia. Y ahora tienen más de 4 billones de dólares.”

Interesante escuchar de boca del titular del ejecutivo estadounidense que el gasto fiscal debe sustentarse con aportes de los más ricos. Es algo que debiera instalarse en el debate de los países con menor desarrollo relativo, remisos a gravar la renta del capital concentrado.

Es importante destacar que no se trata de resolver las inequidades del mundo actual, sino de sustentar las bases materiales y de conciencia social estadounidense para mantener la hegemonía y la dominación en el capitalismo contemporáneo.

Por eso, resulta de interés el reciente análisis de Michael Roberts[2], marxista británico, quien describe el aumento de la desigualdad, no solo de ingresos, sino que es aún mayor en términos de distribución de la riqueza.

Al respecto destaca que “El 1% más rico de los hogares estadounidenses ahora posee el 53% de todas las acciones y fondos mutuos en poder de los hogares estadounidenses. ¡El 10% más rico posee el 87%! La mitad de los hogares estadounidenses tienen poco o ningún activo financiero; de hecho, están endeudados. Y esa desigualdad ha ido en aumento en los últimos 30 años.”

Sostiene Michael Roberts que el tema se agrava en las naciones más pobres del mundo. Ejemplifica con Sudáfrica, en donde la situación empeoró desde el fin del régimen del apartheid. “Hoy en día, el 10% superior posee aproximadamente el 85% de la riqueza total y el 0,1% superior posee cerca de un tercio.”

Claro que el problema, dice Roberts, más que los impuestos a la renta o a la riqueza, la cuestión de fondo continúa siendo “la concentración de los medios de producción y las finanzas en manos de unos pocos” y concluye que “debido a que esa estructura de propiedad permanece intacta, cualquier aumento de los impuestos sobre la riqueza no llegará a cambiar irreversiblemente la distribución de la riqueza y la renta en las sociedades modernas.”

Como indicamos al comienzo, Biden habilita un debate sobre quién debe financiar al Estado, al tiempo que nos invita a discutir medidas de fondo para socializar la riqueza producida colectivamente por el trabajo social.

Buenos Aires, 4 de mayo de 2021

 



[1] La Casa Blanca. Declaraciones del Presidente Biden Durante Sesión Conjunta del Congreso, 29 DE ABRIL DE 2021, en: https://www.whitehouse.gov/es/prensa/discursos-presidenciales/2021/04/29/declaraciones-del-presidente-biden-durante-sesion-conjunta-del-congreso/

[2] Michael Roberts. “Desigualdad de Riqueza” del 2 de mayo del 2021, en: https://thenextrecession.wordpress.com/