Debates sobre la deuda pública en Argentina

Argentina recibió esta semana los Derechos Especiales de Giro (DEG) por el equivalente de 4.355 millones de dólares, los que probablemente se utilicen para cancelar vencimientos de deuda del 2021, especialmente con el FMI por 3.800 millones de dólares. El resto contribuirá para cancelar vencimientos con el Club de París. Desde la Asamblea por la suspensión de los pagos de la deuda y la auditoria con participación popular se organizaron movilizaciones diversas en varios puntos del país, para intervenir con opinión crítica al consenso por la reestructuración y el pago. El FMI emite los Derechos Especiales de Giro, DEG, ante la gravedad de la situación económica mundial. En efecto, la primera emisión se decide en 1969 y alcanza entre 1970 y 1972 a los 9.300 millones, y está asociada al sistema monetario mundial dominado por el dólar y su relación con el oro, tal como había surgido de los acuerdos de Bretton Woods en 1944. Para fines de los sesenta se asistía a tiempos de límites a la gran expansión capitalista luego de finalizada la segunda guerra mundial. Los “treinta gloriosos” que remiten a la gran expansión de la economía mundial se extienden entre 1945 y 1975. Estaba llegando al final el acuerdo monetario de posguerra (1944) cuando en 1971, de manera unilateral, EEUU desarmó el acuerdo explicitando la crisis de los 60/70. Los DEG dejaron de expresarse en dólares y pasaron a referenciarse en una canasta de monedas. Emergía por entonces el ensayo neoliberal con las dictaduras del Sur de América y a fines de esa década del 70´ y comienzos de los 80´, ya con neoliberalismo en Gran Bretaña y EEUU, el FMI emitió entre 1979 y 1981 unos 12.100 millones de DEG para asistir los problemas de balanza de pagos de los países miembros. La crisis mundial del 2007/09 convocó a dos nuevas emisiones, una especial por 21.500 millones y otra por 161.300 millones de DEG. Ante la emergencia de China en la escena mundial, la canasta de monedas de referencia incluyó al yuan (10.92%), sumándose así al euro (30,93%), al yen (8.33%), a la libra esterlina (8.09%) y a la moneda dominante, el dólar estadounidense (41,73%). Así, las emisiones totalizaron un stock de 201.204 millones de DEG, equivalentes a 293.000 millones de dólares estadounidenses. Cada crisis mundial elevó considerablemente las emisiones de DEG para sostener el orden capitalista. Vale recordar que los DEG no son una moneda sino un activo canjeable por las monedas globales en las que se expresan los DEG. La profunda recesión mundial del 2009 multiplicó por diez la emisión del FMI. Kristalina Georgieva sostuvo al anunciar la actual emisión por 456.000 millones de DEG, equivalentes a 650.000 millones de dólares como “…una decisión histórica: la mayor asignación de DEG en la historia del FMI y una inyección de ánimo para la economía mundial en medio de una crisis sin precedentes” Vale mencionar que casi la mitad, unos 300.000 millones de dólares se destina a los 7 países de mayor desarrollo, concentrando la asistencia financiera del Fondo en los países hegemónicos del sistema mundial. Más allá de la retórica de ayuda a los más empobrecidos, la asignación remite a las cuotas de cada país miembro del FMI. Para el caso argentino, con el crédito más importante otorgado alguna vez por el FMI, la asignación representa menos del 1% del total emitido y estará destinado a cobrarse una acreencia impagable, en el marco de una negociación por extender los perentorios plazos de vencimientos de un préstamo odioso, ilegitimo e ilegal asumido en la gestión del 2018. El país usará los DEG para cancelar parcialmente la deuda y el FMI utiliza nuevamente a los DEG para intervenir en la continuidad de una lógica que de manera creciente pretende resolver en la circulación los problemas de la producción, la productividad y rentabilidad capitalista. La negociación Al mismo tiempo que esto ocurre, continúan las negociaciones con el FMI por una deuda asumida en 2018/19 en DEG por el equivalente 44.154 millones de dólares, según informó el Ministro de Economía al Congreso este jueves 26/8. Es el mayor préstamo otorgado por el FMI en su historia y cuestionado desde diversos ángulos, siendo un tema no cerrado y que convoca a polémica jurídica, política, incluso ética. Hay que considerar que los DEG se valorizan por encima de la moneda estadounidense ante las sucesivas devaluaciones del dólar propiciadas desde EEUU, por lo que puede haber subvaloración de las autoridades locales con respecto a la deuda con el FMI. Las negociaciones con el FMI son consideradas y justipreciadas por el poder económico y político, en tanto garantía de futuras inversiones, por lo que no imaginan se incumplan los compromisos con el organismo internacional, que este año suma por capital e intereses unos 5.100 millones de dólares. Entre los temas en discusión aparece la responsabilidad en el elevado endeudamiento público de la Argentina. El gobierno señala el fortísimo crecimiento de la deuda durante el gobierno Macri (2015-2019) por 100.000 millones de dólares, y la oposición sindica el mayor endeudamiento en la coyuntura, incluyendo la deuda del Banco Central vía las Letras de Liquidez (LELIQ) y los pases pasivos, que alcanzan unos 4 billones de pesos. La realidad que es la deuda crece tal como lo señala el propio gobierno en su exposición ante el Congreso, con el matiz no menor que la deuda con el macrismo se incrementó en divisas (monedas que la Argentina no emite) y en la actualidad el crecimiento es principalmente en moneda nacional. El argumento oficial se afirma en que la deuda en divisas condiciona y profundiza la dependencia y pérdida de soberanía, además de señalar la emergencia del coronavirus a tres meses de iniciada la gestión de gobierno y la necesidad de financiar el gasto social derivado de la pandemia. Una de las placas presentadas por el Ministro de Economía al Congreso señala la tendencia al desendeudamiento desde 2004 hasta el 2011, para luego volver a crecer durante el segundo gobierno de Fernández de Kirchner y acelerarse en los últimos años del macrismo, y Covid mediante, en la primera parte del actual gobierno de Alberto Fernández. En efecto, de un 118,1% de deuda pública respecto del PBI en 2004, la política de cancelación de deuda, mediadas por los canjes del 2005 y 2010 llevaron la relación deuda/PBI al mínimo del 38,9% en 2010; para luego subir bajo gobiernos diferentes hasta el 88,8% al final de la gestión de Macri (diciembre del 2019) y alcanzar el 101,50% a julio del 2021, ya en la actual administración del Frente de Todos.

El tema es complejo más allá del debate electoral y condiciona el presente y futuro de la economía argentina. Existen responsabilidades pasadas y presentes relativas a una deuda pública que resulta un componente estructural del orden económico local del último medio siglo. No se resolverá el problema si no se encaran políticas económicas que vayan más allá del pago o no pago de la deuda. Lo que se requiere es encarar una discusión sobre la estructura económico social de la Argentina, su modelo productivo y de desarrollo, tanto como su inserción internacional. Buenos Aires, 28 de agosto de 2021

¿Qué hacer con los Derechos Especiales de Giro (DEG) que recibirá el país?

En estos días, la Argentina acreditará en las Reservas Internacionales los DEG emitidos por el FMI, equivalentes a unos 4.355 millones de dólares. La decisión del Fondo remite a una emisión global de 650.000 millones de dólares, con destino en favorecer soluciones ante la emergencia de la pandemia. La mayor parte de la gigantesca emisión la recibirán los países capitalistas desarrollados, entre ellos, los principales socios del FMI. Como siempre, el Fondo reproduce ante las crisis la lógica de reproducción del orden vigente. Son cuantiosos recursos para el salvataje del orden capitalista y por eso, en ese marco, resulta de interés discutir el uso de los DEG. Resalta a primera vista una afectación directa para fortalecer el presupuesto de salud, especialmente en todo lo relativo al COVID19. Pero también, debe aceptarse que por efecto de la pandemia se generaron impactos socio económicos que explican el agravamiento de la situación económico social de millones de personas. Remitimos al alza del empobrecimiento (45%) y la indigencia (10%), morigerada ésta por la masiva política social de complemento de ingresos a las personas más necesitadas. Los DEG, unos 4.355 millones de dólares, constituyen una cifra mayor a la oportuna recaudación por el aporte solidario o impuesto a las grandes fortunas, que recaudó aproximadamente unos 2.500 millones de dólares, con asignación específica según la ley (salud, educación, pymes, barrios populares, producción de gas). Algunos sugieren la reedición del “aporte solidario” ante la prolongación de la pandemia y sus efectos. Con el ejemplo de ese ingreso, recaudado por la AFIP, los DEG podrían asignarse con destino específico. ¿Qué destino? El privilegio debiera orientarse a atender el fenómeno del empleo y la pobreza. Existe un mapa del territorio de la pobreza y de la población, realizado por el propio movimiento popular y asumido por el Estado. Algunas provincias avanzaron en mapeos específicos para identificar la territorialidad de la pobreza. Todo ello constituye una base importante para potenciar un “Plan Nacional” que pueda atender con suficientes recursos una dinámica de producción y circulación de bienes y servicios. Hay experiencia de organización de la producción y circulación económica de los sectores excluidos del mercado de fuerza de trabajo y que acrecientan la estadística de la pobreza y la indigencia. El propósito del plan que sugerimos apunta centralmente a combatir la pobreza desde la generación de empleo, favorecido por la experiencia emanada de la economía social y popular, de autogestión y organización comunitaria, existente desde una inmensa red organizada por el movimiento popular en todo el país. La propuesta sugerida sale al cruce de menciones de uso de los DEG para cancelar impagables deudas al FMI y al Club de París. Ese destino de los DEG supone el ingreso de fondos por una puerta giratoria, sin impacto en la cuestión esencial de atender la emergencia sanitaria y económica de los más desfavorecidos. Resolver el problema del empleo y la pobreza demanda precisiones en la articulación de necesidades sociales insatisfechas y potencialidad de las capacidades humanas para resolverlas. Alimentación y vestimenta, salud y educación, vivienda y recreación, entre muchas necesidades insatisfechas, al tiempo que existen millones de personas sin acceso al mercado de la fuerza de trabajo y si lo hacen, se realiza en condiciones de precariedad y transitoriedad, agravando las perspectivas de vida en el mediano y largo plazo. Por ello es que puede organizarse (planificarse) la articulación de necesidades insatisfechas y potencialidad humano para atenderlas, e incluso si eso no fuera posible por las capacidades existentes en algún territorio, es siempre posible encarar un proceso de formación de capacidades y aptitudes para atender demandas concretas. Ello impone destinar la totalidad de los DEG para atender estas necesidades, las que actuarán en una dinámica de recomposición de la actividad económica, favoreciendo empleo e ingresos para atender la cotidianeidad. Además, sería cumplir con el objetivo anunciado por el FMI, que apunta a resolver los problemas económico sociales generados desde la pandemia por el COVID19. Cambiar la lógica del ingreso para reproducir objetivos de ganancias y acumulación capitalista No se trata de resolver “ingresos” que se destinen al “mercado” dominado por el poder económico concentrado y extranjerizado. La propuesta que sostenemos apunta a la transformación del orden económico y social, favoreciendo la disposición de “medios de producción”, especialmente “tierra” en manos de las organizaciones populares y sus experiencias autogestionarias, comunitarias, mutuarias o cooperativas. Se sostiene recurrentemente que sin “inversión” resulta imposible el proceso de producción y reproducción del orden económico, y en ese sentido, se alude a la importancia de los “inversores privados”, locales o externos. Lo que sostenemos en nuestra propuesta es acercar “recursos públicos” de magnitud suficiente para que los sectores de la Economía Popular accedan a fondos destinados a la utilización de medios de producción y asignaciones adecuadas de ingresos salariales para satisfacer al mismo tiempo la necesidad productiva y la del empleo con salarios adecuados y suficientes para superar la condición de pobreza. Al mismo tiempo, el plan que sugerimos debe atender la “inversión pública” necesaria para la infraestructura barrial para el despliegue de esta dinámica de producción, junto a resolver las obras que viabilicen la salud, la educación pública y el hábitat para la mitad de la población empobrecida. Pueden decir que los recursos no alcanzarían y es verdad, pero sería una forma de cambiar el eje del debate sobre cómo resolver el problema de la pobreza y el empleo. Se trata de generar una dinámica de inversión que ponga el acento en el trabajo asociado para la generación de “soluciones” y, además, un excedente para la reproducción de la cooperación y satisfacción de necesidades de la mayoría empobrecida. Ello significa cambiar el eje de la discusión favorable a la lógica de la ganancia por una a favor de satisfacer amplias necesidades de la sociedad. Buenos Aires, 21 de agosto de 2021

Afganistán y Haití muestran los límites del capitalismo

El terremoto en Haití, producido muy cercano en el tiempo al asesinato del presidente ilegitimo del país, y el fin de la ocupación militar estadounidense en Afganistán expresan los límites de las “soluciones” del orden global capitalista para los pueblos empobrecidos. En efecto, los pueblos de Afganistán y Haití figuran entre los más vulnerados del mundo, con índices de pobreza y deterioro de las condiciones de vida. Los procesos locales por desarrollar un camino propio en esos territorios fueron obturados por la hegemonía del poder mundial. La alianza con la URSS, con presencia militar soviética desde 1978, en plena ofensiva estadounidense contra el bloque socialista, signó la historia reciente de ese país por tres décadas, más aún con la invasión armada desde el 2001. Estos veinte años de ocupación evidencia el legado de miseria en una abrumadora mayoría del pueblo afgano. En un mismo tiempo histórico, el intento autónomo de Haití desde mediados de los 80 del Siglo XX, con la salida de la dictadura de Duvallier en 1986 y la presidencia de Juan Bertrand Aristide en 1991, obturada por el intervencionismo estadounidense, impidió una posibilidad de autodeterminación democrática, condicionando por tres décadas, política y económicamente al país de la primera independencia colonial de la región en 1804. La secuela de miseria entre la mayoría del pueblo haitiano deja a las claras el papel de la política exterior de EEUU y sus socios en la región. Importa reconocer el tiempo histórico de las luchas por la emancipación de los pueblos con relación a la situación del orden capitalista y su hegemonía, que para el caso estadounidense data del fin de la segunda guerra. El orden mundial constituido hacia 1945 impuso la supremacía del dólar y la economía estadounidense en el capitalismo global, afirmado con despliegue militar asociado a la OTAN e ideológico cultural de la maquinaria mediática transnacionalizada. La disputa por la dominación mundial se sostuvo contra el sistema del socialismo desplegado desde 1945 hasta la crisis polaca y de la propia URSS, entre 1980 y 1989/91, mediado por la crisis capitalista de los 60/70, muy especialmente la “monetaria”, explicitada en agosto de 1971, hace medio siglo. Hace 50 años que estalló el orden mundial capitalista, con la decisión unilateral de EEUU respecto de la inconvertibilidad del dólar con el oro. Desde entonces se promovieron iniciativas políticas globales y regionales para asegurar la unilateralidad del orden capitalista, un imaginario que pretendió instalarse hacia 1989/91 con el fin de la historia, de la ideología y del socialismo. El capitalismo triunfante parecía el rumbo civilizatorio definitivo, con la capacidad de “control” militar e ideológico de EEUU, aún con la mengua de su poder económico, afectado por la desvalorización del dólar, el nuevo carácter de país endeudado (ahora el más), con fuertes déficit fiscales y externos. Un tema agigantado con la expansión global del poder fabril y económico de China, especialmente a inicios del Siglo XXI. El fracaso de la ocupación afgana de EEUU y aliados, y de la intervención haitiana, incluso con tropas de la región latinoamericana y caribeña (MINUSTAH), no esconde los negocios de la guerra, la especulación, la producción y la circulación capitalista, con secuelas de destrucción social y natural. La miseria extendida entre las poblaciones de Afganistán y Haití tiene responsables en los ejecutores de la política exterior estadounidense, y claro, la complicidad global de las direcciones políticas de varios países que no solo no condenan la dominación y manipulación estadounidense, sino que intentan obtener beneficio propio. En esa complicidad se encuentra el poder local en Afganistán (denunciado por Biden de no querer confrontar contra la ofensiva Talibán) y en Haití. La corrupción es funcional al sostenimiento del orden capitalista. El poder mundial asociado a EEUU mira con asombro la debacle civilizatoria en Afganistán y en Haití, desentendiéndose de responsabilidades. El fenómeno convoca a los pueblos del mundo a pensar en un orden alternativo, que confronte con la liberalización económica de una sociedad monetario mercantil sustentada desde la explotación de la fuerza de trabajo y el saqueo de los bienes comunes. A no dudar que el poder mundial intentará frenar cualquier acción alternativa, como lo demuestra el bloqueo genocida contra Cuba o las sanciones a Venezuela o a cualquier país que intente un rumbo propio. Se trata de pensar en la catástrofe que nos amenaza, más allá de lo concreto explicitado en estos dos países, y que según el informe preliminar del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas, que se considerará a comienzos del 2022, afecta la vida sobre la tierra. Resulta urgente cambiar el rumbo y desarmar el orden mundial, lo que supone des-mercantilizar la vida cotidiana, un programa que está en el debate sobre la suspensión o eliminación de las patentes de propiedad intelectual sobre las vacunas, pero extensivo a los bienes comunes, caso de la tierra y el agua, imprescindibles para el aliento a la vida social y natural. La des-mercantilización está asociada a la promoción de la organización económico social de base comunitaria, solidaria, de autogestión, sin fines de lucro, para otro modelo de producción y de desarrollo que desestimule el consumismo y promueva la cooperación internacional y la autodeterminación de los pueblos. Un horizonte de paz y solidaridad social necesita la humanidad ante la barbarie del orden sustentado en la ganancia y la acumulación, promovido por poderes políticos, militares y culturales que ejercen su dominación espacial desde la hegemonía de la propiedad privada de los medios de producción y por países que actúan sostenidos en su poder imperialista. Puede ser y los datos lo confirman, que EEUU está perdiendo peso relativo en su capacidad de hegemonía mundial, pero mantiene los instrumentos de dominación física y cultural para postergar un eventual ocaso final, que en su trayecto afecta al planeta y a la población mundial. En todo caso, lo que resulta evidente es la ausencia de una alternativa civilizatoria, que por décadas se nominó en el socialismo. La re-significación de un orden socialista, o no capitalista, emerge como una necesidad de las nuevas camadas que luchan contra la barbarie del capitalismo. Buenos Aires, 17 de agosto de 2021

Los “planes sociales” en discusión

El tema de los planes sociales reapareció en el debate político de estos días, como agenda de la oposición sistémica hacia el oficialismo y dentro de este también. Los planes sociales son resultado de una tendencia creciente a los problemas de empleo e ingresos de millones de personas, no solo en el país, si no en la región y en el mundo. Es un tema de creciente actualidad desde la ofensiva del capital contra el trabajo emergente en la crisis de los 60/70 bajo la dirección de la liberalización de la economía. El INDEC destaca, pandemia mediante, la disminución de trabajadores/as aportantes al sistema de seguridad social. Son unos 338.000 aportantes menos en un año, la mitad por menor “relación de dependencia”. Las jubilaciones que se abonan reconocen 82.500 beneficiarios/as menos que hace un año. Menos aportantes a la seguridad social y menos jubilaciones es un resultado lógico de la tendencia recesiva del capitalismo local en estos años. Por décadas se aludió a la “focalización” de las políticas públicas de asistencia social, pensando en pobres ocasionales. Eran las décadas de los 50 a los 70, de expansión del orden económico y Estado benefactor en plenitud. Es algo que fue mutando hacia la masividad, ante la magnitud de los excluidos del mercado de la fuerza de trabajo desde los 80/90 del siglo pasado. Incluso, ahora, desde un enfoque de “renta básica”, se reclama la “universalización” de un ingreso mínimo. Por caso, en la Argentina debe pensarse en la crisis del 2001 y la instalación de los planes de jefes y jefas de hogar, orientados a dos millones de personas al comienzo del 2002. Esa lógica de plan social es lo que se extendió, ya no solo como política pública, sino como demanda de organizaciones sociales que requieren asistencia estatal material y dineraria. En todos los casos, focal, masiva o universal, se trata de una política compensatoria, que supone allegar ingresos a sectores sociales para satisfacer necesidades elementales en una cotidianeidad definida por relaciones monetario-mercantiles. La sociedad capitalista se sustenta en una creciente mercantilización de la vida cotidiana y, por ende, la necesidad de ingresos monetarios para resolver en el mercado los bienes y servicios necesarios para atender la cotidianeidad. Con la extensión del desempleo y el empobrecimiento aumentan, más allá de las denominaciones, diferentes planes sociales, sustentados desde la política pública, la que aparece restringida en la utilización de fondos por imperio de un sentido común instalado de austeridad fiscal, devenido en paradigma esencial de la liberalización hegemónica desde la crisis de los 60/70. Es una situación condicionada y agravada por ingentes recursos destinados a sustentar actividades empresarias deficitarias (subsidios empresarios, por caso a la energía o al transporte) y obligaciones externas agravadas por una insustentable deuda pública. Los argumentos más destacados apuntan a que los planes o subsidios personales ahuyentan la oferta de fuerza de trabajo, y desde otro ángulo, que la política pública debiera promover el empleo más que allegar ingresos monetarios a los más necesitados. El primer argumento se sustenta desde la lógica que el Mercado todo lo resuelve desde y con la iniciativa privada, y en el segundo en la omnipotencia del Estado. Hemos sostenido en varias ocasiones que tanto el “mercado” como el “estado” suponen relaciones sociales, que en el capitalismo favorecen el régimen de la ganancia y la acumulación, por lo que está en discusión debiera ser el mismo orden socioeconómico. Desde esa concepción es que puede analizarse la política social sustentada en la distribución de ingresos a la población más necesitada. Incluso supone discutir el sentido de la demanda de los movimientos sociales. Pretendemos afirmar que la cuestión de fondo debiera orientarse al rumbo civilizatorio que se pretende construir. No alcanza con política social ampliada si no se discute el modelo productivo y de desarrollo, es decir, ¿qué problemas se pretenden resolver? Solo a modo de ejemplo mencionemos el reciente informe de Naciones Unidas sobre el cambio climático y la demanda de desandar el privilegio productivo sustentado en hidrocarburos, que contradice lo que Argentina viene promoviendo en su producción insigne en la formación “vaca muerta”. El país necesita discutir su política energética, pensando que se pretende resolver con la producción energética. ¿Es el privilegio la producción y exportación de hidrocarburos no convencionales? O en otro sentido: ¿proyectar un plan energético para estimular un programa de producción que resuelva empleo y necesidades de abastecimiento al mercado interno con sintonía y articulación regional y mundial? Se trata de un debate necesario, ausente en la discusión electoral. No hay solución a los ingresos populares sin planificación de cambios productivos que especifique qué y cómo producir y distribuir la renta generada socialmente. Lo que se propone es un debate a fondo sobre el qué hacer económico, que no puede sustentarse en la lógica de la ganancia, ni en un imaginario desde el estado sin confrontar con el poder local y global, lo que demanda un mayoritario consenso social y político para transformar la sociedad en contra y más allá del capitalismo. Buenos Aires, 13 de agosto de 2021

América latina y el Caribe fuera del radar de los inversores externos

La ilusión de quienes imaginan resolver los problemas económicos y sociales de la región latinoamericana y caribeña con inversores externos se desarma con la difusión de las estadísticas globales. Desde la UNCTAD se destaca en su último informe sobre las inversiones que: “Los flujos de inversión extranjera directa (IED) hacia América Latina se desplomaron un 45% en 2020 a 88 mil millones de dólares”. Por su parte, la CEPAL señala: “En América Latina y el Caribe ingresaron 105.480 millones de dólares por concepto de inversión extranjera directa (IED), lo que representa unos 56.000 millones de dólares menos que en 2019. De esta forma, en 2020 se alcanzó el valor más bajo de la última década, y el descenso interanual solo es comparable al de 2009, cuando las entradas se redujeron un 37,1%”. Los datos son concluyentes y la región no aparece en el radar de los inversores externos. No se trata solo de la brusca caída de la actividad durante el 2020, en torno al -7%, y la motivación pandémica, ya que en términos generales la caída de la inversión externa se arrastra por una década. Ello que pone en discusión la ilusión del despegue sustentado en inversores externos. El informe de la CEPAL enuncia las tendencias a la baja de los socios tradicionales, de EEUU y Europa, al tiempo que señala el peso creciente de China. Al respecto, recomienda estrategias conjuntas de negociación con China, lo que supone un debate político del rumbo de la economía y de la sociedad. No se trata de analizar si resulta más conveniente el arribo de inversores europeos, estadounidenses o chinos, si no cuales son los problemas que se pretende resolver. Es un debate ausente en la región, por lo que resulta complejo imaginar síntesis sobre estrategias de políticas económicas. Incertidumbres en la región A modo de ejemplo señalemos que Ecuador acaba de decidir con una lógica liberalizadora volver a someterse a los tribunales del CIADI, en una clara señal de subordinación a la dominación transnacional. Perú con el nuevo gobierno decide discontinuar la política de agrupación en el Club de Lima, con sus membrecías liberalizadoras, sin que ello defina aún perspectivas de producción y circulación integrada, como puede sugerirse o inferirse en las críticas mexicanas a la OEA y la demanda por reinstalar una agenda por una integración de carácter alternativa, no subordinada. La región latinoamericana y caribeña vive un tiempo de turbulencia y conflictividad, con movilizaciones que aún no terminan de definir el rumbo del futuro cercano, tal como sucede en Colombia o en Haití, incluso en Chile con su proceso constitucional en curso. Al mismo tiempo se disputan los consensos electores en varios países, entre este y el próximo año. Remitimos a las elecciones en Nicaragua, Venezuela, Argentina o Brasil, entre varios. Cuba en su especificidad por sostener una perspectiva revolucionaria es asediada por un bloqueo genocida y ensaya transformaciones estructurales de su modelo económico, al tiempo que acelera búsquedas de mayor articulación productiva en la región y en el mundo. Si bien cada uno tiene su especificidad, no resulta indiferente una orientación de subordinación a la lógica de política exterior de EEUU o a las necesidades liberalizadoras del capital transnacional. En este caso, se impone un imaginario de integración no subordinada en la dinámica de producción y circulación de bienes y servicios para atender las necesidades sociales de los sectores empobrecidos de la región, especialmente trabajadoras y trabajadores. La propia CEPAL alude a la potencialidad de la región en la producción integral de vacunas, especialmente por la capacidad “…para desarrollar y producir sus propias vacunas contra el COVID-19, tal como lo están demostrando Argentina, Cuba, Brasil y México, países que han desarrollado vacunas propias que están en fases de ensayos clínicos.” Resulta curiosa la mención de Cuba junto a las tres economías más desarrolladas de la región, que con sus límites aparece a la vanguardia del desarrollo en ciencia y tecnología, entre otros aspectos, de la salud. Es un tema a considerar cuando se piensa en la perspectiva de resolver necesidades sociales. Más aun cuando CEPAL señala que “América Latina y el Caribe representa el 8,4% de la población mundial, pero el 21% de los contagios y 32,5% de la mortalidad”. Nuevo rumbo La necesidad llama a soluciones y queda claro que la tradición capitalista de apuesta a la inversión externa solo significa mayor dependencia, por lo que se requiere el ensayo de nuevos rumbos de independencia y autonomía, en una potenciación de una acumulación alternativa que suponga la confrontación con las formas del desarrollo capitalista. Si los inversores están fuera del radar de América Latina y el Caribe, es quizá tiempo de retomar una orientación de autonomía y cooperación regional con planificación articulada de largo aliento para superar problemas de atrasos seculares por siglos. Nueva arquitectura financiera y articulación productiva comunitaria para satisfacer necesidades puede ser un horizonte de acumulación propio en la región, lo que requiere decisión política para ir en contra y más del capitalismo, entre lo que se impone la suspensión de los pagos de deuda y el aprovechamiento de los escasos recursos públicos, como forma de empezar a satisfacer necesidades sociales. Buenos Aires, 10 de agosto de 2021

Una “crisis sin precedentes” dice Georgieva

Comentando la decisión del FMI, que asigna 650.000 millones de dólares a distribuir entre los países miembros del organismo internacional, Kristalina Georgieva, su titular, señala: “Esta es una decisión histórica: la mayor asignación de DEG en la historia del FMI y una inyección de ánimo para la economía mundial en medio de una crisis sin precedentes.” Agrega que: “…ayudará a los países miembros más vulnerables que están luchando contra los estragos de la crisis provocada por la COVID-19”. Dos cuestiones resaltan en las afirmaciones de la jefa del FMI. Una de ellas remite al calificativo sobre la crisis en curso, evidenciado en la mayor emisión de Derechos Especiales de Giro (DEG), duplicando el stock asignado hacia la crisis del 2008/9, y la otra nos lleva a la afirmación de estar destinada al auxilio de los “miembros más vulnerables”, cuando la asignación de fondos opera sobre la Base de las cuotas de cada país miembro del Fondo. Se puede constatar que 7 países concentran el 45,16% del total, por lo que casi 300.000 millones de dólares de la emisión irán a fortalecer las reservas de EEUU, con el 16,5% del paquete de cuotas en el FMI, o a China (6,15%), Japón (6,09%), Alemania (5,32%), Francia (4,03%), Gran Bretaña (4,03%) e Italia (3,02%). La asignación de DEG consolida la desigualdad entre los países según su acumulado de poder global. La brecha entre los más poderosos, los países capitalistas desarrollados y los más atrasados y dependientes se agiganta con estas decisiones, aun cuando se las fundamenta con argumentos favorables a atender los requerimientos de los países más necesitados. Una consideración no menor es que son fondos para paliar la situación derivada de la crisis sanitaria y su impacto económico, sin embargo, al considerar casos como el de la Argentina, con el mayor endeudamiento con el FMI, por 45.000 millones de dólares (vencimientos hasta el 2023 y en proceso de negociación), su cuota le permite una asignación estimada en 4.350 millones de dólares, la que podrá ser afectada a cancelar vencimientos que operan desde septiembre del 2021 hasta fin de año por 3.822 millones de dólares, e incluso vencimientos del 2022. Los DEG datan de 1969, son un activo que complementa las Reservas Internacionales de los países miembros del FMI y su cotización expresaba el acuerdo a la salida de la segunda guerra mundial, por la paridad entre el dólar estadounidense y el oro. Con la ruptura de ese acuerdo en 1971, ante la inconvertibilidad del dólar declarada unilateralmente por EEUU, la paridad de los DEG se estableció sobre un conjunto de monedas, que luego de la crisis mundial del 2007/09 sumó a la moneda china, por lo que las cotizaciones de los DEG incluyen una canasta de 5 monedas de circulación mundial. Los DEG expresan un 41,73% en dólares estadounidenses, un 30,93% en euros, un 10,92% en yuan chino, un 8.33% en yenes japonés, un 8.09% en libras esterlinas británicas. Como se puede apreciar, la emisión de los DEG se asocia a momentos de manifestación de crisis globales, a fines de los 60, a comienzos de los 80, en el 2009 y ahora ante la emergencia agravada por el COVID19. La más que duplicación del stock pre existente de DEG, confirma el carácter de “crisis sin precedentes” enunciado por la titular del FMI. A fines de los 60 se planteó la crisis de rentabilidad del capital que llevó a la ofensiva liberal del monetarismo ortodoxo que se extendió desde el Cono Sur de América bajo la violencia de las dictaduras, y que en los 80 instalaron Gran Bretaña y EEUU, bajo los gobiernos de Thatcher y Reagan. Por ello, las emisiones de DEG son de 1969 y 1981. Con la crisis 2007-09 se habilitan nuevos tiempos de incertidumbre que3 el FMI intenta contener con la emisión de nuevos activos externos que fortalezcan las amenazas reservas de los países miembros. Cada crisis necesita mayor intervención de los Estados nacionales y de los organismos internacionales, caso del FMI. El problema es la salida de la crítica situación, lo que genera un debate entre quienes fundamentan una profundización de la liberalización de la economía mundial, y quienes sustentan algún nivel de reformas gestionadas desde los Estados, atemorizados por eventuales conflictos sociales, e incluso por el impacto destructivo del modelo productivo sobre la Naturaleza. Ese debate se procesa en los cónclaves mundiales e incluso al interior de los propios países en la definición de políticas nacionales. La irresolución de esa polémica agrega incertidumbre a la situación mundial, que se debate entre la continuidad o superación de la pandemia y sus efectos en la economía, los que parecen más duraderos que la previsión al inicio a comienzos del 2020. Claro que en ambos casos, profundizar la liberalización o abordar reformas paliativas, el tema se resuelve si opera la dinámica reproductiva de la inversión de capitales, la que viene ralentizada desde hace décadas en el sistema mundial, lo que lleva a cuestionar más profundamente la lógica económica del orden capitalista, promoviendo un debate que trasciende la coyuntura crítica y supone pensar en un orden socioeconómico superador de las relaciones monetarios mercantiles que dominan las relaciones sociales de producción contemporáneas. Es una cuestión escasamente instalada en el debate global. Buenos Aires, 3 de agosto de 2021