Negociaciones salariales, conflicto social y endeudamiento público

Mientras continúan las negociaciones paritarias y se hacen las cuentas de los porcentajes finales logrados, producto de cifras adicionales del porcentual que se difunde, la conflictividad se sostiene aun con acuerdos suscriptos. Es el caso de una parte de los docentes universitarios nucleados en la CONADUH y algunas seccionales de CONADU que rechazan por insuficiente el ajuste.
Para el caso de los aceiteros queda cuantificar los adicionales logrados para establecer la diferencia entre lo demandado originalmente como mínimo para el trabajador ingresante, y lo obtenido en un prolongado paro de la actividad, con impacto económico importante en la comercialización y las finanzas privadas y públicas. De los 14.931 originales se habría acordado en torno a los 14.300 mensuales con los adicionales.
La nota provino en estas horas de parte de los trabajadores del subterráneo porteño. En sus negociaciones con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires obtuvieron un 32% y todo junto. Marca así la diferencia con la mayoría de los acuerdos cerrados en dos cuotas, con incrementos en torno al 27 o 28%, con clara mediación gubernamental, que aspira a que la cifra final de las negociaciones colectivas no superen en demasía una inflación en torno al 25% para el conjunto del 2015.
Restan varias negociaciones que continúan en varios sectores, algunos de los cuales motorizan medidas de fuerza que se sostienen y potencian con la convocatoria a movilizaciones y jornada de paro nacional para el 8 y 9 de junio próximo.
Asamblea de la OIT
La discusión salarial y el conflicto social en el país se presentan en simultáneo con el inicio de la Asamblea anual de la OIT en los próximos días. El organismo internacional presentó su informe del empleo para el 2015 con alarmantes datos sobre la evolución de la precariedad en todo el mundo. Desde el gobierno, la propia Presidenta cuestionó los datos de la OIT relativos a la Argentina, y el Ministerio de Trabajo informó sobre criterios diferenciados en la metodología de elaboración de esos indicadores globales, que involucran al trabajo independiente.
Más allá de toda discusión suscitada en torno a los guarismos de la precariedad laboral, los datos de informalidad o precarización son producto de las nuevas modalidades que se instalaron en la relación entre el capital y el trabajo en cuatro décadas de ofensiva capitalista por el ajuste de los trabajadores. Claro que la ofensiva capitalista supone al mismo tiempo fortalecer y consolidar una dinámica económica que asegure la rentabilidad empresaria, objetivo esencial promovido por el régimen del capital.
La cuestión laboral y la orientación regresiva de las relaciones laborales son un fenómeno que tiene especificidades locales pero que remite a una lógica de carácter global construida por cuatro décadas. Ayer nomás, con la conmemoración del “Cordobazo” producido el 29 de mayo de 1969, se conmemoraba el ciclo de luchas obreras que se prolongó hacia 1975 con la respuesta inmediata de las clases dominantes, vía terrorismo de Estado, por el ajuste, la estabilización y la represión generalizada. Ese fue el marco para profundas reformas laborales que modificaron estructuralmente las relaciones laborales.
Estos debates locales continuarán en el país y en Ginebra, donde patronales, trabajadores y el gobierno procesarán acuerdos y diferencias, que se proyectan como debates globales relativos a la relación laboral y los contradictorios intereses entre los objetivos del capital, o sea, los inversores y sus ganancias, versus las necesidades de los/as trabajadores/as y sus familias por ingresos adecuados para atender la cotidianeidad.
La deuda en debate
Junto al debate salarial y el conflicto social, vale mencionar que la próxima semana se desarrollará en nuestro país una Conferencia Internacional sobre la deuda, los bienes comunes y la dominación, para aportar a otra discusión sobre problemas globales.
No solo se trata de verificar el nuevo endeudamiento local, que esta semana sumó nuevos 5.000 millones de pesos en bonos al 27% de interés y que financian el déficit fiscal de corto plazo, sino los gravosos compromisos externos, como los 683 millones de dólares cancelados esta semana al Club de París con fondos de reservas internacionales.
Se espera la presencia en Buenos Aires del embajador de Bolivia en la ONU, a cargo de la Comisión que debe resolver sobre las renegociaciones de deuda soberana hacia fines de este año, una cuestión suscitada en el ámbito mundial por la Argentina y fuertemente sustentada desde el G77 + China.
Más allá de la respuesta que puedan tener los países hegemónicos del sistema mundial sobre cualquier regulación de las reestructuraciones de deuda soberana, la preocupación está colocada en las investigaciones sobre el endeudamiento, tal el caso de la Comisión instalada en el Parlamento griego que avanza en definir a gran parte de la deuda de Grecia como ilegitima, ilegal, odiosa e insostenible. Es una calificación obtenida en una investigación que incluye la participación social y cuyos resultados influenciarán en la movilización social y en las decisiones políticas del gobierno de ese país.
Como en Argentina también se constituyó una Comisión bicameral de investigación de la Deuda, está previsto un encuentro de participantes de la Conferencia Internacional con los legisladores que integran la referida bicameral. Un dato relevante es la presencia el país de la Asamblea del Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, CADTM, cuyo titular preside el comité de expertos para la investigación en Grecia.
La Asamblea por la suspensión de los pagos de la deuda y la defensa del patrimonio y los bienes comunes, anfitriona de la Conferencia internacional debatirá el viernes 5 de junio un plan de acción para una campaña popular de esclarecimiento y luchas orientadas a generar conciencia y materialidad subjetiva en la disputa política.
El desafío pasa por articular la lucha por el salario y las condiciones de vida de los trabajadores con otros ámbitos de la vida social que articulen al pueblo en el debate político por el poder.

30 de mayo de 2015

La posibilidad de la política económica viene por el CONSUMO

Al gobierno le preocupa reactivar la economía, en tanto clave para la disputa del consenso electoral. La aspiración es ganar en primera vuelta las elecciones de octubre. Teme a la segunda vuelta y se juega todo en la estabilización económica para ganar consenso electoral y reconoce los límites del momento económico.
Uno de los límites es la inversión, y el otro, el saldo de las relaciones  internacionales (balance comercial y de capitales), por lo que apuesta a la otra variable en juego, el consumo, que también ofrece ciertas limitantes.
Los inversores no apuestan sino tienen seguridad jurídica sobre sus inversiones, lo que incluye el tipo de cambio para repatriar y reorientar utilidades. Entre otras cuestiones eso se expresa en las expectativas sobre los títulos públicos, en alza ante la posibilidad de cambio de gobierno a fin de año, o en baja cunado suben las acciones del oficialismo para auto sucederse desde diciembre próximo.
Con el saldo comercial el problema es que aun con incremento de la cosecha, especialmente las 60 millones de toneladas de soja, los precios en baja constituyen un serio escollo que convoca a la retención de la producción en espera de alzas en los precios o modificaciones al tipo de cambio. El tema se agrava con vencimientos de intereses y capital de una deuda que crece y deteriora el balance externo de la economía local, junto a la recurrente fuga de capitales.
Sin posibilidad de ampliar la inversión o mejorar el balance externo, la expectativa está en el consumo. Varias discusiones entonces sobre la cuestión, y especialmente desde la política económica.
Una remite al consumo público, que tiene sus límites en la capacidad de creación de dinero y su reabsorción por parte del fisco, o sea, el flujo y reflujo del dinero en acuerdo con la política monetaria, crediticia y fiscal, asociada al impacto inflacionario.
Otra se vincula al consumo privado, especialmente popular, mediado por bajísimos ingresos de la mayoría de los trabajadores. La clave está en los ingresos resultantes de las convenciones colectivas, los que definen el conjunto de los ingresos fijos, de los no regularizados y los pasivos, por cierto, muy bajos. El salario promedio rondo los $6.000 al mes y la jubilación mínima de $4.700 es percibida por el 70% de más de 6 millones de jubilados nacionales. Al gobierno le preocupa el impacto fiscal sobre el ajuste salarial de lo que asume en su presupuesto, la presión empresaria por subsidios para atender incrementos por la demanda salarial y el impacto en la política financiera y monetaria de los mayores recursos conquistados en paritarias. Por eso, aun perjurando negociaciones sin techo, la pretensión es que el porcentaje de actualización corra en paralelo con la inflación esperada (un 25% y no el 15% que estima el INDEC). La lógica es que esos mayores ingresos abonen el consumo popular y con ellos se dinamice la alicaída producción.
El centro está en el consumo, función económica subordinada a la producción, que define el capital transnacional en todas las ramas d ela economía. Con ello, el mayor consumo puede lubricar el consenso electoral al tiempo que consolida la extranjerización de la economía local. La dependencia profundizada es el resultado del curso de acción en materia económica. Por ello, el tema no pasa por reactivar la economía como sea, es decir, vía consumo, sino discutir el modelo productivo de inserción subordinada en la economía mundial. Es algo bastante minoritario en el debate electoral 2015 y que solo puede reinstalar en la conciencia social una dinámica en ascenso del conflicto social y la organización popular para la liberación.

Buenos Aires, 16 de mayo de 2015

Salarios, impuestos y conflicto sindical

El debate sobre las paritarias transita en simultáneo con el conflicto sindical y en esta semana fueron noticia los trabajadores aceiteros, los docentes universitarios, los bancarios, el transporte, entre los más visibilizados.
Pero también intervino el gobierno corrigiendo las deducciones del impuesto a las ganancias sobre la cuarta categoría, con una clara señal orientada a negociaciones salariales en torno al 25%, la inflación estimada para el 2015 según el propio Ministro de Economía.
Al mismo tiempo se asegura desde el gobierno que las paritarias son sin techo, algo que discuten los mercantiles que no lograron la homologación de un acuerdo de actualización por el 30% y que negociación mediante con el Ministro de Economía podrían cerrar en 26% más adicionales, redondeando el 28%. Algo similar podría ocurrir con el gremio de la construcción.
El conflicto está vinculado a la distribución del ingreso y de la riqueza, especialmente con la lógica argumental de Daniel Yofra, el secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso de la República Argentina, que dice que “acá siempre se habla de cuánto quiere ganar un trabajador y nunca se habla de cuánto gana una empresa. Nosotros proponemos es que pongamos todos los números sobre la mesa a ver si la empresa puede pagar el sueldo que reclamamos. Seguramente va a significar que los empresarios ganen menos, bueno, esa es la historia.”[1]
Yofra confirma que “acá hay una lucha de clases de la que nadie quiere hablar. ¿Por qué una empresa que en 2014 facturó 26 mil millones de pesos como Cargill, o 20 mil millones como Dreyfus no quiere dar un aumento?”
La lucha de clases no es una cuestión teórica pasada de moda, como sostienen muchos. La lucha de clases alude a la concreta contradicción entre capitalistas y trabajadores en la disputa por el ingreso y la riqueza socialmente generada. Es curioso como pretenden los ideólogos de las clases dominantes hacer creer que  la categoría sustentada por Carlos Marx para explicar el motor de la historia y de los cambios en el marco del régimen del capital es una antigüedad. Aun cuando nieguen la realidad conflictiva de la relación de explotación, en el lenguaje directo del dirigente sindical se expresa con crudeza la lógica distributiva del capitalismo. Empresarios y trabajadores disputan históricamente el producto del trabajo humano y el Estado capitalista interviene en esa disputa, con su política fiscal, cambiaria, monetaria, de ingresos, en fin, con el conjunto de la política económica para sustentar el funcionamiento del capitalismo.
Por eso, la intervención del Ministro de Economía anunciando ajustes en el impuesto a las ganancias y la resolución 3770 de la AFIP publicada y difundida el jueves 7 de mayo, asume la demanda de actualización del mínimo no imponible para quienes perciben salarios entre 15.000 y 25.000 pesos mensuales. Según Axel Kicillof, ello supone una mejora de los ingresos actuales entre el 4 y el 6%, con una resignación de ingresos tributarios del orden de los 6.000 millones de pesos anuales. La lógica del anuncio apunta a morigerar la demanda salarial por lo menos en esos porcentajes, algo que las patronales en negociación paritaria ven con agrado. El acuerdo de los mercantiles y albañiles parece darle la razón.
La disposición de la AFIP establece 6 categorías de mínimos no imponibles en la franja salarial entre 15.000 y 25.000 pesos mensuales. Es una actualización que supone mejoras de ingresos para los trabajadores involucrados en esa franja de salarios, claro que son actualizaciones previas a los acuerdos paritarios que se obtengan en las negociaciones en curso. Ello significará a futuro mayores aportaciones al ente recaudador y no resuelve la cuestión de fondo, la que remite al necesario ajuste de ingresos salariales y del mínimo no imponible desactualizado desde hace años, y más aún, a una reforma tributaria que elimine lo que se considera un impuesto al salario.
Por otra parte, desde los trabajadores se insiste es que no se trata de ajustar los salarios a la inflación pasada, presente o futura, sino de aumentar los ingresos salariales de los trabajadores, asociado al costo de vida en condiciones satisfactorias para el trabajador y su familia. En ese sentido recurrimos nuevamente al dirigente de los aceiteros cuando señala que: “No hay razones para aceptar un techo. El supuesto argumento es que la inflación no va a superar el 24 o el 30 %. Pero eso, en la medida en que vos tengas un sueldo digno. Si tenés un sueldo miserable, le aplicás la inflación y seguís teniendo un sueldo miserable.” Sobre esa base, los aceiteros cerraron paritarias en el 2014 por 38% y ahora demandan un “aumento del 42,5 % lo que equivale a llevar a 14.931 pesos el sueldo de un peón sin calificación que ingresa a una planta”, mientras las empresas ofrecieron un 24 %, lo que llevó al conflicto actual de paro por tiempo indeterminado.
Ante la falacia de que los aumentos de salarios generan inflación, Daniel Yofra se interroga si  “¿La plata en el bolsillo de un empresario no genera inflación y en el bolsillo nuestro sí? Son pensamientos, ideología, obviamente. Nosotros no coincidimos y reclamamos lo que es nuestro.”
El conflicto sindical es una realidad y escala en la perspectiva de un nuevo paro nacional que incluye a dirigentes enrolados en el oficialismo, caso de los dirigentes metalúrgicos, atravesados por el reclamo de la base trabajadora y las conciliaciones obligatorias para mediar en la distancia entre demanda sindical y oferta patronal.
Buenos Aires, 10 de mayo de 2015



[1] Diego Genoud. “Quién es y qué quiere el sindicalista que ya perforó el techo del Gobierno”. En: http://www.mendozapost.com/nota/10013-quien-es-y-que-quiere-el-sindicalista-que-ya-perforo-el-techo-del-gobierno/ (consultado el 8 de mayo de 2015)

Investigación de la deuda en la Argentina

Durante muchos años un espectro amplio de personalidades y organizaciones sociales y políticas ha reclamado la auditoría de la deuda pública de la Argentina, asumida ilegalmente en tiempos de la dictadura genocida entre 1976 y 1983.
En rigor, el reclamo originario en tiempos de la dictadura era por el no pago de la deuda, el que se fue complementado con acciones judiciales de investigación, entre las que se destaca el incansable trabajo de Alejandro Olmos en la denuncia por la deuda hasta 1983. Olmos falleció el 24 de abril del 2000 y no alcanzó a conocer el fallo de julio del 2000 suscripto por el Juez Ballesteros y donde se denuncian 477 casos de fraude, sus mecanismos y sus responsables, algunos de los cuales ocuparon cargos de gobierno y representación pública a pesar de la sentencia.
Insistentemente se argumentó, desde varios ámbitos, que la deuda no podía ser investigada porque había sido legalizada en sucesivas reestructuraciones realizadas en todos los turnos constitucionales desde  1983 hasta el presente. De ese modo, la única opción remitía a la cancelación de los pagos y ante la imposibilidad, la reestructuración de la deuda, proceso reiterado en cada turno presidencial.
El resultado de las renegociaciones ha sido el acrecentamiento del endeudamiento como condicionante esencial de la política local.
Si la dictadura legó unos 45.000 millones de dólares, la deuda escaló a 141.000 millones hacia la crisis del 2001 y la cesación de pagos parcial fue por 100.000 millones de dólares.
En la actualidad, luego de pagos importantísimos, por 200.000 millones de dólares según informaciones del Ministerio de Economía, el stock de deuda pública del Estado Nacional se acerca a los 250.000 millones de dólares.
Es verdad que la relación deuda externa con el PIB ha disminuido desde el canje del 2005, más allá de la discusión sobre la base estadística de ponderación de las mediciones oficiales.
La vuelta a los mercados de créditos en el último tiempo, vía swap acordados con China; desembolsos desde Francia y los organismos internacionales, o las recientes emisiones de bonos, dan cuenta de la recurrencia al endeudamiento para cancelar pasivos externos y demandas locales de gasto público.
Comisión bicameral
Pese a los argumentos contra la investigación de la deuda, con la aprobación de la Ley 26.984, de “Pago Soberano”, sancionada en septiembre del 2014, se incluyó en el artículo 12 la constitución de una Comisión Bicameral de Investigación de la deuda desde 1976 a 2014.
Dice el “ARTICULO 12. — Créase, en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación, la Comisión Bicameral Permanente de Investigación del Origen y Seguimiento de la Gestión y del Pago de la Deuda Exterior de la Nación, que estará compuesta por ocho (8) Senadores y ocho (8) Diputados, designados por los Presidentes de las respectivas Cámaras a propuesta de los bloques parlamentarios respetando la proporción de las representaciones políticas, y que se regirá por el reglamento de funcionamiento interno que a tal efecto dicte.
La Comisión Bicameral Permanente creada por la presente ley tendrá por finalidad investigar y determinar el origen, la evolución y el estado actual de la deuda exterior de la República Argentina desde el 24 de marzo de 1976 hasta la fecha, incluidas sus renegociaciones, refinanciaciones, canjes, megacanje, blindajes, los respectivos pagos de comisiones, default y reestructuraciones, emitiendo opinión fundada respecto del efecto de los montos, tasas y plazos pactados en cada caso, y sobre las irregularidades que pudiera detectar.
Asimismo, la Comisión tendrá las siguientes funciones:
1. El seguimiento de la gestión y los pagos que se realicen.
2. La investigación de la licitud o ilicitud de la adquisición hostil operada por los fondos buitres con la finalidad de obstaculizar el cobro del resto de los tenedores de deuda, así como la acción que desarrolle en nuestro país el grupo de tareas contratado por aquellos (American Task Force Argentina-ATFA), dedicado a desprestigiar a la República Argentina, su Poder Ejecutivo, el Honorable Congreso de la Nación y su Poder Judicial.
3. La presentación de un informe final respecto de los temas comprendidos en el presente artículo, para ser considerado por ambas Cámaras, dentro del plazo de ciento ochenta (180) días a partir de su constitución.
La Comisión Bicameral Permanente creada por la presente ley podrá solicitar información, documentación o datos a organismos nacionales, provinciales o municipales, centralizados, descentralizados o autárquicos, como así también a entidades financieras nacionales e internacionales, privadas o públicas; y a cualquier otro organismo que fuere necesario para el cumplimiento de sus cometidos.
Los miembros de la presente Comisión Bicameral Permanente así como el personal permanente o eventual asignado a la misma, deberán guardar la más estricta confidencialidad respecto a la información a la que tuvieran acceso en virtud del párrafo anterior. En caso de divulgación o de uso indebido de la información a la que tuvieren acceso en ocasión o ejercicio de sus funciones, serán considerados incursos en falta grave a sus deberes y les será aplicable el régimen sancionatorio vigente, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder por aplicación del Código Penal.” En: http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/230000-234999/234982/norma.htm (consultado el 1 de mayo de 2015)
La disposición del artículo 12 fue saludada por reivindicar la demanda histórica por la investigación de la deuda. Tras variadas presiones sociales y políticas para su constitución, esta semana se convocó formalmente en el Parlamento a la bicameral con amplia mayoría del oficialismo.
Vale mencionar que desde comienzos de abril se inició el trabajo de la auditoría de la deuda de Grecia, decidida por el Parlamento griego (http://cadtm.org/Grecia-Conferencia-de-prensa-sobre).
A diferencia del caso argentino, en Grecia se incluye la participación de estudiosos sobre el tema, los que provienen del movimiento popular, especialmente del Comité de Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, que coordina el belga Eric Toussaint.
Tanto en Grecia como en Argentina importa la situación derivada del endeudamiento.
En el país europeo preocupa especialmente la deuda reciente, acrecentada luego de la crisis capitalista explicitada entre 2007 y 2009, Los gobiernos griegos contribuyeron al salvataje de la banca, asumiendo préstamos que hipotecaron al pueblo de ese país (http://cadtm.org/Los-rescates-a-Grecia-eran-un-plan). En la investigación actual se pone en evidencia el papel de la banca transnacional sustentada desde las políticas de los organismos financieros internacionales, el Banco Central de Europa y las autoridades de la Europa Unida.
Para el caso argentino el problema se extiende a la práctica de profundización de la dependencia sostenida desde la dictadura, mediante la deuda pública y la estatización de la privada; la apertura de la economía; la legislación y la política financiera de extranjerización; y la promoción de las inversiones externas; todo para insertar subordinadamente al país en la lógica liberalizadora de las transnacionales.
Es un proceso que con matices se continuó en tiempos constitucionales, con extensión del mecanismo de la deuda.
La investigación de la deuda supondría la suspensión de los pagos, algo impensable ante la profesión de fe para cancelar deuda a toda costa.
Un problema que tendrá la bicameral en Argentina se deriva del escaso tiempo asignado para la investigación. Es que además, los 180 días coinciden con el fin del turno presidencial en ejercicio.
Conferencia Internacional contra el cáncer de la deuda
En el mismo día que se reunía la bicameral se realizó una Audiencia Pública convocada por la “Asamblea por la suspensión e investigación de la deuda y la defensa del patrimonio nacional y los bienes comunes”, quienes exigieron abrir la bicameral a la participación popular.
Participantes de la minoría en la bicameral proponen ser vehículo de expresión de la participación popular en la bicameral (http://cadtm.org/Lozano-presento-ejes-de-UP-para)
La “Asamblea” está convocando a una Conferencia Internacional sobre la deuda para el 3,4 y 5 de junio en Buenos Aires.
Es una convocatoria que también suena en Grecia y en ámbitos de articulación mundial como la ONU para discutir sobre las reestructuraciones soberanas y también del movimiento popular que demandan recuperar la discusión y la iniciativa política en campañas populares por la nueva arquitectura financiera y el nuevo orden mundial.
La Conferencia Internacional en Buenos Aires es un momento de una campaña que requiere la voluntad de millones de activos militantes contra el cáncer de la deuda.

Buenos Aires, 1 de mayo de 2015

La lucha del 1° de Mayo

Resulta interesante verificar la realización de muchos actos y movilizaciones reivindicando el Día Internacional de los Trabajadores en todo el mundo, pese a la persistencia de prohibiciones y la represión.
Alguien puede suponer debilidad y fragmentación de los trabajadores, y algo de eso hay, especialmente en el marco de la ofensiva del capital sobre el trabajo a la salida de la crisis capitalista de mediados de los años 70. Es un proceso recreado en las condiciones de la crisis capitalista contemporánea, con políticas que trasladan el costo de la crisis sobre los de abajo.
Sin embargo, las clases dominantes, aun en la ofensiva no pueden anular nuestra memoria y la esencia del programa de lucha y organización de los trabajadores. Desde los mártires de Chicago a la decisión de no olvidar y conmemorar cada 1° de Mayo desde 1890 como día de memoria y lucha.
Así, la fecha histórica del 1° de Mayo se recupera tras 125 años de continuada presencia callejera por la recreación de las expectativas por realizar el propósito de la emancipación contra la explotación.
Las nuevas generaciones reciben el legado de la tradición histórica del movimiento obrero y con la especificidad de cada momento histórico resurge la demanda por una nueva sociedad sin explotados ni explotadores.
Desde las clases dominantes se intenta romper la tradición de la lucha de los trabajadores y sus símbolos, del mismo modo que pretenden restringir el Derecho a la Huelga en la OIT, o modificando reaccionariamente la legislación obrera conquistada en histórica jornadas de lucha.
Desde 1890, el 1° de Mayo es día de memoria, de lucha y de organización por reivindicaciones múltiples y especialmente por la emancipación, contra el capitalismo.
En la larga historia del capitalismo, la invariante es la explotación.
Variadas son las formas que asume esa explotación con el objeto de expropiar el saber hacer de los trabajadores, los hacedores de la riqueza privadamente apropiada.
Al tiempo que explota, el capital saquea los bienes comunes e impone un modelo productivo y de desarrollo que afecta la vida y la naturaleza, promoviendo el consumismo destruyendo el metabolismo social.
También ha sido diversa la respuesta de organización y lucha de los trabajadores, lo que define históricamente y por ahora el carácter subalterno de los trabajadores respecto a la dominación burguesa.
En esas respuestas de los trabajadores se jugó el destino de la clase obrera, en el intento del Manifiesto, la Asociación Internacional del Trabajo, la Comuna de París, por mencionar hitos históricos en el Siglo XIX.
Esos fueron ensayos que alimentaron la lucha de clases desde la perspectiva de los trabajadores y que nos anima en este Siglo XXI a pensar nuevas modalidades de organización y lucha de los trabajadores ante la ofensiva de la flexibilización, la precarización e informalización del empleo.
Las revoluciones socialistas en el Siglo XX levantaron el programa anticapitalista de la lucha de los trabajadores y son proyectos que aun motivan la crítica y la reflexión por construir la nueva sociedad. Por eso sostenemos que la revolución contra el capitalismo, el imperialismo y el colonialismo, junto a la lucha contra toda forma de discriminación y racismo, constituye el programa actual del clasismo y la emancipación obrera.
En cada primero de mayo se recupera la esperanza por organizarse y luchar contra la subordinación de los trabajadores a la burguesía, que en muchos casos se motoriza también desde la claudicación o complicidad de conducciones políticas, sociales, territoriales y sindicales que reducen la perspectiva histórica al campo de lo posible, resignando el objetivo de la lucha por el poder.
Hoy existe unidad de lucha en múltiples escenarios de la memoria por el 1° de Mayo. Es la asignatura pendiente del movimiento obrero, la de la unidad por construir la transformación de la sociedad, por la emancipación y la liberación.
La lucha por la unidad de los trabajadores es parte de la constitución del proyecto capaz de disputar el poder y construir la nueva sociedad sin explotación.
El grito por la unidad recorre hoy distintos escenarios de la memoria por el 1° de Mayo.
Millones de trabajadores en el mundo recuperan el grito constitutivo del Manifiesto: ¡¡¡trabajadores del mundo uníos!!!

1 de mayo de 2015